LOS SECRETOS DE LA CORTE
Tribunal Penal InternacionalLuis Moreno Ocampo, ex fiscal del TPI, tuvo al menos una empresa 'offshore' durante su mandato
Al dejar la oficina, defendió a un objetivo potencial del Tribunal para el que trabajó durante nueve años
El dinero llega desde una cuenta en Suizay el emisor inicial es Tain Bay, una empresa registrada en Panamá.
En los meses siguientes, las transferencias con origen en Panamá y escala en Suiza se repetirán.
Cinco años después de dejar la Corte, trabaja como abogado penal en la firma neoyorquina Gentik & Getnick, da clases en Harvard y hace consultoría legal.
La red europea de periodismo de investigación EIC, de la que forma parte EL MUNDO, ha analizado más de 40.000 documentos -balances contables, cables diplomáticos y correspondencia, cruzados con fuentes de información pública- que ponen en duda la integridad de Ocampo mientras estuvo en el cargo y después.
Según el registro de empresas de Panamá, el presidente de Tain Bay era una sociedad llamada Forman Management.
Pero los documentos obtenidos por el medio de investigación francés Mediapart y analizados por EIC revelan quién estaba detrás de la empresa panameña: el propio Ocampo y su mujer, Elvira Bulygin.
Panamá, Belice y las Islas Vírgenes Británicas
Bulygin aparecía también detrás de Lucia Enterprises, con sede Belice y que en septiembre de 2012 recibió 15.000 dólares del abogado.
Transparent Markets, una de las últimas empresas conocidas del abogado argentino, tenía sede en Uruguay, considerado un refugio fiscal en Latinoamérica.
Además, la pareja era accionista de Yemana Trading, registrada en las Islas Vírgenes Británicas y gestionada por Mossack Fonseca, el despacho cuyos negocios quedaron al descubierto con los Papeles de Panamá.
"He hablado con la gente de Fonseca para establecer una empresa en Panamá", escribía el aún fiscal.
"Tenía que protegerme en un país donde los bancos un día deciden llevarse su dinero. Así que tenía dinero fuera de Argentina", ha señalado.
Tres sociedades en tres paraísos fiscales vinculadas a una persona con un cargo al que se le exige "alto carácter moral" y no estar involucrado "en ninguna actividad que pueda interferir con su función de acusación o afectar a la confianza en su independencia".
'Justice First': el segundo fracaso de Ocampo en Libia
Ocampo utilizó su red personal en la organización en beneficio de su cliente y puso en riesgo la confidencialidad de las investigaciones del tribunal al que debe en gran parte su estatus.
El objetivo era conseguir la paz en una Libia en guerra tras la caída de Gadafi; pero pronto sería evidente que las aspiraciones del empresario libio eran más concretas.
El caso prometía potenciar la figura de Ocampo y su labor como fiscal, pero la ejecución del dictador truncó la posibilidad de un juicio y terminó con las expectativas del abogado argentino.
Mucho más que los alrededor de 150.000 euros netos anuales que cobraba en el Tribunal.
Mientras manifestaba estar por encima de los partidos con Justice First, Tatanaki se relacionaba con el general Khalifah Haftar, líder de uno de las partes en conflicto, el Ejército Nacional Libio.
Su actuación no tardó en causar problemas y la sucesora de Ocampo en el Tribunal, Fatou Bensouda, informó al Consejo de Seguridad de la ONU de su preocupación por la vulneración de los Derechos Humanos por parte del general.
"Una estrategia para aislar a Hassan"
Su asistente legal, que había trabajado para él en la Corte, recibió un correo de una antigua colega, consultora de cooperación internacional en la oficina del Fiscal.
Según el artículo que adjuntaba, el general Haftar había amenazado de muerte a quienes no se unieran a 'Operación Dignidad'.
Y lo había hecho a través de una de las cadenas de televisión de Tatanaki.
"Si tiene a gente en su canal diciendo ese tipo de cosas, es una incitación a crímenes tipificados en el Estatuto de Roma -la nueva 'ley' del Tribunal- y es algo de lo que debéis ser conscientes", puntualizaba la consultora.
En cambio, decidió protegerlo frente a la posible acusación del ICC.
"Necesitamos una estrategia para aislar a Hassan", comunicó al asistente de Tatanaki.
Sin embargo, los documentos muestran como Ocampo informó al asistente del magnate petrolífero cuando 'Operación Dignidad' se convirtió en un objetivo del Tribunal.
El siguiente plan estratégico incluía "proteger a HT de acciones legales".
El asesoramiento, continúa el comunicado, "no tenía conexión con el trabajo como Fiscal en la Corte Penal Internacional" y la labor de Ocampo fue "de acuerdo a sus obligaciones profesionales de promover el respeto a la ley".
Por su parte, la jefa de gabinete de Fatou Bensouda aseguró que su oficina "no buscó consejo, ni se comunicó ni colaboró de ninguna forma" con Ocampo sobre ninguno de los asuntos tratados ante el Tribunal desde que la nueva fiscal ocupó el cargo.
Ocampo se fue dando cuenta de que para Tatanaki la paz significaba su victoria y la de Haftar.
Y aunque la situación le incomodaba, no se decidió a despedirse de su cliente.
De hecho, habría sido Tatanaki -que no ha respondido a las preguntas de EIC-, quien terminó la relación laboral.
"No sé qué pasó. Me llamó y me dijo 'terminamos aquí'", ha explicado el ex fiscal a EIC.
El mes pasado, la Corte emitió una orden de arresto contra uno de los comandantes de Haftar.
"Arreglar Libia legalmente era una gran idea -comentaba el abogado argentino durante la entrevista con EIC-. Simplemente no funcionó".
Una vez más, la realidad libia había sido demasiado dura para Ocampo.
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