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Domingo, 7 de octubre de 2018
El Gobierno va contra un juez que cobrará por lastimarse $ 4,5 millones
Son los magistrados de la Quinta
Cámara Laboral.
Uno de ellos acordó que lo indemnicen con $ 4,5 millones por un
accidente que tuvo.
Por Juan
Manuel Torrez
El caso de un juez que se accidentó y podría cobrar más de 4
millones de pesos tras un acuerdo con la ART Provincia ha despertado
polémica en los diferentes poderes del Estado, sobre todo en el Ejecutivo, que
tomó cartas en el asunto, solicitó a la Suprema Corte de Justicia que
investigue el tema y analiza incluso pedir un Jury a los tres camaristas
involucrados.
El principal apuntado por el Gobierno es el juez de la Quinta
Cámara Laboral Antonio Sánchez Rey, quien tuvo un accidente en el
estacionamiento de Tribunales (en calle 9 de Julio), al quedar su brazo
apretado con el portón de la playa durante varios minutos cuando se disponía a
cerrarlo.
A partir de
ese hecho, el magistrado realizó una
denuncia en la ART y, según informaron desde el Poder Judicial, la inspección
dio que tuvo una incapacidad en su mano de alrededor del 20 por ciento, por lo que reclamó
una indemnización, que podría llegar a los 4,5 millones de pesos según establece el
acuerdo al que llegó con la propia ART.
El
punto clave es que el caso recayó en la misma cámara laboral que integra el
propio involucrado, y si bien lógicamente él se excusó, no lo hicieron sus
pares, lo que despertó la sospecha del Gobierno.
Inclusive podría haber
consecuencias con los integrantes de la Cámara, si es que se comprueba que
actuaron de manera indebida.
El accidente ocurrió el 2 de mayo del año pasado y, a diferencia de las
miles de causas laborales que hay en proceso en la provincia, ésta ha tenido
una rapidez notable para su conciliación, que se realizó en menos de
20 días.
Según informaron desde el Poder Judicial, la causa de
Sánchez Rey -uno de los jueces que más cobra en la provincia (cerca de 260.000 pesos mensuales)-, cayó por sorteo en
la misma Cámara que él integra junto a Viviana Gil y el conjuez Jorge Rolando
Consolini, los otros dos magistrados que están en la mira del Ejecutivo.
Hay
que destacar que aún el convenio entre el demandante y la ART debe pasar por la Fiscalía de Cámara y luego ser finalmente
homologado por la Cámara.
Curiosidades
El Ejecutivo
envió el viernes una carta al presidente de la Suprema Corte, Jorge Nanclares,
en la cual pide que investigue el tema, y también detalla las “inconsistencias”
que terminaron llamando la atención a raíz de todo el proceso judicial que se
llevó a cabo.
En primer
lugar, se expresa que no deja de ser curioso que la causa haya sido sorteada y
recaído justamente en la Cámara Laboral que integra el magistrado actor.
No obstante, destaca que si bien el juez involucrado se excusó -en setiembre-
de fallar en su propia causa, no lo hicieron ni Gil ni Consolini, que
“conviven, deliberan y fallan todos los días”.
Aquí es
importante lo que establece el artículo 14 del Código
Procesal Civil (causas de excusación y recusación), el cual en su inciso II marca que es razón
de sospecha cuando haya “interés directo o indirecto en el pleito, antes o
después de iniciado el proceso, o sociedad o comunidad con algunas de las
partes, procuradores o abogados”; cuando el juez, familiares o a quien haya
sido designado tutor “sea acreedor, deudor, amigo íntimo o tenga frecuencia en
el trato o tener enemistad manifiesta, o sea beneficiado o benefactor de
cualquiera de las partes”; o “cuando medie cualquier otra circunstancia que
permita dudar fundadamente de la idoneidad subjetiva del juez o funcionario
recusable”.
Además, desde el Gobierno ponen su atención en el hecho de que
la Cámara haya decidido “inicialar” la carátula de la causa(firmar el
documento solo con las iniciales de los involucrados), lo que sospecha se hizo
“a fines de que no se pueda leer el nombre completo de las partes en el
juicio”.
Otro de los puntos que despiertan suspicacias es la celeridad con la que
se arribó a una conciliación en la causa, que fue iniciada el 11 de setiembre
último y se envió el 1 de octubre a la Fiscalía de Cámara.
Desde el Ejecutivo también se muestran impactados por el monto que
podría cobrar de indemnización Sánchez Rey y lo comparan con un maestro que,
por problemas en sus cuerdas vocales, no puede dar clases.
“Si bien depende
de la edad, sueldo y antigüedad, a lo sumo podrían recibir entre 300.000 a
600.000 pesos”, acotaron.
En detalle
¿Cuándo deberían excusarse los jueces en una causa? (Artículo 14 del
Código Procesal Civil)
1- Tener interés directo o indirecto en el pleito, ser representante
de alguno de los litigantes, tener sociedad o comunidad con algunas de las
partes, procuradores o abogados.
2- Ser cónyuge, conviviente, pariente hasta el cuarto grado o
pariente por afinidad hasta el segundo, de cualquiera de las partes,
mandatarios o patrocinantes.
3- Dictar la resolución apelada o haber anticipado opinión sobre el
litigio.
4- Intervenir en el caso como abogado patrocinante, defensor o
mandatario de algunas de las partes.
5- Promover acción contra algunas de las partes o sus
abogados.
La ART también está en la mira
Más allá del
documento que envió a la Corte, el Gobierno hizo lo mismo
con Provincia ART, a la que advirtió sobre las inconsistencias de la causa.
Sin embargo,
también pidieron información sobre la actuación que tuvo el organismo, tanto
con los pasos que realizó como de los documentos relacionados con el
diagnóstico médico que presentó, además del porcentaje de incapacidad que se le
otorgó al juez Sánchez Rey.
El problema
es que, a raíz del millonario monto, posiblemente las alícuotas que tendrá que pagar el Estado el año que
viene a la ART sean sensiblemente mayores.
De esta manera, el Ejecutivo solicitó que “suspenda el pago del
siniestro hasta tanto se hayan brindado las explicaciones requeridas”.
…
Fuente
“LOS ANDES”, 07.10.2018
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