MENDOZA: LA TUPAC
EN BUSCA DE DEFINIR
La fiscal en su
laberinto
Decidida a avanzar en su investigación, la fiscal Gabriela Chaves volvió
a repartir imputaciones contra Nélida Rojas y apunta también contra el
intendente de Lavalle, Roberto Righi, luego de una denuncia por enriquecimiento
ilícito.
La complejidad de una mega causa por corrupción en en la que,
cuestionada hasta por la Corte, la fiscal no puede volver a equivocarse.
La causa más compleja en la que se investigan hechos de corrupción
en Mendoza volvió a sacudirse tras la feria judicial de enero.
La fiscal Gabriela Chaves decidió sumar más imputaciones a la
líder de la Tupac Amaru, Nélida Rojas, así como también a otras 40 personas más
de la organización destinada a la construcción de viviendas sociales con fondos
nacionales, en un claro movimiento de piezas para demostrar que, más allá de
los tropiezos que cometió durante su pesquisa, seguirá adelante.
La cuestionada funcionaria judicial apostó
fuerte: terminó avocándose en las más de 180 denuncias que fue recolectando su
fiscalía en estos últimos meses por parte de los afectados de la cooperativa de
viviendas y con ese paquete repartió las nuevas imputaciones.
Aunque esta vez se cuidó de no cometer errores procesales.
Cambió
la figura jurídica y acusó a Rojas y los suyos por los delitos de estafa,
coacción y extorsión, quitando del medio la asociación ilícita que, en la etapa
procesal anterior, le valió a la fiscal un duro fallo en contra de la 8va
Cámara del Crimen.
Lo que se investiga es un cúmulo de delitos para determinar si se
cometieron irregularidades en el manejo de más de $800 millones, y como ya se
dijo, Chaves cometió errores que en Tribunales fueron calificados como
"infantiles" en el marco de una investigación tan compleja y con
semejante carga política como la que tuvo y tiene.
Quizás el más grave, haya sido arrancar equivocada y apostar a la
imputación de asociación ilícita sabiendo que en la jurisprudencia argentina
existen muy pocas causas judiciales que avanzaron con esta tipificación.
Una fue la investigación sobre los barrabravas de Boca y la otra
los miembros de la Dictadura que fueron acusados de delitos de lesa humanidad.
Nada menos.
La Cámara integrada por los jueces Luis Correa Llano, Ramiro
Salinas y Alejandro Miguel derrumbó las acusaciones de la fiscal, aunque
resolvió no dictar el sobreseimiento de los acusados y esa disputa se ventila
desde noviembre en la Corte luego de que Chaves presentara un recurso de
Casación.
Un de los jueces que integra la sala que tiene que resolver este
pedido ya se excusó.
Es Mario Adaro, por sus claros vínculos con la Tupac
cuando se desempeñó como ministro del gobierno de Celso Jaque, y su reemplazo
es el juez Julio Gómez.
Todo apunta a que la fiscal no tendrá eco en su pedido.
La Corte podría terminar definiendo por dos
votos (Omar Palermo y Julio Gómez) contra uno (José Valerio) que no procede la
queja contra la Cámara.
Algo de mayor impacto se está cocinando al mismo tiempo en la
fiscalía.
Es una investigación sobre enriquecimiento ilícito sobre el
intendente de Lavalle, Roberto Righi, quien siempre trató de despegarse de las
maniobras de la Tupac a pesar el grueso de las desprolijidades en el manejo de
los fondos pasaban ante sus ojos.
La línea investigativa sobre Righi se abrió a
través de una denuncia anónima y Chaves halló, en una computadora secuestrada
durante un procedimiento en la municipalidad de Lavalle, elementos como para
avanzar sobre el jefe comunal.
Pero aquí también la fiscal
sabe que deberá medir sus pasos para no volver a equivocarse, fundamentalmente
porque la denuncia que abrió esta vía fue anónima.
La complejidad de la causa y su impacto político obligan a ello.
Es cierto que Chaves erró en un momento el camino.
Pero logró dar con algunos
elementos que deberían obligar a la Justicia a no dejar caer la investigación.
La AFIP confirmó que la familia de Nélida Rojas blanqueó una suma
que rondó los $4,3 millones, a través del programa de Sinceramiento Fiscal
lanzado por el gobierno de Mauricio Macri en 2016.
Y también ratificó que, la multa que debió pagar como marcaba la
ley, fue de alrededor de $580.000 correspondientes al 15% de los bienes
blanqueados.
Esa multa fue pagada el 30 de marzo de ese año, sobre el final del
plazo de blanqueo, y se hizo a través de cuentas de una de las cooperativas de
viviendas, San Expedito, que operaban con el banco Credicoop.
En términos más
claros: los líderes de la Tupac, registrados en la AFIP como monotributistas
clase B y con ingresos declarados de $24.000 al año, no solo blanquearon más de
$4 millones. Sino que además las mutas (sic) del blanqueo las pagaron con fondos de
las cooperativas cuyo destino era la construcción de viviendas.
¿Qué blanquearon? De todo un poco.
Damián y Federico Torrengo,
hijos de un primer matrimonio de Rojas, camionetas y camiones.
Carla y Facundo
Martínez, los hijos de su relación con Ramón Martínez, lo mismo.
Aunque Carla
sumó al blanqueo dos inmuebles.
Y también aparece Pablo Carmona, marido de
Carla, quien blanqueó un camión.
Pero además una parte de todos estos bienes, fueron adquiridos
entre 2010 y 2013.
Pero el grueso se compró hacia finales de 2015.
¿Qué sucedió
en ese tiempo?
Entre octubre y diciembre de 2015, Chaves acreditó que Martínez
retiró del Nación y casi a diario sumas que iban de los $200.000 a los
$500.000, según el día.
Fondos que eran nacionales y que fueron manejados de
manera personal y discrecional por el integrante de una cooperativa, una
situación única en Mendoza.
El gobierno de Alfredo Cornejo volvió a dar señales el jueves de
que sigue día a día la evolución del caso, cuando el subsecretario de Justicia,
Marcelo D'Agostino, salió a vociferar en contra del
estiramiento del plazo del juri planteado contra los integrantes de la 8va
Cámara.
La mano derecha de Cornejo en su relación con el Poder Judicial
sospechó una maniobra política para proteger a los camaristas (que en su
momento habían sido cuestionados por el propio gobernador), en una salida que
sonó a sobreactuación.
El juri postergó una resolución hasta dentro de quince días luego
de que Valerio se excusara.
No hubo tironeos políticos en la sesión del jueves
y nada hubiera pasado si el magistrado se hubiera excusado, como marca la nueva
ley, dentro de las 48 horas de planteado el pedido de sanción para los
camaristas.
Sobre este punto sigue flotanto la duda.
¿Quién o quiénes fueron los abogados que redactaron el pedido de juri contra
Salinas, Correa Llano y Miguel?, planteo al cuya cara visible fue algunos de
los denunciantes de Nélida Rojas que viven en Lavalle.
Nunca lo dirán, pero desde el primero momento se supo que detrás
de ellos estuvo en cierta forma el largo brazo de Cornejo.
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