ODEBRECHT
Y…
LOS POLÍTICOS LATINOAMERICANOS
El
estancamiento del caso Odebrecht en México y las elecciones
Por 8
Alejandro Acosta/Agencia El Universal, vía Associated Press
CIUDAD DE MÉXICO — El gobierno mexicano tiene evidencia
suficiente para presentar cargos contra funcionarios vinculados a uno de los
mayores escándalos de corrupción en la historia de América Latina.
Sin embargo,
se rehúsa a hacerlo porque podría afectar al partido gobernante en las elecciones presidenciales del 1 de julio,
según tres personas que conocen el caso de forma directa.
El escándalo involucra a la constructora brasileña Odebrecht,
que admitió haber pagado casi 800 millones de dólares en sobornos a lo largo de
la región para hacerse con contratos públicos en una docena de países.
Las
consecuencias de las investigaciones han afectado prácticamente a todas las
naciones donde operaba la empresa, con presidentes enjuiciados, funcionarios arrestados y vuelcos
políticos desde Perú hasta Panamá.
Pero hay dos excepciones notables: Venezuela, un paria
internacional con un gobierno autoritario, y México, donde se han estancado dos
investigaciones federales.
Los casos criminales están atrapados en un limbo legal común a
las investigaciones políticamente delicadas en México, donde la corrupción
continúa siendo uno de los mayores obstáculos para el Estado de derecho.
Los
escándalos de corrupción han plagado al gobierno de Enrique Peña Nieto
prácticamente desde que llegó al poder.
La primera dama adquirió un hogar de lujo de un
contratista del gobierno en condiciones muy favorables, revelación que marcó el
inicio de una caída en la popularidad del presidente.
Y
surgieron más escándalos, entre ellos, la desaparición
aún irresuelta de 43 estudiantes normalistas; el uso de
un sofisticado programa espía comprado por
el gobierno para monitorear a periodistas y defensores de los derechos humanos,
y acusaciones contra altos funcionarios por el desvío de fondos públicos para financiar
campañas del partido gobernante.
La
falta de progreso en el caso Odebrecht ha sido un tema espinoso para México
desde finales de 2016, cuando la constructora reconoció ante autoridades
brasileñas, suizas y estadounidenses, en un acuerdo multimillonario, que había
pagado 10,5 millones de dólares en sobornos a funcionarios mexicanos.
Henry Romero/Reuters
Una
de las investigaciones en México —iniciada por un fiscal especializado y cuyos
documentos fueron revisados por The New York Times— identifica a un asesor
cercano a Peña Nieto como sospechoso.
Sin embargo, la pesquisa seguía en fases
iniciales cuando el fiscal fue despedido, a finales de octubre.
Desde
entonces el caso apenas si ha avanzado y solicitudes básicas de información han
languidecido durante meses, de acuerdo con otras dos personas que revisaron los
últimos archivos del caso.
Pero
la investigación más grande, iniciada a principios del año pasado por la
Procuraduría General de la República (PGR), obtuvo suficiente evidencia para presentar
cargos contra los sospechosos, de acuerdo con tres personas que revisaron el
caso o recibieron información al respecto.
Las presiones políticas son
demasiado grandes, dijeron, para que el caso avance.
Los
sospechosos por sobornos trabajaban para la petrolera estatal, Petróleos
Mexicanos (Pemex).
En su acuerdo con los demás países, Odebrecht reconoció
haber pagado millones en sobornos a funcionarios de la compañía petrolera
mexicana.
Y el exprocurador general mexicano Raúl Cervantes, que supervisó personalmente
el caso durante su gestión, incluso viajó a Brasil para discutir la evidencia
que habían recopilado las autoridades de esa nación.
La
decisión de Cervantes de adoptar un papel tan activo en el caso llamó la
atención de muchos dentro y fuera de la PGR.
Algunos esperaban que fuera una
señal de que el escándalo no sería ignorado.
Otros temían que, como el
procurador general es nombrado directamente por el presidente, su independencia
se vería comprometida.
La
oficina del procurador general no respondió a los pedidos reiterados de
declaraciones.
Nada
ha sucedido en México, al menos no a los funcionarios mexicanos.
