SALTA:
SU IPV Y
LA VIVIENDA SOCIAL
Algunas cuotas de viviendas
cuestan lo mismo que un kilo de pan
6 DE JUNIO 2018
Dos jubiladas de Orán sostienen que en el
interior hay varias casas sin habitar.
Ester y
María Angélica son dos docentes de Orán que llegaron a la ciudad para abonar
las cuotas de las viviendas que les fueron adjudicadas hace 24 años, en la
localidad del norte.
Frente a la polémica sobre las casas que se encuentran
deshabitadas y van a ser desadjudicadas, las mujeres manifestaron su alegría
por esas decisión y aseguraron a El Tribuno que en
Orán los mismos vecinos conocen cuáles son las casas que no están ocupadas.
"Es
común que haya casas que están o alquiladas o no viva nadie. Eso da mucha
tristeza porque las podrían estar ocupando personas que realmente las
necesitan. Creo que ahí el IPV falla en los controles, porque no puede ser que
existan tantas", expresaron las mujeres.
Estas
exdocentes, hoy jubiladas, comentaron que los propietarios de las 250 casas que
conforman el barrio en el que viven hicieron un acuerdo con el IPV donde ellos
ponían un terreno y el organismo se encargaba de realizar la construcción de
las viviendas.
"Me
acuerdo que en esa época era imposible sacar un crédito hipotecario para
construir tu casa. Por suerte pudimos hacer este acuerdo, primero tuvimos que
pagar el terreno, después un monto de ingreso que en ese entonces era alto. Hoy
las cuotas son muy bajas", expresó Ester.
Las
dos jubiladas comentaron que las cuotas que pagan en la actualidad, después de
24 años, son extremadamente reducidas. El monto que tienen que desembolsar mes
a mes es de 60 pesos, casi lo que vale un kilo de pan en cualquier panadería de
la provincia.
"Hoy
es más fácil acceder a un crédito, sin embargo, las casas del IPV deberían ser
para los que menos tienen y en un sorteo transparente. No debería ser a dedo,
como muchas veces ocurre, hay gente que verdaderamente necesita una
vivienda", finalizaron.
En
los últimos años el IPV realizó sorteos públicos en distintas localidades para
la adjudicación de viviendas.
Ahora, con una nueva disposición de la Nación,
los organismos de vivienda de las provincias deberán concentrarse en resolver
el déficit habitacional de las familias que ganen menos de dos salarios
mínimos.
Unas 760
viviendas del IPV están en proceso de desadjudicación
Entrega de viviendas en barrio Los Tarcos. Javier Corbalán
El Instituto Provincial de la
Vivienda (IPV) tiene en proceso de revocación 760 casas sociales en toda la
provincia por no habitarlas en el tiempo exigido, entre otros motivos.
Para tener una referencia, la
cantidad de viviendas que el IPV pretende desadjudicar por la violación de los
requerimientos básicos equivale al 72 por ciento de las 1.049 unidades que
fueron entregadas en la última etapa en El Huaico.
Esa urbanización tiene casi
4.500 nuevos propietarios.
A ese panorama se debe sumar el gran
déficit habitacional que padece una buena porción de las familias salteñas.
De
acuerdo a la Cámara Inmobiliaria de Salta, faltan unas 90 mil viviendas en la
provincia.
Las casas que entraron en este
proceso de quita por parte del organismo, contemplado en la resolución 032/10
del IPV, se produce por dos incumplimientos.
El primero de ellos se refiere al
cargo de la obligación de habitar la vivienda en tiempo y forma por el lapso de
cinco años a partir del día de entrega.
Mientras que el segundo motivo se
establece como causales de la revocatoria de adjudicaciones las ampliaciones,
modificaciones o cualquier clase de obra que altere el estado edilicio del
inmueble sin autorización.
Desde el IPV aclararon que los
beneficiarios cuentan con los resortes legales necesario consagrados por la ley
de procedimiento administrativo de la provincia de Salta para el fiel ejercicio
de su derecho de defensa.
Culminado tal procedimiento, se habilita luego la
acción contenciosa para dirimir la cuestión en los juzgados Contencioso Administrativo
de la Provincia.
Dentro de los cinco años del período
de habitabilidad obligatorio, personal del organismo provincial realiza las
inspecciones para acreditar que allí reside el grupo familiar adjudicatario.
Los operativos se hacen en distintos días y horarios tanto diurnos como
nocturnos y días hábiles como inhábiles.
Desde el Instituto de la Vivienda
explicaron que el período de habitabilidad corresponde desde que se hace la
entrega la vivienda hasta cumplir los cinco años en el que los beneficiarios
deben habitarla obligatoriamente, pero eso no significa que si durante ese
tiempo se encuentra una irregularidad, no se pueda extender el mencionado
período.
Morosidad
El porcentaje de morosidad es alto,
por lo que resulta difícil nivelar las cuentas entre lo que se invierte en
construcción de viviendas y lo que se recauda como pago de cuotas.
Según datos
provistos por el IPV, llega al 40%, considerando que se toma como moroso a
quien no pague tres cuotas consecutivas o cinco alternadas.
Es por eso que desde el organismo
provincial ponen en marcha moratorias, como ocurrió meses atrás, para los
adjudicatarios que adeudan cuotas, que por lo general tienen una condonación
del total o una parte de los intereses generados.
Cuotas accesibles
Uno de los grandes beneficios que
tiene el IPV es lo accesible que son las cuotas, que son variables y por lo
general se terminan licuando con el paso del tiempo.
Desde el IPV explicaron
que cuando se termina la obra se calcula el gasto que se hizo y de allí se
desprende el valor de las cuotas.
Por ejemplo, para las últimas viviendas que
se entregaron los montos rondan los $3.500, menos de la mitad de lo que cuesta
un alquiler tradicional.
Ante esta situación, el IPV está estudiando la
posibilidad de actualizar las cuotas.
Dicho reajuste sería para los
adjudicatarios de ahora en adelante y para aquellos beneficiarios que se
encuentran en mora y que no hayan cumplido el compromiso de pago.
Fuente
“EL TRIBUNO”, Salta, 06.06.2018
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