Lorena Moscovich, investigadora de la Universidad de San Andrés, dijo en el piso de Infobae TV que
"la protesta social era un medio para acceder a recursos que
canalizaban demandas sociales concretas", pero apuntó que igual "hay que
garantizar que se cumplan todos los derechos sociales, políticos y
civiles de las personas, sin obligarlas a pertenecer a ninguna
organización" para recibir un beneficio.
En ese
sentido, consideró legítimo investigar por qué la Tupac Amaru tiene 300
armas registradas en el RENAR, "para qué las necesita una organización
social, preguntarse si no tendrá otras armas no registradas".
La politóloga aseguró que el desafío del gobernador Gerardo Morales es ordenar la ayuda social sin criminalizar la protesta.
— ¿Cuál es exactamente el título del papel que publicaste?
—
Se llama "Gobernadores versus organizaciones", salió en el 2013 en la
revista de la Sociedad Argentina de Análisis Político.
En particular me
concentré en el estudio de la relación de la organización Tupac Amaru
con el gobierno federal y el provincial, y cómo la protesta era un medio
para acceder a recursos en el marco de una buena relación con el
gobierno federal y la protesta era un instrumento de presión para el
gobierno provincial.
Es decir, la protesta social tenía dos funciones
distintas, dependiendo de si la organización se dirigía al gobierno
federal o al provincial.
Y ese triángulo conflictivo entre nación,
provincias y organizaciones es el que estudio en ese artículo.
— Seguiste el caso de Tupac Amaru, y viajaste varias a veces a Jujuy para ver cómo funcionaba esto en el territorio.
—
Sí, hice trabajo de campo en el 2009, yo había viajado previamente en
el 2008 y me llamó mucho la atención el crecimiento de la organización.
Emerge en el 2001 como una organización de desocupados muy chiquitita, y
se va consolidando. En el 2003 el gobierno de Néstor Kirchner le pasa
los primeros planes de vivienda y cuando ellos demuestran eficiencia en
la administración de los recursos, porque hacen las obras en tiempo
récord, le van ampliando los recursos, y se consolida la relación con
Alicia Kirchner.
— De algún modo vos decís que al
principio le resultaba funcional al gobernador Fellner el crecimiento de
la Tupac Amaru para diluir al Perro Santillán, pero eso después se le
vuelve en contra.
— Se le va de las manos. En Jujuy
hay una historia política compleja en los 90, cambiaron ocho
gobernadores, hubo cortes de ruta, el Perro Santillán dirigía la
Corriente Clasista Combativa en Jujuy, y fue el líder de las protestas
en el marco de una elite dividida que no podía controlar el poder
político. Eso genera una década muy conflictiva. A principios del 2001
para Fellner era funcional promover otros grupos de la sociedad civil.
La sociedad civil jujeña es muy activa, muy movilizada, a la vez era una
provincia con gente con grandes necesidades, muchas de las cuales eran
resueltas por estas organizaciones. Ahora, después la Tupac Amaru se les
va de las manos.
— Además, ya no podía mediar
entre la organización y el Estado federal, porque se instaló una
relación directa entre Milagro Sala y el gobierno nacional.
—
La mecanánica era la siguiente. Los recursos federales iban a la
provincia y la provincia tenía que derivarlos a la organización. Cuando
esa derivación se demoraba, la organización hacía los famosos acampes
durante un montón de semanas con carpas en la plaza, chicos y comidas
ahí mismo, generando molestia en la opinión pública de San Salvador, y
el gobernador se veía presionado para dar los recursos más rápidamente.
Este mecanismo era muy habitual y era de esperar que se repitiera ahora
con Morales, pidiéndole recursos que tal vez Morales no tenga para
darle, porque no creo que le den tantos recursos a Milagro Sala como antes.
—
Tal vez Milagro Sala no percibió el cambio político nacional y
provincial profundo, porque si después de tantos años el peronismo
pierde las elecciones en Jujuy parece evidente que ella tuvo que ver con
esa derrota.
— Me parece que más que no haberse
dado cuenta, la gran preocupación de la organización es cómo sostener
sus actividades sin el flujo de recursos federales. En muchos casos, se
autofinancian, porque lo que ellos hacían era combinar recursos de
diferentes programas sociales, los ponían en un pool común, y
refinanciaban. Cumplían con los objetivos de las políticas, y a la vez,
reinvertían. Ellos tienen empresas constructoras, textiles.
— ¿Esa es la razón que explica la obsesión por cobrar en efectivo?
—
La verdad, no tengo el detalle de cómo manejan las finanzas, lo que sí
sé es que juntan recursos de diferentes orígenes y los van reasignando.
En la medida en que fueron generando recursos propios, porque tienen los
materiales y construyen a menor costo, resultan más eficientes. Luego,
la calidad de la vivienda es variada, muchos vecinos se quejan, este
crecimiento no tiene control estatal. El intendente de San Salvador
decía que no se coordinaba nada con el municipio, entonces se hacieron
casas pero no tienen redes de cloacas ni infraestructura básica. Las
razones por las que quieren cobrar de una u otra manera las desconozco,
pero la escala a la cual llegó la organización generó consecuencias
particulares. Ellos decían que podían sacar 10 mil personas a la calle
de un día para el otro, aunque hay que ver qué pasa con esa capacidad de
movilización ahora que no recibirán los mismos recursos.
