SANTA CRUZ Y EL PROCURADOR SOSA
II
Publicado el: 7, Ago, 2009
El “Caso Sosa”
El ex procurador de Santa Cruz, Eduardo Sosa, echado por Néstor Kirchner. foto tomada de infobae
07/08 – 09:00 – No es muy fácil precisar históricamente el momento en que un conflicto personal pasa a ser un “caso” o “El Caso”.
Lo indiscutible es que en ese instante –dada su jerarquía- el litigio abandona la naturaleza de un mero problema entre partes para transformarse en una causa pública, en un emblema en el que una comunidad se siente identificada.
Sólo en calidad de muestra puedo recordar los siguientes: El “Caso Badaro”; el “Caso Carrasco”; el “Caso María Soledad”, entre tantos otros.
(Por Miguel Chazarreta)
Lo indiscutible es que en ese instante –dada su jerarquía- el litigio abandona la naturaleza de un mero problema entre partes para transformarse en una causa pública, en un emblema en el que una comunidad se siente identificada.
Sólo en calidad de muestra puedo recordar los siguientes: El “Caso Badaro”; el “Caso Carrasco”; el “Caso María Soledad”, entre tantos otros.
(Por Miguel Chazarreta)
El “Caso Sosa” es eso: es una bandera.
Una causa pública de tal modo que su resultado involucra el destino de toda una comunidad.
Una causa pública de tal modo que su resultado involucra el destino de toda una comunidad.
Antes de ser “El Caso Sosa”, el Dr. Eduardo Sosa no era más que un magistrado prolijo, probo, independiente y honorable que llegó al cargo de procurador general de Justicia en 1990.
En ese entonces fue designado por acuerdo en la Cámara de Diputados y sólo podía ser removido por medio de un Jury de Enjuiciamiento.
Eduardo Sosa asumió como Procurador General ante el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz el 28 de agosto de 1990.
Desde su nombramiento como Procurador General de la provincia, Sosa tuvo como misión defender los intereses del Estado al interior del Poder Judicial provincial, ejerciendo la jefatura de los Ministerios Públicos (Ministerio Fiscal y Pupilar).
Según dispone la carta magna provincial, gozaba del derecho a la inamovilidad.
En ese entonces fue designado por acuerdo en la Cámara de Diputados y sólo podía ser removido por medio de un Jury de Enjuiciamiento.
Eduardo Sosa asumió como Procurador General ante el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz el 28 de agosto de 1990.
Desde su nombramiento como Procurador General de la provincia, Sosa tuvo como misión defender los intereses del Estado al interior del Poder Judicial provincial, ejerciendo la jefatura de los Ministerios Públicos (Ministerio Fiscal y Pupilar).
Según dispone la carta magna provincial, gozaba del derecho a la inamovilidad.
Sin embargo, en septiembre de 1995, la ley 2404 modificó la estructura del poder judicial y desdobló el cargo de procurador en dos: un Agente Fiscal ante el Tribunal Superior de Justicia provincial y un Defensor de Pobres, Ausentes e Incapaces.
El artículo 9°, dispuso, además, la cesantía de Sosa que no fue nombrado en ninguna de las dos jefaturas creadas.
Simplemente lo dejaron fuera del sistema judicial.
Como describiera la reforma salió por la ley provincial 2404, impulsada por el entonces gobernador Néstor Kirchner por medio de sus espadas más duras de la Legislatura de entonces: su esposa, Cristina Fernandez de Kirchner y Carlos Zanini, actual secretario de Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación.
Esa Sesión fue escandalosa y contra los argumentos constitucionales de la oposición frente a la barbarie, los diputados del Frente para la Victoria descargaban un nuevo mazazo contra la calidad institucional.
El artículo 9°, dispuso, además, la cesantía de Sosa que no fue nombrado en ninguna de las dos jefaturas creadas.
Simplemente lo dejaron fuera del sistema judicial.
Como describiera la reforma salió por la ley provincial 2404, impulsada por el entonces gobernador Néstor Kirchner por medio de sus espadas más duras de la Legislatura de entonces: su esposa, Cristina Fernandez de Kirchner y Carlos Zanini, actual secretario de Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación.
Esa Sesión fue escandalosa y contra los argumentos constitucionales de la oposición frente a la barbarie, los diputados del Frente para la Victoria descargaban un nuevo mazazo contra la calidad institucional.
¿Qué significó para la provincia de Santa Cruz la reforma operada por la Ley 2404?
Muy simple: el total sometimiento del Poder Judicial en una sola maniobra legislativa.
