“JUICIOS POPULARES”
Domingo,
19 Enero 2020
El regreso de los juicios populares
Por Joaquín
Morales Solá
No
tienen el aspecto caricaturesco de los juicios populares de Hebe de Bonafini.
Tampoco están rodeados de numerosos fanáticos dispuestos a agraviar en nombre
de una idea.
Y no carecen de profesionales del derecho sentados en el estrado
del tribunal como sucedió en los juicios populares de Plaza de Mayo.
Pero los
juicios éticos anunciados contra jueces, fiscales y periodistas por un grupo de
juristas argentinos y del exterior no son menos peligrosos ni más humanos.
Son,
simplemente, una grave parodia de los juicios estalinistas destinados a difamar
a las personas.
Un tribunal autodesignado, que no está inscripto en ninguna
Constitución (mucho menos en la Constitución argentina).
Los supuestos jueces
de ese tribunal son, a la vez, abogados defensores de los dirigentes políticos
acusados o presos por corrupción, que se convirtieron de pronto en jueces de
los jueces que investigan a sus defendidos.
Asombrosa instancia judicial.
El anuncio del juicio ético fue hecho por el
abogado argentino Eduardo Barcesat, que tiene (o tuvo) una fuerte vinculación
con el Partido Comunista local.
Es conocida su simpatía hacia Cristina Kirchner
y es también abogado defensor del empresario Gerardo Ferreyra, uno de los
dueños de Electroingeniería, empresa que pasó en una década de ser una pyme de
Córdoba a una de las más grandes corporaciones argentinas.
La causa de los
cuadernos decapitó a esa empresa, porque terminaron presos tanto Ferreyra como
su socio, Osvaldo Acosta.
El juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli,
juez y fiscal de esa causa, serán algunos de los funcionarios judiciales
juzgados por el tribunal que presidirá Barcesat, que tiene sede en Madrid.
Los periodistas cuyos nombres adelantó el
presidente de ese increíble tribunal son los de Daniel Santoro, Jorge Lanata y
Luis Majul.
Voceros cercanos a ese engendro jurídico señalaron que se agregarán
más nombres de jueces, fiscales y periodistas.
No se explicó nunca por qué la sede está en Madrid
cuando se juzgarán los casos de Cristina Kirchner, Lula da Silva, Dilma Rousseff
y Rafael Correa, entre otros latinoamericanos, estos, desde ya, como víctimas.
Los periodistas y jueces que serán juzgados en su condición de culpables son
también, hasta donde se sabe, de América Latina.
Es probable que estén evitando
cometer un delito en la Argentina, por ejemplo, donde la Constitución no prevé
tribunales especiales para juzgar la ética de nadie.
El principal delito por el
que se juzgará a jueces, fiscales y periodistas es el de haber practicado el
lawfare, una especie de guerra judicial que supuestamente descerrajan sectores
del Poder Judicial en complicidad con medios periodísticos para condenar por
hechos de corrupción a dirigentes políticos progresistas.
Es decir, a Cristina,
a Lula y a Correa.
Nunca se explicó tampoco por qué en esa lista no
están los expresidentes de Perú, casi todos presos; hay uno, Alan García, que
se suicidó en abril pasado, minutos antes de ser encarcelado.
Los expresidentes
peruanos y Correa están siendo juzgados por el mismo delito: haber cobrado
sobornos de la constructora brasileña Odebrecht para que esta empresa recibiera
multimillonarios contratos de obras públicas.
Los peruanos, de centroderecha,
son culpables; Correa, de centroizquierda, es inocente.
Este es el mejor
ejemplo de que el lawfare es solo un pretexto ideológico.
Incluso, cuando el
papa Francisco se refirió al lawfare lo hizo aludiendo exclusivamente al caso
de Lula, que fue apartado de la carrera presidencial (era quien tenía la mayor
intención de votos) y puesto preso por un juez que terminó siendo ministro de
Justicia del candidato que ganó, Bolsonaro, un acérrimo opositor de Lula.
Una
paradoja: en la Argentina, Bonadio es el único juez realmente amigo del papa
Francisco desde hace 30 años.
En la Argentina existe el Estado de Derecho, aun
cuando los jueces se equivocan.
Una de las decisiones judiciales más
cuestionadas, no sin razón, es la de la prisión preventiva, porque puede ser en
los hechos una condena anticipada.
Los jueces son los únicos argentinos con
facultad para privar de la libertad a las personas.
Ni el Poder Ejecutivo ni el
Legislativo pueden, felizmente, negarle la libertad a nadie.
Esa
responsabilidad enorme que recae en los jueces debe ser administrada en dosis
debidamente explicadas.
De todos modos, existe en el fuero penal la segunda
instancia, la Cámara Federal Penal, y también la tercera instancia, la Cámara
de Casación.
Siempre quedará, además, el recurso extraordinario ante la Corte
Suprema de Justicia si se argumentara que en el proceso fueron violadas las
garantías constitucionales.
