MENDOZA: LA TUPAC Y…
190 FAMILIAS
Domingo, 15 de octubre de 2017
Tupac:
hay 190 familias que se quedaron sin casa
Había más inscriptos que viviendas en
construcción.
Esto originó la toma de algunas.
Prometen una solución.
Andrés Larrovere / Los Andes
La ocupación de casas en el barrio Tupac Amaru II expuso un conflicto más profundo.
Por Horacio Meilán
Un total de 190 familias de Lavalle, integrantes de la organización
kirchnerista Tupac Amaru, no tendrán la casa que esperaban.
Habían sido nominados por la organización para instalarse en los barrios
que ésta gestionaba, pero no podrán hacerlo porque las viviendas a las que
aspiraban nunca se empezaron a construir.
El dato, informado por la municipalidad que conduce Roberto Righi (PJ),
surge en el mismo momento en que una docena de familias mantiene ocupadas casas
a medio hacer en el barrio Tupac Amaru II.
Ambas situaciones son consecuencia de hechos relacionados y que tienen
como base una cantidad de inscriptos mayor que la de viviendas hechas.
A esto se suma un contexto judicial complicado para los referentes de la
Tupac, liderados por Nélida Rojas, que fueron procesados y detenidos por varias
causas.
Y si bien ahora están libres, ya que así lo decidió la 8va Cámara del
Crimen el 4 de setiembre pasado, la organización fue desligada de las
operatorias.
El Gobierno nacional, al no avanzar las obras como correspondía, había
dejado de enviar fondos a la organización y la paralización provocó que se
diera por terminado el Programa Federal de Integración Socio Comunitaria.
Este plan fue la herramienta que la Tupac tuvo para gestionar las
viviendas para sus militantes, fundamentalmente en los ocho años del gobierno
de Cristina Fernández de Kirchner.
La versión local de la organización, que en el país lidera Milagro Sala,
que ayer volvió a quedar detenida (ver aparte), gestionó hasta fines de 2015 en
Mendoza casi 1.300 viviendas sociales con ese programa, la mitad de las que se
financiaron en la provincia.
De ese total, unas 500 están en Lavalle, aunque hay 250 sin sin terminar
ni adjudicar.
Esas casas serán las últimas que se entreguen con este programa.
Así lo
informó el IPV, que días atrás anunció su compromiso de terminarlas.
“Ese
programa no tenía forma de actualizar valores (por la inflación), así que
buscamos una alternativa”, indicó el titular del IPV, Damián Salamone.
En estos días, la comuna trabaja en el armado de los listados de los
futuros 250 ocupantes. “Ya tenemos 207 familias y en unos 20 días completaremos
el total para enviar al IPV”, explicó José Blanco, director de Vivienda
municipal.
Pero el mismo funcionario informó que más allá de esos 250 beneficiarios,
“hay 190 familias que no están” en el listado final pero que estaban de alguna
manera inscriptas.
Para ellos, si bien existe la intención de buscarles una solución, aún
no hay ninguna certeza.
“Las hemos registrado como demanda de viviendas”, explicó
Blanco.
“La idea es conseguirles un terreno y ver a qué otro programa se pueden
incorporar”, agregó.
La lista deseada
El hecho ha generado lógica inquietud en las familias que quedaron
afuera del listado.
De hecho, algunas (no todas) están entre las doce que
ocuparon casas.
Y no pocos han cuestionado el armado de las listas, tarea que
le correspondió a la Tupac.
“Si bien el IPV adjudica las casas, las listas deben venir completas
desde el municipio”, aclaró Salamone.
“La que arma el listado es la organización. Nosotros controlamos si
cumplen con los requisitos”, se atajó Blanco.
Los cuestionamientos entonces apuntan a Nelly Rojas y a los referentes
de la Tupac, en la mayoría de los casos, presidentes de las 20 cooperativas
de vivienda que la integran.
“Cuando el municipio informa bajas, pide que se incorporen nuevas
familias. Y lo hacemos desde el cuerpo de delegados, que hace una selección de
compañeros, siempre dando prioridad a los más antiguos”, dijo Rojas a Los
Andes.
El último listado enviado por Rojas a la municipalidad incluía a 132
personas. “Quisimos incorporar más, pero Blanco nos dijo que había que
revisar los requisitos”, resaltó la dirigente.
Aquella última lista se presentó
antes del 7 de abril, cuando detuvieron a Rojas y a su familia.
Ocupas apuntan a Rojas
Desde hace unas semanas, 12 familias integrantes de la organización
mantienen ocupadas sendas casas en el barrio Tupac Amaru II.
Son familias que
se vieron obligadas a tomar esa medida “por no tener más recursos”.
Varios atribuyeron a Rojas el consejo de haberlas tomado.
“Nos dijo que lo
hiciéramos porque ella ya no podía hacer nada por nosotros”, indicaron.
Incluso
algunos señalaron que la líder se los recomendó luego de una asamblea en su
casa, cuando estaba con prisión domiciliaria.
Rojas se desligó: "Es imposible que digamos eso. La organización nunca llevó a nadie a cometer un delito. Ocuparon por la desesperación de no tener casa”.
Los ocupantes, en tanto, se sienten con el derecho de estar allí, por haber hecho aportes (cuotas mensuales) y por haber trabajado “hasta seis años” para la organización.
“Yo me metí a la Tupac porque quería una casa. Por eso milité
y hasta doblé boletas para Righi”, dijo una madre.
Todos dicen que no se moverán del lugar, aunque esperan “algún tipo de respuesta” del municipio o el IPV.
Ambos organismos rechazaron la ocupación
como una forma de arribar a una solución.
Milagro Sala volvió a la cárcel
La dirigente social Milagro Sala volvió al penal Alto Comedero, en la
provincia de Jujuy, desde su propiedad ubicada en el barrio La Ciénaga, donde
cumplía prisión domiciliaria desde el 31 de agosto, según indicó en su cuenta
de Twitter la organización Tupac Amaru, que a las 7.45 informó: “Acaban de
trasladar a Milagro Sala al penal. Lo hicieron sin ninguna notificación y a la
fuerza”.
Sala había sido trasladada a su casa luego de la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que recomendó a la Justicia jujeña que adopte “medidas alternativas a su detención en el penal de mujeres de Alto Comedero” por considerar que corría riesgo su vida.
Sin embargo, la Cámara de Apelaciones de Jujuy revocó a fines de setiembre el beneficio de la prisión domiciliaria y ordenó su traslado a un penal.
Su regreso no se debió a aquel fallo, sino a que, según el juez Pullen Llermanos -que fue quien le concedió a Sala la prisión domiciliaria y ahora se la revoca-, la dirigente kirchnerista no cumplió con el principal motivo del beneficio domiciliario, que era el cuidado de su salud, al negarse a hacerse los chequeos médicos cuando los tribunales lo pidieran.
Los abogados de Sala consideraron que la mujer “fue secuestrada” y que se violó el “legítimo derecho a la defensa” al no haber sido informados previamente de su detención.
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