LA SEÑORA FERNÁNDEZ:
SUS HOTELES Y AEROLÍNEAS
31/03/2018
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Los negocios del kirchnerismo
Citarán a Cristina Kirchner a declarar por los
pagos que hizo Aerolíneas a uno de sus hoteles
Los fiscales de la causa solicitarán que se indague a la senadora
por las transferencias al Alto Calafate.
Lucía Salinas
Los negocios del Estado con el hotel Alto Calafate, propiedad de la
familia Kirchner, derivarán en un nuevo pedido de llamado a indagatoria para
laCristina Kirchner (SIC), acusada de negociaciones incompatibles con la función
pública.
El pedido lo realizarán los fiscales Gerardo Pollicita e
Ignacio Mahiques en la causa que investigó nueve contrataciones de
Aerolíneas Argentinas a favor del establecimiento hotelero por más de $16
millones durante la gestión de Cristina.
La solicitud incluirá a los ex
directores de la firma aeronáutica Julio Alak y Mariano Recalde y también a los
empresarios K que administraron el hotel: Lázaro Báez y Osvaldo Sanfelice.
Según los fiscales, existió una organización criminal destinada a“sustraer
fondos públicos” y transferirlos a sociedades “a nombre de allegados a los ex
presidentes”.
El destino final de esos fondos, según la acusación en las
causas por corrupción contra la actual senadora, era el patrimonio de la
familia Kirchner.
Los empresarios Báez y Sanfelice, argumenta la fiscalía, fueron parte
fundamental en la maniobra, ya que manejaron el hotel “careciendo de
experiencia en el rubro” y con dos firmas “pantallas”, se buscó “dar la
apariencia que los Kirchner no estaban al tanto de los negocios de la empresa
con el Estado”, indicaron fuentes judiciales a Clarín.
Después de que la familia Kirchner adquirió los hoteles Alto Calafate,
Las Dunas y La Aldea de El Chaltén entregó la administración y explotación
desde 2008 a julio de 2013 a Valle Mitre, propiedad de Báez.
Luego se entregó
el manejo a Idea SA, de Sanfelice.
Con esas firmas se recibía
regularmente “fondos de las empresas contratistas del Estado” y se
introducían a la contabilidad de las firmas hoteleras.
Todo para que “las
ganancias ilícitas llegaran a manos de Néstor, Cristina, Máximo y Florencia
Kirchner” con la “apariencia de haber sido obtenidas en forma lícita, es decir,
como parte del sistema económico legal”.
El pedido de indagatoria apuntará a los más de siete años en los que
Cristina y los entonces funcionarios de Aerolíneas firmaron los contratos con
el Alto Calafate “interesadamente y con total desapego a las reglas de
transparencia con que debe manejarse el patrimonio público”, indicaron fuentes
judiciales.
La empresa aérea manejada por el Estado contrató de forma
“ininterrumpida” más de 26.000 habitaciones en el hotel de la familia Kirchner,
para alojar a la tripulación en El Calafate.
Esto representó un ingreso de más
de 16 millones de pesos y garantizó la ocupación constante y permanente del
establecimiento hotelero.
Junto a las empresas de Báez, fueron los principales
clientes del lugar.
Las contrataciones se habrían “apartado de las normas internas
de los procesos que rigen estas operaciones”, con el objetivo de contratar
desde 2009 a diciembre de 2015, siempre al Alto Calafate.
Se cuestionó cómo
procedieron las áreas administrativas y según un informe incorporado a la
causa, la relación comercial se concretó “sin haber recabado otras alternativas
para el hospedaje de la tripulación o efectuado un mínimo análisis de
conveniencia”.
Además, pese a que el manual de Contrataciones preveía que al superar
los 1.000 dólares se debía hacer un concurso cerrado e invitarse al actual
proveedor a participar, Aerolíneas “decidió contratar al Alto Calafate”
porque “existía un interés personal y una decisión tomada de manera previa”,
detallaron desde la causa.
Durante la investigación, se concluyó que la decisión
se tomó pese a “no conocer el valor del hospedaje y que la tripulación hacía
más de un mes que ocupaba, previo al primer contrato, 126 habitaciones
semanales sin la documentación requerida. Al ser contratado el hotel de la ex familia presidencial de forma
directa “y por una suma superior al medio millón de dólares”, un informe
incorporado a la causa mostró que se “buscó disimular este hecho mediante la
simulación de un proceso de concurso cerrado posterior a la ejecución del
contrato”.
Para la justicia, esto demuestra la “parcialidad en la contratación”
y cómo se buscó “aparentar un concurso.
Fuente
“Clarin.com”,
31.03.2018
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