RÍO NEGRO:
SE (DES) HACE CAMINO AL ANDAR
(2016) - I -
El lado oscuro de las rutas: denuncias de corrupción en obras de
Vialidad Nacional
Revelan maniobras “habituales” en la
construcción de rutas y enriquecimiento en la cúpula.
Técnicos explican cómo se
fraguan mediciones y adelgazan carpetas asfálticas en Río Negro.
ÍTALO
PISANI - 09 MAR 2016
En las “rutas de la muerte” es más lo que se oculta que lo que se ve.
Un remolino de asepsia intenta surcar
el distrito rionegrino de Vialidad Nacional.
El fin del kirchnerismo y
el comienzo de una gestión que promete “corrupción cero” estimula a derribar
muros dentro del organismo.
Desde los interiores
del Distrito 20 se están animando a ventilar un repertorio de “hechos
habituales de corrupción” en la construcción de obras viales que realiza la
entidad, así como “negocios particulares”
y el “crecimiento desproporcionado del patrimonio” de hombres
de su cúpula.
Las maniobras que se denuncian apuntan
a tramos del desarrollo vial dentro de la provincia: trabajos
sobrecertificados y sobreprecios de hasta tres veces el valor real, retornos de
certificaciones, fraguado en el espesor del pavimento ejecutado, supervisiones
no hechas, serios defectos en la realización de trabajos, obras pagadas pero no
ejecutadas, tareas inconclusas que fueron entregadas por la contratista como
“obra terminada”, trabajos realizados con materiales inapropiados o de baja
calidad, etcétera.
Las sospechas de
varios años de irregulares procedimientos llegaron ya a los oídos del flamante
ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, y están en camino hacia la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP) y la renacida Oficina Anticorrupción que dirige
Laura Alonso.
“Río Negro” escuchó los testimonios de
actuales y ex trabajadores y jerárquicos de Vialidad.
También de concejales e
intendentes municipales y legisladores.
Consultó además fuentes
gremiales.
Todos dieron crédito y ampliaron los contenidos de una
detallada denuncia que circula subterráneamente desde hace unos meses, que
pide investigar la “malversación en el manejo de los recursos públicos” con
pruebas que -aseguran- son fácilmente asequibles si existiere voluntad de
pesquisa.
Las verificaciones pueden hacerse a
través de la comparación de perfiles previos y finales de espesores del paquete
asfáltico y de terraplenes, peritajes sobre excavaciones prísmicas, mediciones
entre “progresivas” a través de testigos que atraviesen las carpetas
asfálticas, auditorías de modificaciones de obra, y contraste entre la
documentación de pliegos y contratos y las certificaciones de obra.
“Detecté pagos de hasta tres veces el valor real
de la obra. O carpetas de 3 cm. en vez de 5. ¿Sabe de los millones que
hablamos?”.
El menú de anomalías
Hay cosas de las cuales está lejos de
sorprenderse el común de los rionegrinos:
• El asfaltado de los 600
kilómetros de la Ruta 23 lleva casi 18 años de espera desde que comenzó a
construirse en 1998. Ya se han gastado 2.180 millones de pesos, pero
falta aún certificar más de 1.500 millones (sin considerar mayores costos por
inflación o readecuaciones).
• La mentada autovía de la Ruta
22 Chichinales-Cipolletti enfurece a los conductores en los tramos totalmente
paralizados, que los expone al riesgo o la certidumbre de una tragedia
cotidiana. En 2008, cuando comenzó la obra (que se reclamaba desde
1991), se imaginaba su ejecución en dos años. Casi ocho años después, lo único
palpable es el tramo Chichinales-Godoy, que ya tiene guarda raíles deteriorados
y nulo mantenimiento. Sólo considerando los tramos “verdes” de la autovía
(entre Godoy y Cipolletti), se llevan gastados 610 millones de pesos. Y falta
poner mucho más: 3.180 millones.
Sí sorprende la magnitud de las
maniobras denunciadas internamente que -de comprobarse- permiten
sospechar de negocios millonarios.
