JUBILACIONES…
PANORAMA 2020
Hablando sin eufemismos
El ajuste de Alberto: sin ley de Movilidad, caerá
el gasto en jubilaciones y pensiones
5/1/2020
Con la
polémica suspensión de la fórmula de actualización de los haberes de los
pasivos, el Estado bajaría en hasta más de dos puntos sus erogaciones.
Francisco Rinaldi
El presidente Alberto Fernández reconoció lo que
era un secreto a voces: la suspensión de la fórmula de ajuste en los haberes
previsionales tiene como meta principal bajar el gasto previsional, uno de los
ítems más significativos del gasto público, para que cierren las cuentas.
Aunque al Gobierno no le
guste admitirlo, un centro de estudios cordobés le puso números a la polémica
cuestión y evidencia el claro ajuste en el gasto en jubilaciones y pensiones,
que pasaría de representar casi la mitad del gasto público primario (sin
considerar el pago de intereses de la deuda) al 46,8 por ciento si los pasivos
con haberes superiores a la mínima pierden contra la inflación estimada en 2020
(Escenario 1) o del 48% si todos le ganan a la suba generalizada de los precios
(Escenario 2).
Para la elaboración de
ambos escenarios, el Instituto para el Estudio de la Realidad Argentina y
Latinoamericana (Ieral) toma las sumas fijas otorgadas por el Ejecutivo -de
10.000 pesos en diciembre y el mes en curso para los haberes menores a 19.000
mensuales, es decir, los próximos al mínimo-, los aguinaldos y una reducción
gradual de la inflación hacia el 35% interanual de cara a fin de año, que se
toma como pauta para los futuros y posibles aumentos, ya que recién en marzo se
podrán conocer los incrementos a otorgar.
En el Escenario 1, se supone que
las jubilaciones alcanzadas por las sumas fijas conferidas (haberes próximos al
mínimo legal) se actualizan por la inflación esperada del 35% para este año,
con lo cual, saldrían “empatados” frente a la suba generalizada de precios.
En tanto, bajo el mismo
Escenario, las jubilaciones no alcanzadas por los bonos de suma fija cierran
por debajo de los cinco puntos porcentuales con respecto al umbral
inflacionario en junio, y a partir de allí, ajustan como la inflación.
Por otra parte, en
el Escenario 2, se supone que las jubilaciones alcanzadas por los bonos
obtienen incrementos por encima de la pauta inflacionaria (del 11,6%, 11%, 9% y
7% trimestralmente durante 2020), aunque por debajo de lo que hubiera conferido
la Ley de Movilidad decidida en diciembre de 2017, actualmente en suspenso.
En tanto, los pasivos que no
fueron alcanzados por los bonos de fin de año presentan una movilidad en línea
con la pauta de inflación trimestral asumida para 2020, antes y después de
junio.
Si se toma como referencia
la Ley de Movilidad, los aumentos en los haberes deberían haber sido del 11,6%
en marzo y otro 12,3% en junio.
A partir de entonces (para
las subas de septiembre y diciembre), los incrementos que hubiera conferido
esta legislación dependerían de la pauta inflacionaria observada durante el
primer y segundo trimestre de 2020.
Bajo el escenario de
inflación analizado, estas subas acabarían siendo del 10,4% y 7,8%
respectivamente.
Con todo, la Ley de
Movilidad hubiera promovido incrementos reales de los haberes en más de 10%
interanual tanto para los haberes cercanos a la mínima como para los
superiores, en tanto que, en los escenarios planteados los haberes podrían ir
desde una pérdida de 5,7% contra la inflación (haberes mayores a la mínima en
Escenario 1) hasta ganarle a la inflación por 6,9% (haberes de la mínima en el
Escenario 2).
En tanto, la mínima sale
indemne frente a la inflación en el Escenario 1 y lo mismo pasa para los
haberes que la superan en el Escenario 2.
Conclusión: los pasivos estarían peor en términos de poder de compra en comparación con la hoy vetada Ley de Movilidad, que permitía un ajuste de los haberes en función de un mix de inflación minorista (70%) y remuneraciones privadas (30%).
¿Y el ahorro?
Por su parte, en términos del
peso fiscal del sistema previsional, puede notarse que con la Ley de Movilidad
en suspenso, el sistema hubiera alcanzado una incidencia cercana al 9,2% del
PBI, superando al 49% del gasto primario del Sector Público Nacional.
Pero con la cancelación de esta
norma y de cumplirse lo planteado en los Escenarios 1 y 2, algo para nada
descabellado, teniendo en cuenta las declaraciones de Fernández, el peso en el
gasto primario de las pensiones y jubilaciones se reduciría desde el 49,3% (Ley
de Movilidad), al 46,8% (Escenario 1) y el 48% (Escenario 2), respectivamente.
"A pesar de esto, es
importante destacar que la vorágine en que han sido promovidas estas
iniciativas, tendientes a promover mayor estabilidad fiscal, entran en
conflicto con la necesidad de preservar y construir
paulatinamente un sistema de seguridad social que resulte
sustentable y se base en reglas institucionales que debieran ser
pensadas para preservar en el tiempo".
"Esta tarea amerita
la evaluación de una reforma previsional integral, que defina reglas que
promuevan incentivos de equidad contributiva, solidaridad y
formalización de la economía, de manera que pueda evitarse que la
seguridad social deteriore progresivamente la situación fiscal del
país", advierten desde el Ieral.
Cuentas en rojo
Los continuos parches que sufrió
el sistema previsional argentino a lo largo de las últimas décadas derivaron en
una situación compleja y que se traduce en un déficit genuino (ingresos por
aportes menos gastos por pago de haberes sin incluir impuestos) que pasó del 1%
del PBI en 2007 al 3,1% actual, de acuerdo con las estimaciones del Ieral.
Estrictamente
hablando, además de un fenómeno demográfico, el
creciente peso del gasto previsional se debió, principalmente, a
las sucesivas moratorias previsionales lanzadas en 2006, y, dos años más tarde,
extendidas a un universo mayor de trabajadores.
Esto implicó la incorporación
hasta el año 2019 de 3,6 millones de pasivos a partir de moratorias
previsionales (personas sin aportes o con aportes
parciales), de forma que el sistema pasó de contar con 3,2 millones de
beneficiarios a los actuales 6,9 millones.
El resultado de esta
iniciativa, aunque loable desde una perspectiva social, ya que los elevados
niveles de empleo "en negro" privaron a varios argentinos de contar
con un ingreso para su vejez, implicó un claro deterioro para la
sustentabilidad del sistema.
Esta situación se pone
en evidencia al advertir que el sistema cuenta con sólo 1,4
aportantes por cada beneficio previsional conferidos, cifra que llegó a ser de
2,1 personas en 2005, lo que refleja la fragilidad del sistema en cuanto al
desafío de sostenerlo de manera genuina en el tiempo.
"Así, la
internalización del peso del gasto previsional en la agenda de reformas
es primordial y significativo, atento a que el gasto en jubilaciones y
pensiones representa en la actualidad más del 44% del gasto primario del Sector
Público Nacional y el 8,6% del PBI", señalan desde el Ieral.
Fuente
“LA NUEVA”, 05.01.2020
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