La mafia detrás de
la diáspora venezolana
El éxodo es un negocio para las redes de
funcionarios que comercian con los pasaportes por miles de dólares
Julián Quiara vio múltiples irregularidades en la oficina del gobierno venezolano donde se imprimen los pasaportes. FERNANDO PEINADO / VÍDEO: LUIS MANUEL RIVAS
Julián Quiara parece ir
en serio cuando durante un paseo entre el bullicio de turistas alemanes y
comerciantes callejeros senegaleses junto al acantilado de Puerto de la Cruz,
Tenerife, hace un comentario escalofriante.
“Antes de que me deporten a Venezuela me tiraré al mar con una piedra atada a
los pies”.
Quiara, de 42 años, tiene
motivos para temer.
Hasta hace nueve meses, trabajaba para el Saime (Servicio
Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería) en la Torre Aco, el
edificio al este de Caracas donde opera una mafia de funcionarios corruptos que
cobran miles de dólares a cambio de un pasaporte, uno de los negocios más
prósperos en un país arruinado.
En abril, Quiara se montó en un
avión para huir a España, donde tiene familia. Ha pedido asilo.
Asegura que
había sido amenazado por sus superiores por no querer colaborar en la venta
ilícita de los documentos de identidad.
En medio de un éxodo sin
precedentes, muchos venezolanos que desean huir de la hambruna, la delincuencia
y el caos en que ha degenerado el régimen de Nicolás Maduro llevan más de un
año esperando un pasaporte por la vía oficial, pero quienes pueden y quieren
pagar miles de dólares a los funcionarios corruptos del Saime se hacen
rápidamente con los documentos, según víctimas, funcionarios y exfuncionarios
del Gobierno venezolano e intermediarios de este tráfico ilegal.
Al frenar la emisión de
pasaportes, la oposición sospecha que Maduro busca negar el derecho al voto a
los más de dos millones de venezolanos que se estima componen la diáspora.
Esa
teoría se apoya en el hecho de que Caracas usa los pasaportes para castigar a
la población crítica.
Las autoridades les han retirado el documento a
diputados, artistas y periodistas.
"No es casualidad que esto
pase antes de las elecciones presidenciales", argumenta Lester Toledo, un
líder opositor del partido Voluntad Popular, que ahora reside en Madrid.
Maduro
buscará la reelección en unos comicios
el 30 de abril.
Con respecto a quienes siguen en Venezuela
esperando su documento de viaje para emigrar, algunos creen que Caracas
pretende contener su salida.
Pese a ello, miles de venezolanos huyen a pie
cruzando a Cúcuta, Colombia, por el puente Simón Bolívar, donde muchos
usan una tarjeta de movilidad fronteriza.
LA DIÁSPORA EN NÚMEROS
Venezuela experimenta desde hace dos años la mayor salida
de personas de su historia reciente, según los demógrafos.
Durante los primeros
años del chavismo emigraron venezolanos profesionales o empresarios, que tenían
por destino sobre todo EE.UU., Colombia, España y otros países de Europa.
Pero
en los últimos dos años, como consecuencia del deterioro económico y político,
ha cambiado el perfil y el destino.
Decenas de miles de venezolanos pobres y de
clase media están emigrando a través de las fronteras terrestres con Colombia y
Brasil con destino en esos países u otros de Sudamérica: Ecuador, Perú, Chile o
Argentina.
Debido a que Venezuela dejó hace años de dar datos oficiales, se
hace difícil calcular cuántos de los 30 millones de venezolanos viven fuera y a
esa tarea se dedican expertos independientes que usan datos oficiales de otros
gobiernos.
Tomás Páez, director del Observatorio de la Diáspora Venezolana,
calcula que más de 2.5 millones de venezolanos viven en el exterior, de los
cuales 1.3 millones se han ido desde 2016.
Solo en Colombia viven ya más de
medio millón de venezolanos, según el gobierno colombiano.
En España se estima
que viven más de 250.000 venezolanos (cifra que incluye a los que tienen doble
nacionalidad).
