MENDOZA:
LA TUPAC / LA JUSTICIA…
SABOR A NADA
Domingo, 8 de abril de 2018
Tupac: a un año de la detención de Rojas, el caso está paralizado
Las justicias provincial y federal se
disputan la competencia de la investigación, que desde diciembre está en la
Corte Suprema.
Así están hoy las casas de la
Así están hoy las casas de la Tupac en Lavalle, paradas desde que el kirchnerismo perdió las elecciones.
Ignacio Blanco / Los Andes
Por Horacio
Meilán
Ayer
se cumplió un año de la resonante detención de la líder de la Tupac Amaru en Mendoza, Nélida Rojas, de su marido, Ramón
Martínez, y dos de sus hijas, por presunta asociación ilícita, entre otras
causas.
En este
tiempo, el proceso casi no ha avanzado, los involucrados recuperaron la
libertad de forma polémica y lo que ha prevalecido han sido las peleas intra
judiciales.
En la Justicia provincial, si bien la investigación nunca cesó y
se han acumulado unas 50 causas, con más de 40 imputados tras 189 denuncias,
los vaivenes han sido incesantes.
Por
su lado, la Justicia Federal no escapa a los obstáculos.
Allí hay una causa
abierta por “malversación de fondos”, que hasta ahora ni siquiera tiene
“avoque”.
El proceso está en el expediente 40051/16, alojado en el Juzgado
Federal N° 3, a cargo de Marcelo Garnica.
El motivo de
esta demora es un “conflicto de competencia”.
Mientras la fiscal local
Gabriela Chaves pide que todos los delitos se investiguen en Mendoza, Garnica
entiende que la competencia es federal.
Por eso,
desde el pasado 7 de diciembre el expediente está en la Corte de la Nación, que
todavía no da una respuesta.
Cabe destacar
que el propio defensor de Rojas, Alfredo Guevara,basó sus fundamentos en
contra de la asociación ilícita en que “si hubiera delito, sería federal”.
Incluso ha dicho que si en ese ámbito se planteara la malversación de fondos o
lavado de dinero, “todo cambiaría” en su tarea de defender a Rojas y compañía.
Pero nada de eso ha sucedido todavía.
Conflicto con historia
Para entender
el conflicto hay que recordar algunos hitos.
El 20 de noviembre de 2016, el
programa “Periodismo Para Todos”, de Jorge Lanata, informó el accionar -para
muchos extorsivo- de la Tupac en Mendoza.
Allí varias víctimas denunciaron
extorsión y coacción sobre quienes aspiraban a una vivienda propia.
La
obligación de militar por el kirchnerismo para sumar puntos y así acceder a la
casa, fue lo más relevante.
Al día
siguiente medio centenar de personas llegó a la Unidad Fiscal de Las
Heras-Lavalle para sumar denuncias.
También hubo
repercusión nacional.
La entonces diputada nacional Margarita Stolbizer (GEN)
denunció ante el juez Daniel Rafecas que la Tupac recibió del Estado nacional,
y malversó, sumas millonarias.
“El
Ministerio de Planificación (entonces a cargo de Julio De Vido) alimentó a la
Tupac con millones de pesos con el fin aparente de proyectos habitacionales.
Era una pantalla para inyectar fondos a una organización que hacía piquetes
como medio de extorsión y amenazas”, acusó Stolbizer.
Rafecas
derivó el caso a Mendoza y el expediente recaló en el despacho de Garnica.
Paralelamente
Chaves había imputado a miembros de la Tupac por estafas, extorsión y coacción.
Y encontró elementos que podían encajar en la “asociación ilícita”, sobre todo
al advertir gran cantidad de bienes (vehículos de alta gama e inmuebles) a
nombre de familiares de Rojas.
Por eso también planteó la posibilidad del fraude al Estado y
hasta enriquecimiento ilícito.
Aunque a esa altura, sin tanta información, veía
la acción fraudulenta contra el Estado nacional, no el provincial. Por eso
decidió enviar a Garnica la investigación.
Luego,
“con más datos”, entendió que los fondos “se provincializaron”.
E incluso
“pasaron al presupuesto mendocino”, ya que se incluían en el IPV, ente que en
tiempos kirchneristas recibía los fondos nacionales para enviarlos a los
municipios y, de ahí, a la Tupac, que los administraba por medio de unas 20
cooperativas.
Por eso Chaves planteó el “conflicto de competencia” que aún no
se resuelve.
En los
tribunales federales dicen que Chaves “demoró cuatro meses” en enviar el
expediente a Garnica.
Así justifican parte de la demora que le achacan al juez,
a quien algunos catalogan de “garantista”.
De hecho, en
la Justicia mendocina no faltan las quejas porque los investigadores federales
“ni siquiera se han avocado” al presunto fraude.
En sus oficinas se defienden
diciendo que “no se puede imputar sin investigar antes”.
Otro punto de
discordia es el motivo por el que Garnica decidió la competencia federal.
Se
basó en el testimonio de un funcionario nacional macrista, el director de
legales de la subsecretaría de Vivienda del Ministerio del Interior, Ariel
Solar Grillo, que explicó la modalidad de las denuncias en otras provincias,
como Río Negro.
Según ese funcionario, si bien los delitos (similares a los de
Mendoza) se produjeron en la provincia, las denuncias se hicieron en la
Justicia Federal (de Buenos Aires), razón por la cual, lógicamente, la investigación
es federal.
