INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA
Intiman al gremialista
Víctor Santa María: debe aclarar millonarias transferencias de su fundación
13-02-2018
La Inspección General de Justicia quiere
saber por qué en sus registros hay donaciones y convenios por $32 millones que
no tendrían respaldo
En medio
de los problemas judiciales que afronta el sindicalista Víctor Santa María,
sumó una intimación de la Inspección
General de Justicia (IGJ) por el movimiento de más de $32
millones entre donaciones recibidas y convenios para realizaciones
audiovisuales de la Fundación Octubre Trabajadores de Edificios.
Los
números que despertaron sospechas fueron detectados en los estados contables cerrados
al 31 de octubre de 2015.
Con poder de fiscalización permanente sobre la fundación, el
organismo que depende del ministerio de Justicia le dio diez días hábiles a
Santa María para que clarifique las millonarias sumas de dinero y realice declaraciones juradas.
“El Grupo Octubre,
constituye un ámbito creativo y plural que desarrolla, nuclea y promueve
distintos emprendimientos culturales, educativos, solidarios y
comunicacionales, a través de la Fundación Octubre Trabajadores de Edificios”,
consigna el sitio web del conglomerado que dirige Víctor Santa María,
acorralado por la justicia.
El multimedio es administrado por la Fundación Octubre de
Trabajadores de Edificios, perteneciente al Sindicato Único de Trabajadores de
Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH), hoy fiscalizada y bajo observación.
A
la denuncia por presunto lavado de activos que
tiene el sindicalista, a través de operaciones millonarias sospechosas en Suiza, y sus vínculos
con el empresario Leonardo Andrés Stangalini, señalado de ser testaferro del
sindicalista, se suman sospechas sobre manejos de fondos de la Fundación
Octubre Trabajadores de Edificios.
Ante la
IGJ la entidad presentó los estados
contables correspondientes al ejercicio que cerró el 31 de octubre de 2015.
Respecto
a la documentación se hicieron una serie de observaciones que ponen bajo duda
el “origen de fondos,
su aplicación y correcta justificación”, explicaron fuentes oficiales a Clarín.
Respecto
al ítem “Estado de Recursos y Gastos”, se consignó la existencia de de
donaciones por $16.987.564,26 y donaciones
“incentivos a la educación” por $10.828.790,80, que según
lo establecido en la intimación superan el monto mensual que estipula el
organismo fiscalizador.
Según la resolución general de la IGJ en sus artículos 516 y
517 las fundaciones que reciban donaciones o aportes de terceros
por sumas que superen los $70.000 “en un solo acto o varios actos que
individualmente sean inferiores” a dicha cifra, “deberán presentar anualmente
una declaración
jurada”.
Esto no
fue realizado por la Fundación Octubre y es lo que exige el organismo.
“No hay documentación que
respalde dichas cifras ni que las justifique”, indicaron fuentes oficiales.
La
IGJ analiza esas posibles “derivaciones
patrimoniales”, y para despejar cualquier sospecha se exigió
igual que la Fundación Octubre presenta una declaración jurada sobre
“licitud y origen de los fondos”.
En ella deberán especificar quien fue el
donante, su constancia ante la AFIP, depósito bancario de la donación, o
de la transferencia.
No
es la única cifra de dinero que no quedó clarificada en la documentación
rendida por la entidad que administra al Grupo Octubre.
Se requirió una nota
firmada por el presidente de la Fundación en la que deberá explicar sobre la
cuenta Convenios para realización audiovisuales y producción de películas de publicidad”
por $16.927.241.
La IGJ quiere saber el “origen
de dicha cuenta y cómo se conformó dicha suma de dinero”.
Se pidió un detalle completo de cada uno de los convenios que acumularon más de
$ 16 millones.
Finalmente, Santa María deberá explicar e individualizar cada
una de las sociedades anónimas que tienen como domicilio
fiscal la dirección de la Fundación.
Hay que recordar que el
sindicalista K está investigado por operaciones millonarias con un entramados
societario que denunció la diputada Graciela Ocaña.
En la documentación aportada señaló que hay una serie de
firmas (con las que se movieron más de $60 millones), con objetos sociales
diversos y vinculadas a Stangalini, "comparten el mismo domicilio como su sede
principal de actividades, y que, incluso en aquellas direcciones funcionen
establecimientos que no guardan ningún tipo de relación con las actividades que
supuestamente llevan a cabo dichas empresas".
El domicilio es uno de los
anexos del sindicato que conduce Santa María.
Fuente
“iProfesional”, 13.02.2018
No hay comentarios:
Publicar un comentario