"Aquí
no se habla mal de Chávez"
En Europa, EE UU y
Latinoamérica muchos venezolanos han quedado indocumentados a la espera de sus
pasaportes, lo que les ha supuesto pérdidas de empleo, separaciones familiares
y miedo a la deportación.
Raiza Ramos, que lleva un año
esperando en Tenerife la renovación de su pasaporte caducado, afirma que por
esta causa no pudo viajar a Venezuela para ver a su madre antes de morir. “Me
siento presa”, se lamenta.
“La crisis de Venezuela te
afecta aunque estés a 8.000 kilómetros de distancia”, dice Viviana Huerta, de
29 años, que perdió su empleo como publicista en Bilbao por culpa de su falta
de documentación.
No tener pasaportes les
dificulta todo tipo de trámites, desde renovar su tarjeta de residencia hasta
abrir una cuenta de banco o comprar una línea de móvil.
“Me siento completamente
desamparada”, se queja Huerta.
La reciente expulsión del embajador
venezolano en España como represalia por una medida similar de
Caracas, no afecta al personal consular, que sigue en territorio nacional con
la misión de asistir a sus compatriotas, aunque estos creen que no defienden
sus intereses, sino los del régimen.
En el Consulado General de Venezuela en las
Islas Canarias los visitantes son recibidos por un cartel con una prohibición:
"Aquí no se habla mal de Chávez".
Raiza Ramos no pudo viajar a Venezuela para ver a su madre antes de morir porque no tenía pasaporte en regla: "Me siento presa". RAFA AVERO
Venezuela no da cifras
de emigrantes por lo que es complicado estimar cuántos de sus más de 30
millones de habitantes se han ido, pero cifras oficiales de diversos países
muestran que cientos de miles lo han hecho desde 2015.
Ya sea por ineficiencia,
fines políticos o por el incentivo de la corrupción, el Saime no ha respondido
a la avalancha de solicitudes.
El director de este
departamento, Juan Carlos Dugarte, no atendió los repetidos intentos de
comunicación por parte de este diario.
En intervenciones recientes ha
culpado a los venezolanos porque muchos —un 90%, según él— se
sacan el pasaporte y no viajan.
Dugarte ha
desmentido informes que atribuyen la crisis de los pasaportes a
la falta del papel moneda y lámina de policarbonato requeridos para la
elaboración de pasaportes por la normativa internacional y suministrados por la
empresa alemana Veridos, filial de la compañía pública Bundesdruckerei.
Una
portavoz de la empresa Veridos, Mareike Ahrens, aseguró que no podía hacer
comentarios debido a un acuerdo de confidencialidad con el Banco Central de
Venezuela.
Como medida de emergencia, el
Saime estampa
desde noviembre unos adhesivos prorrogando por dos años la
validez de los pasaportes caducados.
Pero aunque muchos están recibiendo
prórrogas, su emisión sigue siendo muy lenta por lo que muchos creen que el
remedio es en realidad una cortina de humo.
Tampoco supone ningún alivio para
los venezolanos que han perdido su pasaporte o lo solicitan por primera vez.
Juan Carlos Dugarte, director del Saime, niega que haya problemas en la emisión de pasaportes.GOBIERNO DE VENEZUELA
En el Saime los
corruptos apenas hacen esfuerzos por ocultar sus manejos, según Quiara, el
extrabajador del Saime.
La Torre Aco es un edificio apartado que alberga las
máquinas de impresión.
Allí no se atiende al público, que hace largas colas en
otras dependencias, pero sí se decide quién tendrá un pasaporte y quién no.
Un día vio a un
intermediario entrar con bolsas negras llenas de dinero en el despacho del
máximo cargo en la Torre Aco, Sheffield Mexicano, titular de la Dirección de
Impresión, Personalización y Distribución de Documentos del Saime.
Los
intermediarios, conocidos popularmente como gestores o facilitadores, trabajan
asociados a los funcionarios corruptos, dedicados a captar ciudadanos
dispuestos a pagar por los documentos de identidad.
