INICIO DE LA PULSEADA...
CON LOS "HOLDOUTS"
{A principio de este mes, el día 08, se publicó "Pulseada en Davos y EE.UU. ...", donde se daba cuenta del inicio de un proceso que invitablemente el país tendría que enfrentar, con el gobierno que fuera más allá de su pertenencia a una u otra parcialidad política. Con la esperanza de un resultado favorable para el país, se ira siguiendo el desarrollo de las tratativa. También, y a modo de sugerencia, se puede ver la entrada del 27 de enero de 2010 "Deuda Externa, Deuda Eterna" que facilitará una mirada sobre un proceso que se inicia casi con el nacimiento de la Patria.}
Ahora, la negociación en serio: ante buitres que siguen duros, el Gobierno plantea que la deuda está "inflada"
13-01-2016 Luis Caputo, secretario de Finanzas y hombre de confianza del ministro Alfonso Prat Gay, se verá cara a cara con Daniel Pollack, el representante del juez Thomas Griesa.
La Argentina empieza a jugar a fondo con los holdout y aspira a negociar fuerte sin por ello abandonar su imagen "market friendly"
No será un encuentro entre desconocidos.
De hecho, será la tercera vez que Luis Caputo y Daniel Pollack se vean en el último mes.
Pero, definitivamente, será la reunión más relevante que el Gobierno argentino tendrá en Nueva York desde que, el 30 de julio de 2014, Axel Kicillof dinamitó la relación entre el país y el juzgado de Thomas Griesa.
Y, con ella, la posibilidad de un acuerdo con los denominados "fondos buitre".
Mauricio Macri, en la conferencia de prensa del martes, dejó en claro -una vez más- la voluntad de su administración de llegar a un acuerdo con los holdouts.
Como en otras cosas, su mensaje marca un claro contraste con el del gobierno kirchnerista.
Dijo el Presidente: "Al mediador le vamos a decir que queremos solucionar todos los temas pendientes y que acá ha habido un cambio.
Lo que le vamos a pedir es que medie para que la Argentina tenga una salida razonable.
Espero que queden atrás rápidamente estas partes de deuda, que no supimos negociar o que negociamos mal, porque son una limitación a nuestro crecimiento".
El secretario de Finanzas argentino viene realizando una especie de acercamiento gradual con el mediador designado por el juez.
Hasta ahora, sirvió como una clara señal de que el gobierno de Mauricio Macri tiene entre sus prioridades urgentes un enderezamiento de la relación con Griesa.
La suerte de este reencuadramiento será clave en el vínculo entre la Argentina y los mercados financieros internacionales, un aspecto crítico para la economía.
Sin los dólares que acerquen los inversores internacionales, a Macri le será muy complicado revertir la situación de estancamiento.
Por eso habrá que prestarle toda la atención a lo que ocurra en esta primera cumbre oficial entre el Gobierno argentino, el "special master" auspiciado por Griesa y los representantes de los holdouts.
Contactos previos
"Caputo y los buitres ya se vieron.
Hubo contactos formales en Nueva York, no tenga dudas.
No sabemos en qué términos dialogaron o si avanzaron en algún tipo de acuerdo.
Eso lo sabremos recién después del primer contacto formal", desliza una fuente con acceso a las partes.
El primer cambio significativo en la estrategia de la Argentina, más allá de la voluntad de negociar, la acaba de dar el equipo técnico que trabaja en New York: la incorporación al bufete Cleary de Lee Buchheit, un abogado experto en reestructuraciones de deuda.
De hecho, viene de cooperar con Grecia y fue ampliamente reconocido por su trabajo en ese caso.
La designación de Buchheit va en línea con lo que se espera de la nueva estrategia oficial, al menos en una primera instancia:
● Una revisión, de parte de Thomas Griesa, de la deuda total. Alfonso Prat Gay sostiene que los técnicos del juzgado inflaron las cuentas.
● El único número que, por ahora, está sobre la mesa es el que algunos meses atrás dio a conocer el juzgado y por el cual la Argentina debería abonar u$s8.200 millones.
