El Gobierno analiza quitarle a Cristóbal López la concesión de una autopista
Es el corredor Ezeiza-Cañuelas, que explota una empresa del empresario K.
Le negarán una extensión del contrato hasta 2031 y en el Gobierno creen que existen causales para rescindir el contrato.
Según estimaciones de los funcionarios que revisaron estos contratos, el mayor plazo de explotación iba a suponer ingresos adicionales para López por $ 5.500 millones.
Mientras tanto, Aecsa posee deudas por $ 388 millones con el Estado y se le libraron 69 actas de incumplimientos (47 de ellas, graves).
CPC -una constructora que adquirió López- se quedó con la concesión de la Ricchieri en septiembre de 2013, por $ 55,9 millones.
De inmediato, obtuvo incrementos en los peajes, que hasta allí estaban congelados.
Desde que hay nuevo propietario, hubo subas por 235%, según un estudio que maneja el Poder Ejecutivo.
Aecsa argumentó ante Vialidad que la concesión no le daba dinero, ya que perdió $ 72 millones en 2015.
La única forma de recuperar rentabilidad, según la firma, era con una extensión de su concesión hasta 2031.
Por el mayor plazo, la compañía recibiría ingresos adicionales por $ 14.000 millones, lo que le generaría una ganancia de $ 2.500 millones, según calculan en el Gobierno.
En Indalo afirman que Aecsa no posee ninguna deuda con el OCCOVI.
Hubo dinero impago, pero Vialidad también había incumplido con sus obligaciones, según la empresa.
Eso se arregló en un convenio firmado el 30 de octubre, que dejaba a las dos partes sin exigencias mutuas, según el entorno de López.
Desde que tomó la concesión, López comenzó a acumular deuda con Vialidad Nacional. Dejó de pagar los "recursos de afectación específica" (rae), un dinero que se recauda en el cobro de los peajes y se usa para ejecutar obras que no están previstas en los contratos.
Según el Poder Ejecutivo, Aecsa -la concesionaria- pretendía incluir ese dinero dentro de una renegociación con Vialidad.
Pero este organismo, tras el cambio de Gobierno, se negó.
Todas las concesionarias de peajes tienen el deber de depositar mensualmente estos fondos en un fideicomiso. López no lo hacía.
Vialidad intimó a la concesionaria a que deposite los "rae" ($ 250 millones) pendientes y se haga cargo de otras multas (por $ 130 millones) a enero de 2016.
Vialidad ya decidió anular la posibilidad de extender la concesión hasta 2031.
En la administración macrista entienden que, durante el kirchnerismo, el organo de control de concesiones Occovi (que la flamante administración disolvió) vino pactando condiciones favorables a López.
Gustavo Gentilli, director de Vialidad en el kirchnerismo, se fue de esa empresa y ahora es asesor de un diputado nacional del Frente para la Victoria.
En la renegociación entre el Gobierno anterior y López, había obras de repavimentación por $ 1.700 millones que dejaban de ser responsabildad del concesionario.
De esa forma, la firma se ahorraba el dinero.
Aecsa también se encargaría de la construcción de una obra en la ruta 3.
Estaba valuada en $ 725 millones por el corredor Vial 1 (López es accionista, pero hay más compañías y explotan la ruta 3). Pero la firma de López la iba a realizar por $ 1.300 millones.
Es un incremento de $ 575 millones en el costo y estaba dentro de la renegociación que Vialidad anulará.
Una de las obligaciones del concesionario original de Ezeiza-Cañuelas era cotizar el 30% de las acciones en la Bolsa de Buenos Aires.
En su renegociación, López pedía la quita de ese compromiso. Era otra de las ventajas que pensaba dejarle Vialidad.
fuente
"Clarin.com", 16.03.2016
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