LA JUSTICIA “MANEADA”
maneado, maneada
- adjetivoCHILE[persona] Que es torpe, lento y de escaso ingenio."con uno de los niños enfermos y quería llevarlo donde el médico, tú ves lo maneada que es la pobre Victoria"...
- O LA JUSTICIA
17/06/2017
Fuera de la ley
Cómo proteger políticamente a un juez que libera a
violadores
Carlos Rossi soltó al preso que violó y mató a Micaela García en Entre
Ríos.
Hay 8 pedidos para destituirlo, pero pasaron dos meses y los legisladores
todavía no formaron el jury.
Lo que le
pasó a Micaela García no puede pasar nunca más, decían.
Su caso tiene que marcar un antes y un después,
indicaban.
Ni una Micaela más, se comprometían ante la gente.
“Por vos juramos vencer”,
adherían al lema de sus amigas y su familia en su despedida.
Hacían fila para criticar al
juez que liberó
anticipadamente a Sebastián Wagner, el violador que luego secuestró, abusó y
mató a Micaela.
Se empujaban unos a otros para ser los
primeros en presentar pedidos de juicio político en su contra.
El bloque de senadores
de Cambiemos incluso presentó en la Cámara Alta un proyecto de declaración en
el que expresaba su “enérgico repudio a la decisión tomada por el
juez Carlos Alfredo Rossi por la cual se le otorgó el beneficio de la libertad
condicional al condenado Sebastián José Luis Wagner por delitos contra la
integridad sexual, pese a los informes negativos de los equipos técnicos
interdisciplinarios”.
Ocho
pedidos de destitución se presentaron en la Legislatura
entrerriana.
El del senador por el departamento de Gualeguaychú, Nicolás
Mattiauda, fue el primero y enseguida adhirió todo su bloque, el de Cambiemos.
Lo siguieron los diputados massistas Alejandro Bahler y Mariela Tassistro, del
bloque Frente Renovador-Unión Popular, a quienes se sumó el radical Ricardo
Troncoso.
Luego hubo uno de la organización civil Red de Alerta y otro de la
Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA); uno del
senador provincial Aldo Ballestena (Frente para la Victoria, FpV); otro del
bloque completo de diputados del FpV –acompañado por el intendente de
Gualeguay, Federico Bogdan, y por 200 firmas–; uno de la Asamblea Participativa
de Mujeres; otro del senador nacional por Entre Ríos Alfredo de Angeli
(Cambiemos); y uno anunciado por su colega Juan Manuel Abal Medina (PJ).
“Los pedidos de juicio político (contra Rossi) ya se han formulado en
jurisdicción de la provincia de Entre Ríos, porque es un juez local”,
señaló el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, hace más de dos
meses, el 9 de abril, cuando lo consultaron por este caso. “Esperemos
que avancen con celeridad”.
El gobernador entrerriano,
Gustavo Bordet, se sumó a la polémica: “Espero
que la Justicia pueda llevar adelante las transformaciones necesarias para que
esto no vuelva a ocurrir”.
“A este tipo de jueces no los podemos tener”, indicó el mismísimo presidente de la
Nación, Mauricio Macri.
Sin embargo, a Carlos Rossi lo
seguimos teniendo.
A dos meses y medio del crimen de Micaela, el
juicio político en su contra no tiene siquiera jurado.
El hombre que
posibilitó el crimen de Micaela al poner en la calle a su asesino cuando todos
le decían que no lo hiciera, lejos de haber perdido su puesto, sigue siendo juez de
Ejecución Penal de Gualeguaychú.
Todos los días firma nuevos
fallos. Y nadie hace nada por cambiar esta situación.
Sólo hay relato y torpeza.
Rossi lleva 17 años en el
cargo. El 1° de julio de 2016 le dio la libertad condicional a Sebastián
Wagner, condenado a nueve años de cárcel por la violación de dos estudiantes.
Le permitió acceder al beneficio once meses antes de lo que le correspondía
porque había cumplido con un “estímulo educativo” -terminar la primaria en
prisión-, le
redujo tres años el tiempo de encierroy lo mandó a vivir a Gualeguay.
No le importó que tres informes le indicaran que no lo hiciera.
Exactos nueve meses más
tarde, el sábado 1° de abril de este año, Micaela García (21) desapareció
cuando salía de un boliche de Gualeguay.
Horas más tarde, Wagner huyó
de la ciudad.
Lo encontraron el viernes siguiente en la localidad bonaerense de
Moreno y confesó haber violado y matado a la estudiante.
Hasta señaló el lugar
donde estaba el cadáver.
Desde aquel día, Rossi carga con una muerte
sobre sus espaldas.
Las críticas cayeron de inmediato sobre él, quien
se apuró a pedir una licencia de 20 días por estrés.
Entre tanto, se fueron
presentando los pedidos para destituirlo por mal desempeño de sus funciones.
El juez al que señalaba toda
la Argentina contrató a dos abogados y presentó una serie de
escritos para
rechazar los pedidos de destitución.
“Debemos señalar que se me endilga el haber
otorgado la libertad condicional al interno condenado Sebastián José Luis
Wagner, basándose las denuncias en que éste habría cometido el femicidio de
Micaela García”, destacó allí, usando un insólito potencial.
