SANTA CRUZ: UOCRA Y...
UN SUBSIDIO A ACLARAR
Publicado el: 14, Nov, 2016
Sigue la sangría de fondos públicos: el gobierno subsidia con $ 4.400.000,00 a la UOCRA
14/11 – 10:00 – El 22 de agosto de este año y como ya había sucedido en el mes de mayo, tal lo informáramos en su oportunidad, el gobierno de Alicia Kirchner volvió a aportar un subsidios millonario al sindicato de la construcción bajo la excusa de estar “subsidiando al personal desocupado” por baja en la obra pública.
Sin embargo no hay transparencia, no se conoce el “padrón de desocupados” y se presume que el objetivo es sostener un “negocio” entre las partes. (Por Rubén Lasagno)
En El Boletín Oficial y por Decreto Nº 1656/16 del 22 de agosto de 2016, el Estado provincial, a través del Secretario de Trabajo Teodoro Camino del Ministerio de Gobierno y Rubén Eduardo Molina en representación de la UOCRA, le asignó al sindicato de la construcción de la provincia la suma de $ 4.400.000,00 con el objeto de “asistir a trabajadores de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, en distintas delegaciones de la provincia de Santa Cruz con la suma de 5 mil pesos para cada uno” y alude a un “listado” que acompaña la solicitud del gremio.
De acuerdo a una simple división entre lo pagado y lo que cobraría cada beneficiario, la cantidad de obreros de la construcción subsidiados sería de 880.
Aún cuando eventualmente pudiera ser cierto, cosa que pongo en duda, ni la UOCRA ni el gobierno aportan a la transparencia, dado que no se conoce a nivel público ni legislativo el listado con los nombres puntuales de los beneficiarios, ante lo cual y sabiendo la estrecha vinculación entre el gobierno y la UOCRA, las metodologías obscuras y de corrupción que utiliza la gobernadora y sus funcionarios para administrar la cosa pública, nos cabe la legítima duda de señalar a esta maniobra como el retorno en subsidios de un pago por servicios prestados o a prestar, teniendo en cuenta la íntima relación entre ambos sectores y la fuerza de choque en que se ha constituido el sindicato desde las épocas de Néstor y Lázaro Báez, tanto en casa de gobierno o como valla humana en la legislatura para impedir la llegada de otros gremios o manifestaciones populares.
El Decreto ordena “rendir cuenta de su inversión”, pero nunca se ha conocido y extrañamente tampoco el Tribunal de Cuentas se ha preocupado por conocer y/o controlar a qué lugar o bolsillo, van esos dineros, que vienen cayendo bajo esta controvertida figura del “subsidio a la construcción” desde el gobierno de Daniel Peralta y como en el 2006 sucedió con el sindicato de Petroleros Privados, el cual tomaba aportes de las empresas para “un padrón de desocupados”, la plata vaya al sindicato en vez de ir directamente y en forma de depósito bancario a los “beneficiarios”.
Como sucedió en aquella oportunidad en el sindicato de Petroleros, a cuyo frente estaba “chaco” Segovia y denunciamos publicando la nómina de los que cobraban (muchos menos por los cuales ingresaban los fondos), hoy existen sospechas de que sucede lo mismo, solo que con el Estado provincial.
En aquel momento y luego que hiciéramos estallar el escándalo de los subsidios que daban las empresas petroleras para “mantener la paz social”, hubo un recorte de los fondos que aportaban a Petroleros y dos meses después los quitaron definitivamente.
Era una corrupción sin límite, la que generaba ese dinero en negro de las empresas, el cual, como ahora, se sabe que sale (en este caso) del sector público, cae en el privado (UOCRA) y no se conoce ni una sola rendición de cuenta.
El 24 de mayo de 2016, OPI publicó otro informe, en este caso con una asignación de $ 2.755.000,00 con el mismo destino, entre los mismos actores y con la misma excusa.
En aquel documento, entre la argumentación que usaron para justificar el drenaje de fondos públicos al bolsillo de la UOCRA, señalaban “la actividad de la construcción en la provincia se vio seriamente afectada por la paralización de la obra pública nacional, motivada en un proceso de desinversión instrumentada por el gobierno nacional, en la región patagónica”, como si la desocupación del sector comenzó en el 2015, sin remitirse al desfalco, fraude y robo sistematizado que hizo Lázaro Báez y el entonces gobierno nacional, con el mayor empleador de mano de obra trucha en Santa Cruz, con cargo al Estado.
Ahora bien, sería bueno que el Secretario de Estado de Trabajo, Teodoro Camino, quien tiene a su cargo e reparto de fondos públicos, como propio, explicara públicamente cómo entre el 9 de mayo y el 22 de agosto del mismo año, hubo un aumento de 325 trabajadores desocupados en la construcción; ¿Dónde están, a qué empresas pertenecen, de qué localidad, cuál es su identificación, dónde y de qué forma se realizan los pagos, dónde están los recibos firmados y si estas asignaciones están bancarizadas o no?, etc.
Volviendo a la “regla de 3 básica” inicial, si en mayo había 555 desocupados de la construcción ($2.755.000,00 dividido $ 5.000,00 c/u), número que tampoco informan, sino que se llega por deducción y tres meses más tarde hay 880 desocupados ($ 4.400.000,00 dividido $ 5.000,00 c/u)
¿Dónde están los argumentos y las pruebas para que el gobierno provincial decida unilateralmente y con acuerdo de partes entre el Ejecutivo y la UOCRA indicar que existen 325 desocupados más?.
¿Cómo sabe el gobierno que de los 4.4 millones de pesos que abona,UOCRA paga solo 1 millón en ese concepto y el resto “lo dibuja? o ¿Cómo sabemos nosotros, los ciudadanos de a pie que no existe un acuerdo oscuro entre la UOCRA y el gobierno para hacer aparecer 4.4 millones como subsidio a desocupados “desconocidos” (para todos nosotros) del cual gran parte de reparten entre ambos?.
Todo puede pasar y cualquier teoría es válida teniendo en cuenta los antecedentes de quienes conforman la negociación y el oscurantismo del que hace gala el Ejecutivo provincial.
Como siempre sucede con el manejo de los fondos públicos, la gobernadora Alicia Kirchner deja la transparencia para otro momento.
No explica nada, excepto la cantidad de dinero que le asigna a la UOCRA y una argumentación general a modo de excusa, cuyo padrón sobre el cual el Estado paga no es público ni tiene acceso la prensa.
No existen denuncias formales en la provincia sobre estos desmanejos, ni existen fiscales que actúen de oficio, ni departamentos de contralor que ejecute acciones tendientes a transparentar este real abuso de autoridad, entre un gobierno que aplica su mayoría para hacer lo que quiere, no rinde cuentas y negocia seguridad e impunidad, con un sindicato ultra K, cuyo titular no ha tenido ningún problema para declararse “cristinista”. (Agencia OPI Santa Cruz)
fuente
"OPI SANTACRUZ", 14.11.2016
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