Los funcionarios
corruptos venden los pasaportes al mejor postor. “Algunos llegan a pagar 6.000
dólares (4.800 euros), 10.000 dólares (8.100 euros)… Cuanto más necesidad, más
te piden”, dice Quiara.
Un funcionario que
trabaja actualmente en el Saime confirma que la corrupción está extendida en
ese departamento.
Agrega que la torre ACO "es el ojo del huracán",
porque las redes de funcionarios corruptos necesitan al menos a un compinche
cerca de las máquinas de impresión.
"Son
innumerables los grupos involucrados, porque es un negocio muy rentable",
explica esta fuente, que habla anónimamente por el riesgo a represalias.
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y sera un hecho
Las mafias son tan
descaradas que publican mensajes en Twitter prometiendo “agilizar” la obtención del pasaporte.
Una gestora, que
pide anonimato, dice que los funcionarios del Saime se alían con empresarios o
personas con muchos contactos para detectar a potenciales clientes.
“Yo hago
esto porque quiero ayudar”, asegura.
“Hay gente pasándolo muy mal”.
Clientes
en Oriente Próximo
Mientras el Saime
castiga a los venezolanos privándoles de la documentación, sus funcionarios
corruptos venden pasaportes a ciudadanos extranjeros sin derecho a él pero con
miles de dólares en el bolsillo, según investigaciones previas que confirma
Quiara.
La demanda del documento venezolano se explica porque permite entrar sin visado en más de
130 países, entre ellos los 26 países del área Schengen de la
Unión Europea.
Quiara asegura que
supo de redes de funcionarios que venden pasaportes a extranjeros de origen
sirio, iraquí o afgano.
Cuando trabajaba en el Saime estaba asignado a Misión
Identidad, uno de los programas bolivarianos puestos en marcha por el fallecido
líder Hugo Chávez.
La Misión Identidad fue diseñada por el hoy vicepresidente
Tareck El Aissami, de origen sirio, y tiene por fin la identificación de
nacionales venezolanos de bajos recursos, pero ha sido señalado como la
tapadera que permite la venta irregular de documentos a extranjeros.
“Se puede robar, se
pueden hacer muchas cosas, pero vender una nacionalidad creo que es lo último
que debe hacer un ser humano”, afirma enojado Quiara.
La venta del
pasaporte venezolano en Oriente Próximo ha sido denunciada anteriormente por
Misael López, que trabajó como diplomático venezolano en Irak entre 2013 y 2015
y ha buscado asilo en España.
En un reportaje en CNN, López
mostró el año pasado evidencia de que visas y pasaportes venezolanos fueron
vendidos irregularmente por la embajada a ciudadanos de Oriente Próximo,
algunos con antecedentes por narcotráfico y terrorismo.
“He visto a
familias enteras documentadas como venezolanos sin tener ningún vínculo con
Venezuela”, explica López durante una entrevista en Madrid.
En una ocasión
durante un viaje al Kurdistán iraquí le ofrecieron 15.000 dólares (12.100
euros) por un pasaporte, asegura.
El tráfico de
pasaportes en Oriente
Próximo, que Venezuela negó cuando fue publicado el
reportaje de CNN, también se explicaría por la existencia desde hace décadas de
grandes comunidades árabes en Venezuela, y por los lazos del Gobierno de Maduro
con Irán y Siria.
“Tortura
blanca”
Los venezolanos
indocumentados por culpa del atraso del Gobierno han pedido una solución a su
gobierno -Una petición en Change.org para
que Dugarte tome cartas en el asunto acumula más de 17.000 firmas- pero muchos
han perdido la esperanza y piden solidaridad a las autoridades de los países en
que han quedado indocumentados.
Para los
venezolanos en el extranjero “es una tortura blanca”, detalla Antonio Ledezma,
exalcalde metropolitano de Caracas, que en noviembre se escapó de su prisión
domiciliaria y huyó a España.
