Nelly Entertainment/Facundo de Vido:...
En Entre Ríos, a pesar de seguir un gobierno del mismo signo político, hay cuestiones imposibles de ocultar.
Una de ellas es lo sucedido durante la Cumbre del Mercosur con las contrataciones publicitarias.
Las apuradas que ocasionó hacer los decretos y los pliegos de licitaciones para ese acontecimiento, hizo que alguien cometiera el error de adjudicar una contratación por un determinado monto sin darse cuenta que había una diferencia que no se había descontado.
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fuente
"urgente 24", 13.01.2016
Mirá cómo, a las apuradas, Urribarri pagó casi $30 millones a la empresa del hijo de De Vido
Durante la administración del exgobernador Sergio Urribarri y su ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, sí, decididamente.
La prueba está en los tiempos que demandó contratar a la empresa Nelly Entertainment SA, la firma propiedad del hijo del exministro de Planificación Federal, Julio de Vido, Facundo de Vido, y el exde Susana Giménez, actual de Verónica Lozano, Jorge “Corcho” Rodríguez.
Es verdad que Urribarri y Báez tuvieron las manos libres para gastar sin control alguno.
El decreto N° 3.615, del 20 de octubre de 2014, habilitó al Poder Ejecutivo a contratar servicios y obras que demandase la organización de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que tuvo lugar en diciembre de ese año en Paraná.
Y para manejar los millonarios recursos se creó la Unidad Operativa Mercosur, a cuyo frente se ubicó al subsecretario de Gestión Administrativa de la Gobernación, Hugo Félix Céspedes; y como coordinador contable, al director del Servicio Administrativo Contable de la Gobernación, Gustavo Tortul, dos funcionarios que en la actual gestión del gobernador Gustavo Bordet siguen en esos mismos cargos.
El artículo 3° del decreto N° 3.615 de 2014 estableció esto: “Facúltase a la Unidad Operativa de la Cumbre Mercosur a utilizar el procedimiento de Contrataciones Directas para la ejecución de las obras, contratación de los servicios, adquisición de suministros y en general para toda compra y/o todo otro acto y/u operación que resulten necesarios”.
Así fue todo, ultraveloz.
Por ejemplo, el 4 de diciembre de 2014, el titular de la Unidad Operativa Mercosur, Hugo Céspedes, firmó la resolución N° 54 con un llamado a medios y agencias de publicidad para que presentaran ofertas “proponiendo un plan de medios a nivel nacional (sic) para la difusión de 4 spots publicitarios, tres de los cuales son de 60 segundos, y uno de 45 segundos”.
Los spots fueron realizados por el ahora suprimido Ministerio de Cultura y Comunicación, que conducía el hoy diputado provincial Pedro Báez.
El texto fue publicado el mismo 4 de diciembre en el Boletín Oficial, y estableció “como fecha límite de la presentación de ofertas el día 9 de diciembre a las 10 horas”.
O sea, se publicó un jueves: quedaba el viernes, porque después era fin de semana largo, y la actividad en el Estado recién se retomaban el mismo martes 9.
El martes 9 de diciembre, como no podía ser de otro modo, ya estaba listo el decreto de adjudicación.
Ese día el exgobernador Urribarri y su entonces ministro Báez firmaron el decreto N° 4.800 que adjudicó la difusión de “cuatro piezas audiovisuales (tres de ellas de 60 segundos y una de 45 segundos) que sintetizan en sus contenidos importantes políticas públicas del Gobierno provincial”.
Nada, claro, referido a la Cumbre de Presidentes del Mercosur.
A la invitación formulada el jueves 4 por la Unidad Operativa Mercosur, se presentaron el mismo martes 9, después de un fin de semana largo, las empresas Total Trade Marketing, Nelly Entertainment SA, La Aldea Comunicación SA y Opinión Confidencial SA, “considerando el señor coordinador general de la Unidad Operativa de la Cumbre del Mercosur que la oferta de Total Trade Marketing resulta inadmisible por no cumplir los mínimos requisitos de formalidad en la presentación”.
No explica cuáles.
También opina Báez, y comparte la opinión del área de Legales del Ministerio de Cultura y Comunicación respecto de las otras tres ofertas, pero con la salvedad de que la presentación de la empresa Opinión Confidencial SRL “constituye una herramienta novedosa y por el mismo motivo no ofrece a priori certezas de eficiencia que funden una inversión publicitaria”.
“Por otro lado entiende –Báez—que el logro de los objetivos planteados en las presentes pueden quedar cubiertos a través de las propuestas presentadas por las empresas La Aldea Comunicación SA y Nelly Entertainment SA”.
La Aldea Comunicación SA, propiedad del periodista K Javier Romero, percibió, según ese decreto, una suma de $1.194.158,68 por el trabajo de “difusión del contenido de cuatro piezas audiovisuales, tres de 60 segundos y una de 45 segundos, en las redes sociales Facebook, Twitter y Google”.
Romero después negaría haber cobrado ese dinero.
En tanto, Nelly Entertainment SA percibió $31.460.000 para la difusión de esas mismas cuatro piezas audiovisuales, pero en vez de las redes sociales, en “televisión por aire y por cable a nacional nacional”, ambas por un período de quince días consecutivos, desde el día 10 de diciembre de 2014, según el texto del decreto firmado el 9 de diciembre.
Pero ese monto millonario cobrado por la empresa del hijo del exministro De Vido después fue corregido.
El 30 de diciembre el Gobierno emitió el decreto N° 5.364 a través del cual se pudo conocer que una de las agencias publicitarias contratadas para la difusión de la Cumbre de Presidentes del Mercosur comunicó “el día 11 de diciembre del corriente año, diferencias surgidas en la duración de los spots suministrados, así como algunos cambios de último momento en la grilla de los canales, lo cual generó una demora en el inicio de la campaña, que provocó la necesidad de reprogramar dicha grilla prevista manteniendo el mismo impacto comunicacional, lo cual a su vez se tradujo en una disminución del monto presupuestado, siendo el nuevo valor total” de $28.400.000.
Ninguno de esos gastos figuran en el informe elevado el 12 de marzo de 2015 por el coordinador general de la Unidad Operativa de la Cumbre Mercosur, Hugo Félix Céspedes, al entonces presidente de la Cámara de Diputados, José Ángel Allende, con un detalle de cómo fue el uso de fondos públicos en el pago de obras y servicios para acondicionar las dos sedes centrales de la Cumbre, la Escuela del Centenario y el Centro Cultural La Vieja Usina.
Ningún legislador se interesó en seguir averiguando. Tampoco el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, a cargo de Guillermo Smaldone, un funcionario que enfrenta una demanda de inconstitucionalidad por el modo cómo lo designaron en ese cargo.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.
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