HOLDOUTS - CLÁUSULA "RUFO"
Finanzas
Domingo 13 de Marzo de 2016
Minimizan el riesgo de demandas de quienes ya aceptaron el canje
13-03-2016 Los abogados que representan a la Argentina en los Estados Unidos afirmaron que los bonistas que ingresaron a los canjes de 2005 y de 2010 no tienen fundamento legal para pedir la misma compensación que quienes aceptaron la oferta realizada este año por el gobierno de Mauricio Macri
Los abogados que representan a la Argentina en los Estados
Unidos afirmaron que, aunque inicien una demanda, los bonistas que
ingresaron a los canjes de 2005 y de 2010 no tienen fundamento legal para pedir la misma compensación que quienes aceptaron la oferta realizada este año por el gobierno de Mauricio Macri.
El estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton escribió un memo en el que afirma que, dado que la cláusula denominada Derechos sobre Ofertas Futuras (o RUFO) perdió vigencia el 31 diciembre del 2014, los acreedores que aceptaron las quitas en ambos canjes ya no tienen derecho a reclamara un trato igualitario con aquellos que se sumen a este nuevo acuerdo.
Abogados del sector privado convalidaron el argumento de Cleary, preparado ante la discusión parlamentaria para que el Gobierno pueda sellar un acuerdo con los acreedores en default.
El kirchnerismo ha sostenido, aunque hasta ahora sin exhibir argumentos legales, que habrá una nueva ola masiva de juicios.
Así lo presentó el ex ministro de Economía Axel Kicillof durante las audiencias de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Finanzas.
Ante la consulta del Gobierno sobre la posibilidad de que algún juez de Nueva York pueda exigirle esta equiparación, Cleary indicó que "todas las medidas que llevan a los acuerdos de resolución con diferentes partes demandantes en el contexto del litigio llevado a cabo ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York (el "SDNY") ocurrieron desde que la administración del Sr. Macri tomó el mando el 10 de diciembre de 2015, luego de que venciera la cláusula RUFO en virtud de sus términos, el 31 de diciembre de 2014".
Dado que por la ley de Nueva York, precisaron, "cuando las partes ponen por escrito su acuerdo en un documento claro y no ambiguo, su redacción se ejecutará de acuerdo con el significado puro de sus términos".
Por lo tanto, "un tribunal de Nueva York debería determinar que los bonistas del canje están limitados a los derechos y obligaciones tal como se establece en los términos puros de los documentos de los bonos (títulos globales y del contrato)".
De este modo, "dado que los bonistas del canje acordaron una cláusula RUFO de tiempo limitado que ya venció y no acordaron una restricción similar a la cláusula RUFO o a las leyes cerrojo de que permanezcan vigentes luego de 2014, los bonistas del canje no deberían tener una base en virtud de la ley de Nueva York para exigir compensación adicional como consecuencia de los acuerdos pendientes de la República con los acreedores holdouts".
También opinaron que la derogación de la ley cerrojo -establecida antes de ambos canjes para asegurar una mayor participación, pero que fue clave para la condena al país en el caso del pari passu- no generará un perjuicio legal adicional.
"Nada en los fallos de SDNY o el Segundo Circuito apoya, o apoyaría, una demanda legal o equitativa por parte de los bonistas del canje que busque compensación adicional sobre la base de la derogación de las leyes cerrojo.
En efecto, cualquiera de esas demandas sería inconsistente con la visión de SDNY de que la sanción de las leyes cerrojo era parte de la conducta que violó la cláusula pari passu", expresaron los abogados Lee C. Buchheit y Andrés De la Cruz.
El abogado Marcelo Etchebarne, socio del estudio Cabanellas, sñaló (sic): "Creo que tienen baja chance de éxito, pero es posible que haya litigios de los que ingresaron al canje, lo cual se puede evitar si Argentina lanza un pedido de consentimiento para evitarlo".
Bernardo Iriberri, del estudio RCTZZ, indicó que comparte "en general" el análisis del estudio Cleary, "en tanto se refiere al temor de posibles demandas provenientes de tenedores de bonos de los canjes 2005 y 2010".
Y agregó: "El país no se obligó con los bonistas de los canjes a no negociar jamás con los holdouts o a no pagar jamás las sentencias. Esa restricción tenía un límite temporal y ya venció".
De todos modos, Irriberri aclaró que "no es posible garantizar que a otros holdouts, que tengan jurisdicción fuera de Nueva York, no se les pueda ocurrir intentar algo en esas otras jurisdicciones.
Pero las chances de que logren algo tan fuerte como las injunctions por pari passu de Griesa son prácticamente nulas".
En tanto, el abogado especialista en deuda Lucas Piaggio indicó a La Nación que compartía la postura de Cleary.
