NICARAGUA
ENSAYO DESCRIPTIVO
Un breve ensayo sobre la crisis del régimen de Daniel Ortega
El
régimen de Ortega lo logró sin desordenar las finanzas públicas y sin ampliar
desmesuradamente la esfera estatal, tal como ocurrió durante los años 80 en los
gobiernos sandinistas, animando a los empresarios (nacionales y extranjeros)
Arturo J. Cruz-Sequeira
Nicaragua 13 Noviembre 2018
1. En octubre de 2016, en una presentación organizada por AmCham
Nicaragua, de forma retrospectiva, destaqué la capacidad del régimen de Daniel
Ortega para apaciguar las exigencias inmediatas de su clientela, ya fuese por
medio de bonos salariales a los empleados del Estado, o, a modo de ejemplo,
repartiendo láminas de zinc entre los más pobres del país.
Lo
dicho, el régimen de Ortega lo logró sin
desordenar las finanzas públicas y sin ampliar desmesuradamente la esfera
estatal, tal como ocurrió durante los años 80 en los gobiernos sandinistas,
animando a los empresarios (nacionales y extranjeros) a invertir parte de sus
ahorros en Nicaragua, lo que hizo posible tasas de crecimiento cercanas al 5%
durante los últimos siete años.
Esta
capacidad de repartir para lo inmediato, sin perder la estabilidad
macroeconómica, desde un punto de vista estrictamente fiscal, lo denominé
“populismo responsable”, lo cual era factible, tomando en cuenta lo “barato” de
las exigencias clientelares propias de los nicaragüenses de menores ingresos, y
la relativa abundancia de recursos de uso discrecional provenientes del arreglo
petrolero entre Hugo Chávez y Daniel Ortega.
En esa ocasión, también destaqué que la fase fácil del populismo
responsable se le agotaba al régimen de D. Ortega, para lo cual me basé en dos
grandes tendencias, las cuales se movían en direcciones opuestas, como los
movimientos de un par de tijeras: por un lado, los recursos venezolanos
disminuían rápidamente, de un promedio superior a los 500 millones de USD
anuales entre 2010-2014 (prestamos de PDVSA), a 296
millones en 2015, y a 136 millones en el 2016, mientras en el 2017, los
prestamos apenas llegaron a 31 millones de USD; y por el otro, las expectativas
de los nicaragüenses -- si bien es cierto, siempre modestas --, iban en
crecimiento, producto de un PIB p/h que pasó de 960 USD en 2006, a más de 2,000
USD en el 2017.
Para
entonces, la mediación entre Estado y sociedad se tornaba más difícil, puesto
que el aparato de D. Ortega contaba
con menos recursos, mientras aumentaban las exigencias de una gran parte de los
nicaragüenses con expectativas propias de la clase media, entre los que
destacaba una comunidad universitaria cercana a los 200 mil estudiantes,
quienes anticipan ingresos correspondientes a sus títulos profesionales, todos
ellos conectados entre sí por medio de las redes sociales, en base a las cuales
convocaban a las protestas a favor de la preservación del medio ambiente y en
contra de los abusos de poder, corrupción, conflictos de interés, o las medidas
oficiales con pretensiones de regular/controlar el uso del internet y las redes
sociales.
Todavía
en el 2013, según los resultados de Latinobarómetro, cuando se les preguntaba a
los encuestados… “¿alguna vez en su vida ha usado usted correo electrónico o se
ha conectado a Internet?” En el caso de los nicaragüenses, 78% respondió que
“no, nunca”, el porcentaje más alto de los 18 países latinoamericanos donde se
realizaron encuestas en ese año.
Sin embargo, hoy, más del 45 % de los
nicaragüenses están conectados al internet, participando activamente en las
redes sociales, sumándose entre enero del 2017 y enero del 2018, 500 mil nuevos
usuarios a la comunidad digital, tal como lo señala el Global Digital Report de
2018, una ampliación notable, facilitada por la iniciativa gubernamental de
ofrecer wifi de libre disponibilidad en los espacios públicos.
