En el inicio del trayecto, los vehículos se cruzaron con máquinas viales arreglando el camino.
Más adelante, dos camiones hidrantes mojaban la senda de tierra para apaciguar el polvo de forma momentánea.
Dado el hermetismo con el que se organizó el acto, sin convocatoria a la prensa, no se pudo saber si a los arreglos lo dispuso la UTE o Vialidad Provincial.
Sin embargo, nada pudo evitar el traqueteo en la ruta.
Esa cifra supera el presupuesto de 120 millones de dólares necesarios para la construcción de la ruta provincial nro. 9, entre las rutas nacionales 3 y 40, que une las localidades de El Calafate y Comandante Luis Piedra Buena, desde la cordillera al Atlántico.
Una ruta abandonada
Se trata de una de las obras realizadas por Austral Construcciones en Santa Cruz que hoy forman parte de la causa conocida como Vialidad, a en la que Cristina Kirchner también se encuentra procesada junto con Lázaro Báez y varios exfuncionarios de su gobierno.La obra se licitó durante la presidencia de Néstor Kirchner y se pagó durante la administración de su sucesora.
Una década después, es la primera de las causas que llega a juicio oral, ahora solo interrumpida por la feria judicial.
La historia de la obra de la ruta se inició en 2007, cuando la empresa Austral Construcciones de Báez ya pisaba fuerte en Santa Cruz y el esquema de obra pública entre Vialidad Provincial y Nacional estaba más que aceitado.
En ese momento, la provincia estaba a punto de entrar a una crisis institucional y política, sin embargo nada interrumpió los negocios con la obra pública decididos en Buenos Aires y concretados en Santa Cruz.
Para los fiscales, "un plan criminal"
La ruta provincial 9 fue uno de los casos estudiados por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, al que definieron en su investigación como un "plan criminal" encabezado por Néstor y Cristina Kirchner para enriquecer a su "amigo y socio" Lázaro Báez con adjudicaciones de obras viales multimillonarias en Santa Cruz.Ella había puesto un letrero para reclamar por la ruta, pero el viento lo rompió antes que pasen.
Su reclamo se mantiene.
"Que se haga la ruta es una necesidad de mucha gente, de los ribereños y de todos los que circulan, por esta ruta se pagó mucho dinero y no se hizo, está en mal estado, no tiene letreros, los turistas andan perdidos y como somos los únicos que estamos ahí, nos preguntan ¿dónde estamos?, porque no hay un solo cartel", le comentó a LA NACION.
La historia de su campo se entrelaza con la ruta y las represas prometidas.
En 2011 la empresa Constructora Patagónica Argentina S.A. rentó el casco de la estancia La Martina y un predio para instalar un obrador.
Se presentan como los nuevos constructores de la ruta.
Tras cinco meses se fueron sin dejar rastros.
"La casa y el predio quedaron destruidos", contó Grzegorczyk a LA NACION.
Se trata de una de las empresas de Bahía Blanca que emitió facturas truchas para Austral Construcciones, que le permitió a Báez reducir impuestos, tal como lo reveló este diario en 2014.
El impacto de las obras abandonadas también afecta la proyección turística de la región: su cruce desde la costa facilitaría la llegada de los viajeros en el verano, acortando el camino en varios cientos de kilómetros.
El letrero caído del "Plan Nacional de Recuperación Vial" del entonces Ministerio de Planificación Vial, que anunciaba las obras de enripiado y supo estar hasta hace pocos días en el empalme de la ruta provincial 9 y la Ruta Nacional 40, ayer había sido retirado.
La ruta 9 escondía muchas promesas.
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