EXCESOS DEL PASADO
Y PROBLEMAS ACTUALES
"Crisis ñoqui": con la ola de despidos masivos en el Estado, Macri hace su jugada política de mayor riesgo
08-01-2016 Los empleados estatales cesanteados son, de acuerdo con estimaciones sindicales, casi 15.000.
Y lo que en un principio había sido presentado como un acto de reparación por las contrataciones irregulares del kirchnerismo, ya amenaza con convertirse en la principal crisis política del macrismo
Ñoquis,
despidos, revisiones de contratos, protestas, empleados mantenidos
irregularmente en planta transitoria, militancia rentada...
Al final, estas terminaron siendo las palabras que marcaron el primer verano macrista, al punto que casi han eclipsado los temas clásicos como el dólar, la inflación y la puja salarial.
Lo que ha quedado en claro en las últimas dos semanas, en medio de los anuncios de despidos -que, según algunos cálculos, podrían llegar a 15.000 si se suman los casos nacionales, provinciales y municipales- es que el nuevo Gobierno ha elegido dar un fuerte mensaje político.
Su estrategia es arriesgada. Porque por más que toda nueva administración llega con la promesa de corregir los abusos de su precedesor, pocas veces eso se traduce en una serie de despidos en masa.
La opinión pública acepta de buen grado que haya anuncios de investigación sobre corrupción, pero cuando se trata de poner en riesgo la situación de empleados estatales, la situación cambia.
Sin embargo, arriesgándose a sufrir el rechazo por una medida impopular, Macri decidió llevar a las últimas consecuencias su promesa de campaña electoral.
En aquellas últimas semanas de mandato de Cristina Kirchner, los medios de comunicación reflejaban todos los días el asombro por lo que se consideraba una situación "escandalosa": el nombramiento casi cotidiano de centenares de empleados en dependencias públicas.
Macri había adelantado que, de llegar a la Presidencia, revisaría esas polémicas incorporaciones, sospechadas de ser, en realidad, una manera de premiar a militantes K.
Pero el celo puesto en esa tarea ya está empezando a generar polémicas entre los propios simpatizantes macristas.
En las redes sociales, en los pasillos de los ministerios y todos los foros mediáticos, el tema de los despidos quedó planteado como la cuestión política del momento.
Lo cierto es que las revisiones están excediendo a los casos de contratados en los últimos meses o a las situaciones de "ñoquismo" puro -es decir, empleados que cobran sin asistir a sus puestos-.
Por el contrario, también se han conocido situaciones en las que han sido afectados profesionales que cumplen su función y que llevan años en sus cargos, pero que nunca habían llegado a ser regularizados.
¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Macri? ¿Se propone utilizar este tema como forma de fortalecer su autoridad política, o más bien persigue un ahorro fiscal en un Estado sobredimensionado?
Y si en algún momento este tema lo lleva a perder el apoyo de sus aliados políticos, ¿dará marcha atrás como ya ocurrió en otros casos, por ejemplo el nombramiento por decreto de los dos jueces de la Corte Suprema?
Son las preguntas que se hace el ámbito político en este momento, mientras las marchas de empleados públicos manifestando en protesta por la pérdida de sus puestos empiezan a transformarse en la imagen más repetida del verano.
El raro caso de los municipios K
Es difícil establecer un número exacto de cesanteados, pero algunas cuentas llegan casi a 15.000.
Este jueves trascendió que el Ministerio de Agricultura se deshizo de 200 trabajadores, los que se suman a 100 en Trabajo, 33 en Desarrollo Social, 16 en Cultura, 40 en Planificación, y 110 en Jefatura de Gabinete, según un informe elaborado por ATE al que tuvo acceso iProfesional.
Días atrás ya se había registrado la baja de 2.000 empleados en la ex ESMA, 35 contratos en AFSCA y otros 530 en el Centro Cultural Kirchner, cuyos trabajadores se movilizaron este jueves en reclamo de sus fuentes de trabajo y en rechazo a la acusación de ser militantes rentados.
