CARZOGLIO Y ORDOQUI
Abren un juicio político al juez que rechazó
detener a Pablo Moyano
23 noviembre, 2018
10:00 Carzoglio tiene una causa por presunta asociación ilícita en el Club Independiente; también se inició un proceso contra Ordoqui, el integrante de Casación acusado de favorecer a una megabanda
Por: Marcelo Veneranda
El juez Luis Carzoglio, que cobró notoriedad el mes pasado al rechazar un pedido de detención del sindicalista Pablo Moyano, y el camarista Martín Ordoqui, del Tribunal de Casación bonaerense, enfrentan desde ayer un proceso de juicio político que puede derivar en sus destituciones.
Carzoglio fue denunciado por
presuntas irregularidades en el ejercicio de su función.
Ordoqui está acusado
de favorecer a una megabanda que entrelazó a barras, policías y funcionarios
judiciales.
Los tribunales a cargo del proceso también dispusieron iniciar el
tratamiento del apartamiento preventivo de ambos magistrados.
Por nueve votos contra dos, el
tribunal constituido para evaluar al juez del Tribunal de Casación bonaerense
Martín Ordoqui decidió iniciar el juicio político y el proceso para su
apartamiento preventivo del cargo. Las disidencias fueron planteadas por el
senador Sergio Berni y el diputado Mariano Pinedo, ambos del kirchnerismo.
La misma suerte corrió Carzoglio, el
juez de Garantías de Lomas de Zamora , quien cobró relevancia el mes pasado por
rechazar el pedido de detención del sindicalista Pablo Moyano presentado por el
fiscal Sebastián Scalera, que investiga al hijo de Hugo Moyano por hechos
delictivos vinculados con la barra brava de Independiente.
Carzoglio denunció
“presiones” y “carpetazos” en su contra, y apuntó al jefe de los fiscales bonaerenses,
Julio Conte Grand.
El juez no fue evaluado por ese
hecho, sino por cinco cargos que apuntan a irregularidades previas.
El tribunal
conformado por legisladores y abogados de la matrícula bonaerense decidió
iniciarle el juicio político y el proceso preventivo de apartamiento por ocho
votos contra dos.
Votaron por la negativa los diputados massistas Jorge
D’Onofrio y Pablo Garate, que denunciaron una caza de brujas judicial por parte
de Cambiemos.
La decisión del jury debe ahora ser
comunicada a ambos magistrados para que la contesten en un plazo de cinco días,
tras lo cual está prevista una nueva audiencia, el 4 de diciembre, en la que se
podría resolver su apartamiento del cargo.
Ordoqui, que hasta hace tres meses
presidía la Sala V del Tribunal de Casación bonaerense, es investigado por sus
vínculos con la megabanda del exjuez César Melazo y está acusado de haber
otorgado beneficios procesales a miembros de esa organización conformada por
delincuentes, barras, policías y magistrados.
El puesto de Ordoqui, un juez al que
se lo vincula con Aníbal Fernández, era determinante: Casación es la máxima
instancia penal en la provincia.
Ordoqui también es señalado por haber
cobrado dinero de Ariel Heine y Lidia Pernas, una pareja investigada por
estafas inmobiliarias.
En la operatoria también habría participado la
secretaria del juez, Eugenia Mercado, y el operador judicial Enrique Petrullo
(señalado como miembro de la banda de Melazo).
Hay testimonios, escuchas, audios y capturas de pantalla que ilustran todo el circuito.
Todos fueron detenidos, salvo
Ordoqui, que tiene fueros como juez. Pero sí fue puesto bajo “licencia
obligada” por la Suprema Corte, tras sumar imputaciones como jefe de una
asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho activo y pasivo.
Los tres
cargos fueron aceptados por el jury.
A favor de declarar la competencia
del tribunal y la apertura del juicio político votaron los tres representantes
de Cambiemos en el cuerpo: los diputados Guillermo Castello y Sandra Paris y el
senador Marcelo Dileo.
También los cinco abogados de la matrícula sorteados:
Juan Emilio Spinelli, Alicia Cristina Racig, Aníbal Juan Mathis, Fulvio Germán
Santarelli y Ricardo Arturo Fabris.
El noveno voto fue aportado por el
presidente de la Suprema Corte provincial, Julio Pettigiani, que encabeza el
jury.
“La trascendencia del cargo que
ocupa, los fueros de los que goza y la existencia de un requerimiento fiscal en
su contra exigen la inmediata apertura del proceso para poder arribar a una
rápida decisión en salvaguarda del prestigio judicial”, postularon desde el
oficialismo.
La posición contraria, de Berni y
Pinedo, apuntó a que un juicio político evalúa las conductas de los magistrados
y la acusación de la fiscal Betina Lacki no aporta pruebas contundentes, sino
expresiones y conversaciones de terceros.
Carzoglio fue acusado por cinco
cargos: desde haber dictado orden de allanamiento de 18 propiedades sin fecha,
lo que derivó en la nulidad de los procedimientos y prisiones preventivas
conexas, hasta haber resuelto beneficios para presos de expedientes ajenos,
entre otras irregularidades de menor gravedad.
Lo que despertó el interés político y
mediático por el accionar de Carzoglio no fueron las faltas que se le imputan,
sino un hecho externo: la negativa a disponer la prisión preventiva de Moyano y
las duras acusaciones que el juez lanzó contra el procurador general
bonaerense, uno de los que le pidió su juicio político.
La semana pasada, Carzoglio afirmó
que dos funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) visitaron su
juzgado y le indicaron el “interés” del presidente Mauricio Macri por el
expediente que investiga al clan Moyano.
Presidido por Pettigiani, el tribunal
que definió la suerte de Carzoglio está integrado por los diputados París y
Castello, y el senador Marcelo Pacífico, todos de Cambiemos, y los massistas
D’Onofrio y Garate, además de los abogados Juan Emilio Spinelli, Jorge
Martínez, Graciela Amione (ausente ayer), Jorge Álvarez y Pedro Arbini
Trujillo. (La Nación)
“OPI Santa Cruz”,
23.11.2018
No hay comentarios:
Publicar un comentario