2. A finales de 2016, estaba claro, de que si el régimen de
Ortega pretendía perdurar, tenía que ser capaz de reinventarse, puesto que una
gran parte de la sociedad nicaragüense (cada vez más numerosa) no estaba
conforme con la “autocracia efectiva”, capaz hasta entonces de ofrecer
crecimiento sostenido y seguridad ciudadana, pero con un modo de gobierno
absoluto, con las potestades propias de una monarquía del siglo XVI, renuente a
ofrecer ni siquiera gestos de cortesía con las formalidades de la legalidad
democrática.
En todo caso, el rápido tránsito de clientes a ciudadanos -- en el
cual, los reclamos de los últimos superaban las láminas de zinc, precisamente,
cuando el régimen contaba con menos recursos para apaciguarlos --, presentaba
un escenario en el cual la autocracia dejaba de ser efectiva, lo que hasta
entonces “compensaba” por sus carencias de legalidad y legitimidad.
Las
elecciones presidenciales del 2016, después de varios procesos electorales
seriamente cuestionados, fueron para el gobernante una oportunidad perdida de
revestir su autoridad con legitimidad de origen, ofreciendo un ejercicio
electoral creíble, sobre todo, si se tomaba en cuenta la votación simulada de
mayo del 2016 realizada por Cid-Gallup Latinoamérica, en la cual, Ortega
recibió 57% de los votos, seguido por 39% de votos nulos o en blanco.
Todavía
para la fecha del ejercicio de votación simulada de “caja negra”, Ortega gozaba
de su piso electoral histórico, y de los remanentes de su gestión sobre la base
de abundancias de recursos y de bajas expectativas clientelares, ventajas como
hemos anotado a lo largo de este breve ensayo, que tendían a desaparecer
rápidamente.
Sin embargo, todas sus acciones a partir de junio del 2016, cuando
fue confirmado como el candidato presidencial de su aparato, hasta el momento
en que seleccionó a su cónyuge como su fórmula vicepresidencial, se afanaron en
restarle legitimidad a los resultados de los comicios electorales, con lo cual
estaba anulando el alegato de que su mandato presidencial, legalmente, termina
a finales del 2021.
- Diálogo Nicaragua. Archivo/END -
El nombramiento de Rosario Murillo en el cargo formal de la
vicepresidencia no solo oficializaba su sucesión a la primera magistratura en
caso de que Ortega faltase o estuviese incapacitado para gobernar, sino que
también, al interior del aparato sandinista se terminaba de consolidar su
figura como la dominante, proyectándose como su candidata en el 2021.
La
consolidación de Murillo en el aparato sandinista, no solo requería el
desplazamiento a roles secundarios de las grandes figuras del sandinismo, sino
que también, de figuras de menor rango, pero de relevancia histórica, que
fueron separados de sus cargos en los diferentes órganos del Estado o del
partido, bajo el pretexto de garantizar mayor equidad de género y promover a
nuevas generaciones.
Estas medidas le restaron cohesión al aparato partidario,
con muchos de sus militantes con pensamiento propio, no solamente perdiendo el
entusiasmo por las movilizaciones espontáneas de otrora, sino que también
sumándose como participantes activos a las protestas ciudadanas que iniciaron
en abril de este año.
En
efecto, previó a su nombramiento como la compañera de fórmula de Ortega,
Murillo ejercía las funciones de una suerte de primer ministro, a cargo de lo
cotidiano, centralizando en su escritorio todas las decisiones en los órganos
estatales y del aparato partidario, anulando la capacidad de tomar decisiones
en sus ámbitos de responsabilidad institucional a los ministros, alcaldes,
jefes policiales, para no decir nada de los responsables de las diferentes
funciones del aparato partidario.
Más aún, Murillo se ubicó como la mediadora
exclusiva entre el soberano y el “resto”, sin que nadie se pudiese comunicar
con Ortega sin su
consentimiento, dando la impresión de un Ortega secuestrado por su cónyuge, de
tal modo, que cuando ocurrió la explosión de abril, la energía popular en un
inicio se descargó en contra de su figura.
