MENEM & CAVALLO
Casación confirmó la
condena a 4 años y medio de prisión para Carlos Menem y de 3 años y medio para
Domingo Cavallo
El fallo fue por la causa de los sobresueldos que
se pagaron durante el gobierno menemista
12
de octubre de 2018
La Cámara Federal de
Casación Penal confirmó hoy la condena a 4 años y medio de prisión
para Carlos Menem y a 3 años y medio de cárcel para el ex ministro de Economía
Domingo Cavallo por el delito de peculado, en la causa conocida como
"sobresueldos".
Fue una
decisión dividida, en la que las juezas Ana María Figueroa y Ángela Ledesma se
inclinaron por confirmar la sentencia contra los ex funcionarios. En cambio, el
juez Eduardo Riggi entendió que eran razonables los planteos de las defensas en
torno a que estaban vencidos los "plazos razonables", en sintonía con
el fallo dictado la semana pasada con el que se absolvió al ex presidente y hoy
senador por la causa del contrabando de armas agravado a Croacia y Ecuador.
Carlos Menem, de 88 años, tiene fueros como senador pero el ex
ministro Cavallo, de 72 años, no y por lo tanto esta decisión lo deja al borde
de una detención si se le rechaza un recurso extraordinario para llegar a la
Corte Suprema de Justicia.
No obstante por su edad y sus problemas de
salud es posible que de ordenarse su arresto el creador del plan de la
convertibilidad pueda tener el beneficio de la prisión domiciliaria.
No es la
primera causa juntos que enfrentan Menem y Cavallo: de hecho, ahora están
siendo juzgados por haber vendido el predio de la Rural a un precio vil en
1991, un caso que –si sigue la lógica de los tiempos– también buscarán dar por
prescripto.
Si bien la condena de Cavallo y Menem fue ratificada, el ex ministro de
Justicia menemista Raúl Granillo Ocampo –que
también había sido juzgado y condenado en esta causa a 3 años y tres meses de
prisión– quedó absuelto, según confirmaron a Infobae fuentes
judiciales.
La decisión se filtró antes de lo previsto. Las
partes habían sido convocadas a una audiencia al mediodía para notificar el
fallo.
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Carlos Menem en una audiencia judicial (Patricio Murphy)
Según indicaron las
fuentes, la votación estuvo peleada: Ledesma y Figueroa resolvieron rechazar
los recursos de casación y en consecuencia confirmaron las condenas.
Sobre
Granillo Ocampo, en cambio, Ledesma votó por confirmar su condena mientras que
Figueroa entendió que había que absolverlo por el beneficio de la duda.
Riggi, en
cambio, entendió que había que absolver a todos en base a jurisprudencia de la
Corte Suprema y de la propia Cámara de Casación.
Y sobre todo por el fallo que
-con su firma- la semana pasada absolvió al ex presidente Menem por
el contrabando de armas.
Insistió en un fallo de la Corte Suprema que
reconoció que existía expresamente la posibilidad de declarar el
quebrantamiento de la garantía de ser juzgado en un plazo razonable, aun cuando
exista sentencia condenatoria.
El caso
de los sobresueldos nació de otro escándalo: la causa por el enriquecimiento
ilícito de María Julia Alsogaray cuando empezaba el nuevo siglo y Menem había
dejado el poder.
La
fallecida ex ministra de Medio Ambiente había justificado su incremento
patrimonial en los sobres que se pagaban a los ministros y que el propio
Cavallo, en una reunión de Gabinete, pidió que se declararan ante la AFIP.
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María Julia Alsogaray
En el juicio oral contra
Menem, Cavallo y Granillo Ocampo, que terminó en el 2015, los fiscales
consideraron probado "un sistema clandestino de pago" de sobresueldos
con montos obtenidos de fondos reservados, que eran retirados en la Secretaría
General de la Presidencia hasta 1994 y luego de la Jefatura de Gabinete o del
quinto piso del Ministerio de Economía.
Según esa
mecánica, los ministros considerados de más alto rango cobraban
sobresueldos de 100 mil pesos o dólares (durante la convertibililidad) y los
restantes integrantes del gabinete sumas de 50 mil, 40 mil y 20 mil pesos o
dólares en el caso de secretarios de estado, siempre en efectivo y dentro de un
sobre.
Estas sumas representaban el cuádruple y hasta el quíntuple de los
haberes mensuales legales que debían cobrar los funcionarios y eran pagadas en
forma clandestina, sin registro alguno.
"Nunca
supe que los suplementos podían provenir de un acto ilícito. Si lo supiera, no
lo habría hecho declarar en la DGI", aseveró Cavallo cuando se defendió.
Incluso argumentó que "hasta el Congreso tenía partidas de la ley
18.302", norma ya derogada que indicaba el destino que se le podía dar a
los fondos reservados.
El
tribunal dio por acreditado los hechos sostenidos por la fiscalía y la OA.
Votó
las condenas y un decomiso de 220.868 pesos a Cavallo.
A Menem no se le impuso
una pena similar porque para la Justicia fue responsable solo de haber
autorizado que fondos reservados sean utilizados para pagar sobresueldos a sus
entonces funcionarios.
Fuente
“infobae”, 12.10.2018
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