BUENOS AIRES Y LOS 25.000 MILLONES
Vidal justificó el giro de $25.000 M a Buenos Aires y aseguró que
"no va en desmedro" de las otras provincias
06-01-2017 La funcionaria defendió la medida porque su
distrito "sufre desigualdades" y aporta más de lo que recibe.
Los fondos cubrirán aumentos y aguinaldos
Los fondos cubrirán aumentos y aguinaldos
La gobernadora bonaerense María
Eugenia Vidal defendió la
decisión del presidente Mauricio Macri de transferir $25.000
millones de la
Nación a la provincia de Buenos Aires.
Según Vidal, el giro de los fondos en pleno año electoral se justifica por la "desigualdad" que
sufre su distrito en comparación en lo que aportan otras provincias a la
Nación.
"La desigualdad la tiene la Provincia, salvo la
provincia de Buenos Aires y la Ciudad, ninguna aporta más de lo que recibe. La Provincia recibe la mitad de lo que aporta",
aseguró la gobernadora durante una conferencia de prensa por la prevención de
Dengue, en la que también participó el jefe de Gobierno porteño, Horacio
Rodríguez Larreta.
La defensa de Vidal viene a neutralizar las críticas de otros gobernadores y legisladores, que consideran a la medida como una estrategia para mejorar la imagen del PRO ante las elecciones legislativas que tendrán lugar este año.
"Los números son muy claros (muestran) que la provincia de Buenos
Aires sufre desigualdades desde hace muchísimos años",
remarcó la dirigente del PRO, quien también recordó que su administración es la primera que reclama por esa desigualdad en la mesa de gobernadores, el
Congreso y la Corte Suprema.
"Los bonaerenses han hecho un esfuerzo por el resto
del país", justificó.
Vidal explicó que los $25.000 millones que la Nación le transferirá
por DNU "no afectan un peso de los fondos que le corresponden a las provincias"
y subrayó que incluso "tampoco van en desmedro de ninguna provincia".
"Gran
parte de estos
fondos son para cubrir el pago de salarios
y aguinaldos que
tanto la Provincia como los municipios de todos los colores políticos necesitan para hacer frente a aumentos
salariales que
no se podían enfrentar y que habían sido otorgados por el gobierno
anterior", subrayó.
Fuente
“iProfesional”,
06.01.2017
La república unitaria y Buenos Aires
Por Alieto Aldo
Guadagni Para LA NACION
JUEVES 10 DE
ENERO DE 2008
". probemos con nuestros hechos que al
ingresar nuevamente a la gran familia argentina, lo hacemos con nuestra
bandera, con nuestros hombres, con los mismos principios que hemos sostenido
por el espacio de siete años"
(Bartolomé Mitre, Orden del Día al Ejército después
del Pacto de San José de Flores)
La disputa por la apropiación de las rentas
fiscales, particularmente las generadas por la aduana de Buenos Aires, es una
de las claves para entender los enfrentamientos entre federales y unitarios
previos a la Organización Nacional de la segunda mitad del siglo XIX.
La
coparticipación federal de los impuestos nacionales entre la Nación y las
provincias recién se estableció en 1935, después de que la Nación creara nuevos
impuestos directos, como el entonces denominado impuesto a los réditos.
Este
régimen fue sometido a revisión en distintos momentos; en 1973, se aprueba la
ley 20221, que unifica los diversos sistemas vigentes y se establece para la
distribución entre provincias un método explícito, basado en el principio de
posibilitar la igualdad de trato -en cuanto a la provisión de servicios
provinciales- de todos los habitantes del país.
Durante el trienio de la administración
justicialista de la Nación (1973/75) se incrementa la coparticipación
automática en favor de las provincias, alcanzando, durante 1975, al 52,4% de la
recaudación total de impuestos nacionales.
En los años del Proceso instalado en
1976, se reduce fuertemente esta participación provincial, que hacia 1982 se
ubica en apenas el 32 por ciento.
Como la entonces vigente ley de coparticipación
caducó a fines de 1984, el país careció de una ley específica durante el
trienio 1985/1987. A fines de 1987, Antonio Cafiero es elegido gobernador de
Buenos Aires, e inmediatamente encara negociaciones con el presidente Alfonsín
a fin de aprobar una nueva ley.
Es así como, en enero de 1988, se sanciona la
ley 23548, de carácter transitorio ya que su vigencia estuvo limitada a tres
años.
Esta ley estableció que, del total de recursos nacionales recaudados, el
42,34% sería retenido por el gobierno nacional y el 57,66% iría a las
provincias (56,66% de manera automática y 1% como aportes del Tesoro).
Este
nivel de coparticipación provincial fue el reclamado por las provincias
gobernadas por el justicialismo en 1986, y constituye el máximo valor
histórico.
La Constitución nacional de 1994 estableció, en su
artículo 75, que corresponde al Congreso nacional aprobar una ley que asegure a
las provincias "la automaticidad en las remesas de los impuestos
coparticipados".
La Constitución es clara, ya que establece que la
distribución entre la Nación y las provincias "... contemplará criterios
objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de
un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades
en todo el territorio nacional".