● Ese monto incluye capital, intereses corridos en los últimos 15 años y punitorios. El ministro argentino asegura que la cuenta es inferior pero mantiene bajo reserva el dato.
¿Qué estará en juego, entonces? Sin ninguna oferta sobre la mesa, tal como anticipó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, lo primero a monitorear será la reacción de los fondos acreedores.
El Gobierno dejó trascender que podría pedirle al juez Griesa la imposición de un "stay" (medida cautelar) como muestra de voluntad recíproca.
La consecuencia práctica de esa cautelar sería que el país quedaría a salvo de los temibles embargos de Griesa y, por lo tanto, podría normalizar una situación de tomador de crédito y pagador.
Hoy día, tanto los eventuales pedidos de préstamos en el exterior como los pagos a acreedores corren el riesgo de ser interceptados por el juez neoyorquino.
En el mercado ven difícil esa posibilidad. Para empezar, porque una medida de este tipo sólo es adoptada a expreso pedido de los "buitres".
"¿A cambio de qué accederían? Esa medida era eficaz en 2014, cuando regía la ´cláusula RUFO´, que impedía hacerle una oferta a los acreedores. Ahora los buitres no tienen incentivos. Sólo quieren cobrar lo que les deben, respaldados por el fallo de Griesa", comenta un conocedor de los intereses de las partes.
Los inversores saben de las urgencias de la Argentina: el país necesita salir a los mercados de crédito voluntario lo más rápido posible para financiarse y dar certidumbre. Esto los lleva a endurecer su posición negociadora.
Sin embargo, quienes conocen los vericuetos de estas negociaciones creen que los funcionarios macristas pueden manejar la situación en su favor.
Por ejemplo, un rechazo al "stay" podría servirles como argumento para presionar en el Congreso en el sentido de derogar dos leyes que hoy complican el acuerdo.
Esas normas son la ley Cerrojo y la de Pago Soberano.
A grandes rasgos, la primera impide mejorarles la oferta a los holdouts respecto de los canjes de deuda de 2005 y 2010.
La segunda -sancionada en septiembre de 2014- obliga a los acreedores externos a pasar por la Argentina para cobrar en cada vencimiento de deuda.
Esta ley de Pago Soberano intentaba eludir el fallo del juez de Nueva York, quien bloqueó toda cancelación a bonistas reestructurados hasta que la Argentina no acuerde con quienes no aceptaron las reestructuraciones.
El argumento oficial sería, entonces, que sólo con la derogación de estas leyes se interpetaría en la contraparte que la Argentina está dando pasos concretos para un convenio.
A pesar de las dificultades que aparecen a primera vista, en el mercado se percibe cierta expectativa positiva. En los bancos líderes de la city porteña suponen que el acuerdo podría cerrarse hacia el inicio del segundo semestre del año.
Lo que viene
El primer desafío para el Gobierno será, finalmente, conseguir los u$s6.000 a u$s8.000 millones que distintos bancos de Wall Street se habían comprometido a prestarle al actual Gobierno.
El propio Prat Gay anunció, al momento de levantar el cepo, que un club de entidades otorgaría un crédito dentro de las siguientes tres semanas. El dinero todavía no apareció.
En el Gobierno tratan de poner paños fríos, en el sentido de que un inicio áspero de las negociaciones con los "buitres" no tirará abajo el pedido de préstamo en curso que se realiza con un grupo de bancos de inversión de Wall Street.
Aceptan que, dada la sanción de Griesa, a las entidades financieras internacionales se les complica el envío de la línea crediticia.
Sostienen que se trata de un nudo legal que los departamentos de legales de las instituciones deben ir resolviendo.
Sin embargo, esto no impediría ese crédito al que Prat Gay espera con ansias. En el peor de los casos, le podría imprimir una demora a los tiempos originalmente planeados.
En cuanto a la tasa, que el propio ministro había estimado en torno del 7%, los funcionarios aseguran que no correría riesgo de encarecimiento en caso de que la reunión con el representante de Griesa no arrojara el final esperado.