Se emitió
una sanción administrativa en contra de Odebrecht,
en la que se le prohíbe hacer negocios en México por los próximos años.
Pero
ningún funcionario mexicano ha sido acusado por aceptar sobornos y Cervantes,
quien renunció al cargo en octubre, dijo públicamente que la
investigación estaba concluida.
Desde
entonces, su sucesor, el procurador Alberto Elías Beltrán, ha contradicho esas declaraciones, al
sugerir que la indagatoria continúa y por tanto no puede divulgar detalles.
André Penner/Associated Press
En realidad, el caso ha sido archivado, según las tres personas
con conocimiento de la situación.
Ya golpeado por múltiples casos de
corrupción y por el aumento de violencia en todo el país, dijeron,
el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no puede arriesgarse a que aflore
otro escándalo de corrupción antes de las elecciones de julio.
Aunque retrasar o frenar los procesamientos también podría
afectar la reputación del partido, el cálculo tiene sentido, dicen los
críticos: la indignación por un encubrimiento podría ser menos dañina para el
partido que la exposición de más corrupción en un juicio.
“Este escándalo va más allá de afectar la reputación del
presidente, que ya está dañada”, dijo Eduardo Bohórquez, uno de los arquitectos
del sistema anticorrupción del país, que ha sido consagrado en la Constitución.
“No acusar a nadie en este caso tiene que ver con el futuro de partido”.
“Con otro escándalo como este, toda la maquinaria política y su
financiamiento podrían desplomarse”, añadió.
“Eso es más grande que las
elecciones; se trata de la supervivencia misma del partido”.
La
investigación ha confirmado ampliamente lo que ya se sabe, según las personas
que revisaron los archivos: que se pagaron millones de dólares en sobornos a
cuentas en paraísos fiscales para garantizar contratos de infraestructura.
Los archivos corroboran parte de los contratos, pagos de sobornos y
transferencias monetarias que fueron revelados por el gobierno brasileño y
medios mexicanos.
Pero
los investigadores mexicanos no ampliaron significativamente la pesquisa para
buscar nuevos contratos o pagos que las autoridades brasileñas podrían haber
pasado por alto, de acuerdo con las personas que conocen el caso.
Desde
que comenzaron a filtrarse algunos detalles sobre el papel de México en el
escándalo de Odebrecht en 2016, la información se ha centrado en uno de los
aliados cercanos de Peña Nieto, Emilio Lozoya Austin.
Lozoya fue integrante de
la campaña del presidente en 2012 y después fue nombrado director de Pemex
cuando Peña Nieto llegó al poder.
Lozoya ha negado haber cometido cualquier
ilícito y su abogado dice que no hay pruebas contundentes de que haya aceptado
sobornos.
Al
principio, Lozoya no había sido nombrado en los documentos.
En diciembre de 2016,
cuando los funcionarios de Odebrecht alcanzaron un acuerdo con las autoridades
suizas, estadounidenses y brasileñas por 3500 millones de dólares, los
empresarios admitieron que entre 2010 y 2014 hicieron pagos por 10,5 millones
de dólares a mexicanos, sin especificar qué funcionarios los habían recibido.
Rebecca Blackwell/Associated Press
La revelación desencadenó una tormenta de fuego en México.
En
respuesta a la presión pública, el gobierno inició una investigación en enero
de 2017.
A medida que Cervantes, el exprocurador general, trabajaba
silenciosamente detrás de bastidores, organizaciones periodísticas mexicanas y
el grupo Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad tomaron el liderazgo
activamente.
Primero, obtuvieron
un documento legal de Brasil en el que un ejecutivo de alto
rango de Odebrecht afirma que Lozoya solicitó el pago de un soborno por 5
millones de dólares en 2014.
Después, otro medio consiguió testimonios de tres
oficiales de alto nivel de Odebrecht en los que señalaban que Lozoya había
recibido más de 10 millones en sobornos.
Los funcionarios declararon que se habían reunido con Lozoya en
varias ocasiones en México para facilitar el acuerdo.
En esas reuniones, según
el testimonio del jefe de la oficina de Odebrecht en México, Lozoya le dio un
nombre y un número de cuenta al que podía enviarse el dinero.
