¿UN MOLOCH PATAGÓNICO?
Mapuches S.A.: cómo la
protesta violenta contra las petroleras se transformó en un negocio millonario
13-09-2017
Crean empresas de transporte, limpieza y
hasta de seguridad que deben ser contratadas por compañías.
El caso de Loma de
La Lata es el más conflictivo para la relación entre pueblos originarios e YPF,
que debió suspender un proyecto por amenazas y extorsiones.
El lado
"B" de la lucha por las tierras
La desaparición de
Santiago Maldonado tras
su participación en una protesta mapuche en
Chubut fue apenas la punta
del ovillo.
A
partir de allí, la sociedad en su conjunto comenzó a familiarizarse con la
situación de los pueblos
originarios, sus reclamos, sus luchas... y también
sus negocios.
Es
que las reivindicaciones históricas que vienen izando como banderas desde hace
décadas, tanto en Argentina como
en Chile,
involucran áreas muy ricas en recursos
naturales, especialmente en hidrocarburos.
Y, a medida que se conoce más
sobre la situación, mayor es la atención de los argentinos que siguen muy
de cerca este tema.
Sin
embargo, hay un gran protagonista en
esta historia al que no le resulta nada novedosa la confluencia entre el
negocio petrolero y los reclamos de los pueblos originarios: la propia YPF.
Pasan
los gobiernos (militar, radical, peronista y Cambiemos), también los tipos de
sociedad (estatal, privada nacional, privada extranjera y restatizada), pero la petrolera de
bandera ha mantenido una constante: pagarle a
los mapuches.
El
concepto principal es el pago por "servidumbre".
Una especie de peaje que
las empresas deben abonar por ley a
los dueños de
las tierras y que sigue siendo un tema de conflicto permanente con los "propietarios" de
los terrenos.
El
caso de YPF en Neuquén sintetiza esa relación entre los grandes grupos hidrocarburíferos con
la comunidad mapuche.
Tal
es así que en los últimos tres años, la compañía estatal lleva aportados la
friolera de $100
millones para poder explotar Loma de La Lata, en el
centro de la cuenca neuquina, a cien kilómetros de Plaza Huincul.
Juicio y
reparación
El yacimiento, que fue descubierto en 1977 y que hoy es considerado una de las áreas productoras más importantes del país, alberga a dos comunidades mapuches: la Payndemil y la Kaxipayiñ.
La primera llegó a la zona desde
Tandil en 1900, mientras que la segunda lo hizo en 1950.
El
conflicto con ambas ha sido de tal magnitud que YPF se vio
obligada a crear una unidad específica con el
solo fin de negociar con
estos pueblos asentados en las tierras donde explota sus yacimientos.
De
hecho, hasta soporta un histórico juicio por daño ambiental, que
data del 2000, y que fue heredado de la ex Repsol-YPF por una suma cercana nada
menos que a los u$s500
millones.
La
causa ya tuvo varios
fallos, algunos favorables a los demandantes, al punto que la
petrolera reconoció el daño al medio
ambiente y presentó un plan de
remediación.
Sin
embargo, en algunas zonas no
logró avanzar con ese proceso, a raíz de haberse
topado con los líderes mapuches que siguen reclamando dinero a cambio del uso
de territorios.
Por
caso, sólo la comunidad Kaxipayiñ se
llevó en concepto de aportes de dinero realizados por la petrolera:
- $24 millones en 2014
- $32 millones en 2015
- $55 millones en 2016
Pero
esto no es todo, ya que otro tanto debió ser volcado a cubrir las "necesidades" de
los Payndemil.
En YPF admiten la existencia de conflictos con
los mapuches y consideran que los reclamos de las comunidades
por temas ambientales, en realidad, persiguen otro tipo de intereses.
"No guardan ningún tipo de
relación con la defensa del medio ambiente y con los valores de la comunidad
que representan", aseguran en YPF.
