- Miércoles, 2 de marzo de 2016
La OSEP demandó a un adscripto por $ 1 millón
La obra social dice que fue perjudicada por el pago de adicionales que no correspondían.
Además, revocó 32 designaciones en planta permanente.
Se trata de la segunda resolución de este tipo, ya que el pasado 1 de febrero dispuso el cese de 30 empleados.
A diferencia de la primera nómina, esta segunda no muestra apellidos vinculados con la actividad política, aunque sí incluye a siete médicos y un arquitecto.
Además, la actual conducción que encabeza Sergio Vergara radicó una denuncia penal en la fiscalía de asuntos especiales que dirige Claudia Ríos, para que se investigue la posible comisión de delito en el caso de Gustavo Agüero, vinculado al ex ministro Guillermo Elizalde.
Se trata de un empleado de planta de OSEP que desempeñó durante años otras funciones como 'adscripto' en ministerios del Ejecutivo y cobró adicionales de 'dedicación especial'.
“Ningún adscripto puede percibir adicionales, como lo establece la normativa vigente.
Hemos pedido a la Justicia penal que investigue si estamos ante la comisión de un delito por parte de esta persona y de quienes lo designaron, porque la obra social se ha visto perjudicada en el pago de un millón de pesos que no correspondía abonar y ahora aspiramos a recuperar”, enfatizó Vergara.
En la OSEP también se cuestiona la duración ('por años') de la 'adscripción' de Agüero ya que -según afirman sus áreas legales- la declaración de un empleado público 'en comisión' no puede extenderse más allá de 30 días y sólo admite una prórroga por 30 días más, en los casos de un 'trabajo especial'.
En la obra social se busca que se aplique esta disposición (del Estatuto del Empleado Público) mientras se revisan otras doce 'adscripciones' de personal.
La resolución judicial de este tema no es menor, ya que una convalidación de lo solicitado por la OSEP en Tribunales dará argumento legal a la Dirección General de Escuelas para una revisión de los casos de cientos de docentes que se encuentran cumpliendo 'misiones especiales'.
Además las desvinculaciones en la OSEP enfrentan en forma directa a resoluciones de paritarias que hasta el momento venían siendo consideradas (por oficialismos y oposiciones) como acuerdos 'intocables' tanto en su aprobación en la Legislatura, como en su aplicación en el Ejecutivo, más allá de las demoras para su concreción.
“El principio de legalidad no puede ser desconocido por ninguna paritaria ni se puede crear un derecho más allá de una designación por concurso que permita el ingreso del mejor calificado”, remarcan la Subdirección de Asuntos Jurídicos y la Secretaría Legal y Administrativa de la obra social.
Sacan a relucir que luego del pase a planta permanente existe un 'período de prueba' de seis meses dentro del cual el Estado puede prescindir de los nombrados si sus servicios no son satisfactorios.
En las últimas 32 desvinculaciones se argumentan 'inasistencias, malos tratos a afiliados y causas similares de toda naturaleza'.
En lo que va de la actual gestión, se ha desvinculado a 62 empleados, prescindido de 8 más y se han dejado caer 40 contratos.
En la obra social aseguran que en los dos últimos meses del gobierno de Francisco Pérez ingresaron 400 personas a planta permanente de la OSEP.
En la interpretación de la obra social, todas ellas se encuentran transitando un 'período de prueba' que recién finalizará entre abril y mayo próximos. Hasta entonces su permanencia estará bajo supervisión.
Acuerdos y beneficios
La OSEP firmó convenios con las asociaciones de bioquímicos, radiólogos y responsables de ecografías de toda la provincia en los que se acordaron cronogramas de cancelación de las deudas anteriores y compromisos de pago 'al día' de los servicios que se presten a partir de ayer, uno de marzo.
“Esto permite que ya hayan bajado los importes a pagar por los afiliados que opten por el sistema de libre elección”, dijo Vergara.
Ofreció el 0810-8106737 para ampliar la información.
fuente
"Los Andes", 02.03.2016
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