Ante todo no olvidemos que por el Artículo 2° de esa Ley se ampliaba de tres (3) a cinco (5) los miembros del Tribunal Superior de Justicia emergiendo de esta manera la “Mayoría Automática” del máximo tribunal judicial al servicio de los intereses oficiales.
Es por demás obvio: allí posteriormente se designaron abogados sin más requisitos que haber dado muestras de ser simplemente “amigos” o súbditos del gobierno provincial.
Muy simple: el total sometimiento del Poder Judicial en una sola maniobra legislativa.
Ante todo no olvidemos que por el Artículo 2° de esa Ley se ampliaba de tres (3) a cinco (5) los miembros del Tribunal Superior de Justicia emergiendo de esta manera la “Mayoría Automática” del máximo tribunal judicial al servicio de los intereses oficiales.
Es por demás obvio: allí posteriormente se designaron abogados sin más requisitos que haber dado muestras de ser simplemente “amigos” o súbditos del gobierno provincial.
La destitución del Dr. Eduardo Sosa fue, simplemente, una consecuencia del plan de sometimiento judicial y obraría en dos aspectos; el primero: quitarse de encima un magistrado responsable, justo, independiente y honesto que podría complicar la acción oficial por todo “lo que se venía” y –por último- un claro mensaje a todo el Órgano Judicial que los Kirchner estaban dispuesto a todo y que tenían todo el poder para despejar del camino a quien se atreviera a interponerse a sus planes.
Esto no es otra cosa que simplemente que la porción judicial del célebre “Modelo”, cuyo banco de pruebas obró en Santa Cruz para posteriormente transponerlo al manejo absoluto del poder nacional.
“Lo que se venía” –sin dudas- era la gestación de un insaciable saqueo institucional y una cadena de inmoralidades que –como contrapartida- necesitaban imperiosamente un Poder Judicial totalmente subordinado y/o disciplinado a los actos sombríos del poder.
Tampoco olvidemos que en ese entonces la oposición empezaba a fastidiar con molestos pedidos de informes con respecto a los “Activos Financieros del Estado” que el gobierno de Kirchner recibiera de Menem en Abril de 1.993 y se habían repatriado en el más oscurantista de los misterios. Kirchner ya había extirpado las leyes que obligaban a formar comisiones multisectoriales para la inversión de semejante masa de recursos y empezó a manejarlos como propios y –¡claro!- esto no se pudiera haber hecho sin la suma del poder público del que resulta participe necesaria una Justicia subordinada incondicionalmente.
Tampoco olvidemos que en ese entonces la oposición empezaba a fastidiar con molestos pedidos de informes con respecto a los “Activos Financieros del Estado” que el gobierno de Kirchner recibiera de Menem en Abril de 1.993 y se habían repatriado en el más oscurantista de los misterios. Kirchner ya había extirpado las leyes que obligaban a formar comisiones multisectoriales para la inversión de semejante masa de recursos y empezó a manejarlos como propios y –¡claro!- esto no se pudiera haber hecho sin la suma del poder público del que resulta participe necesaria una Justicia subordinada incondicionalmente.
Volviendo al punto: la extirpación del Dr. Eduardo Sosa no fue otra cosa que la inauguración del “modelo judicial” que necesitaron, necesitan y seguirán necesitando los máximos dirigentes del Frente Para la Victoria para no pasar del poder directamente a la cárcel.
A partir de aquí es la historia que se bifurca en dos protagonistas Néstor Carlos Kirchner y su ascenso vertiginoso hasta la cima del poder público nacional, por un lado; y el Dr. Eduardo Sosa, con solo su verdad y 14 largos años recorriendo el enmarañado camino de la justicia, por el otro.
Al ser removido, el Dr. Eduardo Sosa promovió una acción de inconstitucionalidad que ganó tanto en la instancia provincial en 1997 cuando el Tribunal Superior de Santa Cruz declaró la invalidez de la ley pero no se pronunció sobre el pedido de reposición, como en la Corte Suprema.
El máximo tribunal Judicial del País ordenó, en 1998, la reposición del Dr. Eduardo Sosa en el cargo.
Pero la justicia provincial se negó a cumplir la orden; Sosa inició entonces una demanda por desobediencia ante la Corte.
El máximo tribunal Judicial del País ordenó, en 1998, la reposición del Dr. Eduardo Sosa en el cargo.
Pero la justicia provincial se negó a cumplir la orden; Sosa inició entonces una demanda por desobediencia ante la Corte.
