EDUCACIÓN – DOCENTES Y…
EL ABOGADO DEL DIABLO
(NO ES UN ENEMIGO)
(imagen tomada de Google)
Falacias del gremialismo
docente
Así como somos
líderes en cantidad de maestros estatales por alumnos, tenemos el calendario
escolar más corto del mundo, agravado por los paros
DOMINGO 26 DE MARZO DE 2017
Mientras los gremios docentes
completaron su tercer paro de 48 horas con una Marcha en Plaza de Mayo en
reclamo de una paritaria nacional y "en defensa de la escuela
pública", el gobierno nacional difundió los datos finales de la prueba
Aprender, correspondientes a los alumnos de 6º grado y del último año de
secundaria en todo el país, en escuelas públicas y privadas.
Más allá del bajo rendimiento en
matemática y lengua, donde casi la mitad de los alumnos del secundario están
por debajo del nivel básico de dichas asignaturas, los resultados pusieron
nuevamente de manifiesto el alto grado de desigualdad entre quienes reciben
educación gratuita y aquellos que pueden pagarla.
El Estado dedica $ 600.000 millones
(6% del PBI) a la educación pública, casi como Finlandia.
Dicho esfuerzo
financiero y la cantidad de docentes por alumno son de los más elevados del
mundo, haciendo inexplicables aquellos resultados.
En la Argentina, en la escuela
primaria estatal se registran 12 alumnos por cargo, cuando hace años eran 16.
Si bien durante 2003-2015, la matrícula se redujo un 12%, los cargos docentes
aumentaron un 19 %.
Menos alumnos, más docentes y en teoría, más dedicación por
alumno.
En países semejantes, como Chile y Brasil, hay 21 alumnos por docente.
Hay provincias con tal cantidad de docentes por alumno, que en los números
superan a los países con mayor calidad educativa, como Finlandia, Corea del Sur
y Dinamarca.
Pero las cifras indican que los
docentes "de aula" aumentaron solo el 10%, mientras que los "fuera
del aula" aumentaron el 63%.
En la provincia de Buenos Aires, uno de cada
tres docentes primarios estatales no cumple tareas educativas en el aula y por
ende, esa mayor dedicación no existe.
A pesar de esos esfuerzos, existe una
fuga de la escuela pública hacia la privada.
Lejos está de ser una señal de
prosperidad, sino del enorme esfuerzo que realizan muchas familias para
intentar que sus hijos tengan un mejor futuro.
De esa forma, la escuela pública
se transforma en un lugar de contención para los más pobres, creando una mayor
grieta entre los incluidos y los excluídos.
Sólo pueden aspirar a una
preparación mínima para los trabajos peor pagos y su permanencia en la escuela,
mientras los padres trabajan.
Los docentes reclaman sueldos dignos
y el Estado dedica enormes recursos a la educación.
Es el rubro que insume la
mayor proporción en el presupuesto de las provincias y casi todo se dedica a
sueldos. ¿Cuál es el nudo del problema?
Como se ha visto, ha aumentado
notablemente la cantidad de docentes, a pesar de reducirse el ingreso en la
escuela pública.
Como tantas cosas en la Argentina, no se dicen todas las
verdades.
En las provincias, las designaciones docentes se manejan
políticamente, facilitadas por la existencia de 1300 institutos de formación
docente, de distintas calidades, cuyos egresados no deben aprobar exámenes
estrictos para acceder a aquellos cargos.
En adición, los estatutos del gremio
tienen regímenes de licencias tan amplios que en algunas provincias están
ausentes la mitad de los docentes y en Buenos Aires la cuarta parte.
Pero los
gobernadores no hacen públicas esas estadísticas porque sería
"estigmatizar" a los ausentes, aunque en realidad, motivaría la
protesta gremial y la recriminación de correligionarios y parientes que viven
de licencia en licencia.
También les debilitaría el reclamo de fondos de la
Nación para cubrir el dinero que no les alcanza.
Los argentinos sabemos bien lo fácil
que es obtener certificados médicos "de favor", tanto para justificar
ausencias, como para obtener licencias o realizar trámites varios.
Los archivos
de las escuelas están inundados de certificados con "afonías" o
"artrosis" para justificar que los educadores no pueden hablar o no
pueden escribir.
Aprovechando licencias comunes
(exámenes por estudios, jornadas o congresos, familiar enfermo, motivos
particulares), en la Ciudad de Buenos Aires podrían obtenerse 64 días hábiles
de licencia, de los 180 días de clase que garantiza la ley nacional 25.864.