Hay
investigadores de la Fiscalía de Chaves que aseguran que el propio Solar Grillo
habla en sentido contrario.
Lo cierto es
que Garnica aún espera un informe más detallado, y también demorado, de Solar
Grillo (contactado infructuosamente por Los Andes).
Mientras
tanto, el tiempo pasa y la causa no avanza.
Las dificultades de la “asociación ilícita”
Tras la
lluvia de denuncias que recibió en noviembre de 2016, la fiscal Chaves estudió
en detalle el accionar de la Tupac Amaru y concluyó que había asociación
ilícita, razón por la que Rojas y algunos familiares quedaron detenidos.
“Empecé a ver
multiplicidad de hechos que se repetían en serie y una organización armada para
eso”, dijo la fiscal (Los Andes, 23 de abril de 2017).
“Pedí informes
a la AFIP de la familia y de los delegados de las cooperativas, y advertí que
había enriquecimiento que no podían justificar”, añadió, tras percibir que la
agrupación acompañaba a un sector político con miembros “organizados para
cometer múltiples delitos”.
Allí se
mezclaban hechos locales y federales.
Y al haber una causa federal abierta, el
defensor basó su estrategia en cuestionar la imputación de Chaves aduciendo que
si había delito, era federal.
Ese
fue su fundamento cuando llevó la causa a la 8va Cámara del Crimen.
Los jueces
Luis Correa Llano, Alejandro Miguel y Ramiro Salinas le dieron la razón.
Desestimaron
la asociación ilícita, le devolvieron la libertad a Rojas y compañía, y
criticaron duro a la fiscal.
“No se requiere de conocimiento jurídico sino
sentido común para advertir que no hay pruebas para sostener la existencia de
una asociación con un plan para cometer delitos”, dijeron los camaristas, que
luego zafarían de un Jury de enjuiciamiento promovido por las víctimas de la
Tupac.
Tras ese
polémico fallo, Chaves apeló a la Corte, la que todavía no resuelve, lo que
agrega un eslabón a la cadena de demoras de este complicado proceso.
Estafas, coacciones y extorsiones
Los
principales cuestionamientos contra la Tupac se basaron en la forma de reclutar
militantes K.
“Participar en marchas, comprar el chaleco, pagar los viajes para
ir a manifestaciones en distintas partes del país” eran requisitos para acceder
a la vivienda, según los denunciantes.
Los
investigadores consideraron extorsiva la actitud, sobre todo porque el acceso a
la casa dependía del criterio de Rojas y su gente.
Si bien hay
quien dice que “nadie se sumó engañado” a la Tupac (la propia 8va Cámara del
Crimen así lo consideró), hay denunciantes que aseguran que se les mintió.
“Muchos
vinimos de otros departamentos a Lavalle porque nos prometieron una casa y
después no pudimos acceder”, ejemplificaron algunos damnificados que plantearon
“estafa”.
La “coacción”
y actitudes “violentas” fueron planteadas varias veces por las víctimas.
Sobre estas
causas, que conforman la mayoría del proceso, la defensa basó su planteo de que
hay “persecución política”, endilgándosela al gobierno de Alfredo Cornejo.
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Caso
Tupac: Chaves investigará el lavado de dinero
A investigar el “lavado de dinero”
El pasado 12
de marzo, la jueza de Garantías Cristina Pietrasanta rechazó el pedido de la
defensa de la Tupac de que se le devolvieran los bienes embargados el año
pasado, cuando crecía la sospecha de enriquecimiento ilegal y asociación
ilícita.
En esa audiencia,
la fiscal Chaves dio a conocer una compulsa del Ministerio Público que
planteaba la necesidad de ampliar la investigación a posible “lavado de
activos”.
Esa compulsa
se basó en la propia investigación de la fiscal en torno a los bienes (autos y
camionetas de alta gama, inmuebles y una cuenta millonaria) que adquirieron 11
integrantes de la Tupac, la mayoría familiares de Nélida Rojas (aunque ella no
aparece).
Guevara ha dicho que sus defendidos pueden “justificar el origen de
esos bienes”.
Bien puede
ser un delito federal que se incorporaría a la causa del juez Garnica.
Sin
embargo no se le envió y Chaves encarará esa nueva investigación.
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El
listado de bienes que la Tupac no puede justificar ante la Justicia de Mendoza
Los hechos
20 de
noviembre de 2016
Destape en lo de Lanata
“Periodismo
para Todos” denuncia el accionar de la Tupac mendocina.
21 de
noviembre de 2016
Denuncias acá
y allá
Unas 50
personas denuncian a la Tupac en Lavalle.
En Buenos Aires, Margarita Stolbizer
también acusa.
7 de
abril de 2017
Nélida Rojas
presa
Rojas y
familia se presentan a la Justicia y quedan detenidos. Se sospecha una
filtración, ya que Chaves planeaba allanamientos.
26 de
junio de 2017
A prisión
domiciliaria
Por razones
de salud, la jueza Pietrasanta le da prisión domiciliaria a Rojas. Días después
se conoce que realiza una asamblea de la Tupac en su casa.
5 de
setiembre de 2017
Recupera la
libertad
La 8va Cámara
del Crimen acepta los fundamentos de la defensa y si bien las causas siguen, le
otorga la libertad a Nélida Rojas y compañía.
Fuente
“LOS ANDES”, 08.04.2018
“LOS ANDES”, 08.04.2018
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