MENDOZA: GUAYMALLÉN
LOBOS CADA MÁS COMPLICADO
- Sábado, 3 de diciembre de 2016
Una auditoría reveló más irregularidades de la gestión de Lobos
Un relevamiento efectuado por el Cuerpo Médico Forense, entre abril y noviembre, compromete aún más al ex intendente.
Luis Lobos dejó el municipio hace un año y suma denuncias. | Archivo Los Andes
Cinthia Olivera
El seguimiento del “rastro” que dejó el justicialista Luis Lobos en la Municipalidad de Guaymallén complicó una vez más al ex intendente interino.
Con un nuevo pedido de imputación, el justicialista podría ver abultadas las causas penales que ya tiene en su contra y sumar, esta vez, un pedido de prisión preventiva por considerarse que existe “riesgo procesal”, es decir, la posibilidad de que se escape o entorpezca la investigación.
No obstante, desde la Justicia relativizaron la detención preventiva ya que, a diferencia del caso de Sergio Salgado (ex intendente de Santa Rosa detenido), Lobos ya no tiene vínculos con el municipio, al menos no comprobables.
La nueva investigación fue una pericia que auditó la huella que dejó Lobos y parte de su equipo en los casi dos años que estuvo interinamente en la intendencia en Guaymallén (de diciembre de 2013 a noviembre de 2015).
Las conclusiones arrojaron nuevas “irregularidades” y el equipo de abogados que integra junto con Federico Telera (concejal del FIT) la querella de la primera denuncia contra Lobos, decidió insistir con nuevas imputaciones y el pedido de detención.
“Seguimos impulsando el expediente de la denuncia de diciembre de 2014. Cada testigo e informe que se pedía nos llevaba a nuevas ramificaciones, por lo que pedimos que se hiciera una pericia auditando todo el municipio para así poder abordar un objeto tan grande como es el funcionamiento de una intendencia", relató uno de los abogados querellantes, Pablo Moreno.
El informe fue recibido ayer por Santiago Garay que ahora es el encargado de llevar adelante las causas penales contra Lobos.
Los nuevos datos
La pericia en cuestión sumó más datos a las causas y en principio Lobos podría ser imputado, si Garay así lo considera, por enriquecimiento ilícito y sumar casos a la que ya tiene por fraude a la administración pública.
Otra de las imputaciones que ya tuvo lugar fue por incumplimiento de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta.
Además, esta vez podrían estar en la misma situación su esposa, Claudia Sgró, su cuñado Juan Carlos y el hijo de su pareja, Facundo Ruiz.
En la misma situación están los ex funcionarios Daniel Giordano, ex director de Compras, y su hijo, Pablo, además de los ya complicados penalmente Federico Sampieri, ex secretario de Obras Públicas, y Matilde Mussoto, contadora municipal.
Las nuevas irregularidades detectadas en la pericia y difundidas por los abogados apuntan a su situación patrimonial.
Según el estudio, la vivienda de Lobos ubicada en la calle Tirasso tiene un valor estimado de $ 3,5 millones, que no se condice con los ingresos que tuvo como funcionario.
A su patrimonio se suman una camioneta VW Amarok y un Peugeot 308.
En su período como concejal, Lobos percibió de 2012 a 2015 casi 2 millones de pesos, mientras que su declaración jurada de 2012 (la última presentada) señaló que su patrimonio ascendía a casi $ 75 mil.
La pericia puso también bajo la lupa la situación del personal de la Municipalidad y alimentó la sospecha de que hubo “ñoquis” (ver aparte).
Por otro lado, también se detectó la compra de dos lotes en Corralitos por parte de Giordano a un propietario que luego, “casualmente”, terminó siendo adjudicatario de la licitación por alquiler de equipamiento por horas.
“Son negociaciones incompatibles”, explicó el abogado querellante.
En detalle
La pesquisa en el municipio de Guaymallén fue realizada por el Cuerpo Médico Forense. La investigación comenzó en abril y terminó el 22 de noviembre.
Los principales puntos en los que detectó irregularidades son:
Situación patrimonial: no habría relación entre sus ingresos como funcionarios y la estimación del valor de sus bienes declarados.
Planta de personal: hubo 640 efectivizaciones, de las cuales 300 son personas que no pudieron demostrar haber trabajado en un lugar específico de la comuna antes. También hay superpoblación de la planta e inconsistencias en los nombramientos.
Contrataciones directas: irregularidades administrativas.
Emprendimientos inmobiliarios: certificación de obras inexistentes.
Compras y suministros: falencias en cuanto a la relación del servicio con lo efectivamente prestado y pagado.
Suministro de combustible: provisión a vehículos sin funcionar, a autos con mayor frecuencia que la originada por la prestación del servicio que cumplía, y a vehículos que no eran propiedad de la comuna. El perjuicio sería equivalente a los 440 mil pesos.
Alquiler de la planta de asfalto a Wanka S.A.
fuente
"Los Andes", 03.12.2016
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