Con
una batería de instrumentos legales, el gobernador Gerardo
Morales combate a la dirigente ultrakirchnerista Milagro Sala, quien
desde hace un mes realiza un acampe en la plaza central de la capital
jujeña, en un intento desesperado por retener la cuota de poder que le
aseguraba el control de millonarias sumas de dinero destinadas a ayuda
social.
El
ministro de Gobierno, Oscar Agustín Perassi, fue uno de los funcionarios
que definió sin eufemismos la matriz del conflicto al sostener que se
trata de "un problema de poder" de quien –por Sala- manejó
una gobernación paralela y ahora se resiste a perder el control de
fondos y por lo tanto de seguidores.
Lo
cierto es que ayer comenzó el proceso de suspensión temporaria de la
personería jurídica a cada una de las 16 organizaciones que permanecían
en la plaza Belgrano, lo que significaba también el cierre de las
cuentas bancarias.
Al
suspenderles la personería, las organizaciones y cooperativas perdieron
toda posibilidad de participar de los programas de construcción y
acceso de viviendas, contratos de obras, bolsones alimentarios, como
tampoco podrán acceder al plan de reempadronamiento de capacitadores.
Esta suspensión será preventiva hasta tanto se inicie el trámite
judicial para el retiro definitivo.
Según
se informó, Fiscalía de Estado tiene la atribución, a través de un
procedimiento judicial, de pedir el retiro de la personería jurídica
"cuando las asociaciones hubieren cambiado el objeto social o el mismo
se hubiera tornado en ilícito".
De
esta manera comenzó a aplicarse el decreto 403 que establecía la 0 hora
de ayer como último plazo para desalojar la plaza central y
reempadronarse en el marco del plan de Regularización y transparencia de
cooperativas y beneficios sociales.
Se prevé que la semana que viene la
Legislatura, en una sesión extraordinaria, convierta en ley este
decreto.
Fuentes
oficiales aclararon en cuanto el desalojo que se manejan con mucha
cautela, ya que hay menores de edad en la plaza, además de que la orden
deberá ser impartida por la Justicia.
Paralelamente
ayer se definían las multas previstas en el Código Contravencional que
oscilan entre los 5 mil y 100 mil pesos, a aplicar a las organizaciones
que mantenían el acampe.
En ese marco, la Unidad de Ejecución Fiscal
tendrá a su cargo motorizar los embargos y las medidas tendientes al
cobro a las organizaciones sociales, miembros de las comisiones
directivas y si era necesario a los asociados.
A
cuatro días de haber asumido Morales la Gobernación, Milagro Sala le
montó el acampe para evitar perder el control de las sumas millonarias
que durante el kirchnerismo manejaba discrecionalmente.
El gobernador
había anunciado durante la campaña y tras ganar las elecciones con el 54
% de los votos, que la ayuda social se iba a canalizar a través de
organismos del Estado a fin de terminar con el clientelismo y "restituir
derechos".
Hasta
el momento se empadronaron 552 cooperativas, 88 mil personas recibieron
sus bolsones alimentarios y comenzó el proceso de adjudicación
definitiva de viviendas. Ahora los ocupantes de casas realizadas por la
Tupac Amaru ya no podrán ser desalojados por Sala como sucedió en
numerosos casos y en el transcurso del año recibirán las escrituras.
También se dejaron sin efecto 40 mil horas cátedra truchas de programas
ficticios de capacitación.
Al
mismo tiempo se avanza en la compensación a los comerciantes afectados
por el acampe.
El gobernador Morales le dijo a Clarín que los relevados
cobrarán un monto total de 195 mil pesos por las pérdidas que sufrieron
en 15 días.
"Los que no se presenten hasta el 19 de enero, no podrán ser
contemplados por los beneficios", aclaró.
Los
fondos para las indemnizaciones saldrán del Ministerio de Hacienda que
luego serán recuperados tras el embargo del sueldo y las propiedades de
Milagro Sala.
Tras
reiterar que no se cerrarán las escuelas, centros sanitarios ni la
textil de la Tupac, aseguró que el acampe respondía a la "tozudez de la
lucha por el poder político. Ya hubo una elección, el pueblo ya eligió,
no hay cogobierno, hay un solo gobierno", aseguró.
Mientras
tanto, el miércoles a última hora un puñado de seguidores de Milagro
Sala en una "asamblea popular" resolvió no acatar el ultimátum del
gobernador y proseguir con el acampe "hasta las últimas consecuencias".
También Sala volvió a repetir la pantomima de ofrecer su renuncia a la
Tupac Amaru, la que obvio, no fue aceptada.
"Públicamente, he puesto la
renuncia para no perjudicar a los compañeros y los compañeros han
decidido que tengo que seguir al frente de la institución y seguir con
el acampe", dijo Sala.
Desafiante,
la dirigente hizo gala de su desobediencia a las autoridades al
asegurar que "puede presentar 10 mil decretos, 10 mil denuncias pero no
nos va a doblegar".
No obstante aclaró que quería dialogar.
Por
el acampe, Milagro Sala fue imputada por la Fiscalía de Investigación 1
por "instigación a cometer delitos y tumultos en concurso real".
La
medida fue tomada en el marco del expediente P-127785, en el que se
investiga el acampe y todas "las acciones delictivas" que se cometieron
para presionar al Gobierno provincial por el manejo de la ayuda social
en Jujuy.
La justicia también imputó a Sala por un segundo hecho, ya que
luego del acampe "evidenció el propósito de alzarse públicamente contra
el Plan de Regularización y Transparencia de Cooperativas y Beneficios
Sociales dispuesto por el Gobierno de la Provincia, con el manifiesto
objetivo de impedir su realización".
Todo
comenzó el 14 de diciembre pasado cuando la dirigente ultrakirchnerista
instigó a un numeroso grupo de personas a acampar en la plaza Belgrano
ubicada frente a la Casa de Gobierno.
El
conflicto también alcanzó al fiscal Darío Osinaga Gallacher, quien,
según el gobernador Morales, "no hizo nada, no promovió la prosecución
de la causa", por lo que iba ser denunciado penalmente.
Los acampantes
Las
organizaciones sociales y cooperativas rebeldes son la Tupac Amaru,
Tekure, Asociación de Trabajadores Sociales, 24 de septiembre, 8 de
enero, 29 de mayo, San Salvador, Evita, Unión de Trabajadores
Desocupados, Movimiento villero, 17 de octubre, Libertad y Marina Vilte.
A todas ayer le suspendieron las personerías jurídicas y quedaron al
margen de toda ayuda oficial.
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