Esta es una parte de las supuestas
irregularidades que están en conocimiento de legisladores oficialistas y altos
funcionarios del gobierno nacional.
Algunas tuvieron verificable
consecuencia en calles, rotondas, rutas y puentes:
• Accesos a localidades en los que no
se construyeron las bases granulares y la subrasante, imprescindibles
para que no se rompa la carpeta asfáltica, como pasó en Mainqué y Choele Choel.
• Banquinas que fueron pagadas
pero se construyeron “con arena” (y no con suelo transportado).
Debieron reconstruirse pues la lluvia las arrasó en la Ruta 23, entre San
Javier y Viedma.
• Perfiles previos del terreno natural
“fraguados para certificar un volumen de terraplén mayor al real” en
varios tramos de la Ruta 23, por ejemplo a la altura de Ramos Mejía.
• Pavimento urbano de tres a cuatro
cuadras de avenida Alfonsina Storni en Choele Choel, “contratado y pagado
pero no ejecutado”. La obra que sí se hizo “tiene 3 centímetros de
espesor de carpeta asfáltica en vez de los 5 contratados según el pliego”. Además
“no se ejecutó ninguna base granular con suelo seleccionado y compactación
especial”, imprescindible para ejecutar la carpeta superior.
En
Mainqué se dio un caso similar.
Gran peligro. Los tachos abollados y tirados, un “presente griego” de la paralizada autovía, en la zona de Cipolletti.
“Los sobreprecios son comprobables, los retornos
no. Todo lo que se hizo (o no se hizo) es perfectamente auditable”.
• Rectificación “pagada y no
ejecutada” del cauce del escurrimiento del arroyo Nahuel Niyeu, que provocó
la rotura del puente. El mismo que se llevó por delante un colectivo
con pasajeros en 2014, entre otros vehículos. Hoy lleva casi cuatro años en
condiciones de abandono.
• Entre Valcheta y Ramos Mexía,
alcantarillas más chicas de las necesarias, construidas sobre un cañadón (de
un arroyo que suele traer mucha agua ante lluvias intensas). A los pocos días
de inaugurado el tramo, un alud se las llevó y dejó un gran boquete, que obliga
a los conductores a un desvío de 400 metros en la ruta.
• “Tareas sobrecertificadas
en la Ruta 23 tramo Jacobacci-Bariloche aún no ejecutadas”.
• Enripiado para protección de las
bases granulares “que no sirve para cumplir con esa función si se abre el
tránsito en la Ruta 23, tramo Los Menucos-Jacobacci”. Además está
la sospecha de que se hizo de menor dimensión que lo contratado y pagado.
• Reemplazo de material
declarado como “no apto” para la obra por otro de cantera: trabajos pagados
no ejecutados en varios tramos de la Ruta 23.
• Acopio de ceniza del volcán Puyehue
extraída de la zona de camino, “pagado y no ejecutado” entre Los Menucos y Bariloche. Hay
sospechas sobre esa “modificación de obra” y se desconoce dónde está localizado
el gigantesco acopio teniendo en cuenta el volumen de ceniza señalado. Dicen
que el costo para el Estado fue de unos 16 millones de pesos.
• Tareas inconclusas en la
autovía de Ruta 22, tramo Chichinales-Godoy, al entregar la contratista la obra
“terminada”, como accesos a las pasarelas peatonales, recambio de barandas
metálicas destruidas y peligrosas para el tránsito y desmalezamiento (que en
parte luego fueron ejecutados con equipos y personal de Vialidad Nacional y no
por la contratista)
• Obras en ejecución de todos
los tramos en la Ruta 22 entre Chichinales y Cipolletti sin mantenimiento de
banquinas, baches ni cartelería de peligro.Todas las tareas de manutención,
obligatorias por contrato para las empresas, no habrían sido exigidas por parte
de los supervisores de la DNV. Se desliza la sospecha en el informe de
un “arreglo” para la no supervisión de los “pocos pero delicados
trabajo que sí se hacen”. Y se sospecha de “retornos”.
