YPF 1992 - 2015
YPF, ejemplo del “modus operandi” K:
Y Páguele Fuerte
09/05/2016 Por Sergio Serrichio
En esta segunda nota de “Memorias del
latrocinio”, vemos el zigzagueo con la empresa más grande del país
Un poco
de historia permitirá entender el modus
operandi K a lo largo del
tiempo y en diversas circunstancias.
Como
gobernador de Santa Cruz y presidente de la OFEPHI (Organización Federal de
Estados Productores de Hidrocarburos), Néstor Kirchner encabezó en septiembre
de 1992 un fuerte lobby para que el Congreso apruebe la privatización de YPF.
En Diputados el miembro informante fue Oscar Parrilli, a la sazón secretario
general de la Presidencia y titular de la Agencia Federal de Inteligencia
(exSIDE) de los gobiernos kirchneristas.
Kirchner también firmó con los
entonces ministros de Economía, Domingo Cavallo, y de Interior, José Luis
Manzano, un “acta-acuerdo” que le permitió cobrar 654 millones de dólares en
“regalías mal liquidadas” de YPF, origen de los llamados “Fondos de Santa
Cruz”, de cuyo manejo nunca dio cuenta.
En junio de 2005, Santiago Lozada, juez
de instrucción Nº 1 de Río Gallegos, archivó las actuaciones y cerró el caso.
A partir
de 2003, ya presidente, Kirchner mantuvo un constante tironeo con Repsol, hasta
que los españoles acordaron con el “Grupo Petersen”, de la familia Eskenazi, lo
que el kirchnerismo llamó la “argentinización” de YPF. Repsol justificó el
acuerdo diciendo que los Eskenazi eran “expertos en mercados regulados”.
En
otras palabras, caballos del Komisario.
Y bien lo habían demostrado.
La
aceleración de su fortuna empresarial había sido la privatización, también en
la era menemista, del Banco de Santa Cruz, cuando la provincia era gobernada
por Néstor.
Con ese antecedente, al inicio de la presidencia de Kirchner los
Eskenazi tuvieron la aprobación express del BCRA para que el Banco de Santa
Cruz absorbiera a los mucho más grandes Nuevo Banco de Santa Fe y Banco de
Entre Ríos SA (Bersa). “La presión del gobierno fue tremenda”, dijo un miembro
del directorio.
La
“argentinización” fue extraña: se hizo a través de una empresa española,
Petersen Energía SA, cuyo único accionista era, a su vez, “Petersen Energía PTY
Ltd”, una sociedad creada poco antes en Australia. Conesa maniobra, y un préstamo
inicial de Credit Suisse, los Eskenazi pudieron hacerse del 15% de YPF, porción
que luego aumentaron al 25%.
Para que los compradores pudieran pagar las
cuotas, se estipuló (cláusula 7.3) que las partes distribuirían 90% de las
utilidades de YPF, porcentaje altísimo en la industria petrolera, donde
raramente supera el 40%, pues significa descapitalizar (vaciar) la compañía al
sabotear la inversión en exploración y desarrollo.
Además, en su cláusula 5.1
el acuerdo estipuló como “condición resolutoria” la autorización de la Comisión
Nacional de Defensa de la Competencia o el reconocimiento escrito de la
secretaría de Comercio.
Ergo, el gobierno participó y aprobó.
La
consiguiente escasez de inversión llevó a una fuerte caída en la producción de
gas y petróleo de YPF y a una creciente importación de energía, que en 2011
rozó los 10.000 millones de dólares e impulsó, a fines de ese año, la
imposición del “cepo” cambiario y, en abril de 2012, la “recuperación” de YPF
mediante la expropiación de la mayoría que aún detentaba Repsol.
La movida tuvo
un macizo respaldo legislativo y fue una ocasión celebratoria para el
kirchnerismo, que difundió carteles con el viejo logo de YPF pero ahora con las
letras de CFK.
Eran el suelo y el subsuelo nacional, la Patria misma.