Un caso particular se da en la provincia de Buenos Aires, que parece haberse convertido en el principal laboratorio de experimentación del macrismo.
Allí es donde las órdenes del Presidente parecen haber calado más hondo y evidencian una suerte de fin de ciclo que encuentra más juntos que separados a oficialismo y oposición.
En el lapso de pocos días, se registraron más de 8.000 despidos que se concentraron en las intendencias aliadas al Gobierno, como la de Morón, Lanús, Quilmes y La Plata, mientras que la gobernadora Eugenia Vidal se abstuvo por ahora de seguir el mismo camino.
El dato más llamativo es que los municipios gobernados por dirigentes kirchneristas también comenzaron a adoptar medidas similares.
Ese es el caso del intendente de Hurlingham, Zabaleta, que desvinculó a 300 personas contratadas por su antecesor un día antes de concluir su mandato.
Se trata de una señal que podría ser replicada por otros dirigentes peronistas, en momentos que negocian con Vidal el presupuesto para el distrito más grande del país y amenazan con autonomizarse del Frente para la Victoria.
En el interior del país, el cuadro es parecido y tanto oficialistas como opositores recurren a los recortes.
En la provincia de Mendoza, gobernada por los radicales, 1.600 docentes contratados por el Ministerio de Educación de la Nación fueron cesanteados.
En tanto, el gobierno de Tierra del Fuego, conducido por el FPV se deshizo de 1.000 empleados.
Y la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, enfrenta fuertes protestas de estatales y trabajadores de la construcción por despidos masivos.
¿Sin "cazas de brujas"?
Los anuncios de despidos han dejado mal parados a algunos funcionarios.
Para empezar, la vicepresidenta Gabriela Michetti tuvo que dar marcha atrás luego de haber cesanteado a personas discapacitadas o con licencia por maternidad.
El Ministro de Justicia, Garabano, también dio un paso en falso que podría haber desencadenado un conflicto político.
En la andanada de despidos se deshizo de los 15 empleados que se encargaban de desclasificar la documentación de la ex SIDE sobre el caso AMIA.
Finalmente, tras una reunión con ATE, el miércoles retomó a los cesanteados, y evitó así que cayera la investigación y pasara a manos de la cuestionada agencia de inteligencia.
Más astuto, el titular de Hacienda, Alfonso Prat Gay decidió escuchar a los delegados de ATE que le advirtieron al funcionario que Axel Kicillof no inundó el ministerio con los "pibes" de La Cámpora, sino que se rodeó de un equipo reducido de allegados y mantuvo la cantidad de personal, aunque sumamente precarizado. "Lo voy a investigar", respondió Prat Gay, luego de que un sindicalista le acercara los números.
Pero la sensación es que, por lo pronto, Macri parece estar soportando el costo político de su decisión.
De hecho, los funcionarios anuncian revisiones de contratos como si se tratara de un acto de justicia.
Por caso, Hernán Lombardi justificó los cambios en los medios de comunicación estatales con el argumento de que los empleados anteriores cumplían una función militante y que, además, las principales figuras mediáticas del kirchnerismo cobraban sueldos claramente por encima de los estándares del mercado.
O la canciller Susana Malcorra, al anunciar la revisión de 700 contratos, aclaró que "hay que evitar una caza de brujas" y que el criterio a aplicar será "ver quién está trabajando, si está trabajando, si se condice con las expectativas del presidente Macri, y si tiene el perfil y las capacidades para cumplirlas".
Pero también tuvo un sinceramiento político al afirmar que, más allá del resultado de esas revisiones, hay una cruda realidad: "Ha ingresado demasiada gente en el instituto en los últimos tiempos. Cuando uno mira la población que tiene, no veo que podamos generar posibilidades y oportunidades a todos ellos".
