ILLIA Y OÑATIVIA
- Publicado: 27 Junio 2016
Por Carlos Del Frade
(APe).- El 28 de junio de 2016 se cumple cincuenta años del golpe de estado que terminó con el gobierno del doctor Arturo Illia, militante de la Unión Cívica Radical, el primer movimiento popular del siglo veinte, dirían los viejos historiadores.
¿Qué es hoy el radicalismo?, es una pregunta necesaria a medio siglo de aquella nueva interrupción de la democracia que llevó al poder la añeja alianza de la espada y la cruz, con el general Juan Carlos Onganía y el hombre del Opus Dei, Antonio Caggiano, ex arzobispo rosarino.
Quizás una de las claves para entender el golpe hay que buscarla en la ley de medicamentos.
“Arturo Illia: un sueño breve”, se llama el excelente libro de los investigadores César Tcach y Celso Rodríguez en el que relatan “el rol del peronismo y de los Estados Unidos en el golpe militar de 1966” que terminó con la presidencia del radical cordobés.
En 1964 “la vocación médica de Illia reforzó su interés en mejorar la calidad de la salud pública.
El 15 de enero ingresó al Congreso el proyecto de Ley de Medicamentos.
Este
proyecto
de ley había sido elaborado merced al estudio de dos comisiones.Una, formada por médicos, bioquímicos y especialistas en farmacología, era presidida por un profesor de la Universidad de Buenos Aires.
Otra, formada por contadores y economistas, se centró en el estudio de los costos de los medicamentos.
“La comisión integrada por especialistas en ciencias de la salud, trabajó sobre una muestra de más de veinte mil medicamentos: descubrió que muchos de ellos –una parte relevante- carecían de las drogas e ingredientes que decían contener, o bien no las tenían en las proporciones explicitadas en sus prospectos.
La comisión de contadores pudo constatar que los grandes laboratorios poseían un doble juego de libros de contabilidad que les facilitaba exagerar los costos para maximizar sus ganancias.
A tenor de estas circunstancias, la ley impulsada por el ministro Oñativia congeló el precio de los remedios, a los que definía como “bienes sociales”.
Ante el clamor de los laboratorios –la mayor parte europeos, sobre todos suizos- quienes sostuvieron que sólo ellos poseían expertos con la pericia necesaria para realizar esos estudios, el gobierno les dio seis meses para presentar una declaración jurada relativa al costo y la calidad de los medicamentos, al tiempo que mantuvo la congelación de los precios.
Ninguno de ellos presentó la declaración jurada”, cuentan Tcach y Rodríguez.
Agregan que “la ira de los grandes laboratorios no tardó en hacerse sentir, y al inicial desagrado norteamericano por el tema petrolero se sumó el enojo de Suiza que al año siguiente puso obstáculos al refinanciamiento de la deuda externa argentina desde el Club de París”.
La Unión Industrial Argentina, como casi siempre, calificó la medida como “intervencionismo estatal”.
Según María Elena Storani, médica endocrinóloga del Hospital Central de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires, Oñativia “complementó su tarea de erradicar el cretinismo bocioso a través de la promulgación de la ley 17259 de "Obligatoriedad del uso de la sal enriquecida con yodo como profilaxis del bocio endémico".
Con esta ley, se reglamentó el enriquecimiento de la sal con yodo para uso alimentario humano y animal.
Esta ley se fundamentó en estudios realizados en diferentes provincias, como Catamarca, Chaco, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, San Juan, San Luis, Salta, Tucumán y Tierra del Fuego, en las que el índice de bocio oscilaba entre el 12 y el 50 por ciento.
También se consideró el uso de sal enriquecida para la alimentación animal, ya que al tener la carne un muy alto consumo en nuestro país, era bueno que la sal enriquecida llegar al ser humano a través de esa vía.
Además, se detectó que en el ganado lanar, vacuno y porcino, la carencia de yodo alteraba su reproducción y su pelaje, acarreando consecuencias adversas incluso desde el punto de vista económico”.
El médico salteño impulsó toda una serie de iniciativas fundamentales como la ley de Reforma del Sistema Hospitalario Nacional y de Hospitales de la Comunidad, amén de la creación del Servicio Nacional de Agua Potable, que garantizaba la provisión de la misma a las comunidades rurales.
Asimismo, fue de importancia estratégica la ley de Medicamentos -la 16.462 y 16.463-conocida como ley Oñativia que le daba al medicamento un carácter de "bien Social" al servicio de la Salud Pública y de la Sociedad.
“Esta ley, promulgada en 1966, reglamentaba un estricto control técnico de las drogas sujetas a la experimentación humana, además del control de precios, según la demanda de las mismas.
Ahora bien, si se tiene en cuenta que los medicamentos insumen el 50 por ciento del costo total de Salud de la población, y que el 95 por ciento de ese costo está determinado por el valor de insumos, drogas y tecnología de la industria internacional de los medicamentos, entonces se comprende de qué manera esta ley tocó intereses económicos de espectacular magnitud.
Algunos historiadores consideran que esta ley fue uno de los ingredientes que llevó al golpe de Estado de 1966. Esta fisura en el orden Institucional hizo que la visión de Oñativia de "poner los medicamentos al servicio de la Sociedad", quedara truncada, ya que esa ley fue derogada inmediatamente tras la caída del gobierno de Illia”, concluyó la doctora Storani.
Medio siglo después, los laboratorios de medicamentos hacen lo que quieren con la población argentina y los fantasmas de Illia y Oñativia apenas son conocidos por los actuales dirigentes radicales cada vez más cercanos a los intereses que dieron el golpe del 28 de junio de 1966. (1)
Pero la historia está abierta y es probable que algunas de aquellas viejas banderas del radicalismo, heredero del partido federal, renazcan entre las necesidades de los que son más.
Fuentes: “Arturo Illia, un sueño breve”, de Celso Rodríguez y César Tcatch – “Salud, valores y esperanzas”, del autor de esta nota.
fuente
"Agencia de noticias Pelota de Trapo", 27.06.2016
(1) Opinión del autor de la nota, Carlos del Frade, se consigna pero no se comparte.
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