Ante la consulta de iProfesional,
agregan que desde hace un largo período vienen presentando planes para
resolver posibles inconvenientes vinculados con sus inversiones.
"Durante los últimos seis años,
YPF ha logrado remediar 370.000 metros cúbicos de suelo afectado",
añaden.
Sin embargo, afirman que persisten los problemas con
la comunidad Kaxipayiñ "porque sus líderes impiden las tareas por
intereses que resultan totalmente ajenos a la preocupación
ambiental".
Como contrapartida, "con otras
comunidades hemos logrado acuerdos y encarado acciones
conjuntas y participativas", añadieron las fuentes consultadas por
iProfesional.
El administrador de negocios
tercerizados
El dinero que debe pagar la petrolera, como consecuencia de estos fallos desfavorables, es depositado en una cuenta bancaria a nombre del líder de esta comunidad, Gabriel Cherqui.
¿La "contraprestación"?
Sencillamente el uso de la tierra, al que suman
otros conceptos que aplican los mapuches aprovechando, precisamente,
la presión social sobre sus reclamos.
Adicionalmente, se ven beneficiados
por la condición de prestadores de "servicios tercerizados"
a las petroleras.
Sin embargo, revisten una condición
de contratación bastante especial: según fuentes
de YPF, estos grupos no participan en las licitaciones en pie de
igualdad con otros competidores.
Más bien, ejercen su presión para
que sean contratados de manera directa.
Son varios los empresarios del sector
que califican a su red de negocios como el resultado de maniobras
extorsivas.
Además, no ocultan su irritación al
describir cómo Cherqui circula en camionetas 4x4 de
alta gama, se comunica con celulares iPhone y, al
mismo tiempo, se autodenomina representante de la Confederación Mapuche de
Neuquén.
Como si esto fuese poco, señalan que
la petrolera estatal se ve obligada a contratar empresas de limpieza y
de transporte que fueron creadas, precisamente, por miembros
de esta comunidad.
Las mismas fuentes hacen referencia a
sus intentos para priorizar el diálogo y
la consulta como herramienta de gestión.
Sin embargo, lejos
están de haber podido aplacar los incidentes con el aporte
de fondos millonarios.
Más aun, YPF mantiene "en
el freezer" un proyecto para la explotación de 14
pozos no convencionales por una causa: todavía no pudo llegar a un
acuerdo económico con los Kaxipayiñ por la explotación de las
tierras.
Esta firma no es la única que
enfrenta una situación de este tipo con los mapuches.
Shell, que
tiene un acuerdo con la estatal para ingresar a Loma de La Lata, aún no
ha podido hacerlo por presiones de los mapuches.
La normalización de la negociación
violenta
Esta situación es posible a raíz de un contexto político muy particular en la región patagónica: los gobiernos provinciales han otorgado personería jurídica a las empresas y, a la vez, reconocido a grupos originarios como los dueños ancestrales de las tierras.
Esto provee una cobertura legal para
que los reclamos de contrataciones tengan un sustento de legitimidad y
así se desarrollen los negocios.
Gracias a este paraguas,
crean casi siempre firmas bajo la figura de una sociedad de
responsabilidad limitada (SRL) con la que ofrecen a las petroleras sus servicios de
combis, de limpieza, de alquiler de autos o camiones
Estas, a su vez, utilizan estos
vehículos para el mantenimiento o traslado del
personal afectado a los yacimientos.
No sólo de transporte y limpieza se
trata.
También los mapuches han fundado compañías de seguridad que
le prestan servicios a la empresa.
Cuando surge algún diferendo con YPF
vinculado con las condiciones de contratación, se producen (ya como práctica
habitual de presión) los cortes de ruta, piquetes, agresiones a
vehículos y bienes de las firmas.
De hecho, este escenario de conflictividad
fue el que llevó a Pablo Noceti, jefe de Gabinete de la ministra de
Seguridad, Patricia Bullrich, a viajar a Chubut el 31 de julio
pasado.
