DONALD – AZÚCARES - TLCAN
Otra lucha
dentro del TLCAN: las advertencias nutricionales
Por AZAM AHMED , MATT RICHTEL y ANDREW JACOBS
20 de marzo de 2018
Una familia en un supermercado de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Los mexicanos beben en promedio 167 litros de refresco per cápita al año.
Adriana Zehbrauskas para The New York Times
CIUDAD DE MÉXICO — Las complicadas negociaciones sobre el futuro
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) han alcanzado uno de los temas de salud
más importantes: el combate a la obesidad.
El gobierno estadounidense de Donald Trump, ante la insistencia
de grandes empresas de alimentos y bebidas azucaradas de ese país, ha urgido
que en las pláticas comerciales con México y Canadá se limite la capacidad de
los tres países de advertir a los consumidores sobre los peligros de la comida
chatarra, de acuerdo con documentos confidenciales que detallan la postura
estadounidense.
Este es reflejo de una batalla cada vez más intensa entre
oficiales comerciales, la industria alimentaria y gobiernos en todo el
hemisferio.
La posición de Estados Unidos al respecto podría reducir la presión
contra fabricantes estadounidenses de incluir etiquetas más explícitas en sus
productos tanto en Estados Unidos como en otros países.
Los funcionarios y
expertos en alimentos están preocupados de que eso impida los esfuerzos
internacionales para contener una crisis de salud en crecimiento.
La obesidad se ha duplicado en por lo menos 73 países desde 1980.
Muchos oficiales
de salud pública, alertados por la propagación de alimentos altamente procesados,
han puesto sus esperanzas en una nueva táctica: el uso de advertencias claras
en alimentos con altos niveles de azúcares, sales y grasas.
Funcionarios en
México y en Canadá —al igual que gobiernos en Brasil, Perú, Uruguay, Argentina
y Colombia— han discutido opciones como el uso de colores, formas y otros
símbolos de fácil comprensión para advertir a los consumidores de los riesgos a
la salud.
Tales propuestas han sido inspiradas en buena medida por la
introducción de regulaciones en Chile, en 2016, que incluyen requisitos como sellos grandes de color negro al frente de algunos
empaquetados.
La oficina del representante comercial de Estados Unidos, que
encabeza la renegociación por ese país, pretende coartar esos impulsos.
Ha
fomentado limitar que algún integrante del TLCAN pueda requerir las
advertencias al consumidor al frente de bebidas azucaradas y alimentos grasosos
empaquetados, de acuerdo con el borrador de la propuesta que fue visto por The
New York Times.
La provisión estadounidense establece que no debería haber
ningún símbolo, forma o color que “denote de manera inapropiada que existe un
daño por el consumo de comidas o bebidas no alcohólicas”.
Algunos
expertos ven similitudes en la lucha sobre el etiquetado alimentario con la del
combate al tabaco y a la oposición feroz y cabildeo que presentó esa industria
contra poner etiquetas y advertencias sobre los efectos nocivos a la salud en
las cajetillas.
La postura del gobierno de Trump sobre el etiquetado
alimentario muestra los deseos de una amplia coalición de fabricantes de
bebidas y alimentos empacados en Estados Unidos.
La
Grocery Manufacturers Association, un grupo industrial que forma parte de la
junta de asesores para las conversaciones comerciales, dijo que está a favor de
programas de etiquetado voluntario en vez de advertencias obligatorias.
El
grupo dice respaldar “un TLCAN modernizado que se asegure de que los estándares
estén fundamentados en la ciencia, minimicen barreras innecesarias al comercio
y beneficien a los consumidores en los tres países”.
La
organización lucha contra la adopción del modelo chileno en más lugares. Roger
Lowe, portavoz del grupo –cuya junta incluye entre sus miembros a ejecutivos de
Coca-Cola, PepsiCo y Mondelez International (que tiene marcas como Oreo, Chips
Ahoy y las galletas Ritz)– dijo que le preocupan la “evidencia y el impacto” de
las leyes chilenas.
Una tiendita en Santiago de Chile donde se ven los sellos negros que son obligatorios con la ley del etiquetado.
Víctor Ruiz Caballero para The New York Times
Emily
Davis, vocera del representante comercial estadounidense, indicó que no podía
comentar sobre lo que llamó “presuntos documentos de negociación”.
En general,
dijo, “Estados Unidos apoya el etiquetado basado en datos científicos, que sea
honesto y no engañoso”.
Los
proponentes de etiquetados más explícitos dicen que la propuesta del gobierno
de Trump y la presión empresarial que hay detrás podrían socavar los intereses
de salud pública durante décadas.
“Es
una de las formas más invasivas de interferencia industrial que hemos visto”,
dijo Alejandro Calvillo, fundador del Poder del Consumidor, una asociación de salud pública en
México que fue víctima de una herramienta de
espionaje en 2016 cuando luchaba a favor de un impuesto a las bebidas
azucaradas en México.
“La colusión entre la industria y el gobierno no solo se
da en los niveles de espiar, sino en cuanto a la renegociación del TLCAN y la
propia política del país contra la obesidad”.
La
propuesta estadounidense está en conflicto con las guías del Instituto
Nacional de Salud Pública mexicano (INSP) y de la Organización Mundial de la
Salud.
Ambos han recomendado que México instaure regulaciones para combatir la
diabetes, que cobra 80.000 vidas al año.
Es una de las tasas más altas en todo
el mundo y más del doble del número récord de homicidios que
vivió el país en 2017.
La
Secretaría de Salud de México, que está involucrada directamente en las
negociaciones comerciales, dijo que estaba revisando la propuesta de Estados
Unidos junto con las autoridades sanitarias de la nación.
Expertos
en salud pública han enaltecido las reglas chilenas como un nuevo estándar.
