FONDOS RESERVADOS
BAJO CONTROL REPUBLICANO
DICIEMBRE 2015
Recordemos algunos
detalles que permiten entender el alcance y dimensión de este mega delito.
Trece organismos del estado recibieron, durante 14 años (1988 a 2001) la suma
de 4.152 millones de pesos/dólares en concepto de fondos reservados, para realizar
gastos en materia de seguridad e inteligencia, de los que nunca rindieron
cuentas.
La SIDE, fuerzas armadas,
policía, Sedronar, pero también las dos cámaras del Congreso, Cancillería,
ministerios del Interior, de Defensa y la Presidencia de la Nación.
Se sospecha que buena
parte de los fondos se desvió con diferentes destinos, pero no se ha rendido
cuentas, mínimamente, ni fueron investigado por organismos judiciales.
La justicia consideró
que el manejo de estos fondos reservados era un tema político y no criminal,
razón por la cual cerró la causa y la envió a archivo.
Los fondos reservados
desde 2002 a la fecha no recibieron controles de ninguna naturaleza.
En otra causa quedó
probado que 466 millones de pesos/dólares se pagaron en concepto de
sobresueldos al gabinete de Menem, sin recibo, en negro, en efectivo y sin
pasar por la contabilidad del estado.
Se puso en marcha un
sistema de sobresueldos, para reunir los fondos y terminar en los bolsillos de
los funcionarios, todos los meses.
Era tanta la cantidad
de dinero, que varios funcionarios debieron incluir una parte en sus
declaraciones de impuestos, para que les cierre la ecuación tributaria.
Los
ministros llegaron a percibir solo de sobresueldos hasta cien mil pesos/dólares
por mes.
Todo ello se conoció
cuando la ingeniera María Julia Alsogaray se hallaba en prisión para ser
juzgada por enriquecimiento ilícito.
Tras pasar varios meses en la cárcel dio a
conocer el sistema.
Obró como una arrepentida, aunque en realidad solo buscaba
generar la presión suficiente para ser liberada.
Emitió una declaración pública
y también declaró judicialmente, dando inicio a la causa conocida como
sobresueldos, donde ahora recibieron condenas el ex presidente y ex ministros
Menem, Cavallo y Granillo Ocampo.
También se supo que
cientos de funcionarios y jueces fueron beneficiados con los sobres, pero las
investigaciones no los alcanzaron.
Jueces federales recibieron estos fondos,
situación que preocupó al juez Fayt, quien quiso conocer detalles de las
maniobras y las pericias.
El Consejo de la Magistratura no abrió una
investigación y archivó una denuncia.
Algunos de estos jueces sospechados aún
permanecen en sus cargos.
Mientras tanto, el
contador general de la nación, no controló, cuando debió hacerlo, pese a estar
obligado por indicación de la ley específica.
Una particularidad. El
impulso más fuerte en el acopio de las pruebas (testimonios, documentos y
peritajes contables) ocurrió cuando recién había comenzado la era Kirchner.
El
propio ex presidente Néstor Kirchner dio la orden, me aseguró por entonces un
abogado de la Presidencia de la Nación.
Así fue. Comenzaron a llegar pilas de
papeles con las evidencias.
Me pregunto si pasará
algo parecido en la actualidad, con el advenimiento del nuevo gobierno.
La
historia de otra época está por comenzar a escribirse.
Lo que ocurra con las
futuras investigaciones servirá de marco a las próximas generaciones de
políticos, tal como ocurre con la educación y los valores que se le trasmiten a
los niños durante su crecimiento.
La democracia
republicana nos da una nueva oportunidad. Está en nosotros aprovecharla.
Alfredo Popritkin
Contador forense
26.08.2013
Una discusión técnica ha salido nuevamente a la luz: las sumas recibidas
por los funcionarios, por diferentes conceptos, sirven para justificar
su incremento patrimonial?
El vicepresidente de la nación Amado Boudou intentó justificar parte del
incremento de su patrimonio con sumas percibidas para viáticos.
Esta situación ha generado dos cuestiones.
Por un lado se plantea si los
viáticos pueden ser utilizados con otro destino de aquel para el que
fueron otorgados.
Qué debe hacer el funcionario cuando estos viáticos no
fueron utilizados.
Abrimos un paréntesis.
En la causa de enriquecimiento ilícito seguida
contra la ingeniera María Julia Alsogaray, esta funcionaria intentó
justificar parte del aumento de su patrimonio con fondos reservados
percibidos en calidad de sobresueldos.
Estos fondos reservados se
encontraban destinados a cubrir asuntos de seguridad e inteligencia del
estado nacional.