“¿Cómo agarran un tren sin identificación?, ¿Cómo
abren una cuenta de banco? Es tan perverso como que te golpeen con una
mandurria”.
Ledezma ha
solicitado a autoridades y políticos españoles una solución de emergencia para
los indocumentados venezolanos con pasaportes caducados en España, donde según
el Instituto Nacional de Estadística residen más de 68.000 venezolanos (la
cifra no incluye a quienes tienen doble nacionalidad).
El drama de los
indocumentados se ha sumado al de miles de pensionistas venezolanos residentes
en España que llevan dos años sin recibir su ayuda por
parte de Caracas, obligatoria según un convenio de Seguridad
Social entre ambos países.
Para resolver el
problema de los pasaportes, Perú y Colombia han aprobado
permisos temporales de permanencia que en 2017 permitieron regularizarse a
miles de venezolanos.
Walter Pérez perdió su pasaporte al devolver un auto de alquiler y lleva más de un año esperando que Venezuela le emita un nuevo documento. ÓSCAR CORRAL
Un remedio similar en
España aliviaría el drama de venezolanos como Walter Pérez, quien perdió su documentación
en enero de 2017 al devolver un auto de alquiler en Palma de Mallorca.
“No
consigo trabajo, no puedo solicitar la residencia, mi esposa sufre de una
hernia y está en paro… Estoy del timbo al tambo con gente que me ayuda con
trabajos de unos días”, dice desde Mellid, en Galicia.
Pérez explica que no tiene
dinero para pagar a una mafia.
Lo usual es que los corruptos pidan alrededor de
2.000 dólares a los venezolanos en el exterior.
El ministerio del Interior
español no respondió a una consulta de este diario sobre posibles medidas de
emergencia.
Líder en corrupción
Los pasaportes venezolanos han
sido vendidos desde hace décadas en el mercado negro: los venezolanos podían
ahorrarse un día o dos de cola y los extranjeros buscaban en ellos libertad de
movimiento, pero nunca la corrupción había alcanzado la escala actual, dice la
directora de Transparencia Internacional en Venezuela, Mercedes de Freitas.
Tampoco se había explotado la desesperación de los venezolanos del modo que se
hace hoy.
Los pasaportes son uno más de
los bienes suministrados por el Gobierno de Venezuela que se venden de forma
paralela en el mercado negro, junto con medicinas, alimentos, neumáticos y
otros documentos oficiales como homologación de títulos universitarios.
Los
aliados de Maduro suelen dirigir la cúpula de estas redes corruptas, como
ocurre con los militares que controlan el multimillonario negocio de los
alimentos al tiempo que buena parte del país está al borde de
la hambruna.
El exdiplomático López conoció
desde dentro el funcionamiento de las tramas corruptas del Gobierno bolivariano
durante sus 10 años de desempeño previo como policía judicial.
Asegura que la
corrupción suele ser dirigida por los superiores en estructuras piramidales.
Para acallar a los críticos, el
Saime anuncia en ocasiones operaciones contra la corrupción que suponen
arrestos casi siempre de mandos medios o funcionarios rasos, agrega López.
“Si yo te pongo como jefe de la
oficina tú me tienes que traer dinero porque si no te cambio o te convierto en
chivo expiatorio”, añade.
En su refugio de Tenerife,
Quiara dice que el ambiente de trabajo en su oficina del Saime era insoportable
por el temor a traiciones y las demandas de fidelidad al régimen.
Dice que
sufrió una parálisis facial y decidió marcharse.
Ahora renta un apartamento en
Puerto La Cruz donde vive con su hijo de dos años y su esposa.
Muestra su tarjeta roja de
solicitud de asilo y confía en que dentro de unas semanas le llegue el permiso
de trabajo.
Si su caso no prospera y le devuelven a su país teme que lo maten o
pudrirse en una cárcel por traición a la patria: “Dios no lo quiera… no es
justo”.
Fuente
“EL PAÍS”, España, 05.02.2018
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