Y, en el caso de que se comprobara que se
vulneraron los derechos humanos, queda el recurso ante la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, que tiene jerarquía constitucional y su jurisdicción está
por encima de la Corte Suprema.
Enrique Petracchi, un exjuez de la Corte
Suprema que murió hace poco, decía que la Corte Suprema es un tribunal
constitucional porque la última instancia en materia de derechos humanos es la
Corte Interamericana.
¿El tribunal de Barcesat cuenta con el acuerdo de Alberto
Fernández? No.
Ante una consulta de LA NACION, el Presidente respondió con una
frase corta y seca: "Es obvio que no comparto nada de eso".
Funcionarios cercanos al jefe del Estado abundaron
en los argumentos: "El Presidente está en desacuerdo con decisiones
puntuales de la Justicia y hasta cree necesaria una reforma judicial, pero para
él todo debe hacerse dentro de las instituciones de la Constitución. No puede
estar de acuerdo con tribunales especiales, ni aquí ni en ninguna parte".
Incluso, el jueves pasado enmendó a su ministro del Interior, Eduardo de Pedro,
porque este volvió a hablar de "presos políticos" en el país luego de
que el Presidente descartara su existencia.
"En la Argentina existen
detenciones arbitrarias, no presos políticos. Presos políticos eran las
personas puestas a disposición del Poder Ejecutivo en tiempos de la
dictadura", le explicó a su ministro.
"No quiero ser un presidente de
un país con presos políticos", suele repetir Alberto Fernández.
Su
razonamiento es comprensible.
Si hay presos políticos, los hay en el país
presidido por él.
El Presidente suele precisar que está en desacuerdo
con las prisiones preventivas, pero que no está en condiciones de evaluar los
procesos judiciales que se llevan a cabo.
El tribunal de ética está integrado, además de por
Barcesat, por dos miembros del equipo defensor de Julian Assange, convertido en
un semidiós del progresismo mundial: la abogada guatemalteca Renata Ávila (que
acaba de pedir impunemente la destitución del presidente chileno, Sebastián
Piñera) y el abogado francés William Bourdon.
También forma parte la abogada
alemana Herta Däubler-Gmelin, que fue ministra de Justicia de Alemania en los
primeros años de este siglo, durante el gobierno del socialdemócrata Gerhard
Schröder.
La exministra comparó al expresidente norteamericano George W. Bush
con Hitler.
Semejante declaración la eyectó del cargo en el acto.
El tribunal
de Barcesat asegura que la alemana Däubler representa a las Naciones Unidas en
esa parodia.
Ninguna agencia de la ONU confirmó tal aseveración, temeraria
porque colocaría a la más importante organización internacional en cualquier
parte y acompañando cualquier propósito.
Otra integrante del tribunal es una de
las abogadas defensoras de Lula, Valeska Teixeira.
Pero el actor protagónico de ese burdo teatro es el
exjuez español Baltasar Garzón, que fue expulsado del Poder Judicial de España
cuando se comprobó que había ordenado escuchas telefónicas para grabar las
conversaciones de los abogados defensores con las personas que él acusaba por
delitos de corrupción.
La privacidad de las conversaciones de las personas
investigadas por un juez con sus abogados defensores es una cuestión sagrada en
un Estado de Derecho.
Garzón, exfuncionario del gobierno de Cristina, profanó
ese principio.
*¿No fue esa decisión de Garzón un caso de lawfare?
*¿No vulneró,
acaso, el derecho a la defensa y, al mismo tiempo, el derecho a no declarar
contra sí mismo?
*¿Qué habría sucedido aquí si algo parecido hubiera hecho el
juez Bonadio, por ejemplo?
Ellos serán los jueces de los tribunales éticos,
cuyas conclusiones (que son perfectamente previsibles) se conocerán en
noviembre en Madrid, aunque no podrán aplicar ninguna pena.
No deja de ser
extravagante un tribunal incapacitado de hacer cumplir una sentencia.
¿Habrá
solo condenas morales?
Todo será simbólico. O no tan simbólico: el escrache,
ese método inaugurado por el fascismo y continuado luego por el nazismo, será
entonces ya un hecho consumado.
Joaquín Morales Solá
"LA NACIÓN"
Fuente
“notiar.com.ar”,
19.01.2020
El regreso de los juicios populares - Por Joaquín Morales Solá
hace 2 días - Y no
carecen de profesionales del derecho sentados en el estrado del tribunal como
sucedió en los juicios populares de Plaza de Mayo.
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El regreso de los juicios populares | Tribuna de Periodistas
hace 2 días - No tienen
el aspecto caricaturesco de los juicios populares de Hebe de Bonafini. ... Los supuestos jueces de ese tribunal son, a la
vez, abogados defensores de los dirigentes políticos acusados o ... Joaquín Morales Solá.
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Autor - Joaquín Morales Solá - LA NACION
Noticias de Joaquín Morales Solá: El
regreso de los juicios populares, Las deudas públicas y las herencias recibidas - LA NACION.
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