INDEMNIZACIONES DE ESTADO
Histórico: darán a conocer
los nombres de los presos, desaparecidos y exiliados indemnizados por el Estado
Lo decidió el Ministerio de
Justicia, mediante una providencia que Infobae revela aquí en exclusiva.
El
tema era motivo de controversia por la cerrada negativa de la administración
anterior a revelar estos datos
4 de marzo de 2017
El Ministerio de Justicia decidió que la identidad de las personas indemnizadas en el marco de las Leyes reparatorias no son “datos sensibles” y podrán conocerse
Jovina
Luna es la
hermana de Hermindo Luna, uno de los soldados conscriptos muertos por los
miembros de la organización Montoneros que, en octubre de 1975, durante el
gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón, asaltaron el Regimiento n°29 de
Infantería de Monte en Formosa.
Una
operación en la cual murieron 12 soldados y oficiales del Ejército y al menos
una decena de guerrilleros.
Al enterarse de que los
atacantes del cuartel caídos en el asalto fueron incluidos por la gestión
kirchnerista en la categoría de "víctimas del terrorismo de Estado" y sus familiares indemnizados en
consecuencia, la señora Luna presentó en el transcurso del año pasado varios
pedidos para conocer los nombres de los guerrilleros cuyos parientes fueron
beneficiados por las leyes reparatorias.
"Si
el Estado premió a los que asesinaron a mi hermano o a sus familiares, quiero
saberlo", argumentó
Jovina Luna.
Hasta ahora, su pedido había chocado con una negativa oficial
basada en el hecho de que se consideraba a estos datos como
"sensibles" en el marco de lo que establece la Ley de Protección de
Datos Personales.
Si el Estado premió a los que asesinaron a mi hermano o a sus familiares,
quiero saberlo (la hermana de un soldado formoseño)
El
Ministerio de Justicia acaba de poner fin a ese criterio disponiendo la
publicación en la página web de esa cartera "de la parte dispositiva de
TODOS los actos administrativos dictados por el titular de esta Cartera de
Estado, con excepción de aquellos que expresamente hayan sido declarados
'reservados' y/o 'secretos'", y ello en nombre del principio
constitucional de la publicidad de los actos de Gobierno y otras consideraciones,
como el hecho de que "el reconocimiento de los beneficios
indemnizatorios", previstos en las leyes reparatorias, "implica la disposición y manejo
de fondos públicos cuya
administración y ejecución no debe estar exenta del control del accionar de los
ciudadanos".
Como lo explicó a Infobae Esteban Conte Grand, jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos -firmante de la providencia citada-, desde
la semana próxima estarán publicadas en la página web del Ministerio de
Justicia todas las resoluciones administrativas de esa cartera, de 2004 en
adelante.
Esos documentos incluirán por lo tanto las indemnizaciones
otorgadas a ex presos políticos, ex exiliados y familiares de desaparecidos.
Las leyes de
reparación fueron dictadas por el gobierno de Carlos Menem, un dato obviado por
el relato kirchnerista sobre los derechos humanos
Las llamadas "leyes
de reparación" fueron dictadas, reglamentadas y ejecutadas en
la década del 90, por el gobierno de Carlos
Menem; un dato que las organizaciones
de derechos humanos y el relato kirchnerista suelen obviar.
La Ley 24043 (de
1991) establecía la indemnización para las personas que habían estado detenidas
durante los años de la dictadura y fijaba un monto diario basado en un sueldo
de la administración pública, que hoy equivaldría a unos 1020 pesos por día de
detención.
En 1995 se promulgó la Ley 24411,
de indemnización para las familias de las víctimas de
desaparición forzosa y de los muertos "por el accionar del
terrorismo de Estado".
Claramente, los guerrilleros muertos en el asalto al cuartel de
Formosa no entran en la categoría anterior.
De ahí
la indignación de los familiares de los soldados conscriptos que murieron en
ese ataque.
Ahora, podrán
tener la confirmación de esta peculiar interpretación oficial acerca de quiénes
fueron las víctimas en ese ataque guerrillero.
Esteban Conte Grand explicó
a Infobae que las resoluciones se publicarán desde el año
2004 porque es la fecha a partir de la cual están digitalizadas.
Sin embargo, el Ministerio también decidió,
y así le fue transmitido al secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, la
confección de una base de datos específica con los listados de las diferentes
categorías de indemnizaciones que se
han ido abonando en estos años.
El funcionario explicó que
de 2004 en adelante la mayoría de las reparaciones fueron por exilio.
En
realidad, nunca fue sancionada por el Congreso una ley
reparatoria para los exiliados porque cuando el tema salió a debate generó
demasiada resistencia en la opinión pública.
El kirchnerismo optó entonces por ir dando cauce a las demandas individualmente
presentadas a través de la justicia.
La Secretaría de Derechos Humanos de la
Nación interpretó que, por extensión, podía aplicarse la Ley 2654
-promovida por el kirchnerismo en 2010, que amplió las indemnizaciones a todos
los presos y familiares de desaparecidos y muertos desde 1955 en
adelante- e indemnizar a personas "forzadas a salir del país para
preservar su integridad física, por estar perseguidas por las fuerzas de
seguridad".
El caso testigo fue el de la familia Vaca Narvaja, indemnizada en
el año 2006, asimilando el exilio a la detención.
Conte Grand explicó que la actual administración decidió limitar
la indemnización a los exiliados a un 25 por ciento del monto diario pagado por
día de detención, por considerar, con lógica, que no es equiparable la prisión
al exilio.
Hasta ahora, un
exiliado podía llegar a recibir una indemnización de un monto superior a la de
un preso político, lo
que a todas luces no parece razonable.
La reparación se abona a todo aquel que
acredite que su expatriación se debió a razones políticas.
Esto disipará
o confirmará las sospechas de interpretaciones abusivas de la ley y contribuirá
a zanjar el debate sobre el número real de desaparecidos
Hasta ahora, dijo el
funcionario, la Secretaría de Derechos Humanos rechazaba los pedidos de acceso
a esta información por considerar que era "sensible" y porque no
tenían una base de datos.
A partir de la decisión tomada por el ministro de Justicia, Germán Garavano, se
considera que se trata de ejecuciones presupuestarias y por lo tanto no entran
en la categoría de "información sensible".
Por otra parte, se dispone
que el Archivo de la Memoria encare la creación de una base de datos que reúna
toda esta información por categorías.
Las resoluciones que el Ministerio hará públicas desde la semana
próxima incluyen todos los actos administrativos de la cartera, desde un
nombramiento hasta estas indemnizaciones.
Hasta que no haya una base de datos, aunque
en forma desordenada y de momento limitada a los actos posteriores a 2004,
igualmente podrá conocerse el nombre de las
personas que se vieron beneficiadas por estas indemnizaciones y quedará
evidenciado el criterio aplicado.
Podrán
disiparse o confirmarse las sospechas de irregularidades o las interpretaciones
abusivas de la ley como
podría ser el caso de los muertos de Formosa.
Esto también contribuirá
a zanjar los debates sobre el número real de desaparecidos y muertos como consecuencia de la
represión ilegal.
"infobae", 04.03.2017
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