—
Es muy interesante lo que decís, Lorena, porque evidentemente la
organización cumplió un rol clave para dar respuesta a problemas
concretos que tenía la población de menos recursos, pero nunca aceptaron
regirse bajo reglas democráticas consensuadas con los demás actores de
la provincia de Jujuy.
— Hay dos cosas que me
parece que vale la pena remarcar. Todos los gobiernos coordinan con
organizaciones sociales, primero porque no tienen la estructura
burocrática para llegar a todos los territorios, pero además porque las
organizaciones son vehículos de demanda ciudadana. El problema es que es
que el gobierno de Jujuy renunció a controlar qué es lo que pasaba con
la gente en los barrios, no hay estado de derecho en los barrios de la
Tupac Amaru, uno puede estar más o menos en desacuerdo con las reglas de
conducta que la organización tiene, pero no es la organización la que
tiene que garantizar los derechos de los ciudadanos, sino el Estado. El
Estado renunció a su poder de policía, a administrar justicia en
determinados territorios. Creo que corresponde también controlar lo que
hizo la administración anterior, qué se hizo con los fondos, y qué pasa
con la gente que vive en esos barrios, si tienen sus derechos
respetados, si las escuelas tienen el nivel educativo correcto. Yo
personalmente vi los espacios de la organización, y ví servicios de
calidad, como dar el segundo tomógrafo que hay en la provincia, la
segunda pileta climatizada, el punto es que el Estado no debe delegar en
una organización que, en ausencia de control, lo va a hacer como le
parezca. Porque sin control, los fondos pueden derivarse a fines
particulares o a dar servicios sin la calidad mínima.
— ¿Por qué creés que el Estado dejó de actuar en esos territorios?
—
Yo creo que nunca lo hizo. Por un lado, el Estado de la provincia tenía
las manos atadas frente al flujo de recursos que venía de la Nación,
pero podría haber administrado los medios para generar políticas
públicas propias a nivel provincial, alianzas particulares a nivel
federal o con organizaciones internacionales. No solo para canalizar la
participación ciudadana, sino para atender las demandas de la población.
— ¿En relación a la sociedad jujeña, dirías que
hay racismo, desprecio por las organizaciones sociales o sectores más
humildes de parte de los más acomodados?
— Creo
que hablar de la sociedad me llevaría a caer en generalizaciones un poco
injustas. Sí creo que hay una elite cerrada como en muchas provincias,
que son los que manejan las cámaras empresarias, medios de comunicación,
que son los que participan en política y que, como en muchas
provincias, el juego político se da entre estas familias. Y la mayor
parte de la población ve, de hecho, cerradas las puertas a los lugares
más altos del poder provincial. Creo que eso existe, aunque no creo que
haya un racismo en la sociedad jujeña, pero las mayorías no tienen
acceso al poder.
— ¿Y cuál sería el desafió de Gerardo Morales, el nuevo gobernador de Jujuy?
—
Muchos. Primero, ordenar la ayuda social y canalizarla a través del
Estado, para que las personas puedan acceder a esta ayuda sin que se
sientan obligadas a ser parte de la organización. Si quieren, que lo
sean, pero que no sea una obligación. Por otra parte, es delicado lo que
está pasando en Jujuy. Me parece importante que el gobernador pueda
demostrar su fortaleza y plantarse y decir "acá el que gobierna es el
Estado", pero iniciar un proceso judicial en el marco de una protesta
social, criminilizando la protesta, puede ser un arma de doble filo,
porque puede volcar a la sociedad del lado de Milagro Sala, y quitar
fuerza a la investigación de otras denuncias, como la violación de
derechos humanos en los barrios de Milagro Sala o desvíos de fondos, que
son las razones más importantes para controlar la Tupac Amaru.
— ¿Dirías que estas denuncias en relación a vínculos de Milagro Sala con redes de narcocriminalidad son atendibles?
—
El vínculo de la organización con distintos sectores de la sociedad
civil jujeña se da hace muchos años. Por ejemplo, Milagro Sala tiene
estrecha relación con la barra brava de Gimnasia y Esgrima de Jujuy y
hay comentarios en relación a sus vínculos con el narcotráfico. Creo que
vale la pena que sea investigado. La organización tiene 300 armas
registradas en el Registro Nacional de Armas, uno puede preguntarse por
qué una organización de la sociedad civil necesita tantas armas, qué
hace con ellas, preguntarse si tiene otras armas, además de las que no
tiene registradas. El Estado tiene que controlar que sea él mismo el que
hace uso monopólico de la fuerza y que no hay otros actores hagan uso
de la fuerza o desarrollen actividades que estén fuera de la ley.
— Evidentemente hubo una ausencia del Estado.
—
Hay que hacer buenas alianzas con las organizaciones sociales, pero
garantizando que todos tengan sus derechos respetados, sociales,
políticos y civiles.
fuente
"infobae", 26.01.2016
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