LA NECESIDAD DE…
LA CARA DE HEREJE
Cómo es la pirámide de
ingresos de los jubilados y por qué se cuestiona al plan oficial para achatarla
Cómo es la pirámide
de ingresos de los jubilados Crédito:
Shutterstock
El Gobierno declara tener la meta de reducir la brecha
entre quienes más y quienes menos ganan, que es de 7,3 veces desde 2006; cómo
se definen los haberes y por qué el plan oficial es cuestionado
26 de
enero de 2020
Entre el
haber jubilatorio mínimo y el máximo del sistema previsional general gestionado
por la Anses hay una distancia de 7,32 veces: por las normas vigentes, el
ingreso mensual más bajo es de $14.067,93 y el más alto, de $103.064,23.
Con la
fórmula de movilidad suspendida, desde el Gobierno se insiste en que se
apuntará a reducir la brecha a través del otorgamiento de subas de monto fijo
en los próximos meses (quizá, con el agregado de un porcentaje en algunos
casos, que no evitaría el achatamiento de la pirámide de ingresos).
¿En
función de qué podría evaluarse si la brecha es elevada o no?
¿Es válido
recurrir a recomposiciones desiguales, según rangos de ingresos, en un
escenario de pérdida generalizada de poder adquisitivo, para reducir esa
distancia si realmente se la considera alta?
Una cuestión a tener en cuenta es
que la suspensión de la movilidad responde a la meta principal de disminuir el
nivel de suba del gasto público que se iba a producir si seguía vigente el
mecanismo aprobado por ley a fines de 2017.
El propio presidente Alberto
Fernández dijo que era "impagable" esa fórmula, basada en la
inflación y en la evolución de los salarios de seis meses atrás y que, para
marzo, había determinado una mejora 11,6%.
En los
últimos días, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sostuvo que no puede ser
que haya "jubilados de $300.000 y otros de $14.000".
¿Hay quienes
llegan a ese primer nivel de haberes?
En el régimen general existen pocos casos
y son los de quienes ganaron juicios en los que se cuestionaron ciertos topes.
Según los últimos datos de la Secretaría de Seguridad Social, en marzo de 2019
había 838 prestaciones de $300.000 o más, en tanto que si se ajustan las cifras
considerando las subas posteriores, puede estimarse que ahora hay unos 2200 casos,
de un total de 5,7 millones de jubilados y pensionados.
Los
pasivos que perciben ingresos de los niveles citados por el funcionario están
por lo general incluidos en regímenes especiales, como el del Poder Judicial.
Pero esos casos quedaron exceptuados de la suspensión de los ajustes
automáticos.
¿Cómo se
llega a la pirámide actual del sistema general?
Si bien hay quienes se
retiraron cuando regían otras normativas, hoy el haber inicial se determina,
para los asalariados, de la siguiente forma: en primer lugar se calcula el
promedio de las últimas 120 remuneraciones percibidas (con valores
actualizados); de ese promedio se calcula el 1,5% y el resultado se multiplica
por el número de años aportados.
Así, para alguien con 30 años de aportes, esta
prestación será el 45% del valor promedio de los últimos 120 sueldos (y si se
aportaron 40 años, por ejemplo, ese índice sube a 55%).
A ese monto se le
adiciona otro, de suma fija, hasta ahora actualizado por movilidad, que hoy es
de $6646,22.
Alguien con un salario promedio de $50.000 que aportó 30 años,
tendrá un haber de $29.146: al 58,3% de su ingreso promedio de los últimos
años.
La fórmula prevé topes, al igual que hay un salario máximo (hoy de
$159.028,80) para calcular el aporte del 11% al sistema.
"La
movilidad solo tiene por finalidad mantener el valor del haber inicial frente
al aumento del costo de vida o a la evolución de los salarios, siempre que ese
valor inicial se haya calculado correctamente", afirma la abogada
previsionalista Elsa Rodríguez Romero.
Siguiendo ese razonamiento, dice que el
ajuste "debe ser uniforme para todos".
Ello, agrega, "sin
perjuicio de que se fije una mecánica de reajustes de los haberes bajos para
llevarlos a valores razonables y no como los actuales, que son absolutamente insuficientes".
Es decir, debería procurarse la mejora de los ingresos bajos, pero no a través
de afectar negativamente el poder adquisitivo del resto.
Mientras
que parte de los haberes está definido según el nivel salarial, hay otros
(muchos de los que están en la base de la pirámide) que responden generalmente
a quienes contribuyeron como autónomos o monotributistas y a quienes adhirieron
a moratorias.
El 49% de los pasivos cobra la mínima y ocho de cada diez de ese
grupo accedieron por moratoria, a falta total o parcial de aportes.
"La
moratoria es legítima, más allá del debate sobre su financiamiento",
considera Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad de la ciudad de Buenos
Aires.
Si se
suma a los del haber mínimo a quienes cobran hasta dos veces esa cifra, según
datos publicados por la Anses, se llega al 75% de las prestaciones.
Siempre
según la estadística oficial, en 2013 la participación de ese grupo era del
83,4%.
Entre las razones por las cuales en los últimos años la pirámide tendió
a desachatarse, están el hecho de que fue bajando el número de altas de
beneficios dados por moratoria (para quienes no tienen suficientes aportes se
aprobó otra prestación, la PUAM), la aplicación del plan de reparación
histórica (que sacó a unas 500.000 personas del haber mínimo) y el cumplimiento
de sentencias judiciales, principalmente derivadas de reclamos por el mal
cálculo del haber inicial o de la falta de actualización de los montos a partir
de 2002.
Con
respecto a la brecha entre haber máximo y mínimo, según Rodríguez Romero, en
marzo de 1995, con un tope de $3100 y un básico de $150, esa distancia llegó a
20,7 veces.
En 2005, con una mínima de $390 y una máxima que seguía en $3100
(dada la política que hubo en esos años, de aumentar solo el haber mínimo, declarada
inconstitucional por la Corte Suprema), la brecha era de 7,9 veces.
Cuando en
2006 se movió el tope y se lo llevó a $3441 (con un básico de $470), la brecha
bajó a 7,32 veces, que es el nivel actual.
Semino
dice que, como el régimen se basa en la proporcionalidad, la movilidad debe
definir subas de igual porcentaje para todos.
"No se pueden cambiar las
reglas de juego para quienes están jubilados -sostiene-. Y un haber máximo de
103.000 no es ninguna exageración".
Para el funcionario, el Gobierno busca
argumentar la desindexación del gasto y el plan de subas diferenciadas, que
"es inconstitucional".
"Si
no se recibe algo acorde a lo aportado, se desincentivan los aportes",
advierte el economista Oscar Cetrángolo, investigador del Instituto
Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y el Conicet, quien señala
que el sistema debe prometer haberes que resulten financiables.
Agrega que un
problema que lleva décadas en el sistema general de la Argentina es que se
mezcla lo contributivo con lo no contributivo, tanto en lo referido a las
prestaciones como a los recursos para pagarlas, algo que hace más difícil
evaluar la sostenibilidad.
Por: Silvia Stang
Fuente
“LA
NACIÓN”, 26.01.2020
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