Son nuestras, son argentinas
Además, a
los 100 días de su gestión, el nuevo presidente y Ceo de la YPF Nac&Pop,
Miguel Galuccio, a quien el gobierno había repatriado de la multinacional de
servicios petroleros Schlumberger, por recomendación del gobernador de Entre
Ríos, Sergio Urribarri, presentó, junto a la presidenta y los ministros de
Economía, Axel Kicillof, y de Planificación, Julio De Vido, el Plan YPF
2013-2017 por el que, dijo, en cinco años la petrolera Nac&Pop duplicaría
su actividad exploratoria y aumentaría su nivel de producción al menos 6 %
anual.
Mientras,
Repsol ya había iniciado un reclamo a la Argentina en el CIADI, un tribunal
arbitral del Banco Mundial.
Cuando Kicillof atestiguó en el Congreso dijo que
la “recuperación” de YPF no le saldría al país un solo peso y que Repsol, por
el contrario, debería resarcir a la Argentina por los “pasivos ambientales” que
había dejado a su paso.
En
febrero de 2014, sin embargo, en pleno intento de “reinserción financiera”, que
incluyó el pago de dos arbitrajes ante el CIADI y un costoso arreglo con el
Club de París, movidas que para peor no llevaron a ningún puerto, debido a la
irresolución del litigio con los fondos buitre (ver “Genios financieros”),
Kicillof terminó reconociéndole a Repsol 5.000 millones de dólares por la
expropiación del 51% de YPF y comprometió al país en un flujo de pagos por
10.680 millones de dólares en 20 años.
Los vencimientos de todos los bonos
emitidos, salvo unos pocos Boden 2015, recaerán sobre los cinco gobiernos
posteriores a los de Cristina Fernández de Kirchner (CFK).
El arreglo tuvo
además una cláusula “lock up” que habilitó a Repsol a liquidar de inmediato los
bonos que recibió del estado argentino.
Esa deuda ya ni siquiera es “con
Repsol”.
Es deuda a secas.
El
principal interesado en el acuerdo con Repsol era Galuccio.
Si no se
solucionaba el reclamo de Repsol, decía, a YPF le sería cada vez más difícil
asociarse con petroleras internacionales de peso para desarrollar su “joya”, la
formación geológica “Vaca Muerta”, que hizo de la Argentina la segunda mayor
reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo no convencional.
De hecho,
para asociarse con la norteamericana Chevron, acuerdo que concretó a fines de
2012, la YPF Nac&Pop no solo había aceptado jurisdicciones extranjeras
(Cámara de Comercio Internacional de París y ley de Nueva York) para la
eventual resolución de diferendos con su amigo americano, sino que también
había creado -según revelaron los periodistas José Stella, fallecido en febrero
pasado, e Ignacio Montes de Oca- al menos cuatro sociedades offshore en Delaware, suerte de paraíso fiscal
en EE.UU., a nombre de directivos como Germán Laría, a la vez director de YPF y
“Planning Manager” de Chevron, y Juan Garoby, gerente de Recursos No
Convencionales de YPF y ex ejecutivo de Schlumberger, la compañía en la que
había trabajado Galuccio.
Recapitulando:
el kirchnerismo propició primero la privatización (que le valió a Santa Cruz
una “compensación” de 654 millones de dólares), luego la “argentinización” y al
cabo la “recuperación” de YPF, por cuyo 51% terminó reconociéndole a Repsol
5.000 millones de dólares en bonos con un flujo de pagos de 10.680 millones que
afrontarán el actual y los próximos cuatro gobiernos.
En ese proceso, el precio
de los combustibles aumentó fuertemente en el mercado local.
A la inversa de
los años previos, cuando el gobierno reconocía a YPF/Repsol y a las demás
petroleras locales un valor inferior a la mitad del precio mundial del crudo,
una política de constantes aumentos llevó a que los argentinos paguemos ahora
más del doble del precio mundial.
Todo para “ayudar” al “Mago” y sus muchachos.
Pese a
las promesas K, sin embargo, YPF no logró revertir la caída en la producción
total de gas y petróleo del país y a principios de marzo de 2016 su cotización
en la bolsa de Nueva York era 57% más baja que en los albores de su
“recuperación”.
Una pérdida de valor muy superior a la de otras petroleras
“integradas”, como Exxon y su socia Chevron, pese a que éstas sufrieron de
lleno, en sus actividades fuera de la Argentina, la caída del precio internacional.