Pero, más allá de lo ocurra hoy entre Caputo y Pollack y los tironeos que hacen a la estrategia negociadora de cada parte, la atención del Gobierno y de todo el mercado está puesta en cuánto y cómo habrá que pagar finalmente.
Algunos economistas familiarizados con anteriores acercamientos entre las partes, como Nicolás Dujovne, creen que la Argentina puede aspirar, como mínimo, a una quita de la deuda del 20%.
Según este analista, en las fracasadas conversaciones de julio de 2014 los acreedores ya habían aceptado una rebaja de esa magnitud.
En aquella instancia, todo se hundió por una decisión política de Cristina Kirchner, en oposición a la participación de empresarios y bancos privados en la operatoria del eventual acuerdo.
Dujovne, de amplia trayectoria en el sistema financiero, lo explica así: "Una vez alcanzado un entendimiento con los acreedores de los bonos que permanecen en default desde 2001, los términos económicos del mismo deberían ser idénticos para los ´me too´".
Así se conoce en la jerga a aquellos bonistas con deuda emitida bajo ley New York que se encuentran también incorporados a la megacausa que maneja el Juez Griesa.
"La necesidad de extender los términos del acuerdo a ellos radicaría en el hecho de que esos bonistas tienen el mismo poder legal que Singer y sus socios para bloquear los pagos y el financiamiento de la Argentina", añade.
Estrategia política
De manera previsible, el Gobierno ha mantenido un absoluto bajo perfil en relación a su visión de las cosas.
Como quedó expresado anteriormente, hasta ahora sólo se manifestó sobre la voluntad política de avanzar en las conversaciones, tal como lo expresó Mauricio Macri.
Ahora bien, habrá que ver de qué manera el Gobierno se asegura la mejor estrategia para lograr el éxito político en el Congreso.
En el espacio Cambiemos, algunos legisladores evaluaban que lo mejor sería:
● Reclamar la imposición de la cautelar en el despacho de Griesa al mismo tiempo que se pelea por la consistencia de los números de la deuda y la identificación de los acreedores.
● Y, ante el probable rechazo del "stay", el Ejecutivo podría reclamar a todo el arco político la suspensión de las leyes que impiden el acuerdo.
● Funcionarios del Gobierno confían en que lograrían consenso en el Parlamento para tomar las medidas que no le aten las manos al Presidente.
Este miércoles es un día trascendente para el país. Después de un año y medio en donde el diálogo con el mediador Pollack estuvo totalmente cortado, la Argentina vuelve a sentarse a la mesa.
No es sólo una decisión política. La determinación también viene atada a las necesidades financieras de la Argentina que, indefectiblemente, necesita un regreso a los mercados internacionales.
fuente
"iProfesional", 13.01.2016
De hecho, será la tercera vez que Luis Caputo y Daniel Pollack se vean en el último mes.
Pero, definitivamente, será la reunión más relevante que el Gobierno argentino tendrá en Nueva York desde que, el 30 de julio de 2014, Axel Kicillof dinamitó la relación entre el país y el juzgado de Thomas Griesa.
Y, con ella, la posibilidad de un acuerdo con los denominados "fondos buitre".
Mauricio Macri, en la conferencia de prensa del martes, dejó en claro -una vez más- la voluntad de su administración de llegar a un acuerdo con los holdouts.
Como en otras cosas, su mensaje marca un claro contraste con el del gobierno kirchnerista.
Dijo el Presidente: "Al mediador le vamos a decir que queremos solucionar todos los temas pendientes y que acá ha habido un cambio.
Lo que le vamos a pedir es que medie para que la Argentina tenga una salida razonable.
Espero que queden atrás rápidamente estas partes de deuda, que no supimos negociar o que negociamos mal, porque son una limitación a nuestro crecimiento".
El secretario de Finanzas argentino viene realizando una especie de acercamiento gradual con el mediador designado por el juez.
Hasta ahora, sirvió como una clara señal de que el gobierno de Mauricio Macri tiene entre sus prioridades urgentes un enderezamiento de la relación con Griesa.
La suerte de este reencuadramiento será clave en el vínculo entre la Argentina y los mercados financieros internacionales, un aspecto crítico para la economía.
