MENDOZA AUDITORÍA I
Datos alarmantes arrojó la investigación de las cuentas públicas de Mendoza, solicitada por la vicegobernadora Laura Montero a la Auditoría General de la Nación (AGN).
La deuda total de Mendoza asciende a $16.464 millones. De estos,
$1.135 no cuentan con ningún procedimiento administrativo que los
justifique.
A los municipios se les debe $500 millones en concepto de ingresos
coparticipables.
El mayor problema es que en el monto total de la
coparticipación, la AGN encontró una suma de $109 millones a la que
denominaron "diferencia contable".
Se trata de la desigualdad en las
cuentas entre lo que ingresó, lo que se pagó y lo que se debe, de la que
se desconoce su utilización.
La deuda de los municipios auditados también ha crecido en forma
alarmante.
Otro tanto ha sucedido con el personal de algunos organismos
descentralizados y las comunas revisadas.
Lo que se pidió investigar
Cornejo advirtió de que, en virtud de haber corroborado las
sospechas que tenían sobre el estado de las cuentas provinciales,
pediría al fiscal de Estado Fernando Simón –proveniente de la gestión
peronista anterior– que investigue qué ha sucedido y si encuentra que
los ex funcionarios han actuado en perjuicio de los intereses de
Mendoza, habrá que realizar "todos los actos útiles" para que intervenga
la Justicia.
Por un lado, se mostró lo que la gestión de Pérez le legó a
Cornejo: un pasivo de $16.464 millones.
Compuestos por una deuda
transitoria de $3.700 millones, una deuda flotante (la que ha sido
devengada, pero no pagada) de $5.074 millones, una deuda no registrada
(o "pinche") de $1.135 millones, y una deuda consolidada –es decir, la
que arrastra hace años– de $6.562 millones.
De este total, el 60% vence a muy corto plazo, mientras el 28% lo hace a corto y el 12% a largo plazo.
En cuanto a la composición de la deuda, lo llamativo es la conocida
como deuda "pinche".
De ésta, que en un principio se vaticinaba que
sería de $500 millones, cifra que terminó siendo más del doble de ese
número previsto, el 70% corresponde al IPV y al Instituto de Juegos y
Casinos.
Mientras, el 30 % restante se divide entre la cárcel, el
Ministerio de Seguridad, Salud y Transporte, entre otras áreas.
Retenciones ilegales
Al ser entidades autárquicas, los municipios deben recibir, por
ley, lo que les corresponde por ingresos nacionales coparticipables cada
15 días.
Sin embargo, Pérez retuvo a las comunas casi 500 millones de pesos de los fondos de la coparticipación. Según Alfredo Cornejo,
en un mes el Gobierno pagó 255 millones, es decir, más de la mitad de
lo que se adeudaba.
Aún resta, claro está, cumplir con los 226 millones
restantes.
Pero hay un número alarmante, acerca del que Montero aseguró que se
investigará: se trata de 109 millones de la coparticipación de los que
no se registra el paradero, y en el informe está expresado como
"diferencia contable".
Otro aspecto con el cual no se estaría cumpliendo es con las
transferencias automáticas de los fondos por Financiamiento Educativo y
Fondo Federal Solidario.
Crecimiento de deuda municipal
Los municipios auditados también tuvieron un gran incremento en sus pasivos en el medio año auditado.
Así, en Guaymallén se incrementó en 45 millones de pesos, pasando de 137 a 182 millones de pesos.
En Las Heras, el crecimiento fue de 51 millones, pasó de 89 a 140
millones de pesos.
En Malargüe se incrementó en 10 millones, aumentando
de 25 a 35 millones de pesos.
El más escandaloso crecimiento fue el de
la deuda de General Alvear, que creció 21 millones, pasó de 6 a 28
millones de pesos.
El fiscal peronista investigará
Desde la Fiscalía de Estado aseveraron que su titular, Fernando
Simón, proveniente de la gestión peronista anterior, va a realizar la
investigación pertinente, y de encontrar irregularidades, dará vistas a
la Justicia mendocina.
Confirmaron, además, que llegaron a las oficinas de la fiscalía dos
pedidos de investigación, uno realizado por Laura Montero y otro
firmado por el gobernador Cornejo.
fuente
"UNO", 12.01.2016
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