Este mandato constitucional está aún incumplido y
así se explica la actual concentración de los recursos en manos del Tesoro
nacional, en desmedro de las provincias.
Destaquemos que hoy {2008} se transfiere
automáticamente a favor de las provincias apenas el 27% de la recaudación
nacional, o sea, el valor más bajo de los últimos cincuenta años.
Si bien es cierto que la Nación realiza
transferencias adicionales de fondos a las provincias, éstas no están sujetas a
normas objetivas que determinen cómo debe ser esta distribución.
No existen
reglas sino decisiones discrecionales que debilitan la autonomía política de
los gobiernos provinciales.
Por esta razón, en nuestra reciente campaña
electoral por la gobernación de Buenos Aires [dentro del Frejuli] sosteníamos
que "la provincia necesita un gobernador y no un delegado del Poder
Ejecutivo Nacional".
Sin un adecuado régimen de coparticipación automática
de fondos a favor de las provincias, el federalismo se convierte en una ficción
utópica, por la clara dependencia de los gobiernos provinciales de la Casa
Rosada.
Esta exagerada concentración unitaria de la
recaudación tributaria perjudica a todas las provincias, pero particularmente a
Buenos Aires, que ha sido tradicionalmente percibida como una provincia
"rica".
Recordemos las evidencias señaladas por Alejandro Bunge en su
obra La nueva Argentina, para darnos cuenta de la abrumadora diferencia entre
Buenos Aires y el resto de las provincias a fines de la década del 30.
Pero
desde entonces, la realidad se ha modificado negativamente para Buenos Aires,
que hoy aloja en el conurbano a 10 millones de habitantes con dramáticos
cuadros de miseria y marginación social.
Esta provincia alberga casi el 40% de la población
y de la pobreza total del país, registra elevados índices de inseguridad y de
carencia de servicios básicos, como agua potable y cloacas; además aporta más
del 35% del PBI nacional.
Sin embargo, apenas recibe el 20% de los menguados
fondos coparticipados.
La inequidad que perjudica a Buenos Aires es
evidente cuando se observa que la coparticipación per cápita de los bonaerenses
es apenas la mitad de la coparticipación per cápita de Santa Fe y Córdoba, o la
cuarta parte del promedio correspondiente al resto de las provincias.
Esta
notoria desigualdad obliga a Buenos Aires a maximizar su presión tributaria;
los bonaerenses pagan impuestos provinciales para cubrir casi la mitad del
presupuesto de su provincia, mientras que el promedio del resto de las
provincias indica una contribución de apenas el 15% a sus gastos propios.
Lo que significa la ausencia de una equitativa
coparticipación se puede ilustrar con un ejemplo.
Si el lector es bonaerense
seguramente estará seriamente preocupado por la inseguridad reinante en Buenos
Aires, ya sea en el conurbano o en el interior.
La verdad es que Buenos Aires
no tiene adecuada protección policial; apenas un policía cada 640 hectáreas de
territorio, o algo más de tres policías cada 1000 habitantes.
Señalemos que la
ciudad de Buenos Aires cuenta con cinco policías cada 1000 habitantes, es
decir, casi un 60% más (esta comparación es válida también para las cifras
promedio del resto de las provincias).
¿Qué tiene que ver esto con la inequidad en la
distribución de los fondos federales?
En la provincia de Buenos Aires vive casi
el 40% de la población total del país; sin embargo, apenas cuenta con algo más
del 20% del total de efectivos policiales del país, afectados a la protección
territorial.
No es ninguna coincidencia casual que esta menguada participación
en los efectivos policiales sea prácticamente la misma que la participación de
Buenos Aires en la coparticipación.
Por esta razón debemos ser realistas y
reconocer que el déficit de seguridad bonaerense difícilmente será superado sin
un adecuado régimen de distribución automática de recursos fiscales.
La asunción de la nueva presidenta, Cristina
Fernández de Kirchner, abre un nuevo espacio a la oportunidad de cumplir de una
vez por todas con el mandato aún pendiente del artículo 75 de la Constitución.
Señalemos que en la tradición de Mitre, Sarmiento e Yrigoyen, y más
recientemente de Raúl Alfonsín, asumió la presidencia de la Nacion por el voto
de la ciudadanía alguien que había sido previamente honrado por la provincia de
Buenos Aires con un cargo ejecutivo o legislativo.
El país necesita con urgencia una ley de
coparticipación federal de impuestos que promueva la igualdad de oportunidades
entre todos los argentinos, incentive los esfuerzos de las provincias por
cuidar su capital humano (salud y educación) y también estimule su propio esfuerzo
tributario.
No nos olvidemos de que nuestra Constitución expresa: "La
Nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana
federal".
fuente
"La Nación", 10.01.2008
{Otrosi digo: En el día de ayer escuche el comentario de un economista, Martín Tetaz, sobre el doble criterio del gobernador Da Neves cuando cuestiona severamente el aporte a recibir por la provincia de Buenos Aires, pero a la vez calla o disimula del subsidio recibido por su provincia, Chubut, (petrolera) por la sobrevaloración del valor del barril de petróleo, subsidio cubierto por tod el país}
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