Sin los dólares que acerquen los inversores internacionales, a Macri le será muy complicado revertir la situación de estancamiento.
Por eso habrá que prestarle toda la atención a lo que ocurra en esta primera cumbre oficial entre el Gobierno argentino, el "special master" auspiciado por Griesa y los representantes de los holdouts.
Contactos previos
"Caputo y los buitres ya se vieron.
Hubo contactos formales en Nueva York, no tenga dudas.
No sabemos en qué términos dialogaron o si avanzaron en algún tipo de acuerdo.
Eso lo sabremos recién después del primer contacto formal", desliza una fuente con acceso a las partes.
El primer cambio significativo en la estrategia de la Argentina, más allá de la voluntad de negociar, la acaba de dar el equipo técnico que trabaja en New York: la incorporación al bufete Cleary de Lee Buchheit, un abogado experto en reestructuraciones de deuda.
De hecho, viene de cooperar con Grecia y fue ampliamente reconocido por su trabajo en ese caso.
La designación de Buchheit va en línea con lo que se espera de la nueva estrategia oficial, al menos en una primera instancia:
● Una revisión, de parte de Thomas Griesa, de la deuda total. Alfonso Prat Gay sostiene que los técnicos del juzgado inflaron las cuentas.
● El único número que, por ahora, está sobre la mesa es el que algunos meses atrás dio a conocer el juzgado y por el cual la Argentina debería abonar u$s8.200 millones.
● Ese monto incluye capital, intereses corridos en los últimos 15 años y punitorios. El ministro argentino asegura que la cuenta es inferior pero mantiene bajo reserva el dato.
¿Qué estará en juego, entonces? Sin ninguna oferta sobre la mesa, tal como anticipó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, lo primero a monitorear será la reacción de los fondos acreedores.
El Gobierno dejó trascender que podría pedirle al juez Griesa la imposición de un "stay" (medida cautelar) como muestra de voluntad recíproca.
La consecuencia práctica de esa cautelar sería que el país quedaría a salvo de los temibles embargos de Griesa y, por lo tanto, podría normalizar una situación de tomador de crédito y pagador.
Hoy día, tanto los eventuales pedidos de préstamos en el exterior como los pagos a acreedores corren el riesgo de ser interceptados por el juez neoyorquino.
En el mercado ven difícil esa posibilidad. Para empezar, porque una medida de este tipo sólo es adoptada a expreso pedido de los "buitres".
"¿A cambio de qué accederían? Esa medida era eficaz en 2014, cuando regía la ´cláusula RUFO´, que impedía hacerle una oferta a los acreedores. Ahora los buitres no tienen incentivos. Sólo quieren cobrar lo que les deben, respaldados por el fallo de Griesa", comenta un conocedor de los intereses de las partes.
Los inversores saben de las urgencias de la Argentina: el país necesita salir a los mercados de crédito voluntario lo más rápido posible para financiarse y dar certidumbre. Esto los lleva a endurecer su posición negociadora.
Sin embargo, quienes conocen los vericuetos de estas negociaciones creen que los funcionarios macristas pueden manejar la situación en su favor.
Por ejemplo, un rechazo al "stay" podría servirles como argumento para presionar en el Congreso en el sentido de derogar dos leyes que hoy complican el acuerdo.
Esas normas son la ley Cerrojo y la de Pago Soberano.
A grandes rasgos, la primera impide mejorarles la oferta a los holdouts respecto de los canjes de deuda de 2005 y 2010.
La segunda -sancionada en septiembre de 2014- obliga a los acreedores externos a pasar por la Argentina para cobrar en cada vencimiento de deuda.
Esta ley de Pago Soberano intentaba eludir el fallo del juez de Nueva York, quien bloqueó toda cancelación a bonistas reestructurados hasta que la Argentina no acuerde con quienes no aceptaron las reestructuraciones.
El argumento oficial sería, entonces, que sólo con la derogación de estas leyes se interpetaría en la contraparte que la Argentina está dando pasos concretos para un convenio.