Es decir, incluso si la revisión arrojara como resultado que esos 700 funcionarios están capacitados, se desempeñan correctamente sus funciones y cumplen con sus horarios... no hay lugar para todos.
Así, entre la voluntad política de mostrar autoridad y la necesidad de adecuar la nómina de empleados a las necesidades reales del Estado, se llega a la situación actual: el Gobierno entiende que sobran funcionarios.
Como ha ocurrido en otros temas, como la economía, plantea la situación como una herencia de los errores de gestión ocurridos durante los años kirchneristas.
Contribuye a ese argumento la maraña de situaciones laborales "en gris", como la existencia de gente que desde hace años figura en "planta transitoria" o que fue contratada de manera tercerizada mediante convenios con universidades.
Y, por cierto, está fresco el recuerdo de los actos de Cristina Kirchner en los cuales el auditorio aplaudidor estaba conformado por la nueva camada de funcionarios públicos.
De hecho, la premura por hacer estas desvinculaciones en el mismísimo arranque de gestión sugiere que la evaluación política del Gobierno es que los recortes son "ahora o nunca".
En otras palabras, que el tiempo juega en contra, porque en la medida que se diluya la "luna de miel" con el nuevo Presidente, ya no habrá consenso político como para llevar a cabo una medida tan sensible.
Lo que resta ahora es la respuesta política: mientras la resistencia venga desde filas kirchneristas y sus voceros sean figuras como Andrés "Cuervo" Larroque, es negocio para el macrismo: se refuerza la idea de que los despidos son una reparación tras los abusos de La Cámpora por transformar al Estado en un puesto de militancia.
En cambio, si las protestas empiezan a venir desde el lado sindical, la situación se complica.
Macri apostó a una convivencia pacífica con Hugo Moyano y los demás líderes sindicales, y los necesita bien dispuestos para la negociación salarial que está por empezar.
Pero, finalmente, está la otra respuesta que el Gobierno todavía no pudo medir: la de la opinión pública, lo cual incluye a la vasta clase media que en noviembre le dio su apoyo.
Si empiezan a aparecer señales de que con los despidos masivos traspasó un punto límite, Macri se enfrentará en serio a su primera crisis política.
fuente
"iProfesional", 08.01.2016
Al final, estas terminaron siendo las palabras que marcaron el primer verano macrista, al punto que casi han eclipsado los temas clásicos como el dólar, la inflación y la puja salarial.
Lo que ha quedado en claro en las últimas dos semanas, en medio de los anuncios de despidos -que, según algunos cálculos, podrían llegar a 15.000 si se suman los casos nacionales, provinciales y municipales- es que el nuevo Gobierno ha elegido dar un fuerte mensaje político.
Su estrategia es arriesgada. Porque por más que toda nueva administración llega con la promesa de corregir los abusos de su precedesor, pocas veces eso se traduce en una serie de despidos en masa.
La opinión pública acepta de buen grado que haya anuncios de investigación sobre corrupción, pero cuando se trata de poner en riesgo la situación de empleados estatales, la situación cambia.
Sin embargo, arriesgándose a sufrir el rechazo por una medida impopular, Macri decidió llevar a las últimas consecuencias su promesa de campaña electoral.
En aquellas últimas semanas de mandato de Cristina Kirchner, los medios de comunicación reflejaban todos los días el asombro por lo que se consideraba una situación "escandalosa": el nombramiento casi cotidiano de centenares de empleados en dependencias públicas.
Macri había adelantado que, de llegar a la Presidencia, revisaría esas polémicas incorporaciones, sospechadas de ser, en realidad, una manera de premiar a militantes K.
Pero el celo puesto en esa tarea ya está empezando a generar polémicas entre los propios simpatizantes macristas.
En las redes sociales, en los pasillos de los ministerios y todos los foros mediáticos, el tema de los despidos quedó planteado como la cuestión política del momento.