El funcionario mantuvo reuniones
con Gendarmería y miembros de los gobiernos provinciales de
Chubut y Río Negro la noche previa a la desaparición de Maldonado.
Su accionar quedó en la mira de las
organizaciones de derechos humanos al ser señalado como uno de
los responsables de lo sucedido con el joven artesano.
También, lo acusan de haber
aconsejado a la Gendarmería no esperar la orden de
la Justicia para despejar un piquete e
identificar a manifestantes para poder tener información sobre la agrupación
Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y otros grupos afines.
Tanto en YPF como el resto de las
petroleras admiten la existencia de fuertes disputas con
los mapuches por la forma de vincularse con las
empresas.
Algunas, como la RAM, privilegian
la violencia; otras, el diálogo.
De todos modos, el fin último sigue
siendo hacerse de millonarios contratos que les permitan
sostener el statu quo ancestral.
Loma de La Lata es la zona donde ambos modelos
conviven:
- La comunidad Payndemil (controlada
por Elba Paydemil) si bien aplica un formato más light y conciliador,
percibe compensaciones millonarias de parte, más
que nada, de YPF.
- Los Kaxipayiñ (de
la familia Cherqui) se muestran más propensos a las acciones violentas y
a los cortes de ruta.
Vaca Muerta, ¿nuevo objetivo?
Según un informe privado que circula entre las compañías que operan en la zona, Gabriel Cherqui habría creado un verdadero imperio comercial gracias a:
- Los fondos petroleros con
sociedades para la cría de caballos de carrera
- La explotación de negocios
turísticos
- La prestación de servicios
de mantenimiento y alquiler de vehículos
En la zona aseguran que es dueño
de varias empresas vinculadas con las actividades de YPF en
Loma de La Lata y que presiona con el pago de aportes.
Estos últimos, indican, no tienen
fundamento legal alguno y están muy por encima de lo que
el resto de los propietarios de las tierras perciben.
Un caso es el de un conflicto por
el uso de dos equipos de perforación para los 145 pozos que YPF tiene en
carpeta y por los cuales el reclamo se eleva a $50 millones, sólo
para permitir el ingreso de las máquinas.
Lo identifican también como promotor
de nuevas comunidades creadas a la vera de campos petroleros de
Vaca Muerta para que se autoproclamen bajo su ala de representación.
Así, acaba de surgir la comunidad Campo
Maripe en Añelo, que ya inició una demanda sobre 11.000 hectáreas en
Vaca Muerta.
Como argumento público, Cherqui y el
resto de los líderes mapuches sostienen que viven en
territorios afectados por la contaminación de la actividad petrolera.
Tal situación fue admitida por YPF
para los campos de Loma de La Lata allá por 2008, cuando presentó un plan de saneamiento para
las tierras concesionadas
.
El problema es que los Kaxipayiñ vienen
impidiendo ese proceso, hecho que YPF ya denunció ante las autoridades
provinciales.
La petrolera también hizo pública
la contratación de una consultora ambiental,
vinculada con esta comunidad mapuche, bajo el nombre de Femun.
Por lo pronto, ya lleva cobrados $10
millones para el desarrollo de tareas que aún no han
sido concluidas.
En territorios de esta comunidad es
donde la petrolera viene padeciendo más situaciones conflictivas,
con cortes, piquetes, amenazas y
agresiones verbales al personal de la compañía.
"Tanto los miembros
de esta comunidad como los de Campo Maripe no quieren dialogar ni
acordar. Sólo se dedican a impedir los trabajos y
el saneamiento de situaciones ambientales en Loma de La Lata", acusan
desde la empresa estatal.
Por lo pronto, el dominio de la
tierra no sólo responde a cuestiones de tipo cultural.
Cuando hay plata de
por medio y tantos negocios a medida, el dominio del territorio va
más allá del culto a la tradición.
Fuente
“iProfesional”, 13.09.2017
(facebook, H. Ponce, 13.09.2017)
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