La corrupción K, un incordio para Macri
En Foco
La situación de Cristina es para casi todos –oficialismo y oposición- un enigma.
La situación de Cristina es para casi todos –oficialismo y oposición- un enigma.
Debe declarar el 13 de abril ante Claudio Bonadio por la venta del Banco Central de dólar a futuro, en la expiración de su mandato, que tuvo un costo millonario para el Estado.
Aún no designó abogado defensor.
En teoría, no conoce los cargos que podrìa achacarle el juez.
Faltan sólo 14 días para su presentación.
En el kirchnerismo duro, que se encoge cada día, conjeturan que Cristina regresaría desde El Calafate dos o tres días antes de la fecha estipulada para concentrar la expectativa.
E irrumpir con un protagonismo que dejó de modo abrupto cuando salió de la Casa Rosada el 9 de diciembre pasado, en medio del conflicto con Macri por el traspaso.
El problema para ella radicaría en la respuesta que podría encontrar entre sus fieles.
Que los hay. “Calcule que el 13 de abril podría movilizarse en su apoyo entre un 30% de la gente que estuvo en la Plaza por el aniversario del golpe”, se entusiasmó un ultra K.
Si así fuera, podría significar un llamado de atención para el pejotismo que paulatinamente la viene abandonando.
Ese aislamiento tiene lazos con su intransigencia.
Hoy el Senado, salvo un imponderable, aprobará las leyes que permitirán al Gobierno progresar en un acuerdo con los fondos buitre.
El macrismo podría arrimarse, como sucedió en Diputados, a los dos tercios.
Alrededor de 20 legisladores del FPV acompañarán al Presidente.
Cristina ordenó siempre a sus halcones oponerse al acuerdo.
Pero los gobernadores peronistas poseen otra necesidad.
Traducida en los bolsillos.
Cristina ya no aporta nada con su billetera.
En ese punto se centraría su mayor debilidad.
Sus columnas económicas además flaquean.
Aunque su fortuna personal permanezca intacta.
El problema de aquellas columnas podría ser otro: su hipotético derrumbe arrastraría al conjunto del imperio de los Kirchner edificado desde la década de los '90, cuando Néstor aterrizó en el poder provincial.
La guerra estalló quizás por el lado menos pensado.
Alicia Kirchner, la gobernadora de Santa Cruz, y Lázaro Báez intercambiaron reproches patrimoniales.
Habría deudas no saldadas o compartimentos de negocios en los cuales se configurarían rapiñas o traiciones.
Parece evidente, a esta altura, que Báez dispondría de mejores defensas que su colega Cristóbal López, el empresario multirubro.
Las sospechas de lavado de dinero que envuelven al empresario K derivan en una Justicia que se mueve al ritmo de la ancianidad.
Sebastián Casanello estuvo casi dos años sin mover la causa por lavado y sólo atinó a despabilarse –a o simular que lo hace- cuando se divulgaron las filmaciones en las cuales el entorno de Báez asomó contando millonadas de dólares.
En una época de restricciones monetarias en la Argentina.
Primero citó a Martín, su hijo, y 48 horas mas tarde al empresario.
Con fechas fijadas para después de la presentación de Cristina en los Tribunales.
López estaría teniendo menos suerte.
Quizás porque algo habría quedado en el camino de la conversación que mantuvo con Macri el día que triunfó en el balotaje, el 22 de noviembre.
La única versión que se conoce del encuentro la ofreció el Presidente.
“No tengo prejuicios ni simpatías por él”, dice que le dijo.
Lo cierto es que Cristóbal percibe una presión de parte del poder que, a juicio suyo, no tendría Báez.
La crisis del emporio lopecista surgió por una primera revelación de la AFIP.
Una deuda impositiva de $8000 millones producto de la venta de combustible.
A los cuales se agregarían otros $10000 millones por los tragamonedas que explota en el Hipòdromo (sic) de Palermo.
Alberto Abad, el jefe de los recaudadores, sigue escarbando en el patrimonio de López.
El golpe a Cristóbal produjo una carambola.
Desnudó como presunto cómplice al ex titular de la AFIP y actual jefe de la Auditoría General de la Nación, Ricardo Echegaray.
El funcionario, de verdad, se colocó por impericia propia en la mira cuando intentó modificar el reglamento interno de la institución para auditar ahora mismo a Macri y olvidarse de la ex presidenta.
El primer disparo, sin embargo, sonó por otro motivo.
La Oficina Anticorrupción, que dirige la macrista Laura Alonso, solicitó su indagatoria por el escándalo Ciccone. El que vio la luz con Amado Boudou.
Otro socio en aquel sistema de complicidades, tanto de Cristóbal como de Lázaro, sería José Sbatella, el ex titular de la UIF (Unidad de Informaciones Financieras).
También ese ultra K se vió sorprendido por un zarpazo judicial.
Vino desde un costado inesperado.
El fiscal Guillermo Marijuán pidió que sea denunciado por ocultar información sobre extraños movimientos de dinero de Milagro Sala, la piquetera jujeña que está detenida.
El propio Marijuan había echado sombras sobre él, tiempo atras, a raíz del proyecto Sueños Compartidos, de los hermanos Sergio y Pablo Schoklender con Hebe de Bonafini, la titular de Madres.
Con motivo de ese enjambre de episodios inconclusos Carrió habría empezado a barruntar la desidia o la falta de empeño del gobierno de Macri.
Sobre todo, en el caso de Lázaro.
“El presidente de Boca interfiere en la Justicia con el consentimiento del Presidente”, atacó los últimos días por televisión.
El impacto concluyó su recorrido en la frente del mismon (sic)Macri.
No existió ninguna elipsis en la intención de la diputada.
A raíz de esas palabras hubo una denuncia que cayó en la fiscalía de Federico Delgado.
Y promovió una declaración testimonial que recayó en Casanello.
Una genuina paradoja de la politica argentina.
Es el magistrado que envició con anestesia el bochorno de Lázaro por lavado de dinero.
fuente
"Clarin.com", 30.03.2016
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