10/08 – 12:00 – La situación del Dr Eduardo Sosa en Santa Cruz se ha convertido en todo un símbolo del manejo que de la Justicia, hace el matrimonio Kirchner.
Al igual que los Fondos de Santa Cruz, la situación del abogado riogalleguense tomó impulso y lo sectores que por tantos años hicieron silencio, hoy miran con desconfianza la forma en que la salida a la luz de esta aberración jurídica y política los puede manchar.
Como si esto fuera poco el Estado tendrá que enfrentar las costas (y los costos) por los caprichos de quienes llevaron a Santa Cruz a la actual coyuntura. (Por Héctor Barabino para OPI Santa Cruz)
El silencio
“Son los integrantes de la Corte los que se encuentran en mejores condiciones para desentrañar el alcance de sus fallos“, afirma Esteban Righi, Procurador General de la Nación, en su dictamen del 27 de julio, recordándole a la Corte que el Tribunal Superior de Justicia provincial no acató lo resuelto por la Corte en las sentencias del 30 de junio de 1998, el 11 de abril de 2000, y muy especialmente la del 2 de octubre de 2001, y que “desconoció abiertamente el preciso mandato que surge de ellas que no es otro que la reposición en el cargo de procurador general”.
Se trata de una nueva resolución judicial a favor de la restitución del ex Procurador Dr Eduardo Sosa.
¿Por qué el llamado Caso Sosa va camino a convertirse en una causa nacional que cada día gana más adeptos?
En principio porque semejante estropicio se cometió en la provincia de los dos presidentes quienes además cayeron en desgracia en la última ronda electoral.
Pero sobretodo, porque este avasallamiento al principio de inamovilidad de los jueces está sazonado con una larga e interminable historia de intolerancia, soberbia, caprichos, y silencio.
En 14 años, no solo Néstor ni Cristina opinaron sobre el tema a pesar de ser los padres de la criatura, sino que ningún funcionario ni dirigente kirchnerista fue capaz de argumentar un solo pensamiento en favor de la razonabilidad del desplazamiento del Procurador.
Ante las críticas y los clamores de justicia regía el más urticante silencio de la administración.
O en el mejor de los casos afloraban las chicanas, la descalificación, o el absurdo.
“Es un opositor”, “es cosa juzgada”, “no lo reponemos porque no hay presupuesto”, se justificaban ante cada una de las reiteradas expresiones de la Corte a favor de la restitución de Sosa.
Nadie del gobierno tuvo nunca nada que decir sobre la LEY 2404
Ni siquiera a favor de la ampliación del número de miembros del Tribunal Superior de tres a cinco establecido por la misma norma.
El Kirchnerismo siempre creyó que el silencio no solo otorga sino que dignifica; consolida; enmienda errores.
Está convencido que con la inercia del devenir la mentira cicatriza en verdad.
Caprichos K
En más de una ocasión el gobierno tuvo la posibilidad de dar marcha atrás con la medida.
En 1999 un fallo en minoría del Camarista Dr Marcelo Castro Dassen sugirió que ante el hecho consumado del desdoblamiento del Tribunal el Dr Sosa bien podría ocupar el cargo de Agente Fiscal ante el Tribunal Superior. La provincia se negó.
Otro tanto sucedió en 2005 cuando se hallaba vacante la Defensoría Oficial, la Fiscal de Estado Dra Angelina Abonna tenía precisas instrucciones del gobierno de rechazar toda posibilidad de salida negociada.
¿Quién se hace cargo ahora de las consecuencias de tantos desatinos de parte de quienes gobiernan desde la torre de marfil de la soberbia y la impunidad?
¿Quién se hará cargo del resarcimiento económico al damnificado?
¿Los autores ideológicos de la maniobra, Néstor Kirchner y Carlos Zaninni?
O sus ejecutores materiales, Cristina, Héctor Icazuriaga, Arturo Puriccelli, y el resto de los diputados provinciales que votaron la ley 2404?
Mas temprano que tarde la provincia deberá resolver la situación.
En el fallo del 2 de octubre de 2001, la Corte ordenó “restituir al actor en el cargo de procurador general con las funciones que ejercía antes de la sanción de la ley 2.404 dentro del plazo de treinta días de notificada la presente”.
Esto significa que tanto el Fiscal Claudio Espinosa como el Defensor Domingo Fernández podrían quedar sin trabajo.
Si bien ambos sabían desde antes de asumir que sus puestos estaban en tela de juicio, es de esperar que en caso de destitución ambos funcionarios lleven sus reclamos a la justicia apelando al mismo precepto de inamovilidad de los jueces que enarbola hoy el Dr Sosa.
¿Quién va a pagar los platos rotos de los caprichos K?
Abrazo a la causa
Hay que asumir que la situación planteada en la justicia provincial no se hizo carne en la sociedad tal vez por aquello de que a la gente no le interesa la falta de justicia hasta que no la sufre en carne propia.
La iniciativa de un grupo de abogados de proponer que se incorpore el caso Sosa a las currículas escolares es una forma de comenzar a indagar en las causas profundas de los males de los argentinos.
Porque la corrupción no nace sola.