Ello implica un 156% más que un trabajador conforme a la legislación laboral y
casi un 50% más que un empleado de la CABA.
Estas licencias obligan a un doble
gasto, para pagar el sueldo del ausente y el sueldo del suplente.
Ahí está una
de las raíces de los sueldos que no alcanzan.
Y esas ausencias, tan comunes,
perjudican el rendimiento de los alumnos, quienes también comienzan a faltar y
decaen en su contracción al estudio, impactando en la calidad educativa que
reflejan las lamentables estadísticas de la escuela pública.
Conforme a
estudios serios, si se redujese el uso de las licencias en un tercio, con
niveles más cercanos al primer mundo, se podrían recuperar seis días de clases
y aumentar el salario de todos los docentes en forma sustancial.
Tampoco nadie habla de la acumulación
de cargos e incompatibilidades de horarios que también afectan el costo de la
enseñanza pública.
Como reza el aforismo: "Yo hago como que trabajo y tú
haces como que me pagas".
Asi (sic) como somos líderes mundiales en
la cantidad de docentes estatales por alumnos, tenemos el calendario escolar
más corto del mundo, pues en la Argentina se privilegia el turismo a la
educación, con una enorme cantidad de "feriados puente" que vacían
las escuelas para llenar las playas y lograr más votos.
Ese calendario se reduce aún más con
las jornadas de "reflexión docente" y los días de huelga que no se
reponen a pesar de los 180 días garantizados por la ley 25.864.
Asi como el
ausentismo afecta el "ritmo escolar" por el cambio en los docentes,
los días de clases perdidos perjudican la secuencia en la enseñanza, ya que los
chicos se olvidan y se debe comenzar de nuevo para retomar la ilación de los
contenidos.
En un contexto social complejo, como el que afecta a los alumnos
más pobres, eso es doblemente trabajoso, alienta la dispersión, la falta de
comprensión y un mayor ausentismo.
En el nivel secundario se plantea un
problema adicional, que no ocurre en la primaria: la deserción escolar.
En el
nivel secundario la tasa de graduación es bajísima, solo el 42,15% a nivel
nacional.
Menos de la mitad de los alumnos que terminan el 6º grado se reciben
con la edad esperada, aunque en los colegios privados la tasa es el doble.
Como
siempre, los más perjudicados son los más pobres.
Y los bajos niveles de
rendimiento en la secundaria, afectarán luego el nivel terciario, base de la
capacitación adulta y pilar del desarrollo del país.
La población toma nota de
esas dificultades cuando las pocas facultades que toman examen de ingreso
reprueban al 80% de los postulantes.
A pesar de la dimensión de los
recursos dedicados a la educación, que se dispersan en muchos bolsillos y pocas
horas de clase, tampoco se ha universalizado la jornada escolar extendida como
dispone la ley nacional de educación 26.206.
De cada 100 niños en escuelas
primarias estatales menos del 15% tienen esa jornada, pero la desigualdad
territorial es enorme: son 50 en la CABA y sólo cinco en el conurbano.
Pocos
días de clase y jornadas cortas: la tormenta perfecta para que los más pobres
no puedan salir del círculo vicioso de la pobreza y la exclusión.
No es solamente una cuestión de
recursos materiales.
Es indispensable que los docentes tengan una sólida
preparación, resultado de una carrera universitaria (como en Ecuador, para no
mencionar a Finlandia), de cursos de actualización y evaluaciones periódicas
conforme a un nuevo sistema de retribución.
Sin embargo, los sindicatos se han
opuesto sistemáticamente a cualquier agenda de evaluación docente pues temen
que eso conduzca a un nuevo sistema de incentivos económicos, basado en el
esfuerzo personal y dejar el régimen actual centrado en la antigüedad que
otorga poder al sindicato a través de la negociación colectiva.
Quienes dicen defender a la educación
pública deberían sincerar estas realidades para fundar las bases de una reforma
pedagógica profunda, consensuada entre la Nación y las provincias, teniendo
como objetivo recuperar la educación pública, donde una nueva camada de
docentes reciba salarios dignos, se sienta orgullosa de su responsabilidad y
haga posible un nuevo círculo virtuoso para que la inclusión a través de la
educación sea una realidad, como lo fue en el pasado.
Fuente
“La Nación”, 26.03.2017
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