De acuerdo con el testimonio de los funcionarios de la empresa,
en 2012, cuando Peña Nieto estaba en campaña, Odebrecht hizo pagos a cuentas en
las Islas Vírgenes Británicas que les indicó Lozoya por más de 3,1 millones de
dólares.
En ese momento, Lozoya era coordinador del área internacional de
la campaña y tenía bastante influencia sobre el entonces candidato.
Los
funcionarios de Odebrecht, en los testimonios bajo juramento, dijeron que el
pago tenía como intención obtener buena voluntad de Peña Nieto, quien lideraba
las encuestas y estaba por convertirse en presidente.
Javier Coello Trejo, el abogado de Lozoya, negó enfáticamente
cualquier acto delictivo por parte de su cliente, y Lozoya ha hecho lo mismo
desde que salió a la luz el escándalo.
Coello, quien ha tenido acceso al
archivo del gobierno, dijo que no hay ni una sola prueba contundente que
vincule a Lozoya con el dinero o que corrobore el testimonio de los oficiales
de Odebrecht.
“Estas cuentas no tienen conexión con mi cliente”, dijo.
Los fiscales mexicanos podrían haber armado un caso más
contundente, con más evidencia de las autoridades brasileñas, de acuerdo con
las personas con conocimiento del caso.
Pero a diferencia de la mayoría de los
países afectados por el escándalo, México rechazó la solicitud hecha por Brasil
de no presentar cargos contra Odebrecht o sus funcionarios, lo que podría
atemorizar a los testigos y disuadirlos de dar un testimonio completo,
según las fuentes.
Alejandro Cegarra/Bloomberg
También podrían haber más sobornos de los reconocidos
inicialmente.
Documentos y registros de transferencias que fueron revelados por
medios mexicanos sugieren que los sobornos a funcionarios mexicanos serían
hasta por 16 millones de dólares, mucho más de lo indicado por la empresa en
sus testimonios al Departamento de Justicia estadounidense.
En agosto, a medida que
fueron surgiendo más revelaciones sobre el caso, el entonces fiscal
especializado para delitos electorales, Santiago Nieto, decidió abrir su propia
investigación.
Su objetivo fue determinar si los fondos que presuntamente
solicitó Lozoya habían sido utilizados para financiar la campaña de Peña Nieto.
Pero el caso fue engullido
rápidamente por la burocracia y las peleas con los abogados de Lozoya.
Según
Nieto y una revisión del archivo, obtenido por el Times, en ocasiones la misma
PGR parecía estar retrasando los procesos.
En una solicitud, la
Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade)
pidió obtener datos de las cuentas bancarias de Brasil, las Islas Vírgenes y
Suiza, en un esfuerzo por corroborar las transferencias bancarias reportadas
por los medios.
La solicitud se presentó
por última vez en octubre a un departamento interno de la procuraduría general,
que tenía que aprobarla.
Unos días después Nieto fue
despedido.
Asegura que el despido se debió a motivos políticos, dado que
planeaba investigar a aliados del presidente y el posible uso de fondos
ilícitos en su campaña.
El gobierno ha negado estas
afirmaciones y dijo que la salida de Nieto se debió a que violó un código de
ética al discutir una investigación cuando dio una entrevista sobre el tema
días antes.
Desde la salida de Nieto,
según personas familiarizadas con el caso, la investigación se ha estancado.
Más de siete meses después, la solicitud de información sobre las cuentas bancarias
sigue en algún escritorio de la PGR, de acuerdo con una de las fuentes.
“El escándalo de Odebrecht
se ha vuelto una especie de prueba sobre la rendición de cuentas en los países
manchados por él”, dijo el senador estadounidense Patrick Leahy, demócrata de
Vermont, quien ha sido crítico del sistema de justicia mexicano.
“México hoy
está en medio de una acalorada campaña presidencial. Esta es la oportunidad
para que el gobierno de Peña Nieto demuestre que nadie está por encima de la
ley”.
Fuente
“THE NEW YORK TIMES”, 11.06.2018
No hay comentarios:
Publicar un comentario