Incluyen una prohibición al uso de personajes caricaturescos como el Tigre Tony
(también conocido como Tigre Toño en algunos países), pero se considera que los
sellos de advertencia son la táctica más agresiva.
“Hemos
demostrado que un mensaje sencillo y un símbolo es suficiente para comunicar
que deberías consumir menos de ciertas comidas”, dijo la doctora Camila
Corvalán, nutricionista de la Universidad de Chile y quien ayudó a desarrollar
las medidas.
“No hay nada engañoso sobre un sello de advertencia y claramente
eso es lo que preocupa a la industria”.
Las
empresas alimentarias han sido forzadas a tomar acción.
Durante los últimos dos
años, más de 1500 productos han sido reformulados para ser más saludables y
evitar que lleven un sello, de acuerdo con AB Chile, asociación industrial de
ese país.
Sin
embargo, la aprobación de las regulaciones no se dio sin una pelea.
Once
países, encabezados por Estados Unidos, levantaron quejas sobre la propuesta
ante la Organización Mundial del Comercio.
El
gobierno chileno argumentó con éxito que las medidas eran una herramienta
necesaria para luchar contra la creciente crisis de obesidad en esa nación.
Hoy
día, el éxito de Chile ha inspirado a los activistas en materia de nutrición
alrededor del mundo, incluido México.
“El
hecho de que la industria esté asustada es reconfortante, pero al mismo tiempo
preocupa que el gobierno estadounidense intente defender la postura de la
industria alimentaria”, dijo Corvalán.
Simón Barquera es director del Área de Investigación en Políticas y Programas de Nutrición del Instituto Nacional de Salud Pública mexicano.
Adriana Zehbrauskas para The New York Times
Por
lo menos veintitrés países utilizan alguna versión de información al consumidor
al frente de las etiquetas.
Algunas de las advertencias ya adoptadas o
propuestas incluyen octágonos rojos o recuadros negros que llaman la atención
según lo que reguladores alimentarios consideran nocivos; las imágenes son
menos intensas pero cumplen una función similar a las de los paquetes de
cigarrillos.
No
obstante, los expertos en salud pública consideran que la mayoría de las
etiquetas, excepto las de Chile, son poco efectivas.
“Las
advertencias de Chile son la última frontera”, dijo Alexandra Jones, abogada en
el George Institute for Global Health de Australia.
“Representan potencialmente
una intervención de salud pública mucho más efectiva: distanciar la gente de la
comida chatarra que abunda”.
Aliviar
alguna presión similar para advertencias más explícitas por medio de la
negociación del TLCAN es algo especialmente atractivo para la industria de
bebidas y alimentos porque puede limitar las regulaciones en Estados Unidos y
prevenir un movimiento más global para adoptar estándares obligatorios de
etiquetado.
“Es
como matar una ley antes de que pueda ser escrita”, dijo Lora Verheecke,
investigadora del Corporate Europe Observatory, grupo que monitorea esfuerzos
de cabildeo.
“Y ya que lo pones en un acuerdo comercial se puede convertir en
precedente para todos los demás pactos futuros con otros países”.
En
muchos casos la ley comercial le da a los gobiernos el derecho de establecer
reglas en pos de la salud pública, según expertos, pero la propuesta
estadounidense parece querer refrenar eso.
Jones,
del George Institute, dijo que se han encontrado casos de
política comercial usada para bloquear esfuerzos de etiquetado en Ecuador,
Perú, Tailandia, Chile e Indonesia.
Ecuador hizo avances como Chile, pero con
un sistema menos agresivo, según Jones.
Tailandia
e Indonesia sí parecen “haber desistido”, dijo. “Lo llamamos el ‘congelamiento
regulatorio'”.
Una
razón por la cual el sistema de sellos y etiquetados es visto como clave para
los esfuerzos de reducir la obesidad es que los consumidores sí les hacen caso.
Un restaurante de comida rápida en Santiago
Víctor Ruiz Caballero para The New York Times
El sistema actual en México permite, pero no requiere, que
se muestren recomendaciones de
ingesta diaria de sales, azúcares y grasas.
Pero son prácticamente
“indescifrables para los consumidores” y “completamente inútiles para muchas
personas”, dijo Jones.
Investigadores del INSP hallaron recientemente que solo el 17 por ciento de los consumidores se fijan o
entienden el sistema de etiquetado nutrimental frontal que establece la ley.
En otra investigación, los científicos le pidieron a estudiantes
universitarios que intentaran descifrar el sistema que en realidad
requiere hacer varios cálculos para determinar
cómo los productos pueden ser dañinos a la salud.
“Ni estos universitarios pudieron hacerlo”, dijo el doctor Simón
Barquera, director del Área
de Investigación en Políticas y Programas de Nutrición del instituto.
Hace dos
años, Barquera y otros iniciaron una campaña para aumentar el impuesto a las
bebidas azucaradas en el país.
Se toparon con resistencia por parte de la
industria y fueron víctimas de un software de espionaje que únicamente es
vendido a gobiernos con la intención explícita de solo utilizarlo en combate al
terrorismo y a criminales.
Para los activistas en materia de salud estos temas son cuestión
de vida y muerte.
Las tasas de obesidad, diabetes y sobrepeso en México son de las
más altas del mundo, por encima de todos los
demás Estados miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos.
Las tasas de obesidad se han triplicado en el país desde 1980.
Los mexicanos beben, en promedio, 167 litros de refresco cada
año per cápita, mucho más de lo que se consideran tasas altas de consumo en
Estados Unidos.
En algunas zonas remotas del país hay mayor disponibilidad de
bebidas azucaradas que de agua potable, una muestra de los retos a la salud que
enfrenta el país.
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