ADULTOS MAYORES Y... EL DILEMA SOCIAL
La Argentina es uno de los países ya envejecidos de América latina.
Según el Censo Nacional de Población realizado en 2010, la población mayor de 65 años ascendía a 4,1 millones de personas, lo que representaba el 10,2% de la población total; este porcentaje ubica a la Argentina en etapa de envejecimiento avanzado, según la clasificación de la ONU.
Los adultos mayores constituyen un segmento cuantitativamente relevante de la población del país, que -según el Indec- en 2040 representará el 15% de la población total.
Desde esta visión, la prolongación de la vida, lejos de considerarse un problema, se reconoce como un logro de la humanidad.
Impensable no tener en cuenta este grupo poblacional en cualquier agenda de desarrollo.
En los últimos años, la cobertura previsional se ha incrementado sensiblemente, debido a las políticas públicas implementadas.
Según informa la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), el 95% de las personas mayores de 65 años tiene algún tipo de ingreso previsional, sea a través de jubilación o pensión.
También la cobertura de salud es extensa y más elevada que la de otros grupos poblacionales.
Un 83,8% de los adultos mayores cuenta con obra social, mayoritariamente del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), un 6,8% posee mutual, prepaga y/o servicio de emergencia, o una combinatoria de servicios.
Sólo un 8,6% cuenta sólo con servicios de atención pública.
Por otra parte, el índice de analfabetismo es bajo en la población mayor, el 1,9% de los varones y el 2,8% de las mujeres mayores no saben leer ni escribir, lo que evidencia las inequidades de género desde los primeros años de vida.
Sin embargo, éstas son cifras generales, no expresan la diversidad que contiene el colectivo de adultos mayores y ocultan muchas de las inequidades observables por regiones, estratos sociales, género, edades y etnias.
Por esto, las políticas y respuestas que se formulen deben ser variadas y estar adaptadas a las diferentes situaciones.
La heterogeneidad es una de las principales características de este grupo poblacional.
Sus historias de vida, los determinantes sociales a los que han estado expuestos a lo largo del ciclo vital, dejan huellas que cristalizan en la edad mayor en desigualdades aún pendientes de resolver.
Indudablemente el recorrido por la historia, los problemas y aciertos de las políticas sociales destinadas a personas mayores, así como los movimientos producidos desde la sociedad civil, indican que son numerosos los puentes que se deben construir para lograr consensos y avances.
El Estado, la sociedad civil, el sector privado y las propias personas mayores deben encontrar puntos de acuerdo para definir prioridades en la agenda del envejecimiento.
Esto requiere un Estado ubicado en el centro de la escena, pero también una sociedad civil fuerte y organizada con capacidad de incidir en la agenda pública.
La propuesta es reflexionar sobre varios interrogantes: entre ellos, cómo queremos envejecer, con qué derechos y responsabilidades, qué privaciones estamos dispuestos a aceptar y qué riesgos vamos a asumir.
También, qué transformaciones entendemos que se deben producir en los campos de la salud, social, del mundo del trabajo y la previsión social, de infraestructura y en las viviendas, así como qué cambios normativos y jurídicos son indispensables y cómo, quién y cuándo los deben decidir.
El envejecimiento de la población nos enfrenta a un mundo de cuestiones nuevas para las que no hay respuestas completas y seguras.
Llegó la hora de construir una instancia de diálogo social con y por los mayores, con miras a definir qué lugar les (nos) vamos a dar en la agenda pública y privada.
Para ello cada área, sector, organización, empresa, pero también cada persona, familia o grupo social deberán revisar a su interior en qué medida están favoreciendo u obstaculizando la plena inclusión de las personas de edad.
Sobre esta base se deberá consolidar un marco político que reconozca a las personas mayores como sujetos de derechos, y se deberán promover mesas de diálogos y encuentro, así como conformar espacios institucionales que ayuden a encontrar consensos y acuerdos en la búsqueda de una sociedad para todas las edades.
El tema no es sólo cuánto puede hacer el Estado, sino cómo lo hace, y esto tiene que ver con abrir espacios a la sociedad civil, a nuevos actores e instituciones que puedan interactuar con autonomía y protagonismo.
El Estado se vuelve más inteligente cuando hace raíces en la sociedad civil.
Pero requiere como contraparte una sociedad civil fuerte y organizada.
La autora es directora de la Maestría en Gerontología de la Universidad Isalud. Este texto es parte del libro Repensar la inclusión social-Políticas públicas y sociedad civil en Argentina, de la Fundación Tdezaká, www.tzedaka.org.ar
fuente
"La Nación", 16.01.2017
(facebook, N. Luxardo, 05.02.2017)
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