Lo cierto es que las revisiones están excediendo a los casos de contratados en los últimos meses o a las situaciones de "ñoquismo" puro -es decir, empleados que cobran sin asistir a sus puestos-.
Por el contrario, también se han conocido situaciones en las que han sido afectados profesionales que cumplen su función y que llevan años en sus cargos, pero que nunca habían llegado a ser regularizados.
¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Macri? ¿Se propone utilizar este tema como forma de fortalecer su autoridad política, o más bien persigue un ahorro fiscal en un Estado sobredimensionado?
Y si en algún momento este tema lo lleva a perder el apoyo de sus aliados políticos, ¿dará marcha atrás como ya ocurrió en otros casos, por ejemplo el nombramiento por decreto de los dos jueces de la Corte Suprema?
Son las preguntas que se hace el ámbito político en este momento, mientras las marchas de empleados públicos manifestando en protesta por la pérdida de sus puestos empiezan a transformarse en la imagen más repetida del verano.
El raro caso de los municipios K
Es difícil establecer un número exacto de cesanteados, pero algunas cuentas llegan casi a 15.000.
Este jueves trascendió que el Ministerio de Agricultura se deshizo de 200 trabajadores, los que se suman a 100 en Trabajo, 33 en Desarrollo Social, 16 en Cultura, 40 en Planificación, y 110 en Jefatura de Gabinete, según un informe elaborado por ATE al que tuvo acceso iProfesional.
Días atrás ya se había registrado la baja de 2.000 empleados en la ex ESMA, 35 contratos en AFSCA y otros 530 en el Centro Cultural Kirchner, cuyos trabajadores se movilizaron este jueves en reclamo de sus fuentes de trabajo y en rechazo a la acusación de ser militantes rentados.
Un caso particular se da en la provincia de Buenos Aires, que parece haberse convertido en el principal laboratorio de experimentación del macrismo.
Allí es donde las órdenes del Presidente parecen haber calado más hondo y evidencian una suerte de fin de ciclo que encuentra más juntos que separados a oficialismo y oposición.
En el lapso de pocos días, se registraron más de 8.000 despidos que se concentraron en las intendencias aliadas al Gobierno, como la de Morón, Lanús, Quilmes y La Plata, mientras que la gobernadora Eugenia Vidal se abstuvo por ahora de seguir el mismo camino.
El dato más llamativo es que los municipios gobernados por dirigentes kirchneristas también comenzaron a adoptar medidas similares.
Ese es el caso del intendente de Hurlingham, Zabaleta, que desvinculó a 300 personas contratadas por su antecesor un día antes de concluir su mandato.
Se trata de una señal que podría ser replicada por otros dirigentes peronistas, en momentos que negocian con Vidal el presupuesto para el distrito más grande del país y amenazan con autonomizarse del Frente para la Victoria.
En el interior del país, el cuadro es parecido y tanto oficialistas como opositores recurren a los recortes.
En la provincia de Mendoza, gobernada por los radicales, 1.600 docentes contratados por el Ministerio de Educación de la Nación fueron cesanteados.
En tanto, el gobierno de Tierra del Fuego, conducido por el FPV se deshizo de 1.000 empleados.
Y la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, enfrenta fuertes protestas de estatales y trabajadores de la construcción por despidos masivos.
¿Sin "cazas de brujas"?
Los anuncios de despidos han dejado mal parados a algunos funcionarios.
Para empezar, la vicepresidenta Gabriela Michetti tuvo que dar marcha atrás luego de haber cesanteado a personas discapacitadas o con licencia por maternidad.
El Ministro de Justicia, Garabano, también dio un paso en falso que podría haber desencadenado un conflicto político.
En la andanada de despidos se deshizo de los 15 empleados que se encargaban de desclasificar la documentación de la ex SIDE sobre el caso AMIA.
