“LÍNEA BARADEL” VS. HEIDI
El debilitamiento de la
"línea Baradel" dentro del gremio docente, epicentro del renovado
conflicto con el Gobierno
09-02-2018
El decreto de Macri determina que CTERA
pierda su "poder de veto", al tiempo que se refuerza a los sectores
dialoguistas.
En tanto, se rechaza la convocatoria del Gobierno porque la
intención oficial es que ya no se hable de salario en esas reuniones, sino que
se circunscriba a condiciones laborales
Por Sebastian Albornos
El renovado conflicto entre el Gobierno y el sindicato
docente CTERA tiene este año un componente adicional a la clásica desavenencia
salarial: queda en evidencia la puja por la influencia sobre todo el gremio de
los maestros, en la cual el macrismo alienta el ascenso de los sectores más
"dialoguistas", en detrimento del sector más combativo, liderado por
Roberto Baradel y Sonia Alesso.
CTERA, de alcance nacional y con fuerte base
en las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires es el sindicato mayoritario,
en un universo donde hay al menos otras cuatro asociaciones.
Es, por lejos, la
que ha liderado y sostenido las huelgas en cada inicio de clases en los
últimos años.
Sus líderes estuvieron, durante el kirchnerismo, enfrentados con
el ex gobernador Daniel Scioli y hoy adhieren a
las manifestaciones críticas sobre las políticas
macristas.
El año pasado, el prolongado conflicto tuvo como
protagonistas a Baradel y la gobernadora María Eugenia Vidal, quien hizo de esa
pulseada una de sus prioridades políticas para dar una imagen de fortaleza.
Se
recuerdan de esas semanas agitadas las polémicas iniciativas como la del bono
por presentismo en medio del
conflicto -bautizado por el sindicato como "bono
rompehuelgas"- que finalmente quedó sin efecto, ante denuncias de
inconstitucionalidad.
También quedó para el registro político la acusación de
Vidal sobre motivaciones políticas de parte de los dirigentes docentes, a
quienes conminó a aclarar "si eran kirchneristas".
La
cuestión salarial, finalmente, tuvo su clásico final: se llegó a un acuerdo con una
cifra y se firmó un acuerdo anual que venció en diciembre.
Pero la pulseada
política continuó, como quedó en evidencia con
el boicot convocado
por CTERA ante la convocatoria que hizo el ministro Alejandro Finocchiaro para
el "Convenio Marco".
Finochiaro citó a un representante de los cincos gremios docentes nacionales.
Ellos son, además de CTERA,
la Confederación de Educación Argentinos (CEA), la Asociación del Magisterio de
Enseñanza Técnica (AMET),
la Unión de Docentes Argentinos (UDA)
y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP).
El motivo de la reunión era
acordar un convenio
marco en torno a condiciones de trabajo a partir de la
modificación del decreto 52/2018 que reglamenta la Ley de Financiamiento Educativo.
Pero, además, había una significación política: era el estreno de la nueva representación de
cada asociación docente, alterada por el decreto firmado por el presidente
Mauricio Macri a mediados de enero.
La representación de Ctera
Hasta el dictado del decreto, Ctera contaba con cinco de los nueve representantes de
los maestros.
En tanto, los otros cuatro
espacios eran ocupados por los gremios de UDA, Sadop, CEA
y Amet.
Es decir, todo lo que decidían los
miembros de Ctera podía encauzar o
dar por terminada una negociación.
Ahora,
el sindicato liderado por Baradel y Alesso contará con un solo miembro en
la mesa de diálogo.
En otras palabras, ganan peso las demás asociaciones, que
en los últimos conflictos salariales se habían mostrado más proclives a evitar las medidas extremas como
los paros al inicio del año lectivo.
En
cuanto a la reducción de la representación de Ctera en ese espacio de
discusión, desde el Ejecutivo justificaron la decisión en la
necesidad de asegurar“una representación sindical igualitaria”
como ocurre en las negociaciones con los gremios universitarios.
Pero las declaraciones hechas por las dos partes al término de esa jornada
dejaron el claro el tono de enfrentamiento
político que sobrevoló la convocatoria del "acuerdo
marco".
Alesso
no participó del encuentro con el ministro de Educación, convocó al resto de
los gremios a
hacer lo mismo y declaró ante los medios que "van a impugnar la reunión porque
'viola' la paritaria nacional docente", y señaló a su vez que considera a
dicha reunión "una maniobra de marketing político" que busca distraer
e "imponer la rebaja
salarial a los docentes".
"Le
reclamamos al Gobierno nacional que reabra la paritaria nacional que derogó por decreto.
CTERA celebrará un Congreso el 28 de febrero, y si no
tenemos respuestas podemos convocar a una medida de fuerza, anticipó Alesso a
Télam.
De
esta forma, la dirigente consideró que el Gobierno debe derogar el decreto 52/2018, que
modificó la reglamentación de la Ley de Financiamiento Educativo, y afirmó que
la aplicación de la paritaria "es
la mejor forma de evitar conflictos".