A pesar de las dificultades que aparecen a primera vista, en el mercado se percibe cierta expectativa positiva. En los bancos líderes de la city porteña suponen que el acuerdo podría cerrarse hacia el inicio del segundo semestre del año.
Lo que viene
El primer desafío para el Gobierno será, finalmente, conseguir los u$s6.000 a u$s8.000 millones que distintos bancos de Wall Street se habían comprometido a prestarle al actual Gobierno.
El propio Prat Gay anunció, al momento de levantar el cepo, que un club de entidades otorgaría un crédito dentro de las siguientes tres semanas. El dinero todavía no apareció.
En el Gobierno tratan de poner paños fríos, en el sentido de que un inicio áspero de las negociaciones con los "buitres" no tirará abajo el pedido de préstamo en curso que se realiza con un grupo de bancos de inversión de Wall Street.
Aceptan que, dada la sanción de Griesa, a las entidades financieras internacionales se les complica el envío de la línea crediticia.
Sostienen que se trata de un nudo legal que los departamentos de legales de las instituciones deben ir resolviendo.
Sin embargo, esto no impediría ese crédito al que Prat Gay espera con ansias. En el peor de los casos, le podría imprimir una demora a los tiempos originalmente planeados.
En cuanto a la tasa, que el propio ministro había estimado en torno del 7%, los funcionarios aseguran que no correría riesgo de encarecimiento en caso de que la reunión con el representante de Griesa no arrojara el final esperado.
Pero, más allá de lo ocurra hoy entre Caputo y Pollack y los tironeos que hacen a la estrategia negociadora de cada parte, la atención del Gobierno y de todo el mercado está puesta en cuánto y cómo habrá que pagar finalmente.
Algunos economistas familiarizados con anteriores acercamientos entre las partes, como Nicolás Dujovne, creen que la Argentina puede aspirar, como mínimo, a una quita de la deuda del 20%.
Según este analista, en las fracasadas conversaciones de julio de 2014 los acreedores ya habían aceptado una rebaja de esa magnitud.
En aquella instancia, todo se hundió por una decisión política de Cristina Kirchner, en oposición a la participación de empresarios y bancos privados en la operatoria del eventual acuerdo.
Dujovne, de amplia trayectoria en el sistema financiero, lo explica así: "Una vez alcanzado un entendimiento con los acreedores de los bonos que permanecen en default desde 2001, los términos económicos del mismo deberían ser idénticos para los ´me too´".
Así se conoce en la jerga a aquellos bonistas con deuda emitida bajo ley New York que se encuentran también incorporados a la megacausa que maneja el Juez Griesa.
"La necesidad de extender los términos del acuerdo a ellos radicaría en el hecho de que esos bonistas tienen el mismo poder legal que Singer y sus socios para bloquear los pagos y el financiamiento de la Argentina", añade.
Estrategia política
De manera previsible, el Gobierno ha mantenido un absoluto bajo perfil en relación a su visión de las cosas.
Como quedó expresado anteriormente, hasta ahora sólo se manifestó sobre la voluntad política de avanzar en las conversaciones, tal como lo expresó Mauricio Macri.
Ahora bien, habrá que ver de qué manera el Gobierno se asegura la mejor estrategia para lograr el éxito político en el Congreso.
En el espacio Cambiemos, algunos legisladores evaluaban que lo mejor sería:
● Reclamar la imposición de la cautelar en el despacho de Griesa al mismo tiempo que se pelea por la consistencia de los números de la deuda y la identificación de los acreedores.
● Y, ante el probable rechazo del "stay", el Ejecutivo podría reclamar a todo el arco político la suspensión de las leyes que impiden el acuerdo.
● Funcionarios del Gobierno confían en que lograrían consenso en el Parlamento para tomar las medidas que no le aten las manos al Presidente.
Este miércoles es un día trascendente para el país. Después de un año y medio en donde el diálogo con el mediador Pollack estuvo totalmente cortado, la Argentina vuelve a sentarse a la mesa.
No es sólo una decisión política. La determinación también viene atada a las necesidades financieras de la Argentina que, indefectiblemente, necesita un regreso a los mercados internacionales.
fuente
"iProfesional", 13.01.2016
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