MOYANO Y…
LOS IDUS DE MARZO
Furia en la cabina del camión
Francisco
Olivera LA NACION
10 de febrero de 2018
Dicen en su entorno que Hugo Moyano está más molesto que nunca.
Que pasó "de
la decepción a la locura".
Y que hará todo lo posible por demostrarle al
Gobierno que mantiene intacta su capacidad de daño.
No lo dicen solo sus
allegados sino, en confianza, también su mujer.
"Está muy caliente", advierte
a los íntimos Liliana Zulet, una de las involucradas en la causa de Oca, la
investigación que más complica al líder camionero.
Es una amistad familiar que
terminó mal: tiempo atrás, cuando nada de esto había explotado, Moyano admitía
haber conocido a Patricio Farcuh, presidente de la empresa postal, por una
presentación de su hijo Facundo.
Su
relación con el Gobierno se terminó de complicar hace un mes.
Venía tormentosa
después de que su hijo Pablo se opuso al proyecto de reforma laboral, pero se quebró
definitivamente el 12 de enero, cuando Gabriel Pérez Barberá, uno de los
fiscales que conducen la Procelac, brazo del Ministerio Público que investiga
el lavado, los denunció a él, a Pablo, a Oca y a varias empresas por presunto
lavado de activos de origen ilícito.
Dos días antes, en una atmósfera tensa
pero todavía respetuosa, el líder camionero había inaugurado con el ministro
Jorge Triaca el Antártida, un sofisticado sanatorio del sindicato, en
Caballito. Moyano cumplía esa mañana 74 años.
En el discurso, medido, intentó
atenuar las elucubraciones sobre las ausencias de Mauricio Macri y María
Eugenia Vidal.
"Quiero aclarar que el Presidente y la gobernadora no
estaban invitados. Entonces, no digan que yo quiero quedar bien con zutano o
mengano. La intención era inaugurar el 15 de diciembre y habían sido invitados,
pero esa inauguración se canceló y no se volvió a invitar. Sabíamos que estaban
ocupados", dijo.
Pero
tres semanas aquí equivalen a una vida.
Diego Santilli, vicejefe de gobierno
porteño y otro de los invitados, insinuó ese día el primer anticipo del cambio
de humor: "No se trata de que el Presidente esté acá o no. Lo que el
Presidente y todos tenemos claro es que en la Argentina todos tenemos que
aportar y ceder para generar más trabajo, dignidad, inclusión y todo eso
debemos hacerlo con mucha austeridad y transparencia".
Hasta
entonces, el objetivo de la Casa Rosada había parecido más administrativo que
político.
Por ejemplo, que el gremio modificara cláusulas del convenio que
vuelven muy caro el transporte y que, por lo tanto, se trasladan a toda la
economía.
Dicen en la Unión Industrial Argentina (UIA) que el factor camionero
puede explicar hasta 10% del precio del producto en los sectores más
periféricos de las economías regionales.
Y en el Ministerio de Trabajo calculan
que, si se suman costos asociados como gastos de sepelio, recreación o aporte
al sindicato, el transporte de cargas tiene un sobrecosto salarial de entre 8,5
y 9% superior al del resto.
Son,
en realidad, problemas viejos que no eximen de responsabilidad a Macri.
Desde
2015, por ejemplo, el peso de impuestos y cargas sociales en las empresas de
camiones subió dos puntos porcentuales.
¿Cómo evitarlos, si casi no hay trenes
de carga?
Compañías de consumo masivo han advertido últimamente que, de tan
vetusta, la alternativa ferroviaria duplica los días de traslado e impide
cumplir con estándares de calidad en alimentos y bebidas.
El Gobierno quiere
ahora ocuparse del tema.
Hace tres semanas, la Administración General de
Puertos hizo una prueba piloto con Toyota: llevó desde Buenos Aires a Zárate 28
contenedores con piezas provenientes de Asia e hizo volver al tren cargado con
autos para exportar desde las terminales de Puerto Nuevo.
Ese
ensayo fue al mismo tiempo un mensaje al sindicato.
El otro gesto quedó dentro
del decreto 27, que la oposición pretende derogar: se autorizó para rutas
nacionales el uso de bitrenes, camiones de alta productividad y baja
siniestralidad que eran reclamados por la UIA y resistidos por Moyano.
Un informe
de la entidad fabril señala que, en Australia, estos vehículos de hasta 9 ejes
lograron reducir en 76% los accidentes serios o fatales.
Aquí, la única
experiencia es la provincia de San Luis, que los habilitó para uso interno en
2009 con buenos resultados: no hubo desde entonces accidentes graves, el
volumen de carga aumentó 55% y se ahorró 30% en el costo de la tonelada por
kilómetro.
Todo eso
estaba en la cabeza de Triaca y Santilli en esa mañana de medias palabras en
Caballito.
Al día siguiente se volvió a discutir el convenio en una audiencia
en el Ministerio de Trabajo.
Dicen los empresarios que estuvieron muy cerca de
acordar: que los camioneros parecían dispuestos a revisar el 1% que se les
reconoce por año de antigüedad, y ellos, a discutir el pago de un bono de 9500
pesos.
Ese 1%, que era de la mitad hace siete años y fue modificado en una
paritaria, obsesiona a los ejecutivos: lo quieren otra vez en 0,5%.
Pero
todo cambió 48 horas después, con la denuncia de la Procelac.
La presentación,
basada en informes de inteligencia de la Unidad de Información Financiera
(UIF), consignó transferencias de Oca a más empresas vinculadas con Moyano.
Según publicó Ignacio Ortelli en Clarín,
hubo pagos por casi 7,5 millones de pesos a la firma Dixey entre julio y
octubre de 2017, justo en el lapso de tiempo en que la empresa postal
atravesaba su peor crisis financiera y mientras Farcuh negaba públicamente
tener algo que ver con Moyano.
Dixey es una textil cuyo directorio integran
Liliana Zulet y sus hijos Valeria Salerno y Juan Manuel Noriega Zulet, y que,
según la UIF, obtuvo en ese lapso el 90% de su facturación de Camioneros y Oca.
La sospecha es que podría haber existido un vaciamiento de la empresa postal.
Para
las empresas de camiones no son buenas noticias.
Primero, porque casi ninguna
está segura de no haber hecho en algún momento alguna colaboración al
sindicato.
Nada nuevo: muestras de solidaridad compulsiva.
"Si nos van a
mirar a todos las donaciones que le hicimos a la mutual del sindicato, estamos
complicados", dijo a este diario un referente de la actividad.
La otra
inquietud es el convenio.
La próxima audiencia en el Ministerio de Trabajo es
el 19 de este mes, dos días antes de la convocatoria de Moyano a la 9 de Julio.
¿Con qué ánimo irán a negociar?
¿Estará esta vez Pablo o solo sus
colaboradores, ese elenco estable que integran el histórico Pedro Mariani,
secretario de la federación; Omar "Manguera" Pérez, secretario de
Política de Transporte del gremio, y Gabriel "Feúcho" Aparicio,
secretario interior?
"Somos
alfileres chiquitos en una pelea de dos gigantes", se resignan los
empresarios, que dan por sentado que cualquier protesta volverá a hacerse por
el canal habitual: afectando el traslado de sus mercancías.
Imposible tomar
distancia o evitar las consecuencias.
Nadie como ellos conoce tanto la inercia
de un camión a gran velocidad.
Fuente
“LA NACIÓN”, 10.02.2018
(facebook, J. Gorila, 10.02.2018)
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