Jubilaciones: alerta
sindical por iniciativas del Gobierno para recortar el gasto tras el acuerdo
con el FMI
10-06-2018
En un clima de hipersensibilidad por la
reapertura de la negociación salarial, y con el ruido de fondo de las
protestas, causa inquietud la revisión iniciada por el Gobierno del régimen de
jubilación anticipada.
En los sindicatos ven un afán de recorte fiscal en línea
con los compromisos con el FMI
Por Juan Manuel Barca
En su
afán de reducir
gastos en el Estado y modificar el sistema jubilatorio, el
Gobierno avanza con la revisión de los regímenes diferenciales de jubilaciones anticipadas.
Se trata de unas 50
actividades del transporte, industria y servicios que, por
implicar riesgos para el trabajador por insalubridad o envejecimiento
prematuro, prevén la posibilidad de jubilarse con un mínimo de 50 años de edad
y 25 de aporte y que ahora quedaron
en la mira de las autoridades.
El
Ministerio de Trabajo oficializó el lunes pasado la "comisión técnica
permanente" para reordenar ese marco previsional con la publicación de la
resolución 194, aunque en realidad el organismo ya se reunió dos veces el mes
pasado.
Según pudo saber iProfesional,
la nueva estructura presidida por el secretario de Seguridad Social, Juan
Carlos Paulicci,
definió en dos reuniones un plan de trabajo que podría derivar en la supresión de algunos regímenes, la elevación de la edad
jubilatoria y la incorporación de nuevas actividades,
con contribuciones
patronales adicionales.
"La
idea es emprolijar, no achicar costos", señaló a este
medio un funcionario de la comisión.
Como
primer paso, la comisión integrada por funcionarios de Seguridad Social, ANSES y la SRT empezó a elaborar un informe sobre
las actividades o tareas
que "merecen" los beneficios del régimen diferencial,
consignando los respectivos requisitos de edad, servicios y cotizaciones
adicionales, ya que en algunos casos los empleadores aportan dos puntos extra de
cargas sociales.
En tanto, para analizar cada sector específico se convocará a gremios y
empresarios.
El plazo
previsto para el relevamiento es de un año y
luego deberá convertirse
en un proyecto legislativo.
La
resolución del Ministerio de Trabajo no tardó en encender el alerta en
el ámbito gremial.
En plena discusión de un paro nacional de la CGT para los
próximos días y de presiones dentro de los sindicatos para revisar las
paritarias cerradas en torno al 15%, son varios los sectores que temen un tijeratazo en su régimen jubilatorio particular.
Si bien
no hay un dato oficial sobre la cantidad de beneficiarios, se estima
que cerca de 700.000
trabajadores gozan de un status previsional más favorable que el del sistema
general por el tipo de tareas o el ambiente desfavorable donde
las realizan.
En la actividad del transporte,
choferes de camiones, recolectores de residuos, colectiveros, trabajadores del
subte, ferroviarios, aeronavegantes, choferes de micro y colectivos, portuarios
y taxistas perciben haberes
con una edad menor a la ordinaria.
También
gozan de jubilaciones anticipadas ramas
del agro y de la industria como petroleros, gráficos, obreros del vidrio, la
carne, frigoríficos y chacinados, mineros (subterráneos y a cielo abierto),
metalúrgicos (laminación acería y fundición) y en los últimos años, se sumó la
construcción.
Mientras que en los servicios ocurre lo mismo con radiólogos,
enfermería, personal femenino telefónico, de servicios eléctricos y los
docentes de frontera.
En
la cartera laboral encabezada por Jorge
Triaca, creen que varias de las tareas que fueron declaradas penosas o
riesgosas entre los años 60 y 80 hoy ya no generan un deterioro en
los trabajadores por los cambios
en la tecnología y la ciencia, que habrían mejorado las
condiciones de trabajo.
Ese sería el caso de
los textiles que ya no aplican la técnica del dofeo del
rayón, las actividades que empleaban el sistema morse y teletipo, y el personal
de imprenta del
Congreso con tareas insalubres, en cuyo régimen "se
quiso meter un empleado" legislativo, según alegan los funcionarios.
A partir
de esas situaciones, las autoridades no descartan eliminar algunos regímenes que
consideran desactualizados y elevar
las contribuciones para mantenerlos en pie o bien para
incorporar nuevas actividades.