"El único derecho expresamente reservado por los bonistas reestructurados era, por la cláusula RUFO del canje, obtener las mismas condiciones ofrecidas por el Gobierno a los holdouts, si ese ofrecimiento se hacía antes de fines de 2014."
Piaggio indicó que la RUFO fue "una garantía excepcional", que, "como toda excepción, es de interpretación restrictiva: de ninguna manera puede extenderse más allá del tiempo expresamente previsto".
fuente
"iProfesional", 13.03.2016
El estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton escribió un memo en el que afirma que, dado que la cláusula denominada Derechos sobre Ofertas Futuras (o RUFO) perdió vigencia el 31 diciembre del 2014, los acreedores que aceptaron las quitas en ambos canjes ya no tienen derecho a reclamara un trato igualitario con aquellos que se sumen a este nuevo acuerdo.
Abogados del sector privado convalidaron el argumento de Cleary, preparado ante la discusión parlamentaria para que el Gobierno pueda sellar un acuerdo con los acreedores en default.
El kirchnerismo ha sostenido, aunque hasta ahora sin exhibir argumentos legales, que habrá una nueva ola masiva de juicios.
Así lo presentó el ex ministro de Economía Axel Kicillof durante las audiencias de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Finanzas.
Ante la consulta del Gobierno sobre la posibilidad de que algún juez de Nueva York pueda exigirle esta equiparación, Cleary indicó que "todas las medidas que llevan a los acuerdos de resolución con diferentes partes demandantes en el contexto del litigio llevado a cabo ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York (el "SDNY") ocurrieron desde que la administración del Sr. Macri tomó el mando el 10 de diciembre de 2015, luego de que venciera la cláusula RUFO en virtud de sus términos, el 31 de diciembre de 2014".
Dado que por la ley de Nueva York, precisaron, "cuando las partes ponen por escrito su acuerdo en un documento claro y no ambiguo, su redacción se ejecutará de acuerdo con el significado puro de sus términos".
Por lo tanto, "un tribunal de Nueva York debería determinar que los bonistas del canje están limitados a los derechos y obligaciones tal como se establece en los términos puros de los documentos de los bonos (títulos globales y del contrato)".
De este modo, "dado que los bonistas del canje acordaron una cláusula RUFO de tiempo limitado que ya venció y no acordaron una restricción similar a la cláusula RUFO o a las leyes cerrojo de que permanezcan vigentes luego de 2014, los bonistas del canje no deberían tener una base en virtud de la ley de Nueva York para exigir compensación adicional como consecuencia de los acuerdos pendientes de la República con los acreedores holdouts".
También opinaron que la derogación de la ley cerrojo -establecida antes de ambos canjes para asegurar una mayor participación, pero que fue clave para la condena al país en el caso del pari passu- no generará un perjuicio legal adicional.
"Nada en los fallos de SDNY o el Segundo Circuito apoya, o apoyaría, una demanda legal o equitativa por parte de los bonistas del canje que busque compensación adicional sobre la base de la derogación de las leyes cerrojo.
En efecto, cualquiera de esas demandas sería inconsistente con la visión de SDNY de que la sanción de las leyes cerrojo era parte de la conducta que violó la cláusula pari passu", expresaron los abogados Lee C. Buchheit y Andrés De la Cruz.
El abogado Marcelo Etchebarne, socio del estudio Cabanellas, sñaló (sic): "Creo que tienen baja chance de éxito, pero es posible que haya litigios de los que ingresaron al canje, lo cual se puede evitar si Argentina lanza un pedido de consentimiento para evitarlo".
Bernardo Iriberri, del estudio RCTZZ, indicó que comparte "en general" el análisis del estudio Cleary, "en tanto se refiere al temor de posibles demandas provenientes de tenedores de bonos de los canjes 2005 y 2010".
Y agregó: "El país no se obligó con los bonistas de los canjes a no negociar jamás con los holdouts o a no pagar jamás las sentencias. Esa restricción tenía un límite temporal y ya venció".
De todos modos, Irriberri aclaró que "no es posible garantizar que a otros holdouts, que tengan jurisdicción fuera de Nueva York, no se les pueda ocurrir intentar algo en esas otras jurisdicciones.
Pero las chances de que logren algo tan fuerte como las injunctions por pari passu de Griesa son prácticamente nulas".
En tanto, el abogado especialista en deuda Lucas Piaggio indicó a La Nación que compartía la postura de Cleary.
"El único derecho expresamente reservado por los bonistas reestructurados era, por la cláusula RUFO del canje, obtener las mismas condiciones ofrecidas por el Gobierno a los holdouts, si ese ofrecimiento se hacía antes de fines de 2014."
Piaggio indicó que la RUFO fue "una garantía excepcional", que, "como toda excepción, es de interpretación restrictiva: de ninguna manera puede extenderse más allá del tiempo expresamente previsto".
fuente
"iProfesional", 13.03.2016
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