A fin de cuentas, un modo de gobierno tan absoluto, tan
centralista, tan personalista, aún en una sociedad tradicional como la
nicaragüense (tal como Max Weber tipifica la sociedad tradicional), no
resultaba viable en un contexto de menos clientelismo y más ciudadanía, de una
masa crítica de estudiantes universitarios conectados por el internet y las
redes sociales, con un aparato partidario partido en dos como resultado de la
sucesión de Daniel a Rosario, y de una merma considerable de los flujos de
recursos externos de uso discrecional.
Consideren que en el 2011, el total de
la cooperación externa se acercó a los 1,500 millones de USD, de los cuales 40%
provenían de préstamos de PDVSA y 36% de préstamos de los organismos
multilaterales.
En el 2017, el total de la cooperación externa disminuyó a 981
millones de USD, de los cuales solamente 3% vinieron de los préstamos de
PDVSA, y 79% de los organismos multilaterales.
3.
Los sucesos de los últimos meses, en los cuales las manifestaciones de
descontento popular visible han sido mayúsculas, y la reacción del régimen de Ortega a estas
manifestaciones ha sido acudir a los diferentes modos de coerción, en los que
sobresalieron el uso de paramilitares, han obligado al Congreso y a la
burocracia del Ejecutivo en los EE. UU. a formular una política hacia
Nicaragua, en la cual, los imperativos de democracia y derechos humanos, están
por encima de otras consideraciones, tales como los posibles vacíos de
autoridad, en medio de una región centroamericana abrumada por sus presiones
sociales.
El
crecimiento de la economía nicaragüense de los últimos años, paradójicamente,
para un gobierno de origen sandinista como el de Ortega, en gran medida se debe
a su cercanía económica a los EE. UU., aprovechando las ventajas que ofrece el
Cafta, los flujos de inversión extranjera directa y los ingresos del turismo.
Es un crecimiento en dependencia del ecosistema occidental, en el cual los EE.
UU. juega un rol sobresaliente y, por lo tanto, es un crecimiento que en gran
medida está en función de las decisiones que tome la sociedad política de ese
país, decisiones (en este caso punitivas como el Nicaragua Human Rights and
Anticorruption Act of 2018 y el Global Magnitsky) que no tienen ningún costo en
la comunidad internacional, contrario a como fue durante la década de los
ochenta.
- Daniel Ortega, presidente de Nicaragua. Archivo/END -
En abril de 2013, en un trabajo realizado para Fusades en El
Salvador sobre las condiciones de la democracia en Centroamérica, elaboré las
siguientes preguntas, precisamente, las preguntas a las que hoy Ortega tiene
que encontrarle respuestas. Pregunté entonces:
“¿Qué
ocurría con el gobierno de Daniel Ortega si la cooperación venezolana
desapareciese, como ocurrió con la de la Unión Soviética a finales de la década
de los ochenta del siglo pasado?
Inclusive, ¿qué ocurriría si la
cooperación tradicional de organismos como el BID, deja de fluir a los niveles
de los últimos años?
¿Qué ocurriría con su modelo de populismo responsable?
Aún
más, supongamos que el gobierno de Ortega perdura, y la
economía continúa creciendo a ritmos satisfactorios y las expectativas de los
nicaragüenses se tornan más exigentes, transformándose en el proceso, en un
cuerpo social con más sentido de ciudadanía que de clientelismo, ¿será entonces
cuando su régimen se enfrente a una suerte de brecha política tal como la
elaboró S. Huntington en su clásico de 1968 (Orden Político en Sociedades en
Cambio), la misma que enfrentó el régimen de los Somoza a finales de los años
setenta del siglo pasado?”
Luego,
la esperanza de que aprendamos de las lecciones de nuestra historia, centradas
en ¿cómo cerrar la brecha política?, ¿cómo administrar las crisis de sucesión?,
¿cómo el gobernante se debe saber ir?, de tal manera que le ofrezca al país el
aterrizaje suave, que facilite la recuperación económica y la deseada y elusiva
gobernanza democrática.
- Protestantes detenidos en Nicaragua. Archivo/END -
En el caso de Nicaragua, la crisis terminal del régimen de los
Somoza arroja tantas lecciones de oportunidades perdidas, como por ejemplo, la
insistencia del último Somoza de concluir su mandato presidencial “legalmente
estipulado” en 1981, despreciando hasta que fue muy tarde, la opción de
elecciones adelantadas.