"Podemos tocar
intereses, algunos no quieren que se saque el régimen diferencial de jubilaciones, a otros les podés aumentar la edad para
obtener el haber y otros quieren incorporarse al sistema", admitieron en
la comisión.
Reforma previsional
La decisión de crear un listado de actividades fue adoptada en
1996 en la ley 24.241.
La idea era unificar una veintena de decretos y leyes
previas que datan de 1968, pero el anteproyecto elaborado nunca llegó a tratarse en el Congreso.
En
esa normativa se apoya ahora a Mauricio
Macri para avanzar sobre el retiro temprano de los trabajadores y
concluir la tarea de la comisión creada luego en 2011, que quedó trunca por
falta de recursos y el desinterés del sector sindical y empleador, temerosos
unos de perder beneficios y los segundos de ver incrementadas las
contribuciones patronales.
Los
cambios se inscriben además en una estrategia
de mayor alcance del Gobierno que se propone disminuir los fondos destinados al
sistema previsional con el fin de hacerlo
"suficiente" y "sustentable".
La lectura oficial es que el aumento
de la esperanza de vida conspira con el objetivo de reducir el déficit fiscal.
Hoy, por
cada jubilado hay 1,3 trabajadores aportantes, una relación que debería ser de
1 a 3.
El
Presidente retomó sus planes de reforma jubilatoria el mes pasado, cuando reiteró que todos los argentinos debían
trabajar "la misma
cantidad de horas" y de "años" y pidió terminar con
los "privilegios".
Fue un mensaje en sintonía con las recomendaciones
del FMI, que el jueves acordó
prestarle a la Argentina u$s50.000 millones a cambio de un fuerte ajuste
fiscal, dentro del cual estaría el rubro previsional.
El
tema surgió en la reunión
de urgencia que mantuvo el jueves la cúpula de la CGT con
el ministro de Hacienda, Nicolás
Dujovne, el vicejefe de Gabinete Nacional Mario Quintana, y el
jefe de Gabinete del Ministerio de Trabajo, Ernesto Leguizamón, en
reemplazo del titular Jorge Triaca, quien se encuentra en Suiza, en la
conferencia de la OIT.
Durante
la reunión, según el comunicado de la central, "Dujovne informó brevemente
sobre el inminente acuerdo
con el Fondo Monetario Internacional y subrayó que el
mismo no afectará los intereses de los trabajadores ni los derechos de la
seguridad social".
En otras palabras, se mantienen derechos, pero no se
dice nada de los
montos de los haberes ni la edad jubilatoria.
Ya
en diciembre pasado, el organismo multilateral sugirió en su informe del
artículo IV sobre la Argentina la necesidad
de reducir erogaciones públicas en salarios, jubilaciones y transferencias sociales.
Pero
el régimen previsional siempre estuvo en la agenda de Cambiemos.
Desde el
inicio de la gestión se puso en marcha la comisión de fortalecimiento, donde se
estableció el sistema
de tres pilares (no
contributivo, contributivo y voluntario) y se
fijaron criterios que sirvieron para definir la fórmula de movilidad jubilatoria sancionada
en diciembre, que ahora la Justicia declaró inconstitucional. (1)
En
mayo pasado, se creó además el consejo de sustentabilidad, un organismo
cuya tarea es elaborar un
nuevo proyecto de ley jubilatoria.
Con
todo, la oposición y la CGT cuestionan las medidas oficiales.
Uno de los
hombres más
escuchados en Azopardo es el defensor de la tercera
edad, Eugenio Semino,
para quien el plan
oficial en materia jubilatoria "desvía la atención"
sobre los haberes, que desde el Gobierno son concebidos como un gasto, en lugar
de enfocarse en generar ingresos desde el Estado.
"No
hay que discutir si la edad para jubilarse creció demasiado, sino el
financiamiento, el 35% de trabajo en negro y los impuestos al consumo como el
IVA, sin que haya financiamiento de las rentas", dijo Semino a iProfesional.
El
especialista alerta además por la situación preocupante de buena parte de los jubilados y
pensionados: de un universo de 7 millones, 3,5 millones cobran
la mínima de $8.096 y otros 1,5 millones perciben la media de $12.000.
En ambos
casos, el ingreso es inferior
a la canasta de vida medida por el INDEC, que es de
$14.535 para un hogar de tres miembros y de $18.258 para uno de cuatro
FUENTE
“iProfesional”, 10.06.2018
(1) Ver entrada del 09.06.2018, "REFORMA PREVISIONAL CUESTIONADA Y... CUESTIONANTE"
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