MENDOZA: LA TUPAC
8ª CÁMARA FUNDAMENTA
El aval de los intendentes que facilitó la liberación de Nélida Rojas
La Cámara que liberó a los imputados asegura que fue el Estado el que le dio la facultad a la Tupac para construir casas y elegir a los beneficiarios.
Por eso para ellos no es ilegal que les exigieran participación política para ser parte.
La sentencia de la octava cámara del crimen tiene una trascendencia política que va mucho más allá de la liberación de los acusados por "asociación ilícita".
Uno de los argumentos más fuertes de los jueces para exculpar a los integrantes de la Tupac Amaru es que fue el propio Estado el que delegó la construcción de viviendas sociales en esa organización que, de esa manera, incluyó requisitos especiales para acceder a una casa.
La interpretación de la cámara es que la Tupac es una organización política y social que pone sus propios requisitos para ser parte y que sus integrantes son voluntarios. Pero a su vez es la Tupac la que administra los planes de vivienda y ser parte era requisito para acceder, excediendo las exigencias sociales que estipula el IPV.
La ecuación es sencilla: para ser parte de la Tupac había que participar de actividades políticas.
Y para acceder a viviendas financiadas por el Estado, había que ser parte de la Tupac.
Para los jueces ello no constituye delito porque está legitimado por las autoridades.
En ese sentido, entran en juego los intendentes de al menos cuatro departamentos y el propio IPV: en Guaymallén, Luján, Lavalle y San Martín los municipios "tercerizaron" los planes de vivienda social en la Tupac.
El eje de la liberación de los detenidos es que se cayó la denuncia por asociación ilícita.
Para los jueces no hay ninguna prueba de que la Tupac se haya constituido con el fin de delinquir, como sugiere la fiscal. Incluso se menciona una trabazón judicial: para argumentar la postura de la asociación ilícita se usó el crecimiento patrimonial y el desvío de fondos que se sospecha que se hizo desde las Cooperativas por parte de Nélida Rojas y su familia.
Pero como ese delito no era investigado por la justicia provincial, los camaristas dicen que es incompatible.
El delito inicial es la administración fraudulenta de fondos públicos, causa que está en la justicia federal.
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Por eso no se pone en discusión lo que posiblemente sea el fondo de todas las sospechas: si hubo o no malversación de fondos públicos; si los millones de pesos que el Estado destinó a la construcción de viviendas fueron a parar a otro lado y los usaron para enriquecerse Nélida Rojas y su familia.
Los camaristas Luis Correa Llano, Ramiro Salinas y Alejandro Miguel cuestionan a la fiscal Gabriela Chaves y a la jueza de garantías Pietrasanta.
A la Fiscal incluso la acusan de haber hecho una "clara manipulación de la figura" de asociación ilícita y de haber actuado de manera arbitraria.
Para ellos"no hay elemento alguno que permita sostener seriamente que en el año 2007, los imputados Nélida Rojas y su pareja Ramón Martínez, constituyeron Cooperativas de Trabajo con el objeto de cometer delitos".
Incluso para exculpar a los integrntes (sic) de la Tupac, los camaristas describen las actividades sociales que ejecuta la organización, que para ellos son "evidentemente contradictorias con la existencia de un grupo de personas estructurado y organizado con la finalidad de cometer delitos".
Viviendas tercerizadas
En total la tupac tuvo a cargo la construcción de más de 1000 viviendas a través del "Programa Federal de integración Socio Comunitario", que prácticamente monopolizó.
Los informes del Banco Nación de Lavalle indican que se movieron cerca de 800 millones de pesos.
La propia Nélida Rojas reconoció a MDZ que recibió más de 300 millones de pesos.
En ese sentido figura un acta compromiso firmada por el Intendente de Luján y los integrantes de la Tupac, donde se menciona que las casas serán adjudicadas a los miembros de esa organización.
"Lo que no deja ninguna duda respecto de la facultades que los organismos estatales le otorgaban a la Agrupación en la elección de los futuros beneficiarios", dicen los jueces.
Algo similar pasó en Guaymallén: "Esto sucedió también con otros municipios... Conforme la nota N° 943/08 remitida por el Intendente de Guaymallén a ese organismo, en la que solicita la compra de un terreno a favor de la Organización Tupac Amaru, la que fue priorizada por el Municipio en el marco del Programa Federal de Emergencia Habitacional, con acuerdo de la Dirección de la Vivienda de ese Departamento y la representante del la Central de Trabajadores Argentinos (Nélida Rojas Montenegro), se resolvió la compra a favor de la Cooperativa de Trabajo "Trabajo y Fuerza Limitada" (presidida por Ramón Martínez)", especifica en al (sic)causa.
En Lavalle, epicentro de la Tupac, las operatorias fueron mucho más frecuentes.
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La municipalidad de San Martín también tercerizó todo en la Tupac y donó terrenos "a la Central de Trabajadores Argentinos (cuya representante era Nélida Rojas Montenegro), para la construcción por parte del I.P.V..
"Las pruebas referidas evidencian lo que hemos venido sosteniendo, que es que la Agrupación Social era reconocida, por los organismos estatales, como la coordinadora de los barrios a construir, con las facultades que ello implicaba, más allá de lo que el "Programa de Integración Socio-Comunitaria" (como la existencia de las Cooperativas de Trabajo y la presentación por ellos de la lista de pre-adjudicatarios) exigía", explican los jueces.
Es decir, reconocen la tercerización de la política de vivienda en la Tupac, con todo lo que ello acarrea.
"Más allá de los cuestionamientos o reproches que puedan hacerse desde el punto de vista metodológico, ético e ideológico, lo cierto es que así ocurrió en los hechos, y que esa circunstancia no torna ilegítima la conducta de los miembros de la Tupac Amaru, en cuanto exigían el cumplimiento de obligaciones acordadas entre ellos, como condición para pertenecer a la Agrupación.
Que ser miembro de ella fuera una condición, que el propio Estado consintió y fomentó, no puede de ningún modo constituir en ilegítimas las obligaciones asumidas voluntariamente al adherir a la agrupación", aclaran.
Por eso, para la Justicia, fueron los intendentes y el Gobierno de la provincia los que legitimaron a la Tupac.
"Puede ser cuestionado el funcionamiento interno de la agrupación desde otros puntos de vista, al igual que el manejo discrecional que hicieron de las Cooperativas de Trabajo y Programas de Viviendas, pero esas presuntas arbitrariedades en la selección de beneficiarios, el supuesto puntaje que manejaban conforme al cumplimiento de las obligaciones, o que fueran arengados a apoyar tal o cual partido político, no constituyen por sí, ilícito alguno, en tanto se trató de decisiones adoptadas en el seno de una asociación civil reconocida por el Estado", describen.
Aunque los acusados no fueron sobreseídos, toda la causa pende de un hilo. Nélida Rojas queda fortalecida y hoy lo manifestará en la Legislatura.
"Hay que saber identificar al enemigo. Si el problema está en el IPV iremos a protestar al IPV. Si está en el municipio, iremos al municipio. Y si el problema está en el Gobierno, hay que ir a Casa de Gobierno", dijo hace algunos meses la líder de la Tupac.
La Cámara revirtió la prisión preventiva, pero mantiene vigente las imputaciones por los otros delitos.
En ese sentido, ordenaron la libertad pero se mantuvieron la caución personal de 100 mil pesos y los obligaron a fijar domicilio con prohibición de salir del país sin autorización.
Al menos de manera formal, Rojas y su familia no podrán acercarse o mantener relación con los denunciantes ni realizar actos que obstaculicen la justicia.
fuente
"mdz", 05.09.2017
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