• Defectos de obra en la Ruta
23 en la zona de Comallo, denunciados por el intendente de la localidad, Raúl
Hermosilla, quien luego fue obligado a desdecirse. Desmoronamiento en el
talud, la base y subbase de un tramo de la Ruta 23, cercano a la intersección
con Ruta 40. “Graves deficiencias en la imprimación asfáltica”.
• Modificaciones de obras en
tramos de la Ruta 23 con sobreprecios y “tareas que no se prevén
ejecutar pero sí se pagan. Ejemplo: agregado de voladuras en el
tramo Pilcaniyeu-Bariloche, cuyo porcentaje de ejecución no coincide con lo
contratado: deberían poder mostrarse los acopios con las marcas de los barrenos”.
• El proyecto ejecutivo de la
Malla Crema 103 de la Ruta 151 próxima a iniciarse “está inflado” con
ítems como el “reclamado (fresado de paquete asfáltico juntamente
con la base granular existente, para la reconstrucción de esta última) en
algunos tramos próximos a Catriel, donde no se justifica la realización de ese
trabajo, que fue incluido para no ser ejecutado pero sí cobrado”.
• La rotonda en San Antonio
Oeste fue denunciada hace poco como “escandalosamente costosa” por el
legislador del Pro Sergio Wisky. Habló de una valuación de más de 300
millones de pesos y una construcción de apenas un 25% de avance. El intendente
Claudio Palomequez retrucó: “No es una rotonda; es un nuevo sistema de
accesos”.
El puente de Nahuel Niyeu, cerca de Valcheta, destruido por la creciente del 2012 y fuente de accidentes. Dicen que la rectificación del cauce de escurrimiento se pagó pero no se hizo.
3.400 son los kilómetros de “rutas de la muerte” en
el país, según el presidente Macri.
“Tragadas
millonarias”
Cuatro ingenieros civiles y dos
operarios que trabajaron (algunos aún lo hacen) en tramos viales de la
provincia, se animaron a describir ante “Río Negro” las maniobras en la ejecución
de obras, que representan -aseguran- “tragadas millonarias”.
La clave parece estar en la supervisión
a las obras que realizan determinadas contratistas, cuyos responsables este
diario se reserva en la medida de que no existan las verificaciones judiciales
correspondientes.
Un trabajo mal controlado o directamente no
supervisado permite sospechar de retornos.
Los informantes
incluyen también dentro de esos procedimientos obras ejecutadas años atrás por
la ex-Viarse (empresa del Estado
rionegrino), “contratista privilegiada” de Vialidad
Nacional en la ejecución y mantenimiento de rutas, y calificada como
su “socio más grande”.
Las fuentes atribuyen a esos organismos “negocios
compartidos” y “un particular manejo de las licitaciones”, a partir
-por caso- del convenio de Transferencia de Fondos Operativos (TFO).
Los profesionales explican así las
manipulaciones con la carpeta asfáltica:
“Como se sabía que se hacían los
controles en cada ‘progresiva’ (mojones representados con números a la
vera de las rutas), las carpetas asfálticas eran bajadas uno y hasta
dos centímetros. Y se volvían al nivel correcto 50 metros antes de llegar a la
‘progresiva’. ¡La cantidad de millones de pesos que representa eso! Ojo
que no hablamos sólo del asfalto en sí mismo. Algunas de las ‘tragadas’ estaban
también en las capas subrasantes, donde se apoya todo el paquete asfáltico. Y
tenga en cuenta que bajar carpetas, afecta también las magnitudes de las
banquinas, los taludes... ¡mucho, mucho dinero. Millones!”.
-¿Eso ocurrió en algunas rutas?
-¿Algunas? Varias. Con
un equipo serio de investigación, saldrían perfectamente a la luz todas las
irregularidades. Es cuestión de poner testigos en los tramos donde no hay
‘progresivas’ y uno va a ver realmente lo que hay. El camino no se puede
ocultar.
Otro ingeniero apuntó a los movimientos
de suelo: “Si usted llegara a ver lo que se hizo en tramos de la
Ruta 23 y lo que se debería haber hecho...”.
