MENDOZA: LA TUPAC
¿JUSTICIA A 6 MESES?
- Domingo, 10 de septiembre de 2017
Una causa camino a la nada
Detrás de la disputa política, la decisión de una cámara de la Justicia provincial abre una incógnita sobre un caso que involucra el manejo de 200 millones de pesos del Estado.
Por Marcelo Zentil
Nélida Rojas celebraba frente a la Legislatura con los brazos en alto y los dedos en V su liberación decidida por una cámara provincial.
Rodeada por los suyos, apuró a los periodistas con un pedido: que esa imagen fuera la tapa de los diarios, como lo fue la foto de su detención.
La euforia pudo más e hizo aflorar esa parte de su personalidad que reservaba para la intimidad de su agrupación y el trato con intendentes, inspectores de las obras y funcionarios.
Esos modos que son los que reflejan las denuncias de los que querían una casa y terminaron militando causas ajenas.
Rojas es la líder de la agrupación kirchnerista que desembarcó en Lavalle y se extendió a más de media provincia.
Y a través de su pareja Ramón Martínez y su numerosa prole controla las veinte cooperativas de trabajo que recibían fondos nacionales para hacer barrios.
Su estrecho vínculo con el anterior gobierno nacional le permitió acceder a fondos públicos para construir 1.000 viviendas en Mendoza.
Fueron más de 200 millones de pesos que pasaron por sus manos y la de su familia durante ocho años. Mucho dinero, demasiado.
De ese millar de casas iniciadas, sólo pueden considerarse terminadas una cuarta parte y ninguna está escriturada.
Además, de las 750 en obra aún, hay 666 ocupadas según los registros del IPV.
La causa Tupac va camino a la nada y los mendocinos difícilmente podremos saber si Rojas y su familia se quedaron con fondos públicos o su rápido enriquecimiento fue producto de una extraordinaria capacidad de ahorro.
Un informe de la AFIP confirmó que los hijos y el yerno de la mujer usaron el blanqueo de capitales que dispuso el gobierno de Macri para declarar bienes por más de 4 millones de pesos.
Tienen varias camionetas Toyota Hilux y camiones, aunque sus ingresos no alcanzan para justificarlos.
Pero no sólo eso: la multa de unos 600 mil pesos que pagaron a la AFIP por blanquear esos bienes salió también de las cuentas de las cooperativas. Un negocio redondo.
También la investigación judicial desechada descubrió una práctica recurrente: las cooperativas emitían cheques, con la firma de algún miembro de la familia Rojas-Martínez y a favor de otro miembro del clan.
Cada uno de esos cheques era por 50 mil pesos y los encontrados son casi un centenar.
Según se detectó, a través de este sistema la familia retiró $ 4.750.000 de los fondos de las cooperativas.
¿Y ahora, qué?
La Octava Cámara del Crimen consideró que no hay pruebas para endilgarle una asociación ilícita y automáticamente liberó al clan familiar.
Esa era la única acusación que admitía la prisión preventiva durante el proceso.
La cámara tampoco cree que haya habido coacción, ni estafa, ni extorsión. “No se probó tampoco que tuvieran relación con esa supuesta intención de enriquecerse”, dijo sobre esos tres delitos.
Si alguien acepta las condiciones de la asociación no tiene más que cumplirlas, como en un club, fue el argumento.
El problema es que una de las condiciones para tener la casa era militar por el partido gobernante de ese momento.
Los mendocinos difícilmente podremos saber si Rojas y su familia se quedaron con fondos públicos o su rápido enriquecimiento fue producto de una extraordinaria capacidad de ahorro.
Igual, la cámara no sobreseyó a nadie.
En este caso, lo que parece una ventaja puede transformarse en una trampa: la fiscal Gabriela Chaves no podrá apelar y sólo debería dedicarse a mejorar la investigación para intentar insistir.
El fallo destroza la investigación de Chaves y asegura que en ningún momento pudo probar los delitos por los que acusó al clan Rojas y que, en cambio, su investigación apuntó a probar una administración fraudulenta, delito que “es investigado” por la Justicia Federal.
La causa aludida la tiene el Juzgado Federal N°3, a cargo de Marcelo Garnica, y está originada en una denuncia de la diputada Margarita Stolbizer.
Esta presentación llegó a Mendoza en marzo, muy poco antes de la detención de Rojas, su marido y sus hijas a principios de abril.
Hace un mes, la fiscal solicitó que Garnica se inhibiera y le entregara la causa.
Hasta entonces, la investigación federal poco y nada había avanzado.
Ahora, el juez federal espera que se cumplan algunos trámites previos para definir qué hace: si asume él la tarea o la transfiere a Chaves.
Esta posibilidad es la única que podría darle vida nuevamente a la causa provincial.
Si queda a cargo de Garnica, deberá apurar el paso para recuperar el tiempo perdido.
Un caso por administración fraudulenta de dos cooperativas de Tupungato y dirimido en la Justicia Federal tal vez marque el camino: el juez Bento decidió hace unos días la imputación de los directivos, sospechados por su crecimiento patrimonial, pero también del ex intendente Rodríguez y dos de sus funcionarios.
Ese delito hace que entren en la mira también los funcionarios, que son los que dan los cheques. Sin esas firmas, no sería posible el fraude.
Mientras espera la definición de Garnica, Chaves prepara junto con el equipo del Ministerio Público Fiscal un recurso para dar vuelta el fallo.
Una misión imposible porque debe definir la misma cámara.
Recién después de ese esperado “no” de la cámara de Correa Llano, Miguel y Salinas, podrá interponer una queja ante la Corte.
Por lo que no habrá ninguna conclusión al menos durante los próximos seis meses.
Tal vez sea lo ideal: ya habrán pasado las elecciones.
Un colaborador contó que tras escuchar el fallo, Chaves explotó: “Ahora resulta que la asociación ilícita soy yo”.
Hay algo cierto: esa figura siempre ha sido muy difícil de probar y las causas que apuntan en esa dirección generalmente caen.
La causa, según la defensa, los acusados y el kirchnerismo, no fue más que una persecución política del Gobierno contra la Tupac y el kirchnerismo que tuvo en Chaves, una ex militante universitaria del peronismo, a su brazo ejecutor.
Pero la defensa, comandada por Alfredo Guevara, se negó siempre a responder sobre el crecimiento patrimonial de la familia.
El gobernador, Alfredo Cornejo, apuntó tras el fallo contra los camaristas y los acusó de ser parte de la agrupación judicial kirchnerista Justicia Legítima.
“Bancan la impunidad”, disparó un ministro en off.
En Tribunales niegan que esos camaristas sean parte de Justicia Legítima, un club que aparentemente tiene pocos socios pero sí varios simpatizantes en Mendoza.
Aunque dos de los apuntados tienen vínculos con Omar Palermo, el ministro de la Corte que sí integra esa organización y tiene con Cornejo una disputa particular por el garantismo que él expresa y el Gobernador repudia.
fuente
"LOS ANDES", 10.09.2017
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