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Descalabro financiero: ¿por qué el Tribunal de Cuentas no detectó la debacle?
El Estado provincial está en una situación financiera límite, por lo que surgen los cuestionamientos al rol del órgano de control, que no vio venir el caos de las cuentas públicas.
Lo cierto es que la pregunta clave es cómo se llegó a este descalabro financiero sin que nadie lo advirtiera, y por qué nadie controló las cuentas públicas para no tener que llegar a la situación límite de no tener recursos siquiera para algo básico como el pago de sueldos, poniendo en riesgo la economía de los trabajadores del Estado y perjudicando la provisión de insumos en hospitales, entre otras graves consecuencias.
En Mendoza, el Tribunal de Cuentas es el órgano que tiene el poder para controlar las cuentas públicas, “para aprobar o desaprobar la percepción e inversión de los caudales públicos hechos por todos los funcionarios, empleados y administradores de la Provincia”, según indica el artículo 181 de la Constitución Provincial.
En la página web del organismo se aclara su “visión”: “El Tribunal de Cuentas tiene como visión satisfacer las necesidades de la comunidad en materia de control de la actividad financiera patrimonial del Estado Provincial y Municipal, para asegurar su transparencia y prevenir actos de corrupción".
Pero, al menos en esta gestión, el organismo de control se encargó de hacer la vista gorda en algunas cuestiones comprometedoras para el Gobierno y así se fueron pasando por alto hechos que, para los empleados del organismo, no son más que irregularidades.
Para entender el accionar del Tribunal de Cuentas hay que tener en consideración su composición político-partidaria, ya que sus miembros son propuestos por el gobernador en funciones y luego el Senado debe darles su acuerdo, tal como sucede con los magistrados. Es por esa razón que su independencia como órgano de control es cuestionada. “Cada partido tiene alguien que lo protege”, indicó la gremialista de ATE Raquel Blas.
El presidente del organismo es Salvador Carlos Farruggia, quien ingresó propuesto por el ex gobernador radical Felipe Llaver, en 1988.
En tanto, los vocales Francisco Barbazza y Mario Angelini, ingresaron nombrados por el ex mandatario justicialista Rodolfo Gabrielli; mientras que Pérez propuso a Héctor Caputto y Ricardo Pettignano.
Los cargos son vitalicios.
Hay que recordar que Caputto, amigo de Pérez, era director del Instituto de Juegos y Casinos. Y cuando fue propuesto para ser vocal del Tribunal, estaba denunciado por irregularidades. Por un lado, se lo investigaba por incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de fondos, y por otro la Fiscalía de Estado cuestionaba su responsabilidad en la resolución 158 del Instituto, en la que se habría beneficiado a la empresa proveedora de las máquinas tragamonedas, una firma ligada el grupo Vila-Manzano.
Es por eso que nadie se explica cómo, por ejemplo, Luján de Cuyo llegó a una situación financiera extrema sin que el organismo haya advertido esta situación durante los últimos años.
Lo mismo pasó con Guaymallén, aunque en ese caso se conoció hace poco un informe de una auditoría que reveló falencias en la gestión de Luis Lobos.
De hecho el director de Municipalidades del Tribunal de Cuentas, Esteban Sebastián, es cuñado del gobernador. Si bien es empleado del organismo desde hace varios años, a principios de 2015 fue designado en ese cargo.
Curiosamente, horas después de haber sido consultado por este medio por su accionar, este jueves el organismo emitió un oficio a la Fiscalía de Estado donde señala los inconvenientes que tuvieron con las auditorías en Luján de Cuyo y solicitan a Fernando Simón que efectúe la denuncia penal correspondiente.
La “trampa” que denuncian los propios empleados del Tribunal es que, en algunos casos, cuando los informes de los contadores llegan a la Secretaría Relatora son “lavados” y se desecha la información comprometedora.
Otra forma de dejar pasar las irregularidades que complican a los funcionarios es dilatar el tiempo una vez detectada una anomalía. Se realizan observaciones y se hacen emplazos para permitir corregir los números que no cierran.
“El contador hace la auditoría, eleva el informe al director de Cuentas y luego va al secretario relator; algunos informes se dejan y otras se borran y le buscan el marco legal para acomodar las cosas”, indicó una empleada del organismo, quien pidió estricta reserva de su nombre.
“Las observaciones se limpian de manera espantosa, el Tribunal se limpia a sí mismo”, indicó otra empleada. De hecho, un ejemplo de la falta de control se conoció en la denuncia que realizó ATE sobre 18 pases a planta permanente cuestionados en el organismo: se nombraron familiares de las autoridades, que no habían trabajado como contratados y que habían ingresado en julio, posteriormente al límite que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal. Sin embargo, la Fiscalía de Estado no encontró anomalías en esas designaciones.
“El propio Tribunal designó a familiares directos e indirectos, reservó un número de decreto y fue más inteligente que (el Ministerio de) Transporte, porque hizo la designación en junio para evadir la ley de Responsabilidad Fiscal que tiene que aplicar”, denunció otra empleada.
Por esta razón, la Fiscalía no encontró irregularidades porque los decretos se realizaron con fecha previa al 30 de junio.
“Está todo armado para que sea más conveniente robar adentro del Estado que afuera”, sintetizó la combativa Blas.
El Acuerdo 4.733 del Tribunal prohibe explícitamente la contratación de familiares. Nada parece haber imposibilitado que esto ocurra.
Consultado sobre el rol de este organismo, el flamante titular del bloque de diputados de la UCR, César Biffi, indicó: “La tarea del Tribunal de Cuentas es verificar la legalidad de los actos una vez que se han realizado, en algunos casos puede puede haber un control que no es tan riguroso como uno supone, pero me parece que no hay demasiadas herramientas como para anticipar o prever una mala administración o una gestión que se desbarranca”, indicó.
Sin embargo, Biffi reconoció que la “independencia absoluta” que debería tener el organismo extrapoder “está discutida a la luz de los últimos acontecimientos”. “Una mejor democracia exige organismos de control independientes, en esta provincia no han funcionado como deberían”, concluyó el legislador.
La respuesta del Tribunal de Cuentas
El presidente del Tribunal, Farruggia, no accedió a una entrevista personal ni telefónica con este diario, sino que respondió algunas preguntas a través de un correo electrónico. En primer lugar, aclaró que el Tribunal de Cuentas "no controla la gestión" y afirmó que esa tarea en todo caso es "competencia de la Legislatura". Y defendió la independencia del organismo.
"En los 27 años que llevo en la Presidencia, jamás un gobernador desde Llaver hasta la fecha presionó o intercedió de alguna manera en la función del Tribunal", afirmó.
En cuanto a las "irregularidades" a las que se refieren los empleados, Farruggia aseguró que no le "constan" y sugirió que las denuncias se realicen con nombre y apellido. "El proceso de revisión de cuentas pasa por muchas instancias con distintos funcionarios por lo que es difícil que esas cosas (irregularidades o protección de ciertos funcionarios) ocurran", concluyó.
(facebook, H. Ponce, H. Tello y 7 persona mas)
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