Se ha dado el caso de taludes hechos que se han desmoronado, en un tramo de la 23
“En el movimiento de suelos no hay misterios. Uno
sabe lo que es nuevo o viejo cuando se hace una ‘calicata’ (una
excavación prísmica donde se advierten los grados de compactación de las capas). Una
calicata hasta el nivel más bajo permite saber, en función de los distintos
estratos de suelo que se obtienen, qué fue agregado y qué no”.
Al requerírseles
ejemplos de obras que justificarían una investigación para determinar posibles
maniobras como las enunciadas, apuntaron a segmentos de: la ruta San
Antonio-Conesa, Ruta 23 en tramos donde hubo cambio de traza, Ruta 65, caminos
rurales de Valle Medio, calles de Beltrán, Lamarque, acceso Mainqué (ver
aparte), Ruta 3 (banquinas de Viedma al río Colorado) y banquinas San
Javier-Viedma.
Las fuentes de “Río
Negro” explicaron otro tipo de irregularidad que han podido percibir en el
desarrollo de los trabajos.
Se basa en
el proceso de “modificación de obra”,
legítimo cuando es necesario por distintas circunstancias.
Naturalmente,
implica mayores costos por un volumen de obras mayor al planificado, por
imprevistos, etcétera.
Por lo general, la
propuesta de modificación (“necesidades de
obra”) llega desde la contratista.
Pero también puede hacerla un
intendente, por caso.
Refiere a la
necesidad de obras de arte adicionales, colectoras, terraplenes más altos,
rellenos, excavaciones, drenajes... es decir cualquier añadido a la obra
original que se argumente como ineludible.
El problema y la sospecha surgen cuando esas modificaciones no son
necesarias.
Y
se pagan aun cuando su ejecución resulta dudosa.
El supervisor de obra es el que debe considerar en primera
instancia si el replanteo es atendible.
Si es así, lo eleva a la central del distrito.
“Estudios y Proyectos” debería estudiar
minuciosamente cálculos de volúmenes y precios. Así corrige o no. Y aprueba.
Sin embargo -advierten las fuentes- “ese camino suele saltearse”.
Otro exjerárquico
que participó de la elaboración de convenios con municipios, explica: “He llegado a
detectar pagos de hasta tres veces el valor real de la obra. Imagínese que con
lo que pavimentábamos 10 kilómetros podíamos hacer 30. Y no hablemos de las obras que se metían a hacer
en los pueblos. No concretaban algunas obras y las facturaban. O en vez de
hacer carpetas de 5 centímetros, la hacían de 3. ¿Sabe de los millones que hablamos?”
Otro profesional
insistió en poner la lupa sobre las certificaciones de obra: “En los expedientes tienen que estar los
perfiles (mediciones) desde que
se arrancó hasta que se terminó el último metro cubico de suelo. Si no existen, algún responsable pagó sin haber
medido”.
Y avisa: “Los
sobreprecios son comprobables, los retornos no”.
Cuadras de Choele Choel (sobre Alfonsina Storni) en las que no se cumplió con el asfalto
Misterio
en lo profundo
Puede ocurrir
asimismo que se fragüen volúmenes del terraplenado, que deberían determinarse
de acuerdo a cotas de referencias oficiales.
“Si
se truchan las cotas del terreno natural -declarando por ejemplo medio metro o
un metro más por debajo de la necesidad real-, en el ancho del terraplén (que
para una ruta de dos carriles es de 15 metros) y
por el largo de los kilómetros a ejecutar, representa un fangote de plata. Una vez que tiraste capas de suelo donde
asentaste el paquete asfáltico, ¿quién verifica dónde estaba realmente el
nivel?”.
Hay, de todas
formas, manera de verificar estas anomalías de acuerdo al tipo de suelo.
En una
calicata “se
notan los grados de compactación de la capa. Pero, por lo general, una vez que
hiciste la obra arriba, lo que está al fondo es un misterio”.
Más en
una ruta como la 23, aislada en la inmensidad de la estepa patagónica.
Fuente
“RÍO NEGRO”, 09.03.2016
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