VENEZUELA: (IV)
¿ODIO DEROGADO POR LEY?
"Ley contra el odio", una herramienta para censurar Internet y liquidar a la disidencia
Expertos consideran que el instrumento aprobado por la ilegal Asamblea Constituyente es una medida represiva contra todo individuo u organización que "elija actuar con libertad, autonomía y pensamiento propio ante el horror"
CARACAS.- Al más puro estilo orwelliano, el régimen chavista acaba de aprobar una “Ley Constitucional contra el Odio” que en nombre de “la tolerancia y el respeto recíproco” atenta contra las libertades de pensamiento y expresión, y aumenta la persecución que ya sufre la disidencia en Venezuela.
Así como existe un Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, “Justicia y Paz” que se encarga de las operaciones represivas del régimen, ahora la Asamblea Constituyente se inventó un texto de 25 artículos que dice promover la “convivencia” mientras facilita la proscripción de los partidos opositores, censura a los medios digitales y fija penas de hasta 20 años de cárcel a todo aquel que “incite al odio”.
El mandatario Nicolás Maduro ha dejado claro que este nuevo instrumento legal va dirigido contra sus adversarios políticos, a quienes acusa de “pretender asaltar el poder y someter a un pueblo a través de la violencia y el odio”.
Además, refuerza los controles sobre la prensa y las redes sociales, obligándoles a difundir mensajes de “paz” y castigando con la revocatoria de concesiones y el bloqueo de portales a los que publiquen contenidos supuestamente “a favor de la guerra o apología del odio nacional”.
Además, refuerza los controles sobre la prensa y las redes sociales, obligándoles a difundir mensajes de “paz” y castigando con la revocatoria de concesiones y el bloqueo de portales a los que publiquen contenidos supuestamente “a favor de la guerra o apología del odio nacional”.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitió un comunicado en el que manifiesta su “grave preocupación” ante una ley que “establece sanciones penales exorbitantes y facultades para censurar a medios tradicionales e Internet, en contradicción con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión”.
“En un primer análisis tres aspectos resultan alarmantes: a) el uso de figuras vagas y sanciones exorbitantes e imprescriptibles para penalizar expresiones de interés público; b) la imposición de gravosas obligaciones a todos los medios de comunicación, entre ellas la supresión y retiro de información de interés público; c) la amplia posibilidad otorgada al Estado de utilizar los medios de comunicación e imponer contenidos”, advierte la Relatoría, que solicita al régimen chavista derogar esta norma.
A la brava
El profesor de Derecho de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Luis Alfonso Herrera Orellana, explica que “estamos ante un acto de fuerza, propio de una tiranía, y no ante una ley democrática y legítima”.
La observación parte del hecho de que este texto no fue aprobado por el Poder Legislativo venezolano, sino por la Asamblea Constituyente, foro integrado por 545 militantes del oficialismo que ha sido calificado como “fraudulento” por la oposición y la comunidad internacional.
La observación parte del hecho de que este texto no fue aprobado por el Poder Legislativo venezolano, sino por la Asamblea Constituyente, foro integrado por 545 militantes del oficialismo que ha sido calificado como “fraudulento” por la oposición y la comunidad internacional.
“En lugar de dictar varios actos de fuerza contra cada sector, eligieron dictar uno solo para con la excusa de lograr la paz y la convivencia –típico proceder del comunismo totalitario de la Unión Soviética y la China maoísta- reprimir sin garantías judiciales ni escrúpulo alguno a toda persona natural o jurídica que no se someta a la voluntad de poder ilimitada de Maduro y sus aliados”, expone Herrera Orellana.
El experto de la UCV sostiene que tratando de implantar su “neolengua” e “interpretación hegemónica de la realidad nacional”, el chavismo utiliza la llamada “Ley Constitucional contra el Odio” como “una medida represiva contra todo individuo u organización que en Venezuela elija actuar con libertad, autonomía y pensamiento propio ante el horror”.
Pura mordaza
El Foro por la Vida, que reúne a decenas de organizaciones no gubernamentales (ONG) de Venezuela, resaltó que el instrumento legal está viciado desde su origen.
“Resulta inaceptable que la actual Constituyente, convocada y constituida al margen de la Constitución Nacional, pretenda adjudicarse competencias propias del Poder Legislativo”, denuncian en un comunicado.
“Resulta inaceptable que la actual Constituyente, convocada y constituida al margen de la Constitución Nacional, pretenda adjudicarse competencias propias del Poder Legislativo”, denuncian en un comunicado.
“La pretendida legislación descansa en la teoría del ‘expansionismo penal’, según la cual la cárcel es la solución de los conflictos.
El objetivo de la ley es ‘erradicar el odio’, lo que se traduce en criminalizar las expresiones de odio, pero no define qué entiende por ‘odio’, por lo tanto la imprecisión deja la puerta abierta a la penalización de cualquier expresión sin utilizar un criterio riguroso, apegada a la normativa internacional y nacional”, alertan las agrupaciones de la sociedad civil.
El objetivo de la ley es ‘erradicar el odio’, lo que se traduce en criminalizar las expresiones de odio, pero no define qué entiende por ‘odio’, por lo tanto la imprecisión deja la puerta abierta a la penalización de cualquier expresión sin utilizar un criterio riguroso, apegada a la normativa internacional y nacional”, alertan las agrupaciones de la sociedad civil.
Las ONG recuerdan que en 2014 unas 14 personas fueron detenidas por opinar en las redes sociales, y señalan que el gobierno simplemente busca “darle apariencia legal a la represión de la crítica” ahora que los venezolanos padecen “una situación de creciente escasez de alimentos y medicinas, una inflación en aumento y el recrudecimiento de la crisis política ante la ausencia de garantías institucionales para la participación política”.
“La crudeza de la crisis se corresponde con la necesidad, desde el poder, de silenciar la denuncia y la crítica, bajo la amenaza de aplicar las sanciones más graves en una lógica institucional ya existente de condenar la opinión. Ningún gobierno en el mundo ha logrado aprobar legislaciones que regulen el discurso en las redes sociales, precisamente por las amplias restricciones que implica para la libre expresión y ante la contradicción que representa en un espacio realmente democrático”, concluye el Foro por la Vida.
fuente
"DIARIO LAS AMÉRICAS",Miami, 12.11.2017
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