Es la hija de la falta de justicia y la madre de los desgobiernos que provocan hambre, violencia, desocupación y degradación social.
El Dr. Andrés Vivanco, ex fiscal de Sta. Cruz, el Dr. Rafael Flores, ex diputado nacional, el Dr. Marcos Oliva Day – ex fiscal provincial que en 1994 declaró la inconstitucionalidad de la reforma a la constitución de Santa Cruz que permitió la reelección indefinida del entonces gobernador- Dr. Kirchner – y el reconocido constitucionalista, Dr. Daniel Sabsay, participan de esta iniciativa a la que esperan sumar adhesiones en el país y en el extranjero.
La Caja no se toca
El desplazamiento del Procurador Eduardo Sosa no es ajeno al manejo oscuro y discrecional que hicieron los K de los fondos por regalías depositados en el exterior.
Tanto sus exegetas como sus detractores y victimarios reconocen que la causa por la cual fue removido el procurador está vinculada a una investigación suya sobre el pago de abultados honorarios al estudio Saravia por gestiones vinculadas al cobro de esos fondos.
La provincia había omitido convocar a los abogados de la fiscalía de estado.
El otrora recontra recalcitrante diputado opositor Néstor “Tussy” Peña, ahora devenido en funcionario K en el Correo Argentino, era quien replicaba la denuncia en el parlamento provincial.
Esto explica el resentimiento de Kirchner para con Sosa “Que atraviese el desierto y si tiene sed hay que darle sal” solía sentenciar el entonces gobernador.
¿Comienzo de un cambio o consecuencia electoral?
El dictamen del Dr. Righi vio la luz tras el revés electoral del gobierno el 28 de Junio último motivando las suspicacias de quienes ven en la acción del Procurador de la Nación mas que la búsqueda de justicia, un intento por despegarse del gobierno en desgracia.
El estudio Righi y Asociados patrocinó a los Kirchner en un amago de denuncia contra la SIDE que hizo Cristina por presunta persecución, y los representó en una causa que investigaba el crecimiento patrimonial de los K en 2001.
En 2003 Esteban Righi fue nombrado Procurador durante la presidencia de Néstor Kirchner.
“Que a la Corte la corra un kirchnerista es un juego de espejos sorprendente” señalan con sorna los detractores del ex defensor de los K.
Que la Corte Suprema haya demorado hasta aquí cuatro años la restitución de Sosa lamentablemente también la ubica ahora en el mismo escenario especulativo pos electoral.
Vergüenza ajena
En su primer discurso como presidenta Cristina Fernández sostenía respecto de la justicia:
“Saldamos una deuda que teníamos con los argentinos: dar una Corte Suprema de Justicia a los argentinos que no los avergonzara, honorable”.
Tenía razón la Dra. Cristina Fernández cuando decía que la Justicia menemista era vergonzante.
Aunque no lo haya dicho en su momento.
Quizás porque en Santa Cruz imperaba el mismo modelo de justicia cooptada, sometida y colonizada, que perseguía jueces independientes –no mas de un par- y encubría a funcionarios corruptos
En 18 años la justicia provincial no procesó a un solo funcionario provincial a pesar de las numerosas denuncias de corrupción radicadas: uso indebido del avión sanitario; destino incierto de los fondos en el exterior; garantía con fondos públicos de operaciones financieras entre privados, reforma constitucional; golpiza a los caceroleros ordenada por el gobierno; represión a jubilados, y la muerte de los 14 mineros en Río Turbio.
Y mas acá, las causas por atentados contra manifestantes, represión a Municipales; falsificación de avales en las listas del partido del gobierno, y el intento homicida de Varizat, por citar solo algunos casos.
Jorge Chávez, un militante puesto a camarista por el kirchnerismo absolvió de culpa y cargo a su compañero Daniel Varizat.
Chávez ahora es miembro del Tribunal Oral Federal por insistencia de Cristina.
Es que el modelo judicial Menem 90 no juzga a los suyos.
La nueva Corte, la honorable, integrada entre otros por el Dr. Eugenio Zaffaroni, dignísimo jurista, de trayectoria intachable, académico inclusive, tiene en sus manos la decisión.
Zaffaroni conoce muy bien los antecedentes del caso Sosa.
Cuando estuvo en Santa Cruz interiorizándose –y avergonzándose él también- del diseño de la Justicia K habló del carácter bananero de la Provincia por entonces gobernada por Néstor Kirchner y la comparó con Republica Dominicana.
“Utilizar mecanismos de democracia plebiscitaria a fin de establecer una relación tramposa entre el líder y el electorado, a la manera del Nazismo” señaló el jurista respecto de la consulta popular que reformó la constitución a la medida de Kirchner.
¿Hará justicia ahora ante el dictamen del Procurador Esteban Righi?
¿Ahora que tantos comparten la misma vergüenza, y por los mismos motivos?
“La actual Corte Suprema va a demostrar su absoluta independencia cuando falle sobre el caso Sosa”, afirmó Daniel Sabsay, abogado de Sosa.(Agencia OPI Santa Cruz)
fuente
"OPI Santa Cruz", 10.08.2009
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