El
balance de las reservas de hidrocarburos entre 2003 y 2014, del que la política
energética K e YPF fueron los principales responsables, en especial desde 2008
con la ”argentinización” y más aún desde 2012 con la “recuperación” estatal de
la empresa, muestra que el país perdió reservas por el equivalente a dos años
de producción de petróleo y más de nueve de gas, descapitalizándose en 115.000
millones de dólares.
Aún así,
el gobierno de Macri reconoce a Galuccio haber evitado que la empresa fuera
copada por militantes de la Cámpora y convalidó su decisión de mantener secreto
el acuerdo YPF-Chevron, pese a ordenes en contrario de una jueza federal y de
la Corte Suprema de Justicia.
Pero
aunque resistió el avance camporista, YPF fue vehículo de operaciones,
escraches mediáticos y pauta publicitaria en gran escala.
Ejemplo de lo primero
fue la “cámara oculta” a Carlos Pagni, de La Nación, con la obvia participación
de servicios de inteligencia, para intentar desacreditar sus notas sobre la
gestión de los Eskenazi en YPF.
La pestilente operación se difundió en dos
emisiones consecutivas de 6,7,8, el programa emblema de propaganda
kirchnerista.
El
“escrache” corrió por cuenta de la propia presidenta, que en agosto de 2012, en
cadena nacional, denunció que entre 2008 y 2011 YPF había pagado 240.000 pesos
por año a la esposa del periodista Marcelo Bonelli y a un “socio” no
identificado, por un total de casi un millón de pesos. CFK hasta pidió una “ley
de ética pública” para la prensa, blanco de su enojo.
Fue una denuncia rara.
Primero, porque el período aludido coincidía con la “argentinización” y la
entrada en YPF de los Eskenazi, a gusto de Néstor Kirchner.
Y segundo, porque
la presidenta habló de once millones de pesos anuales de YPF en “servicios no prestados”
de periodistas, pero mencionó solo un caso, por apenas 2% del valor.
YPF no
difundió lista alguna de periodistas beneficiados ni sobre su pauta
publicitaria.
A esa
altura, el desinterés en dar a conocer esos gastos era entendible: el manejo
estaba a cargo de Dorotea Gompertz de Capurro (más conocida como Doris
Capurro), amiga personal de CFK.
De su mano, en 2014 YPF elevó los gastos de
publicidad a 710 millones de pesos (380 millones sólo en el último trimestre).
Esto es, unos dos millones de pesos por día.
Esos
datos figuraban en la presentación de YPF ante la Securities and Exchange
Commission (SEC, el regulador bursátil de EE.UU.).
Eran cifras fuera de línea:
en 2012 los gastos del rubro habían sido de 182 millones y en 2013 de 265
millones.
En solo un año, la “pauta” de YPF había crecido 168 % y en los dos
desde la “recuperación” estatal, se habían casi cuadruplicado.
Gran parte de
los fondos, sugirieron investigaciones del sitio Eliminando Variables y el
periodista Luis Gasulla, fueron canalizados al “Grupo Capurro”, constelación de
sellos creados por Doris, su marido, el difunto periodista y publicista Marcelo
Capurro (exsocio del excanciller Héctor Timerman) y sus hijos. Gasulla hasta
sugirió que Doris se asoció a Sergio Schoklender en Meldorek, empresa central
en la estafa del programa de Viviendas “Misión Sueños Compartidos”, de Madres
de Plaza de Mayo.
Azorados
por estos datos, el diputado Alberto Asseff, del Frente Renovador, y la
Fundación LED, pidieron a la Jefatura de Gabinete informes sobre la “pauta” de
YPF.
En ambos casos, no hubo respuesta.
O, mejor dicho, sí.
Fue la siguiente
(sic): “YPF, al operar como SA, no es pasible de aplicársele legislación o
normativa administrativa que reglamente la administración, gestión y control de
las empresas o entidades en las que el Estado nacional o los Estados
provinciales tengan participación”.
En otras palabras, la YPF Nac&Pop había
pasado a ser un coto cerrado.
Fuente
“PLAZADEMAYO.COM”,
09.05.2016
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