Si Ortega pretende continuar gobernando hasta el 2021,
solamente podrá hacerlo en un estado policial, con una economía deprimida, en
franco retroceso, y con un movimiento Sandinista devaluado y sin energías para
recomponerse como fue el caso en 1990.
No
obstante esto último, y a pesar de meses de represión, de manifestantes
ultimados a balazos, y de centenares de ciudadanos detenidos arbitrariamente,
en el sondeo de Ética y Transparencia del primero de septiembre de este año,
cuando se preguntó “si en la presente crisis, ¿cree usted que el presidente
Ortega está actuando por el bien de todos los nicaragüenses?”, el 31% respondió
que sí, un porcentaje similar al 13% que se identificó como danielistas y 21%
como sandinistas.
Por su parte, las numerosas fuerzas de oposición todavía no
cuentan con la cohesión y el liderazgo para capitalizar el hecho de que ahora
ellos son mayoría social.
Y si bien es cierto los miembros de la sociedad
política de EE. UU. no transarán con un gobierno de Ortega que pretende
perdurar tal como es, al menos en lo queda de este año, los miembros de la
sociedad política estadounidense dan la impresión de estar dispuestos a
encontrar un arreglo con el régimen de Ortega -- tal como reza la sección 2 del
proyecto de ley del Senado.323
3 --, sobre la base de elecciones adelantadas, resultado de “negociaciones creíbles”, mediadas por la Iglesia católica, entre el Gobierno y los “representantes de la sociedad civil nicaragüense, el movimiento estudiantil, el sector privado y la oposición política”.
Por
ahora, hay un empate entre Ortega con su aparato coercitivo, y la gran mayoría
de la sociedad nicaragüense, el cual, mientras dure, en el mejor de los casos,
lleva el país a la parálisis, por no decir que vamos en cámara rápida hacia una
crisis como la de Venezuela.
Cierto, el régimen de Ortega está agotado, sin
futuro, pero cuenta con una correlación de fuerzas que hace costosa y
prolongada su salida.
- Protestas por reformas al INSS. Archivo/END -
La esperanza de los nicaragüenses de que solo falta el golpe de
gracia para terminar pronto con el régimen de Ortega, ya sea mediante una
movilización popular masiva que ocupa permanentemente las calles de Managua o
que el Gobierno de los Estados Unidos tome más medidas
contundentes, un paro económico indefinido o los
militares (aunque sea haciendo ruido con sus bayonetas en los cuarteles), si se
quiere, “algo grande”, que termine de rebasar el vaso de agua, no es una
esperanza vana, pero no deja de ser una esperanza.
Por
ahora, lo algo “grande” continúan siendo las elecciones adelantadas, sin presos
políticos, en el contexto del diálogo nacional con la suma de otros actores si
las condiciones así lo requieren, con la presencia activa de la OEA y otros
organismos similares, abocados a crear en Nicaragua las condiciones para
comicios electorales creíbles, con observadores nacionales e internacionales,
sin inhibiciones arbitrarias para aquellos que tengan la voluntad de participar
en los comicios adelantados como opciones independientes o como partes de
coaliciones.
Pero
si el régimen de Ortega continúa aferrado al error del último de los Somoza, de
concluir con su mandato “legalmente” estipulado en el 2021, Nicaragua no
recuperará su “normalidad” y continuáremos siendo un país que vive en la
oscuridad de la incertidumbre, lo que hará muy difícil la recuperación
económica, de tal modo que la “salida razonable”, inclusive para el propio
gobernante, y para el sandinismo deliberante con aspiraciones a conservarse
como una fuerza viable en el futuro, es la de las elecciones adelantadas,
amparadas por una nueva arquitectura que le ofrezca a los nicaragüenses un país
con fluidez en sus transacciones políticas, sin que ninguna minoría organizada
ejerza el poder del veto sobre las decisiones de un gobierno electo por la
mayoría absoluta del sufragio electoral.
*El autor es catedrático del
INCAE y fue embajador de Nicaragua en los Estados Unidos.
Fuente
“EL NUEVO DIARIO.COM.NI.”, 13.11.2018
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