“Lo
cierto es que dicha persona, si bien está imputada por el mencionado femicidio,
aún pesa sobre él la presunción de inocencia que ampara a todo ciudadano
acusado de haber cometido un delito hasta tanto recaiga sentencia firme que
demuestre su culpabilidad”, lo defendió para defenderse.
“Esta
sola circunstancia basta, entiendo, para que se provoque el rechazo de las
denuncias que pretenden mi enjuiciamiento”.
Como no confiaba mucho en
estos argumentos, su paso siguiente fue recusar a cinco integrantes del
tribunal que debe hacerle el juicio político.
Luego,
a quienes los reemplazaron. Y nadie se lo impidió. Así ganó tiempo
para que su licencia se venciera y la gente se olvidara de todo, mientras él volvía
sigilosamente a su despacho.
El jurado de enjuiciamiento
se integró inicialmente con el diputado Diego Lara (con su colega Rosario
Romero como suplente), el senador Ángel Giano (con Roque Ferrari de eventual
reemplazo), los vocales del Superior Tribunal de Justicia (Suprema Corte de
Entre Ríos) Bernardo Salduna, Daniel Carubia y Emilio Castrillón, y los dos
representantes del Colegio de Abogados, Jorge Campos y Roberto Beherán.
Los elegidos sólo
se reunieron dos veces antes de
que Rossi objetara la imparcialidad de cinco de ellos: Lara, Romero, Giano,
Ferrari y Castrillón.
Entonces se abrieron dos posibilidades para responder a
su planteo: que quienes no habían sido recusados resolvieran si sus colegas
debían o no ser apartados; o reemplazar a los cinco cuestionados y que los
nuevos integrantes votaran a favor o en contra de las recusaciones de sus
antecesores.
Insólitamente, el
jury eligió el segundo procedimiento. El más largo y engorroso.
El argumento de Rossi para
recusar a los cinco integrantes del jury fue que ya
habían opinado públicamente sobre su caso o incluso habían adherido a
alguna denuncia en su contra, algo que complicó principalmente al bloque
completo de senadores de Cambiemos -todos firmaron el “repudio” y el pedido de
juicio político, sin evaluar que podía llegarles a tocar llevarlo adelante- y,
por igual motivo, a la totalidad del bloque de diputados del FpV.
El mes pasado, el Superior
Tribunal de Justicia designó a la jueza Susana Medina de Rizzo como
reemplazante del recusado Castrillón.
El Senado eligió a Lucas
Larrarte (en reemplazo de Giano) y a Daniel Olano (por Roque Ferrari), mientras
que Diputados optó por Daniel Koch (en lugar de Diego Lara) y por Esteban Vitor
(por Rosario Romero).
Los cinco juraron el 18 de mayo como nuevos integrantes
del jurado.
Pero claro, antes de que
pudieran reunirse, Rossi volvió
a recusar: el 30 de mayo objetó a los diputados Koch y Vitor.
La Cámara baja tenía que
buscar a dos reemplazantes para ellos, pero aún
no lo hizo.
El 31 de mayo, desde el Superior Tribunal de Justicia le
enviaron un oficio “solicitando la designación de nuevos
representantes (titular y suplente)”. Como no obtuvo respuesta, reiteró el
pedido el 9 de junio, hace una semana.
Tampoco pasó
nada.
El Superior Tribunal difundió
entonces un comunicado: “El
Honorable Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia de Entre Ríos informó que
aún no ha comenzado a tratar las denuncias formuladas contra el Juez de
Ejecución de Penas de Gualeguaychú Dr. Carlos Rossi, debido a que aún no ha
sido debidamente integrado para tratar las recusaciones contra algunos de sus
integrantes, planteadas por el magistrado denunciado. En este momento, el
Honorable Jurado se encuentra a la espera de la designación de dos
representantes de la Cámara de Diputados”.
Ante la consulta de Clarín,
anoche distintos voceros aseguraron que Diputados convocó a una sesión especial
para el lunes, donde supuestamente designarán a dos nuevos
representantes para el jury.
Eso, claro, si encuentran a alguno que
resista las objeciones.
Aun cuando esto ocurra, el
trámite será largo.
En cuanto se designe a los nuevos integrantes, habrá que
esperar a que juren.
Luego deberá ser notificado Rossi, quien podrá
plantear más recusaciones.
Superado ese paso, el jury tendrá que poner
fecha para reunirse, discutir todas las recusaciones previas y sortear el orden
en el que cada integrante emitirá su voto sobre esas impugnaciones.
Si alguna
es rechazada, el antiguo miembro deberá volver al tribunal y tendrá que salir
quien lo reemplazó, hasta llegar a una conformación definitiva.
La etapa siguiente será que
cada integrante del jury lea las denuncias que hay contra Rossi,
algo que -según confirmó Clarín con algunos miembros- aún no
hicieron.
Luego tendrán 60 días hábiles -unos tres meses- para votar si aceptan
o desestiman los cargos contra el juez.
Si los aceptan, el plazo que tienen
para realizar el proceso y llegar a un veredicto es de seis
meses más.
Es decir, que hay grandes
chances de que Rossi llegue al año que viene siendo juez.
De que siga fallando
y fallando hasta que los políticos se pongan a trabajar.
De que haya más
Micaelas.
Proteger a Rossi es lo único
que hasta ahora el poder político hizo con eficiencia: desde su regreso al
juzgado, el magistrado cuenta con custodia policial permanente.
Fuente
“Clarin.com”, 17.06.2017
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