"Mientras
estuvo en vigencia la
paritaria nacional docente no hubo conflictos
salariales porque las discusiones llegaron siempre a buen
puerto. Esto sucedió incluso en 2016, cuando el Gobierno la convocó y respetó la Ley de
Financiamiento. Rechazamos además las reformas, las censantías y la aplicación
de sistemas de presentismos", apuntó Alesso.
Al
finalizar el encuentro, Finocchiaro consideró que CTERA "privilegia
la lógica
política y se corren del diálogo", como
CTERA que, remarcó, "prefirió el palco con (Hugo) Moyano".
"Hemos
discutido y debatido todos los temas en un ambiente de sensatez y nos
hemos puesto de acuerdo en cuestiones
fundamentales que hacen a mejorar el sistema educativo en
líneas generales", dijo el titular de la cartera de Educación.
El reclamo de la paritaria nacional
Tanto los titulares de SADOP como de Ctera rechazaron la convocatoria porque
se dejó de lado la cuestión que consideran más imporante: la paritaria federal para
establecer el salario
mínimo.
Es
que el decreto firmado por Macri a mediados de
enero ratifica en
su artículo 6 inciso
b que el salario
mínimo docente no podrá ser inferior al 20% por encima del
salario mínimo vital y móvil vigente.
De
esta manera, se eliminó la negociación que
establece el piso
mínimo salarial para todo el país y a partir de ahora se
analizarán en esas reuniones los temas referidos al ambiente y condiciones
laborales, capacitación y formación docente.
Es
decir, se circunscribe a cuestiones no salariales.
Esto provocó el enojo de los sindicatos, que
argumentaban que en el texto original del decreto de 2007 decía que –precisamente-
unas de las funciones de esa mesa de diálogo era analizar el salario minino del sector.
En ese sentido,
consideran que el Poder Ejecutivo se extralimitó y emitió
una norma arbitraria.
A
partir de esa decisión, cada provincia deberá negociar el incremento salarial.
El Gobierno defendió el decreto porque se busca “recuperar el ámbito de
discusión” para negociar otros aspectos vinculados a las condiciones laborales
de la actividad.
Hasta
el 2016, el incremento del piso salarial docente
se negoció anualmente, pero el Gobierno eliminó esa la paritaria y ató
ese piso a la evolución del salario mínimo, lo que finalmente quedó estipulado
en el decreto.
Tras
la publicación de la mencionada norma, los gremios nacionales cuestionaron la
norma en la Justicia, pero fueron rechazadas.
En el caso de UDA, el Juzgado
de Primera
Instancia del Trabajo N° 60 indicó que el amparo
no es la vía idónea para ese tipo de reclamos y remarcó que "no se
advierte por parte del Estado nacional omisión manifiestamente ilegal o arbitraria"
con respecto a la paritaria federal.
Desde CTERA adelantaron que realizará una
presentación ante la OIT.
La polémica por la negociación
La Ley 26.075, denominada “Ley de Financiamiento Educativo”, fue sancionada en
diciembre de 2005.
Entre
sus objetivos se estableció el "incremento de
la inversión en educación, ciencia y
tecnología por parte del Gobierno Nacional, los Gobiernos
provinciales y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en forma progresiva,
hasta alcanzar en el año 2010 una participación del 6% en el Producto Bruto
Interno".
Asimismo,
establece que "el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología juntamente
con el Consejo
Federal de Cultura y Educación y las entidades gremiales docentes con
representación nacional, acordarán un convenio marco que incluirá pautas
generales referidas a:
a) condiciones laborales,
b) calendario educativo,
c) salario mínimo docente
y
d) carrera docente.
En
abril de 2007, el decreto 457/07 reglamentó esa ley y
señala que: "corresponderá que el convenio marco trate todas las cuestiones laborales generales
que integran la relación de empleo de los trabajadores docentes de
las jurisdicciones
provinciales y de la Ciudad Autonóma de Buenos Aires. Esto
es:
- Retribución mínima de los
trabajadores docentes.
- Materias de índole económica,
laboral, asistencial, previsional y, en general, las condiciones de
trabajo, a saber:
* Condiciones de ingreso a la
carrera docente, promoción y capacitación, calificaciones del personal;
* Régimen de vacantes;
* Trámites de reincorporaciones;
* Jornadas de trabajo;
* Derechos sociales y
previsionales;
*
Políticas de formación
docente y capacitación en servicio;
* Representación y actuación
sindical;
* Títulos;
*
Cualquier otra materia laboral prevista en el artículo 10 de la ley 20.675, que
funcionó como principal referencia para los aumentos que posteriormente las
provincias debían discutir con sus maestros.
Fuentes
gremiales le explicaron a iProfesional que la Ley Nacional de Educación 26206
dice en su artículo 67 que "los/as docentes de todo el sistema educativo tendrán
los siguientes derechos y obligaciones, sin perjuicio de los que establezcan
las negociaciones
colectivas y la legislación laboral general y específica”
y en su inciso L nombra a la negociación colectiva nacional y
jurisdiccional".
Y destacan que hay provincias
que a partir de esa paritaria nacional han incorporado su propia paritaria
jurisdiccional, así como también otras han tomado como marco de referencia la
paritaria nacional docente.
Fuente
“iProfesional”, 09.02.2018
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