Su empleo con otro destino significaba un desvío de
fondos y por ende un uso indebido de fondos públicos.
Por tal razón el tribunal oral no admitió el intento de María Julia,
pero además, la funcionaria se encuentra procesada, junto a otros
funcionarios, en la causa conocida como de pago de "Sobresueldos".
Estas son pautas que deberían ser precisadas por los jueces, pues al
momento de arribar la causa a consideración de los peritos contadores
oficiales para la realización del correspondiente peritaje, tendrán que
saber cómo aplicar estos fondos, si deben excluirlos, o no, del cómputo
de los ingresos.
Ahora bien, si estos viáticos percibidos por Boudou lo fueron de manera
indebida, también se daría cabida a la denuncia formulada por el abogado
Alejandro Sánchez Kalbermatten a consideración del juez federal Ariel
Lijo.
09.02.2016
La cadena de la felicidad de los Kirchner
Reparto de sobres a jueces y periodistas
Las directivas que Macri le dio a su íntimo amigo Gustavo Arribas, ahora
al frente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI):
"Ni se te ocurra
seguir repartiendo sobres a los jueces federales y a los periodistas",
le ordenó.
Esto quiere decir que Macri sospechaba o sabía que esta práctica era moneda corriente en la anterior administración.
Y que el hecho de que se tratara de "fondos reservados" hacía más fácil la distribución irregular de dinero.
¿Aparecerá algún día la lista de fiscales, secretarios, jueces y
periodistas que formaban parte de la cadena de la felicidad?
Parece que,
de a poco, la podrían ir reconstruyendo.
¿Cómo?
El Cronista
03.03.2016
Fraude al estado cometido por el gobierno de Menem, por 466 millones de pesos/dólares
Fundamentos de la sentencia
Un arduo trabajo forense que comenzó en el año 2002 y concluyó con la
sentencia del tribunal oral en 2016.
Durante este tiempo se realizaron
varias pericias contables como perito oficial de la Corte Suprema, en en el marco de una causa conocido como de los Fondos Reservados (2002 a 2004) y un informe técnico realizado
a pedido del fiscal federal de instrucción penal en la causa conocida
como de los Sobresueldos.
Finalmente, en 2015 presté declaración
testimonial como testigo experto ante el tribunal oral federal,
oportunidad en que fui interrogado por la querella (Oficina
Anticorrupción), la fiscalía, los miembros del tribunal y por las
defensas, entre quienes me realizó preguntas el ex ministro de economía
Domingo Cavallo.
Cabe señalar que los delitos investigados ocurrieron entre los años 1991 a 1999, es decir, hace más de veinte años.
Después de tanto tiempo los periodistas y la sociedad han perdido
interés en el resultado del caso, por más que quienes resultaron
condenados a prisión, entre tres y cuatro años y medio, son el ex
presidente Carlos Menem y los ex ministros Domingo Cavallo y Raúl
Granillo Ocampo.
Que además, se dispuso el decomiso de los
efectos provenientes del delito por el cual se considerara responsables a
los imputados Domingo Felipe CAVALLO, en la suma de $ 220.868 y Raúl
Enrique GRANILLO OCAMPO, en la suma de $ 1.350.000, los que deberán ser
en su oportunidad ajustados bajo las pautas que correspondan.
Testimonio del contador forense Alfredo Popritkin: puede leerse en detalle entre las páginas 512 a 520 de la sentencia.
Información. El juez Guillermo Costabel señala:
- La dificultad de investigación de este tipo de delitos de corrupción
en el que no hay víctimas directas, ni denuncia ni evidencias
aportadas, que estos delitos ocurren en secreto y rara vez se
documentan, que dan a las transacciones una apariencia de legalidad, que
el cuerpo del delito suele ser dinero, difícil de localizar debido a
fungibilidad y a la ingeniería financiera a la que se suele recurrir.
Los autores de los delitos se mantienen en el dominio de la información,
lo que les posibilita el ocultamiento de las evidencias (páginas 574 y
siguiente).
- Que el testimonio que fuera efectuado en el debate por el contador
Alfredo R. Popritkin y sobre el cual se asentara tanto la parte
querellante -Oficina Anticorrupción- como la Fiscalía para acreditar los
extremos antes mencionados, en ningún momento se sustentó sobre un
informe pericial técnico vinculado con el objeto procesal en estudio
sino sobre opiniones que le fueron requeridas, en la anterior etapa del
juicio, a instancias de la Fiscalía de instrucción a efectos de tener
una mayor claridad a la hora de analizar los hechos y direccionar la
requisitoria final. (página 594).
fuente
"CONTADORES FORENSES/ ONG"
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