Finalmente, tras una reunión con ATE, el miércoles retomó a los cesanteados, y evitó así que cayera la investigación y pasara a manos de la cuestionada agencia de inteligencia.
Más astuto, el titular de Hacienda, Alfonso Prat Gay decidió escuchar a los delegados de ATE que le advirtieron al funcionario que Axel Kicillof no inundó el ministerio con los "pibes" de La Cámpora, sino que se rodeó de un equipo reducido de allegados y mantuvo la cantidad de personal, aunque sumamente precarizado. "Lo voy a investigar", respondió Prat Gay, luego de que un sindicalista le acercara los números.
Pero la sensación es que, por lo pronto, Macri parece estar soportando el costo político de su decisión.
De hecho, los funcionarios anuncian revisiones de contratos como si se tratara de un acto de justicia.
Por caso, Hernán Lombardi justificó los cambios en los medios de comunicación estatales con el argumento de que los empleados anteriores cumplían una función militante y que, además, las principales figuras mediáticas del kirchnerismo cobraban sueldos claramente por encima de los estándares del mercado.
O la canciller Susana Malcorra, al anunciar la revisión de 700 contratos, aclaró que "hay que evitar una caza de brujas" y que el criterio a aplicar será "ver quién está trabajando, si está trabajando, si se condice con las expectativas del presidente Macri, y si tiene el perfil y las capacidades para cumplirlas".
Pero también tuvo un sinceramiento político al afirmar que, más allá del resultado de esas revisiones, hay una cruda realidad: "Ha ingresado demasiada gente en el instituto en los últimos tiempos. Cuando uno mira la población que tiene, no veo que podamos generar posibilidades y oportunidades a todos ellos".
Es decir, incluso si la revisión arrojara como resultado que esos 700 funcionarios están capacitados, se desempeñan correctamente sus funciones y cumplen con sus horarios... no hay lugar para todos.
Así, entre la voluntad política de mostrar autoridad y la necesidad de adecuar la nómina de empleados a las necesidades reales del Estado, se llega a la situación actual: el Gobierno entiende que sobran funcionarios.
Como ha ocurrido en otros temas, como la economía, plantea la situación como una herencia de los errores de gestión ocurridos durante los años kirchneristas.
Contribuye a ese argumento la maraña de situaciones laborales "en gris", como la existencia de gente que desde hace años figura en "planta transitoria" o que fue contratada de manera tercerizada mediante convenios con universidades.
Y, por cierto, está fresco el recuerdo de los actos de Cristina Kirchner en los cuales el auditorio aplaudidor estaba conformado por la nueva camada de funcionarios públicos.
De hecho, la premura por hacer estas desvinculaciones en el mismísimo arranque de gestión sugiere que la evaluación política del Gobierno es que los recortes son "ahora o nunca".
En otras palabras, que el tiempo juega en contra, porque en la medida que se diluya la "luna de miel" con el nuevo Presidente, ya no habrá consenso político como para llevar a cabo una medida tan sensible.
Lo que resta ahora es la respuesta política: mientras la resistencia venga desde filas kirchneristas y sus voceros sean figuras como Andrés "Cuervo" Larroque, es negocio para el macrismo: se refuerza la idea de que los despidos son una reparación tras los abusos de La Cámpora por transformar al Estado en un puesto de militancia.
En cambio, si las protestas empiezan a venir desde el lado sindical, la situación se complica.
Macri apostó a una convivencia pacífica con Hugo Moyano y los demás líderes sindicales, y los necesita bien dispuestos para la negociación salarial que está por empezar.
Pero, finalmente, está la otra respuesta que el Gobierno todavía no pudo medir: la de la opinión pública, lo cual incluye a la vasta clase media que en noviembre le dio su apoyo.
Si empiezan a aparecer señales de que con los despidos masivos traspasó un punto límite, Macri se enfrentará en serio a su primera crisis política.
fuente
"iProfesional", 08.01.2016
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