El 2 de octubre de 2001 la Corte creó un precedente histórico y ordenó a Santa Cruz que cumpla con la reposición de Sosa en el cargo.
Pero cumplido el plazo, la provincia solicitó que se revisara el caso nuevamente.
Pero cumplido el plazo, la provincia solicitó que se revisara el caso nuevamente.
En abril de 2002 la Corte no dio lugar a la revisión y ordenó nuevamente la restitución de Sosa en el cargo.
Esa vez el tribunal provincial, presidido entonces por Carlos Zanini (Autor y defensor de la Ley declarada inconstitucional), se negó a devolverle el puesto por no contar con partida presupuestaria.
Esa vez el tribunal provincial, presidido entonces por Carlos Zanini (Autor y defensor de la Ley declarada inconstitucional), se negó a devolverle el puesto por no contar con partida presupuestaria.
Finalmente, y fieles a su estilo en la concepción que “todos se pueden comprar” el Gobierno del Frente para la Victoria, a cambio de negarle la reposición en el cargo llegó a ofrecerle un resarcimiento económico de más de un millón de pesos ( $: 1.226.182, para ser exactos) por los sueldos que había dejado de cobrar.
Sosa no aceptó e insistió con su reclamo de lograr su reincorporación.
Sosa no aceptó e insistió con su reclamo de lograr su reincorporación.
¿Hasta dónde llega la impunidad en Santa Cruz, inaugurada por Kirchner y sostenida por sus sucesores (Acevedo y Peralta) que pese a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó tres fallos ordenando su reincorporación, hace 14 años un hombre (que tiene el sólo pecado de ser digno) viene peregrinando por los tribunales buscando justicia?
El “Caso Sosa” es emblemático porque se trata el principio de inamovilidad de los funcionarios judiciales y, por ende, el de independencia del Poder Judicial.
El “Caso Sosa” es simbólico porque se trata de la desobediencia flagrante e impune a fallos del máximo tribunal de la Nación.
El “Caso Sosa” es representativo porque se trata de las prácticas en el ejercicio del poder terriblemente arraigadas y que establece que “todo vale” en el proceso del acrecentamiento y centralización del poder de modo que se llegue al status que el Titular del poder no puede ser limitado ni controlado.
Y si acaso algún funcionario osara desempeñar su función constitucional en contra de los intereses del poder se lo echa y listo.
Y si acaso algún funcionario osara desempeñar su función constitucional en contra de los intereses del poder se lo echa y listo.
El “Caso Sosa” es distintivo porque se trata –como dijéramos anteriormente- de la porción judicial de un modelo de sometimiento que no se agotó allí.
Avanzó al Poder Legislativo y, violentando una y otra vez la Constitución Provincial hasta llegar a esto, a lo de hoy, a lo que pasa en Santa Cruz.
Los Partidos de la oposición que en la última elección obtuvieran casi el 60% de la adhesión popular tenga el 16,6% de la totalidad de los legisladores y el Frente para la Victoria que obtuviera el 39% de los sufragios tenga una bochornosa mayoría de 20 Diputados (el 83,4% de la Cámara).
El “Caso Sosa” tendrá, además, la virtud de desnudar esta barbarie institucional diseñada por Kirchner, pero sostenida por sus sucesores Acevedo y Peralta.
Avanzó al Poder Legislativo y, violentando una y otra vez la Constitución Provincial hasta llegar a esto, a lo de hoy, a lo que pasa en Santa Cruz.
Los Partidos de la oposición que en la última elección obtuvieran casi el 60% de la adhesión popular tenga el 16,6% de la totalidad de los legisladores y el Frente para la Victoria que obtuviera el 39% de los sufragios tenga una bochornosa mayoría de 20 Diputados (el 83,4% de la Cámara).
El “Caso Sosa” tendrá, además, la virtud de desnudar esta barbarie institucional diseñada por Kirchner, pero sostenida por sus sucesores Acevedo y Peralta.
Finalmente el “Caso Sosa” no es otra cosa que un enfrentamiento entre dos poderes.
El Poder inhumano, brutal y avasallante de un modelo de sometimiento institucional contra el simple poder de la honestidad, de la decencia sostenido por un hombre simple que no hace otra cosa que luchar por sus derechos conculcados. (Agencia OPI Santa Cruz)
El Poder inhumano, brutal y avasallante de un modelo de sometimiento institucional contra el simple poder de la honestidad, de la decencia sostenido por un hombre simple que no hace otra cosa que luchar por sus derechos conculcados. (Agencia OPI Santa Cruz)
fuente
"OPI Santa Cruz", 07.08.2009
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