- Se cumplen 5 años desde que el fiscal presentó su denuncia por encubrimiento contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y fue encontrado muerto días más tarde.
- La causa iniciada por su denuncia ya fue elevada a juicio y está acusada la actual Vicepresidenta.
- El expediente en el que se investiga su muerte tiene a Diego Lagomarsino procesado como “partícipe necesario” del presunto homicidio, que es como está actualmente caratulada la causa, pero aún se desconocen los autores materiales.
Las dos causas, la de su denuncia y la de su muerte, tuvieron idas y vueltas en tribunales, pasando ambas por distintos juzgados.
Aquí, un repaso de ambos expedientes.
La denuncia
Nisman denunció ante la Justicia el 14 de enero de 2015 un acuerdo entre las autoridades argentinas e iraníes que, presuntamente, tenía el objetivo de hacer caer las alertas rojas de Interpol que pesaban sobre los imputados iraníes en la causa por el atentado a la AMIA, que dejó un saldo de 85 muertes el 18 de julio de 1994.La denuncia fue presentada ante el Juzgado Federal a cargo de Ariel Lijo, porque este magistrado había instruido la causa por el primer encubrimiento del atentado.
Pero el juez negó que hubiera conexión entre un caso y otro, mandó el caso a sorteo y el expediente cayó en el juzgado de Daniel Rafecas.
A fines de febrero de 2015, Rafecas desestimó la denuncia por “inexistencia de delito”.
La Sala I de la Cámara Federal porteña confirmó esta decisión y al llegar a la instancia de Casación, Javier De Luca, fiscal ante este tribunal, no sostuvo la apelación.
Al no haber impulso del Ministerio Público Fiscal, la causa se archivó.
Pero no terminó ahí. La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) pidió ante el juzgado de Rafecas la reapertura de la causa ante la aparición de “nuevos elementos”.
¿Cuáles eran estos elementos?
Una causa paralela en la que se investigaba al ex canciller Héctor Timerman por presunta traición a la patria, originada en una conversación telefónica con el ex presidente de la AMIA Guillermo Borger en la que previamente al memorándum Timerman admitía que el atentado había sido cometido por los iraníes.
Rafecas (1) volvió a desestimar la denuncia y lo mismo hizo la Cámara Federal.
Pero al llegar a Casación, aunque De Luca volvió a desistir, la apelación la sostuvo la DAIA, que fue aceptada como querellante por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, tribunal que además ordenó reabrir la causa.
También apartó a Rafecas y a los jueces de la Cámara Federal que intervinieron y ordenó que se sortee un nuevo juez.
La causa volvió al juez Lijo, pero eso sólo duró unos meses.
Bonadio, que llevaba la causa contra Timerman por las conversaciones telefónicas, pidió la conexidad y el presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, le envió el expediente de la denuncia de Nisman para que investiguen las dos causas juntas.
En diciembre de 2017 Bonadio procesó con prisión preventiva a Fernández de Kirchner, Timerman, Carlos Zannini y otros ex funcionarios por traición a la patria.
La ex presidenta ya había sido electa senadora nacional y, por lo tanto, tenía fueros.
A Timerman, que padecía un cáncer por el que falleció a fines de 2018, se le concedió la prisión domiciliaria.
Zannini fue detenido.
El procesamiento con prisión preventiva fue confirmado por la Cámara Federal y la Cámara de Casación Penal, aunque se le quitó la tipificación de traición a la patria.
El caso fue elevado a juicio oral en marzo de 2018.
Ese mismo mes, Zannini y Luis D’Elía, otro de los detenidos en la causa, fueron liberados por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 8.
A fines de 2019, luego de asunción como vicepresidenta, el Tribunal Oral revocó la prisión preventiva de Fernández de Kirchner.
La causa por la muerte del fiscal
Nisman fue encontrado muerto la noche del 18 de enero en su departamento de Puerto Madero.Había presentado la denuncia contra la entonces Presidenta 4 días antes y al día siguiente debía presentarse en el Congreso para exponer sus pruebas y responder preguntas de los legisladores.
Desde el inicio, el expediente de su muerte tramitó en el juzgado a cargo de Fabiana Palmaghini y la fiscalía de Viviana Fein, en el fuero ordinario de la Justicia porteña.
La causa se caratuló como “muerte dudosa” y la investigación estuvo a cargo de la fiscal Fein.
El día posterior a la muerte de Nisman, el decano de la morgue judicial, luego de realizarse la autopsia, le informó a Fein que no hubo intervención de terceros en la escena.
El único imputado en la causa era el asesor informático Diego Lagomarsino, por haber entregado un arma a una persona que no tenía portación.
A los pocos meses de iniciada la investigación, la querella representada por Sandra Arroyo Salgado, jueza federal de San Isidro y ex mujer y madre de las hijas de Nisman, pidió que la causa sea enviada al fuero federal y sostuvo la hipótesis del homicidio.
La defensa de Lagomarsino abonaba la teoría del suicidio.
En mayo de 2015, la junta médica que analizó el caso, conformada por 10 peritos del Cuerpo Médico Forense, dos de la Policía Federal, uno de la defensa de Lagomarsino y dos por la querella, concluyeron que no había indicios para sostener que se trató de un homicidio.
Los dos representantes de Arroyo Salgado no firmaron el informe.
En diciembre de 2015, Palmaghini desplazó a Fein y se hizo cargo de la investigación.
Dos meses más tarde declaró por segunda vez (la primera había sido una declaración escueta) el espía Antonio Stiuso.
Con este testimonio y con el impulso de la querella y del fiscal ante la Cámara del Crimen, Ricardo Sáenz, la causa finalmente pasó al fuero federal: en septiembre de 2016 la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que se trataba de la muerte de un fiscal federal en cumplimiento de sus deberes y que, por eso, debía ser investigado por el fuero federal, el que tiene a cargo la investigación de delitos complejos, como los de corrupción, narcotráfico y trata de personas, entre otros.
La causa pasó a Comodoro Py: juzgado de Julián Ercolini y fiscalía de Eduardo Taiano.
Por pedido del fiscal, se encomendó la realización de un nuevo peritaje, pero en este caso se eligió a la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional Argentina.
Este nuevo estudio contó con la participación de miembros de la fuerza y de peritos propuestos por las partes del proceso.
Y fue entregado al fiscal en septiembre de 2017.
La conclusión fue que “la muerte violenta de quien en vida fuera el Sr. Natalio Alberto Nisman, se trató de un homicidio”.
Una conclusión muy distinta a la entregada dos años atrás por el Cuerpo Médico Forense, que depende de la Corte Suprema.
En diciembre de 2017, Ercolini procesó a Lagomarsino como “partícipe necesario” del presunto homicidio de Nisman.
También procesó a cuatro custodios de Nisman por “encubrimiento agravado” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
La Cámara Federal avaló la hipótesis de homicidio, aunque hasta el momento la Justicia no determinó quiénes habrían sido los autores materiales, lo que aún se sigue investigando.
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